Judicial
Imputaron a dos jefes policiales y tres agentes de Seguridad Vial por delitos en el centro y norte de la provincia
Se daba órdenes a los agentes para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. También se avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, a cambio de coimas.

Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados hoy por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.
La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas este mediodía fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.
Uno de los hombres investigados es el ahora exjefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.
“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.
“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el MPA.
La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.
“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.
“También pidió 15.000 pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.
Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.
En relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó hoy la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.
Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30.000 pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.
Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.
La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados hoy. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.
Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30.000 pesos cada uno.
Mañana se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.
Fuente: LT9
Judicial
Tiene prohibido entrar a Sunchales
El día martes 23 de septiembre, en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela, se llevó adelante una nueva audiencia de prisión preventiva contra un imputado por el delito de hurto simple.

Se trata de Raúl Osmar Machado, imputado por el delito de hurto simple. La audiencia fue presidida por el juez Javier Carlos Bottero, con la participación del fiscal Juan Manuel Puig, los defensores Andrés Alberto Colón y José María Silvela, y el propio imputado, quien se encontraba detenido en la Alcaidía URV.
Durante la instancia, el fiscal y la defensa acordaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, lo que fue convalidado por el juez. En consecuencia, Machado quedó en libertad con las siguientes condiciones:
Fijar domicilio en Rafaela.
Designación de guardadora a su hermana
Comparecer semanalmente en la comisaría correspondiente.
Prohibición de cometer nuevos delitos.
Prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales.
Con esta resolución, el imputado seguirá el proceso judicial en libertad, aunque bajo un estricto control judicial y territorial.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
Caso Aralí: elevan a juicio a los tres acusados por el brutal asesinato de la menor
La Justicia confirmó que la investigación por el crimen de la Aralí Vivas (8 años) llegó a su fin y la causa será elevada a juicio.

El fiscal de Instrucción de Morteros, Dr. Francisco Payges, informó que fueron citados a juicio Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela, imputados por homicidio criminis causa, y Rocío Milagros Rauch, acusada de homicidio calificado por el vínculo (omisión de cuidado).
La acusación es de extrema gravedad: abuso sexual agravado con acceso carnal y reiteración de hechos, homicidio criminis causa y, en el caso de uno de los hombres, incendio intencional de la vivienda.
“El crimen de Aralí nos golpea como sociedad y debe obligarnos a reflexionar a todos”, remarcó el fiscal Payges.
Fuente: Radio Cientodosnueve 102.9
Judicial
Prisión preventiva para un sujeto que robó y atacó a una persona en Sunchales
A Luis Alejandro Zanetti, de Sunchales, se le dictaminó la prisión preventiva por un plazo de 30 días tras ser imputado por robo y hurto en hechos ocurridos el 16 de septiembre en Sunchales. La medida fue dictada por el juez Gustavo Bumaguín luego de la solicitud del fiscal Juan Manuel Puig, quien destacó que los hechos endilgados estaban probados y que el imputado podría fugarse o entorpecer la causa, además de recordar que Zanetti tiene otra causa abierta por delitos en Sunchales.

El episodio comenzó cuando Zanetti ingresó sin autorización al domicilio de calle Viotti. Según la víctima, el imputado golpeó las manos pidiendo cortar el césped y, ante la negativa de ofrecerle trabajo, reaccionó violentamente con un golpe de puño y forcejeó con palos de escoba. Zanetti continuó agrediéndolo verbalmente y luego regresó para sustraer un pico-martillo, arrojando piedras contra la víctima durante la acción. Posteriormente, el imputado sustrajo una mochila y una campera que estaban en la casa de al lado, dándose luego a la fuga en una bicicleta verde.
Durante la audiencia, la víctima expresó temor de que Zanetti recupere la libertad, reforzando el argumento del fiscal sobre el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.

Desde la defensa, a cargo del Dr. Adrián Roca, se argumentó que los delitos imputados tenían baja pena, que la situación se produjo en el marco de una discusión que no inició su defendido y que el imputado posee problemas de salud mental vinculados a adicciones. Propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, como que sea recibido por familiares en otras localidades, aunque no se presentó una vivienda concreta, sino solo posibilidades de alojamiento.Comprar vitaminas y suplementos
Finalmente, el juez Bumaguín dictó la prisión preventiva por 30 días dada la baja expectativa de pena de los delitos imputados, agregando que podría revisarse la medida si la defensa consigue que un familiar fuera de Sunchales se haga cargo del imputado.
Fuente: Rafaela Noticias
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