Judicial
Empieza el juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa: los detalles de las acusaciones
Ya instalados en Dolores, los ocho acusados enfrentarán por primera vez a los padres del joven asesinado en Villa Gesell en enero de 2020. Qué condena pedirá la fiscalía y qué puede pasar con el pacto de silencio.
Desde este 2 de enero, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli junto con Luciano, Lucas y Ciro Pertossi enfrentarán el inicio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. El hecho cumplirá en los próximos días de este mes tres años del asesinato en la salida del boliche Lebrique, el 18 de enero de 2020.
Los rubgiers tendrán por delante un proceso judicial que se espera que tenga 130 testigos y que durará hasta el próximo 31 de enero de 2023. Se llevará a cabo en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores que está ingegrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.
En ese marco, se espera que los acusados se presenten en el primer día del juicio en los tribunales, pero después podrían seguir el proceso a través de la plataforma Zoom hasta la última jornada, donde también podrían ir a Dolores.
¿POR QUÉ EL JUICIO POR EL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA SE HACE EN PLENA FERIA JUDICIAL?
El TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.
“Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023), disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso”, señalaron los jueces.
Y agregaron: “A los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes”.
CÓMO VIVEN LOS RUGBIERS EN LA CÁRCEL
Los ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa se encuentran alojados en el penal de Melchor Romero en las cercanías de La Plata, donde viven apartados del resto de los reclusos producto de las grandes amenazas que sufrieron durante los primeros meses después del crimen.
En tanto, sus familias los visitan regularmente, aunque podrían ser trasladados a la Unidad N°6 de Dolores para estar más cerca de los tribunales donde se les llevará adelante el juicio. Sin embargo, desde el entorno de los acusados, señalaron que quieren “mantener un perfil bajo”.
Según informó Telenoche, los ocho están en un mismo pabellón, aislados del resto de los presos por el miedo a que les pase algo. Sin embargo, están separados en celdas de a dos, hasta que se defina su situación en la correccional.
En una celda de nueve metros cuadrados, duermen de a dos: Lucas Pertossi junto a Blas Cinalli, Máximo Thomsen, uno de los más complicados de acuerdo a los videos que trascendieron, con Ayrton Viollaz, los hermanos Luciano y Ciro Pertossi y la última la comparten Enzo Comelli y Matías Benicelli.
EL POLÉMICO PACTO DE SILENCIO, ¿SE QUIEBRA?
Uno de los hechos que más sorprendió del caso Báez Sosa fue el polémico pacto de silencio que realizaron los acusados por el crimen. Es que todavía los acusados no hablaron sobre el día del crimen del joven de 18 años en las calles de Villa Gesell y todo gracias a la estrategia de la defensa, para que no se quiebre la unidad de los rugbiers.
La principal justificación que hacen los acusados tiene que ver con que no confían en la investigación que lleva adelante la fiscal Verónica Zamboni. Además, una de las principales denuncias que realizan los jóvenes es que hay una “persecución mediática”.
A través de su abogado, Hugo Tomei, los implicados presentaron un escrito diciendo: “No poseo confianza en el proceso judicial que se viene llevando a cabo, ya que he padecido persecución mediática y he sido juzgado como ‘asesino’ por autoridad judicial”.
Sin embargo, dos años después del crimen, el papá de uno de los jóvenes rompió el silencio y habló sobre lo que ocurrió el 18 de enero de 2020.
De esta manera, el padre de de Lucas dialogó con Telenoche y afirmó sobre la inocencia de su hijo al no participar de la golpiza y además confesó que no comprende “por qué está preso”.
Cabe recordar que Lucas Pertossi fue quien grabó a sus amigos en el momento en que golpeaban hasta la muerte a Fernando, y además es el que les avisa por WhatsApp a sus amigos sobre el deceso del joven: “Caducó”.
Es por ello que el padre de este rugbier implicado insiste que su hijo no debería estar preso: “Lucas está preso por algo injusto, siendo que él solo está filmando”.
A su vez, Marcos Pertossi, el padre de Lucas, es el tío de Luciano y de Ciro, otros dos de los rugbiers involucrados, los cuales cumplieron roles distintos esa noche fatídica. En el primer caso, Luciano le pegó a los amigos de Fernando, quienes intentaban salvarlo. Mientras que Ciro lo atacó por la espalda. En ambos casos, cumplen condena de prisión en La Plata, al igual que el resto de los rugbiers.
“Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, estas fueron las palabras de Marcos Pertossi para referirse a su hijo.
QUÉ PASÓ CON LOS DOS JÓVENES QUE FUERON LIBERADOS
La Justicia decidió en abril de 2021 que tanto Alejo Milanesi como Juan Pedro Guarino fueran liberados producto de que no hay elementos que lo involucren en el crimen, más allá de la presencia de Villa Gesell junto con sus amigos en aquel enero de 2020.
