Judicial
Causa Franco Casco: absolvieron a todos los policías y ordenaron libertad de los detenidos
En un fallo que no fue unánime, el TOF 2 resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte del joven que pasó por la comisaría 7ª en octubre de 2014, estuvo desaparecido y luego apareció ahogado en el Río Paraná
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario resolvió absolver a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. El presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, leyó el fallo –que no fue unánime– pocos minutos después de las 14 y ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.
Durante el debate oral, que comenzó en diciembre de 2021, el fiscal de juicio Fernando Arrigo y los querellantes habían solicitado prisión perpetua para catorce de los policías imputados, y penas que iban desde los 14 años y diez meses a los 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil.
Tras un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas, el tribunal integrado por los jueces federales Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez dio a conocer el veredicto.
El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino fueron absueltos de los delitos de “desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.
También fueron absueltos Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, quienes habían llegado a juicio como “coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.
Lo mismo resolvió el TOF 2 para Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, quienes llegaron al banquillo como “partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, que estaban acusados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”, también fueron absueltos. El vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que –según la acusación– se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Daniel Crespo –señalado como autor del delito de falso testimonio– también fue absuelto.
Sobre el agente Walter Ortiz no hubo controversia, ya que la Fiscalía había pedido su absolución por falta de pruebas que acreditaran dolo.
La larga causa
Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. El 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue hallado en las aguas del río Paraná.
Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la Comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la Comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.
El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la Seccional 7ª –Cafferata 342–, logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.
A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.
Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.
Desde entonces, abogados, familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una «causa armada» y aseguraron ser inocentes. A 8 años y 9 meses de la última vez que Casco fue visto con vida, el fallo de la Justicia Federal, que dejó el sabor amargo de la impunidad en los allegados a Casco, liberó de responsabilidad a todos los policías involucrados.
Fuente: L.T.9
Judicial
⚖️ Intensa jornada judicial en Rafaela: tres audiencias clave entre apelaciones, nuevas imputaciones y una libertad con condiciones
Los tribunales de Rafaela tuvieron una mañana cargada de actividad judicial con tres audiencias vinculadas a distintas causas penales.
Hubo una apelación por prisión preventiva, una ampliación imputativa y una imputación que terminó con la liberación del acusado bajo estrictas reglas de conducta.
Las audiencias reflejan el avance de investigaciones en curso y el debate entre fiscalía y defensa sobre las medidas judiciales aplicadas.
🔒 Apelación por la prisión preventiva de Luis Héctor Dimeglio
En primer lugar, se realizó una audiencia de revisión sobre la situación de Luis Héctor Dimeglio, quien permanece detenido en la cárcel de Unidad Penitenciaria de Coronda.
La defensa, encabezada por Luis Carlos Rittiner, volvió a plantear la incompetencia de la justicia provincial, solicitando que la causa pase a la órbita de la justicia federal.
Además, argumentó que la prisión preventiva se ha extendido demasiado tiempo y cuestionó el avance de la investigación, señalando que aún restan pericias importantes sobre material secuestrado.
Por su parte, el fiscal adjunto de San Cristóbal, Mauricio Espinoza, pidió confirmar la resolución que mantiene la detención, destacando la complejidad de la causa, la cantidad de personas involucradas y los riesgos procesales.
📌 La decisión final quedó ahora en manos del tribunal revisor, que deberá resolver la apelación.
📄 Ampliaron la imputación contra David Josué Sánchez
Luego se llevó adelante una audiencia de ampliación imputativa contra David Josué Sánchez, investigado por delitos contra la propiedad.
Durante la audiencia, la fiscalía sumó nuevos hechos a la causa, vinculados a un episodio ocurrido el 6 de marzo de 2025, cuando una intervención del Comando Radioeléctrico derivó en su aprehensión.
Entre las pruebas incorporadas se mencionaron:
- El secuestro de un hierro oxidado de aproximadamente 75 centímetros
- Registros del procedimiento policial
- Entrevistas y testimonios
- Constancias médicas por lesiones registradas durante el hecho
El acusado fue informado de sus derechos y decidió no declarar, mientras que la defensa no presentó objeciones en esta etapa, aunque anticipó que podría discutir la calificación legal más adelante.
🚔 Imputación en Ataliva y libertad con reglas de conducta
La tercera audiencia tuvo como protagonista a Tomás Alejandro Martínez, de 24 años, oriundo de Ataliva.
La fiscalía le atribuyó dos hechos distintos:
1️⃣ Un intento de hurto en un predio de la Empresa Provincial de la Energía, donde habría ingresado tras escalar un tapial con la intención de robar rollos de cable de aluminio.
2️⃣ Un segundo episodio en un kiosco de la localidad, donde se investigan lesiones y amenazas tras un altercado.
Durante la audiencia también surgió una discusión administrativa sobre la correcta identificación del acusado, ya que se mencionó un apodo con el que sería conocido.
