Judicial
Causa Franco Casco: absolvieron a todos los policías y ordenaron libertad de los detenidos
En un fallo que no fue unánime, el TOF 2 resolvió absolver a los 19 policías y un civil acusados de distintos delitos en torno de la muerte del joven que pasó por la comisaría 7ª en octubre de 2014, estuvo desaparecido y luego apareció ahogado en el Río Paraná
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario resolvió absolver a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. El presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, leyó el fallo –que no fue unánime– pocos minutos después de las 14 y ordenó que los agentes que permanecían presos recuperen la libertad.
Durante el debate oral, que comenzó en diciembre de 2021, el fiscal de juicio Fernando Arrigo y los querellantes habían solicitado prisión perpetua para catorce de los policías imputados, y penas que iban desde los 14 años y diez meses a los 3 años de prisión para otros cuatro agentes y un civil.
Tras un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas, el tribunal integrado por los jueces federales Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez dio a conocer el veredicto.
El comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino fueron absueltos de los delitos de “desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte”.
También fueron absueltos Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, quienes habían llegado a juicio como “coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima”.
Lo mismo resolvió el TOF 2 para Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, quienes llegaron al banquillo como “partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima”. Los dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, que estaban acusados como “coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado”, también fueron absueltos. El vecino que fue acusado de formular una falsa denuncia con la que –según la acusación– se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Daniel Crespo –señalado como autor del delito de falso testimonio– también fue absuelto.
Sobre el agente Walter Ortiz no hubo controversia, ya que la Fiscalía había pedido su absolución por falta de pruebas que acreditaran dolo.
La larga causa
Franco Casco, de 20 años, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a sus familiares en barrio Empalme Graneros. El 6 de octubre, cuando emprendía el regreso a la localidad bonaerense de Florencio Varela, fue detenido por efectivos de la comisaría 7ª. El 31 de octubre, el cuerpo de Casco fue hallado en las aguas del río Paraná.
Antes del hallazgo, el tomar conocimiento de que Franco no había vuelto, se presentó una denuncia en la Comisaría 20ª de Rosario y se inició una investigación por averiguación de paradero. Al día siguiente, su papá viajó hacia Rosario y se presentó en la Comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado el 6 a la noche, pero le negaron toda otra información.
El 12 de octubre, Elsa fue a Rosario desde su hogar en Florencio Varela para buscar a su hijo. En la Seccional 7ª –Cafferata 342–, logró hablar con un comisario, pero en la denuncia refirió que mientras el funcionario policial le formulaba un relato bastante extraño sobre el motivo por el cual fue detenido Franco. El responsable de la comisaría argumentó que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía que lo había atendido”, y que finalmente fue liberado. El fiscal que había intervenido por el Ministerio Público de la Acusación fue Guillermo Apanowicz, por búsqueda de paradero.
A fines de octubre, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) promovió que la investigación por la desaparición y muerte del joven se desarrollara en el ámbito de la justicia federal. El 16 de diciembre, el juez federal Carlos Vera Barros aceptó la competencia para intervenir en la causa por la muerte de Franco. Esto sucedería un día después del pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario. Antes, el juez federal Marcelo Bailaque se había declarado incompetente.
Para octubre de 2017, Vera Barros procesó a 30 policías, la mayoría de la seccional 7ª y de Asuntos Internos, ya que consideró que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad no sólo en la muerte de Casco, sino también “en la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición”.
Desde entonces, abogados, familiares de los policías acusados nunca dejaron de asegurar de que se trataba de una «causa armada» y aseguraron ser inocentes. A 8 años y 9 meses de la última vez que Casco fue visto con vida, el fallo de la Justicia Federal, que dejó el sabor amargo de la impunidad en los allegados a Casco, liberó de responsabilidad a todos los policías involucrados.
Fuente: L.T.9
Judicial
Dijo que su vida corre peligro en la cárcel y pidió prisión domiciliaria: la Justicia se la negó
Un hombre investigado por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente seguirá detenido en una unidad penitenciaria, luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria. La defensa argumentó que su salud se había deteriorado y que su vida corría riesgo, pero el juez ordenó nuevas evaluaciones médicas antes de considerar otras medidas.
La audiencia se realizó el miércoles 14 de octubre en los Tribunales de Rafaela y fue presidida por el juez Javier Carlos Bottero.
El imputado, identificado como Eduardo T., permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores, mientras avanza la investigación en su contra.
La defensa alegó problemas de salud y discapacidad
Los abogados defensores solicitaron revisar la situación del detenido a partir de nuevos informes médicos. Sostuvieron que el agravamiento de su estado de salud, sus patologías y su discapacidad justificaban que continuara cumpliendo la detención en su domicilio.
También hicieron referencia a informes cardiológicos, cuestionaron la atención médica recibida en la cárcel y pidieron una evaluación integral a cargo de una junta médica.
Durante la audiencia, el propio imputado afirmó que no estaba solicitando la libertad ni que se lo declarara inocente, sino que buscaba acceder a la prisión domiciliaria por sus condiciones de salud.