El 10 de febrero del 2020, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino de 19 años y era el único rugbier que iba a ir a juicio en libertad. La medida fue determinada por los jueces Fernando Sotelo, Susana Miriam Darling Yaltone y Luis Felipe Defelitto, luego de una votación que terminó con dos votos a favor del sobreseimiento y uno en contra.
En tanto, la Cámara de Apelaciones de Dolores sobreseyó a Alejo Milanesi de 19 años y confirmó que los otros ocho rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, continuarán en prisión a la espera del juicio oral.
Fuente: Vía País
Judicial
Homicidio en Ataliva: la Cámara confirmó la prisión preventiva de Axel Churquina por la muerte de Mario Ricarte
La Justicia confirmó la continuidad de la prisión preventiva del principal imputado por el homicidio ocurrido en Ataliva en mayo de 2024. La medida se extenderá por ocho meses, en lugar del año que había dispuesto anteriormente el juez de primera instancia.
Este lunes, en los Tribunales de Rafaela, se realizó una audiencia de apelación para revisar la resolución que había prorrogado la prisión preventiva de Axel Churquina, imputado por el homicidio de Mario Ricarte, ocurrido en la localidad de Ataliva en mayo de 2024.
La defensa había recurrido la decisión adoptada en junio por el juez Gustavo Bumaguin, quien había dispuesto extender la prisión preventiva por un año.
Tras escuchar a las partes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Cristian Fiz, confirmó que Churquina deberá continuar privado de su libertad, aunque modificó el plazo establecido inicialmente.
La nueva resolución fijó la continuidad de la medida cautelar por ocho meses, en lugar de los 12 meses que había determinado el magistrado de primera instancia.
Churquina permanece detenido desde julio de 2024
El imputado permanece bajo prisión preventiva desde principios de julio de 2024, cuando el juez de I.P.P. Gustavo Bumaguin hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Martín Castellano.
El representante del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el delito de homicidio doloso simple.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Churquina habría causado la muerte de Ricarte entre la tarde del 27 de mayo de 2024 y la madrugada del día siguiente.
La investigación sostiene que la víctima habría sufrido una lesión en el cuello mientras se encontraba recostada en su cama, lo que le habría provocado una hemorragia fatal.
Cómo fue descubierto el cuerpo
Ricarte fue encontrado sin vida el 29 de mayo, cuando una de sus hermanas se dirigió a su vivienda preocupada porque no había tenido noticias de él.
Al ingresar a la habitación, la mujer encontró a Ricarte acostado y sin responder. Su cuerpo se encontraba frío y rígido.
Una médica del SAMCO de Ataliva llegó posteriormente al domicilio y detectó una lesión en la zona del cuello, por lo que se dio aviso a la Policía y posteriormente a la Fiscalía.
A partir de ese momento se inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.
Las pruebas reunidas durante la investigación
Los investigadores analizaron distintos elementos encontrados dentro de la vivienda.
En la cocina había una pava en el piso, platos sucios, un catre con sábanas utilizadas, una caja de vino y cuatro colillas de cigarrillos. Según la investigación, Ricarte no fumaba, por lo que esos elementos fueron considerados de interés para determinar quiénes habían estado en la vivienda.
En la habitación también se encontró un cuchillo, aunque las pericias determinaron que no sería el utilizado para provocar la lesión mortal.
Otro elemento considerado relevante fueron las cámaras de seguridad ubicadas cerca del domicilio.
De acuerdo con la investigación fiscal, las imágenes registraron a Churquina llegando a la vivienda el 27 de mayo, manteniendo una breve conversación con Ricarte y posteriormente ingresando al domicilio.
Las filmaciones también habrían registrado entradas y salidas posteriores de ambos. Según la Fiscalía, en las más de 100 horas de grabaciones analizadas, no se observó el ingreso de otra persona a la vivienda.
Los bolsos y el cuchillo secuestrado
Siempre de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante la noche del 27 de mayo Churquina habría salido de la vivienda llevando dos bolsos.
Posteriormente se habría dirigido hacia el campo de un familiar, pero no pudo permanecer allí y regresó nuevamente a la casa de Ricarte.
Los bolsos, según la investigación, habían sido descartados previamente en una chanchería ubicada en las afueras de Ataliva.
En su interior se encontraron bebidas alcohólicas, una caja de cigarrillos de la misma marca que las colillas halladas en la vivienda de Ricarte y un cuchillo que, según las pericias, presentaba rastros compatibles con sangre.
Estos elementos forman parte de la evidencia incorporada al expediente.
La hipótesis de la Fiscalía y la postura de la defensa
Para el fiscal Martín Castellano, los elementos reunidos permiten sostener la acusación contra Churquina.
La investigación busca establecer qué ocurrió durante las horas en las que ambos estuvieron en la vivienda y cuál fue el motivo de la muerte de Ricarte.
La defensa del imputado, por su parte, sostiene una hipótesis diferente respecto de lo ocurrido y cuestiona la acusación fiscal.