Tras la imputación, el joven decidió no declarar y finalmente el juez dispuso su libertad bajo reglas de conducta.
Entre las condiciones impuestas se encuentran:
- Fijar domicilio en Ataliva
- Quedar bajo el cuidado de su madre
- No tener contacto ni acercarse a una de las víctimas
⚠️ La Justicia advirtió que si incumple estas condiciones podría enfrentar nuevas medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.
📍 De esta manera, la jornada judicial en Rafaela dejó tres audiencias con resultados diferentes, desde una apelación por una prisión preventiva hasta nuevas imputaciones y una libertad condicionada.
Judicial
La Justicia rechazó la libertad condicional en la causa por millonarias maniobras contra Las Taperitas y Williner
La Justicia provincial resolvió no conceder la libertad condicional a Miguel Alberto Olivares, condenado en una causa por estafas y delitos informáticos que provocaron un perjuicio económico millonario a las firmas Las Taperitas y Williner.
El juez interviniente, Gustavo Martín Urdiales, evaluó los informes técnicos y los planteos de las partes durante una audiencia virtual y concluyó que no se encuentran cumplidos los requisitos legales y criminológicos necesarios para otorgar el beneficio.
📌 Los argumentos de la decisión
Olivares cumple una pena de tres años de prisión efectiva y, por el tiempo transcurrido, estaba habilitado a solicitar la libertad condicional. Sin embargo, desde el ámbito judicial se remarcó que el acceso a la audiencia no implica la concesión automática del beneficio.
Durante el debate participaron:
- La defensa técnica, a cargo de Adrián Rocca
- El Ministerio Público de la Acusación, representado por el fiscal Guillermo Loyola
- La querella, mediante el abogado Carlos Farías Demaldé
Si bien se destacó que el condenado mantiene buena conducta y adaptación a las normas carcelarias, los informes del Servicio Penitenciario resultaron determinantes y fueron desfavorables.
Entre los puntos señalados:
- No atravesó instancias concretas del régimen de progresividad
- Elaboración incompleta del daño causado
- Aceptación parcial de la responsabilidad penal
- Escasa empatía hacia las víctimas
- Debilidad en su red de contención externa
En base a ese cuadro, la Junta Técnica recomendó no otorgar la libertad condicional, criterio que fue finalmente adoptado por el magistrado.
💻 Una causa de alta complejidad
La condena se originó en una investigación que permitió desarticular una organización dedicada a maniobras fraudulentas mediante suplantación de identidad, documentación apócrifa y accesos indebidos a sistemas bancarios.
Las transferencias irregulares superaron los 170 millones de pesos, en una causa que incluyó peritajes informáticos, análisis financieros y cruces de comunicaciones.
Por estos hechos ya hubo otras condenas y el proceso judicial continúa respecto de más personas imputadas.
Con esta resolución, Olivares continuará detenido en la Unidad Penitenciaria de Coronda, sin acceder por el momento a un régimen de egreso anticipado.
Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa
Judicial
⚖️ Justicia en Sunchales: juez rechaza prisión preventiva para dos jóvenes acusados de robo
En los Tribunales de Rafaela, el juez Javier Bottero resolvió que Lucas M (21) y Valentín J (19) quedaron en libertad bajo medidas alternativas, al considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía son insuficientes para justificar la prisión preventiva en el caso de un robo calificado en Sunchales.
🕵️♂️ Los hechos imputados
Robo en despensa: Durante la madrugada, M. y J. habrían ingresado a una despensa en calle Juan B. Justo al 1200, junto a otros tres individuos no detenidos, sustrayendo una caja registradora, bebidas y alimentos.
- Hurto de fernet: A J. también se le atribuyó un segundo episodio, alrededor del mediodía del último sábado, al sustraer dos botellas de fernet de un supermercado, siendo interceptado con una de ellas.
La fiscalía solicitó prisión preventiva apoyándose en videos de comercios cercanos y declaraciones de testigos, argumentando que se trataba de un robo cometido “en poblado y en banda”.
⚖️ Defensa y argumentos del juez
La abogada Amalia Cassina cuestionó la solidez de las pruebas:
- Las cámaras de seguridad no permiten identificación clara.
- La vinculación de J. con el robo se basaba solo en que vestía una camiseta de Boca, prenda de uso masivo.
- No se observaba coordinación estructurada que evidenciara la existencia de una banda organizada.
- Ambos imputados no cuentan con antecedentes condenatorios firmes.
Tras evaluar los argumentos, el juez concluyó que no existían riesgos procesales suficientes ni expectativa de pena que justificara la prisión preventiva, y dispuso libertad con medidas alternativas:
- Fijación de domicilio
- Presentación mensual ante la autoridad
- Prohibición de acercamiento a víctimas o testigos
La investigación seguirá su curso para identificar a los demás presuntos involucrados y recopilar nuevas pruebas.
Por Móvil Quique
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