Además, aseguró haber sufrido un episodio cerebrovascular que requirió varios días de internación y sostuvo que necesitaba asistencia permanente.
La Fiscalía se opuso al pedido
La fiscal Brenda Baños solicitó que se mantuviera la detención en la unidad penitenciaria. Según su planteo, no se habían acreditado circunstancias nuevas suficientes para modificar la medida vigente.
También señaló la gravedad del hecho investigado y la necesidad de proteger a la presunta víctima, una adolescente.
Por su parte, la querella manifestó que no tenía objeciones respecto de las cuestiones médicas relacionadas con una eventual intervención quirúrgica que pudiera necesitar el detenido.
El juez rechazó la prisión domiciliaria
Tras escuchar a las partes, Bottero rechazó el pedido de la defensa. Consideró que no se habían presentado elementos nuevos suficientes para cambiar la medida cautelar y que algunas de las circunstancias médicas expuestas ya habían sido evaluadas anteriormente.
Sin embargo, dispuso solicitar la intervención de la Junta Médica de Santa Fe para analizar de manera integral el estado de salud del imputado. También dejó abierta la posibilidad de recurrir a una junta médica de Rosario si fuera necesario.
De esta manera, el hombre continuará detenido mientras avanza la causa, a la espera de nuevas evaluaciones sobre su situación médica.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
Colonia Rosa: quedó preso por una investigación de abuso sexual que se extendió durante siete meses
Un hombre de 63 años quedó en prisión preventiva en una causa por presuntos abusos sexuales reiterados contra una mujer que trabajaba para él en Colonia Rosa, departamento San Cristóbal.
La medida regirá durante todo el proceso judicial, mientras avanza la investigación por hechos que habrían ocurrido durante aproximadamente siete meses.
La decisión fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
El pedido había sido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso.
La investigación apunta a hechos reiterados
Según la Fiscalía, los episodios habrían ocurrido entre fines de agosto de 2024 y marzo de 2025, en una vivienda de Colonia Rosa donde el hombre residía y a la que concurría la mujer por su trabajo como empleada doméstica.
El fiscal sostuvo que el investigado habría aprovechado las ocasiones en que ambos quedaban a solas para cometer las presuntas agresiones sexuales sin el consentimiento de la víctima.
La acusación plantea que los hechos no habrían sido aislados, sino reiterados durante aproximadamente siete meses, y que se habrían producido en un contexto de violencia de género y de desigualdad derivada de la relación laboral.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la mujer habría sufrido consecuencias en su salud mental que requirieron atención profesional.
Por qué seguirá detenido
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, el fiscal hizo referencia a las evidencias reunidas durante la investigación y a la necesidad de proteger a la víctima.
La jueza consideró que las medidas alternativas a la detención propuestas por la Defensa eran insuficientes para neutralizar los riesgos procesales, en particular el posible entorpecimiento de la investigación.
Por ese motivo, dispuso que el hombre permanezca privado de su libertad durante todo el proceso judicial.
La calificación penal
El hombre es investigado como presunto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.
La causa continúa en etapa de investigación. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso judicial.
Con información de Rafaela informa
Judicial
Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por abusar de la hija de su pareja durante varios años
El condenado tiene 32 años y también fue responsabilizado por amenazar y golpear a la mujer con la que mantenía una relación. Los abusos ocurrieron en Rufino y se extendieron entre 2017 y 2024.
Un hombre de 32 años fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de la hija menor de edad de su pareja en la ciudad de Rufino, en el sur de Santa Fe.
La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de esa ciudad. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Rafaela Florit, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Además de los delitos contra la integridad sexual de la niña, el hombre fue condenado por amenazar y agredir físicamente a su pareja.
Los abusos se extendieron durante más de siete años
Según la investigación fiscal, los hechos contra la integridad sexual ocurrieron entre junio de 2017 y octubre de 2024, en la vivienda que el condenado compartía con la niña y su madre.
La fiscal sostuvo que el hombre se aprovechó de la situación de poder y autoridad que tenía sobre la menor debido a la convivencia.
Por estos hechos, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en reiteradas oportunidades, además de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores agravada.
La condena también incluyó el delito de desobediencia judicial.
Amenazó a su pareja y la golpeó
La investigación también acreditó un episodio de violencia contra la mujer con la que mantenía una relación.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el 13 de octubre de 2024, durante una discusión, el hombre amenazó con matarla si lo denunciaba y posteriormente la golpeó en el rostro.
Por este hecho, fue condenado por amenazas simples y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.
Aceptó la responsabilidad y la pena
La condena se resolvió mediante un procedimiento abreviado. El acusado reconoció su responsabilidad en los delitos atribuidos por la Fiscalía, mientras que su defensa aceptó los hechos, la calificación legal y la pena acordada.
La víctima adulta fue informada de la resolución judicial y manifestó su conformidad tanto con lo resuelto por los hechos sufridos por ella como por los cometidos contra su hija.
Por resguardo de las víctimas y para evitar su revictimización, no se difundió la identidad del condenado.
Con información de Rafaela informa
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