Judicial
En abril empezará el juicio en Rafaela a 8 policías que trabajaban en Sunchales
La Fiscalía les endilga a 7 agentes haber torturado a dos presos con antecedentes en el 2019 y a quien era el jefe de la comisaría de encubrir el hecho.
En una instancia previa, una jueza ya había desestimado la carátula de tortura.
Agrandar imagenFamiliares y amigos de los policías aseguran que los acusados son inocentes.
Familiares y amigos de los policías aseguran que los acusados son inocentes.
Siete policías de que trabajaban en Sunchales ( subcomisario FHM de 42 años; la subinspectora SS de 46; el oficial JAC de 34, suboficiales varones CAM de 25 años; BEG de 28 y MLO de 32 y la mujer suboficial -MIA-, de 40 años ) están acusados del delito de «Tortura» y un agente (Jefe de la comisaría pero que no estaba al momento del hecho) de Encubrimiento (LMG, tiene 38 años) por la Fiscalía Regional por un caso ocurrido el 18 de octubre del 2019 en la Comisaría Nº 3 de Sunchales.
Los denunciantes fueron dos hermanos (ambos con antecedentes) que habían sido detenidos legítimamente y que según la fiscal de la causa Dra. Gabriela Lema, sufrieron por parte de los agentes «graves tormentos físicos y psicológicos». Con las instancias previas al juicio ya concluidas, Se reveló meses atrás que los jueces que integrarán el Tribunal son los doctores José Luis Estévez, Gustavo Bumaguín y Nicolás Stegmayer. El primero de Tostado y los dos restantes de Rafaela. En tanto, en las últimas horas este medio pudo saber de manera exclusiva la fecha de iniciación del juicio, el cual se llevará a cabo por 8 jornadas desde el 16 de abril del 2024.
Cabe recordar que desde noviembre del 2021 no quedan policías detenidos, ya que luego de una audiencia preliminar dos de los uniformados que estaban presos recuperaron su libertad mediante fianzas de 500 mil pesos, cuando la jueza Fortunato cambió la carátula de «Torturas» a la de «Apremios Ilegales» que tiene una pena menor a la de los 25 años que solicita la Fiscalía. En tanto los restantes 6 policías ya habían logrado anteriormente la libertad. De esta manera todos los acusados llegan en libertad al juicio oral y público y así transcurrirán durante dicho proceso judicial.
La acusación de la Fiscalía que deberá probar en el juicio
“Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5 y las 6 de la mañana del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300”, precisó la fiscal en su momento, en tanto «los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.
Lema afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”.
“Los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”, añadió la fiscal.
Lema contó que, por un golpe en la nuca, «una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes del cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”.
La fiscal explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”.
«En su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”, completó Lema.
¿Por qué no se trata de torturas?
En una de las audiencias preliminares, la jueza Dra. Fortunato expresó que no están dadas las pruebas -al menos en esta instancia- para hablar del delito de tortura tal como plantea la Fiscalía, desestimando en ese momento la imputación de la parte acusatoria. Y ratificando por otro lado lo que había resuelto en su momento (marzo del 2020) la Cámara integrada por el Juez Dr. Oliva, caratulando el hecho como Apremios Ilegales Calificados. La principal diferencia entre este delito y las torturas, es que en estas últimas «los sufrimientos o padecimientos deben ser infligidos intencionalmente para torturar a la víctima, con el dolo de atormentar o hacer sufrir», constando además de » tormentos físicos» y » sufrimientos psíquicos, con la gravedad suficiente». Algo que en esta causa por el momento no estaría acreditado.
La Jueza – citando al dictamen de Cámara- asegura que la bolsa con la que se le habría hecho el «submarino seco» (asfixiar a una de las víctimas) no puede contar como prueba, dado que no se halló material de ADN en la misma. Tampoco se puede sumar como evidencia un supuesto palo utilizado para torturar por parte de los policías, dado que las víctimas no lo reconocieron. Fortunato asegura además – siempre apoyándose en el fallo de la Cámara- que los informes médicos sólo refieren a que las víctimas sufrieron lesiones leves esa noche en la Comisaría de Sunchales, salvo un corte en el cuello que recibió uno de los denunciantes producto de haber impactado contra el vidrio de un ventanal. Pero para Fortunato «este corte aún estando en la tesis de la Fiscalía, no aparece como fruto de un obrar enderezado directamente a producirlo». Es decir, no hay constancia de que haya sido producto de un hecho de tortura por parte de los policías. Dadas estas circunstancias, y debido a que desde que el Dr. Oliva cambió la carátula del caso la Fiscalía no aportó nuevas pruebas, es que Fortunato desestimó el encuadre legal de la parte acusatoria y otorgó – en noviembre del 2021- la libertad a dos de los policías que todavía quedaban detenidos.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.
Tres acusados llegarán detenidos al juicio
En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.
Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.
De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.
Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.
Cómo será el proceso judicial
Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.
En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.
Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región
El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.
La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.
La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.
En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva
La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.
La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.
La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.
Persecución y ataque en caminos rurales
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.
Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.
La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.
Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.
La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.
Pedirán la prisión preventiva
Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.
Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Tacural: quedó en libertad un acusado por un violento robo a una familia dentro de una vivienda
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin durante una audiencia realizada en Rafaela. El imputado seguirá ligado a la causa bajo estrictas medidas de conducta mientras continúa la investigación.
La Justicia resolvió otorgar la libertad a uno de los imputados en una causa que investiga un violento robo ocurrido en la localidad de Tacural, donde una familia denunció haber sido amenazada y despojada de dinero en efectivo dentro de su vivienda.
La medida fue dispuesta este martes por el juez penal Gustavo Bumaguin durante una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en los tribunales de Rafaela.
El hecho investigado
Según la acusación, el episodio ocurrió durante la noche cuando tres hombres habrían ingresado de manera violenta a una vivienda de Tacural luego de protagonizar previamente un altercado con el propietario del inmueble.
Siempre de acuerdo a la investigación, los agresores forzaron puertas y ventanas para ingresar a la casa, amenazaron de muerte a los integrantes de la familia y se llevaron una importante suma de dinero en efectivo junto a otros elementos de valor.
Entre las víctimas se encontraba además una mujer embarazada, quien también habría sido intimidada durante el asalto.
Qué resolvió la Justicia
La audiencia contó con la participación del fiscal Juan Manuel Puig por parte del Ministerio Público de la Acusación y del abogado defensor Juan Bautista Degiovanni.
Durante el debate, la defensa sostuvo que la investigación se encuentra avanzada y que ya fueron realizadas las principales medidas probatorias, por lo que consideró que no existían riesgos procesales suficientes para mantener la prisión preventiva.
La Fiscalía, en cambio, se opuso al pedido de libertad al entender que persisten riesgos vinculados a la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y las próximas instancias judiciales.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo defensivo y ordenó la liberación del acusado bajo una serie de condiciones obligatorias.
Las restricciones impuestas al imputado
Entre las medidas dispuestas por la Justicia figuran:
- Fijar domicilio.
- Someterse al cuidado de un guardador.
- No mantener contacto con víctimas ni testigos.
- Prohibición de ingresar a Tacural.
- Firma periódica en una dependencia policial.
- Prohibición de portar o poseer armas de fuego.
De esta manera, el imputado continuará sometido al proceso penal, aunque en libertad, mientras la causa avanza hacia las próximas etapas judiciales.
Con información de Rafaela Informa
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