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Imputaron a dos jefes policiales y tres agentes de Seguridad Vial por delitos en el centro y norte de la provincia

Se daba órdenes a los agentes para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. También se avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, a cambio de coimas.

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Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados hoy por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.

La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas este mediodía fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.

Uno de los hombres investigados es el ahora exjefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.

“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.

“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el MPA.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.

“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.

“También pidió 15.000 pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.

Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.

En relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó hoy la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.

Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30.000 pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.

Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados hoy. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.

Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30.000 pesos cada uno.

Mañana se llevaría a cabo en los tribunales de Rafaela la imputación a un sexto policía que fue detenido en el marco de esta investigación. Sus iniciales son LAC y tiene 40 años.

Fuente: LT9

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Comienza el juicio por la desaparición de Loan Peña en Corrientes: 17 imputados y casi 200 testigos

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza este martes en la provincia de Corrientes, a dos años del último registro del niño de 5 años, visto por última vez durante un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio.

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Foto: Caso Loan Peña

El proceso judicial se desarrollará con 17 imputados, cerca de 200 testigos y más de 900 fojas de prueba, en una de las causas más complejas y sensibles del país.

El debate se llevará a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación será impulsada por los fiscales Tamara Ahimara Pourcel y Carlos Schaefer, quienes intentarán reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Desde el inicio del proceso, la fiscal general Pourcel fue contundente respecto de la estrategia del caso: “Esperamos que alguno de ellos se pueda quebrar. Estamos seguros de que saben qué pasó con Loan”, expresó en la previa del juicio.

La investigación aún no logró establecer el paradero del niño ni esclarecer con precisión qué ocurrió durante la tarde del hecho en el paraje Algarrobal, donde Loan se encontraba en una reunión familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña.

Un caso con hipótesis de crimen organizado y múltiples acusados

La causa, que mantiene una fuerte atención pública desde 2024, está atravesada por sospechas de crimen organizado y trata de personas, aunque ninguna hipótesis logró confirmarse de manera definitiva.

Todos los imputados llegan al juicio con prisión preventiva, medida ratificada por el tribunal. Entre ellos se encuentran Antonio Benítez y Laudelina Peña, el matrimonio formado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, además del excomisario de 9 de Julio Walter Maciel, acusado de encubrimiento y desvío de la investigación.

También serán juzgados diez integrantes vinculados a la denominada Fundación Lucio Dupuy, acusados de haber entorpecido la investigación con pistas falsas y maniobras que habrían dificultado el avance del expediente.

Pruebas, pericias y reconstrucción del caso

Entre las pruebas centrales se destacan las pericias odoríferas con perros rastreadores, registros telefónicos, movimientos de vehículos y contradicciones en declaraciones de los imputados.

Los investigadores sostienen que el niño habría sido apartado durante el almuerzo familiar en un lapso crítico entre las 13:52 y las 14:25, momento en el que se pierde su rastro.

A partir de ese momento comenzó una búsqueda que, según el expediente, no logró resultados concluyentes pese a múltiples líneas de investigación.

Declaraciones y cronograma del juicio

El proceso se extendería al menos por seis meses, debido a la cantidad de pruebas y testigos.

Las primeras jornadas estarán destinadas a planteos iniciales, mientras que las declaraciones testimoniales comenzarán con los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, seguidos por otros familiares directos.

En total, casi 200 testigos pasarán por el tribunal, incluyendo familiares, peritos y personas vinculadas a los momentos previos y posteriores a la desaparición.

Un caso que sigue sin respuestas

A dos años del hecho, la desaparición de Loan continúa sin resolución. El expediente mantiene abiertas diversas hipótesis, desde secuestro hasta encubrimiento, pero ninguna logró establecer con certeza qué ocurrió con el niño.

El inicio del juicio representa un paso clave en la búsqueda de respuestas en una causa que generó fuerte impacto social en todo el país.

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Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

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Foto: Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.

El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.

Tres acusados llegarán detenidos al juicio

En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.

Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.

De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.

Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.

Cómo será el proceso judicial

Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.

En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.

Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región

El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.

La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.

La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.

En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.

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Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva

La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.

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Foto: Archivo

La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.

Persecución y ataque en caminos rurales

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.

Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.

La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.

Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.

La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.

Pedirán la prisión preventiva

Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.

Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.

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