La causa continúa en etapa de investigación y Churquina permanecerá bajo prisión preventiva durante ocho meses, conforme a la resolución adoptada este lunes por la Cámara de Apelaciones.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
La Justicia ordenó reparar de urgencia las rutas nacionales 7, 8 y 33 en Santa Fe
Un juez federal de Venado Tuerto hizo lugar a un amparo y ordenó al Estado Nacional realizar la reparación integral y urgente de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, debido al grave deterioro de las calzadas y a la falta de mantenimiento suficiente.
La Justicia cuestionó el estado de las rutas
La resolución fue dictada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El planteo buscaba que se adoptaran medidas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes utilizan estos corredores nacionales.
Según el fallo, la documentación incorporada al expediente permitió acreditar el deterioro de las rutas y la falta de tareas suficientes de conservación.
En particular, sobre la Ruta Nacional 33, se mencionan grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos, condiciones que el magistrado consideró un riesgo para la seguridad e integridad de quienes circulan por la zona.
El juez sostuvo además que los organismos responsables de los corredores viales incumplieron sus obligaciones mínimas de mantenimiento y conservación.
La Ruta 33, uno de los principales puntos de preocupación
Uno de los elementos considerados por la Justicia fue que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.
De acuerdo con el expediente, autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían señalado que el estado de la ruta requería una intervención urgente.
A partir de ese diagnóstico se realizó una licitación que terminó siendo adjudicada a la empresa Rovial S.A.. Sin embargo, las obras no pudieron completarse.
La empresa realizó trabajos de bacheo en parte del corredor, pero posteriormente las tareas quedaron paralizadas debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias para continuar.
También se realizaron trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque el juez consideró que esas intervenciones no alcanzaban para solucionar el deterioro existente.
El expediente incorporó incluso fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar las condiciones de la calzada.
Qué ocurre con las rutas 7 y 8
Respecto de la Ruta Nacional 7, el fallo señala que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que no quedó acreditado que existieran trabajos de mantenimiento sostenidos sobre la totalidad del tramo correspondiente al departamento General López.
En cuanto a la Ruta Nacional 8, la situación también fue cuestionada.
Según el expediente, la Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales y había realizado distintas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.
La empresa solo acreditó trabajos sobre los kilómetros 359 al 362, lo que, de acuerdo con la sentencia, resultaba insuficiente frente a las necesidades de mantenimiento y seguridad vial del corredor.
El juez también rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían tareas de repavimentación.
La resolución sostiene que la empresa tenía responsabilidades relacionadas con la mejora, reparación y mantenimiento de las rutas 7 y 8.
El Estado deberá garantizar las obras
Uno de los puntos centrales del fallo es que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que las rutas se encuentran concesionadas o que existen cambios en las empresas responsables.
La Justicia consideró que la situación administrativa o contractual de los corredores no puede impedir que se garantice la seguridad de quienes utilizan las rutas.
Por ese motivo, la reparación deberá ser garantizada por el Estado Nacional, ya sea a través de Vialidad, del organismo que eventualmente tenga esas competencias o de las empresas concesionarias correspondientes.
La eventual participación de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.
La Justicia habló de una situación de peligro
Para el magistrado, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura, sino que también compromete derechos vinculados con la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación.
El fallo considera que el estado de las calzadas representa una situación de peligro para los usuarios y que las pruebas incorporadas al expediente evidencian un grave deterioro de la cinta asfáltica.
Finalmente, el juez rechazó los planteos realizados por Corredores Viales S.A. y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para garantizar su transitabilidad plena en el departamento General López.
Con información de Ámbito
Judicial
Facundo Moyano fue liberado, pero seguirá imputado en la causa por presunta violencia de género
El exdiputado nacional recuperó la libertad luego de declarar ante la fiscalía. La Justicia le impuso restricciones mientras continúa la investigación por una denuncia presentada por su pareja.
Facundo Moyano recuperó la libertad este martes por la noche tras ser indagado en una causa en la que está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Al retirarse de la sede judicial, el exlegislador realizó una breve declaración ante la prensa y aseguró: «Está todo aclarado».
La investigación continúa
La causa se originó luego de un episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde la pareja de Moyano, Candela Arizaga, de 23 años, fue encontrada corriendo semidesnuda en la vía pública y posteriormente trasladada al Hospital Pirovano.
Durante la jornada, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de Moyano, donde la Policía secuestró dos teléfonos celulares. Según trascendió, no se encontraron estupefacientes en el lugar.
Tras prestar declaración, el exdiputado fue liberado, aunque continuará imputado en la causa.
Restricciones impuestas por la Justicia
Como condición para recuperar la libertad, la Justicia le impuso a Moyano una prohibición de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, según confirmó su defensa.
La fiscalía continuará con la recolección de pruebas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.
La versión de Candela Arizaga
De acuerdo con la información difundida, Arizaga manifestó que Moyano «no le hizo nada» y sostuvo que el episodio ocurrió en un contexto de consumo de estupefacientes.
No obstante, la investigación judicial sigue su curso y será la Justicia la que determine las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.
Fuente: Cadena 3
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