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Final para otro curro: derogaron la norma de Alberto para cobrar las fotocopias a los estudiantes

Alberto Fernández había firmado al final de su mandato la norma para cobrar las fotocopias a los estudiantes.

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Foto: Ilustrativa

Por medio del decreto 1036/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la norma sancionada por el expresidente Alberto Fernández en el último “día hábil” de su gestión, que reconocía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas, científicas y fotográficas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras, las clásicas fotocopias que todos los estudiantes conocen (actualmente adaptadas a PDF o archivos de Word).

Cadra fue considerada “entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado por el Ministerio de Cultura de la Nación (actualmente Secretaría de Cultura). La entidad, creada en 2020 y con más de dos mil asociados, quedaba habilitada para llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual. En aquella ocasión, el expresidente de Cadra, el editor Luis Quevedo, había dicho a este diario que el decreto beneficiaba no solo a escritores y editoriales, sino también a traductores, ilustradores y fotógrafos. “Al incluir a los fotógrafos, se consiguió una ampliación de derechos, dado que estos no tenían una sociedad de gestión colectiva que los protegiera”. El actual presidente de Cadra es el abogado Federico Polak, exfuncionario de la embajada argentina en Madrid y extitular del PAMI.

En ese momento, la decisión había sido criticada porque la norma autorizaba a Cadra a cobrar un canon a universidades y otros centros de enseñanza por el acceso a materiales de lectura. Por presión de las entidades de bibliotecarios, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos quedaron eximidos del pago del canon que establecía aquel decreto.

En el nuevo decreto, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no escasean los adjetivos y se considera que el régimen aprobado a finales de 2023 constituía “una regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes”.

Por otro lado, se observa que la retribución estipulada por Cadra y la Secretaría de Cultura era fijada “sobre una base presunta, sin ninguna relación con los ingresos que esos comercios minoristas obtienen del servicio de fotocopiado”. Y agrega que “resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido”.

La exclusividad otorgada por el gobierno anterior, afecta, según la actual gestión, “la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores”. “Es preciso señalar que cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo”, se remarca.

“El decreto de Fernández le daba a Cadra una potestad monopólica de ir a cobrar de forma genérica licencias por el acceso a materiales vía fotocopias en papel o reproducciones digitales basado en una licencia per cápita de estudiantes -dice a este diario la docente y activista por la cultura libre Beatriz Busaniche-. Es decir que si una universidad pública tiene cincuenta mil alumnos debe pagarle a esta asociación civil un monto fijo por estudiante. Era un despropósito total en general, pero aún más en un momento de severo ajuste de las universidades públicas. Es una buena noticia que se haya derogado ese decreto inconsulto y carente de toda legitimidad en el sector al que afectaba”.

Cadra “deplora” la derogación del decreto

En un comunicado, Cadra “deplora” la derogación del decreto 736/23 y sostiene que “atenta contra los creadores culturales del país”. Al perder la exclusividad para administrar los derechos de autor en todo el país, la entidad asume que “solo deberá intervenir en los casos en los que se vean afectados sus socios”.

Se recuerda además que Cadra forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), junto con 158 entidades “que cumplen la misma función en los distintos países, y que representa a través de los convenios suscriptos, a los autores y editores extranjeros así como esas entidades protegen las obras de autores y editores argentinos en el resto del mundo”. El comunicado incluye una declaración que lleva la firma del presidente de Cadra, Federico Polak, titulada “El conocimiento, el amor al arte, los derechos de autor y el lucro ajeno”.

“Existen pocas actividades más nobles que las culturales, que enriquecen el espíritu con el conocimiento, el arte y la belleza -afirma Polak-. Partimos de la convicción de que el trabajo intelectual y artístico genera derechos para el autor y las compañías que editan tales trabajos. […] En tal marco, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de propiedad intelectual. Evitar el plagio y las reproducciones ‘piratas’ son tareas imposibles para individuos aislados. Pueden llevarlas a cabo los Estados o las sociedades de gestión colectiva, que están compuestas por sus socios: los titulares de derecho de propiedad intelectual”.

“Una sociedad civil sin fines de lucro que NO demanda nada del estado nacional -subraya- es la encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor de autores y editoriales. Nuestra Comisión Directiva trabaja ‘ad honorem’ en defensa de los derechos de los creadores. En los últimos años, grandes compañías envían a las redes el producto de ese esfuerzo, sin retribuirlo. En realidad, reemplazan a los autores y editores, por la vía indirecta de percibir ingresos publicitarios por creaciones ajenas”.

“Lamentablemente, ese ataque a los derechos de los creadores acaba de ser apoyado por el insólito decreto 1036/24 del Poder Ejecutivo […], tratando de quitarle a Cadra la legitimación para la defensa de tales derechos de autor -evalúa-. Una norma que estimula la apropiación indebida de material ajeno por grandes conglomerados que no sólo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen”.

Según el presidente de Cadra, la economía del conocimiento es “el área de mayor crecimiento en la Argentina y una fuente creciente de divisas” y la desprotección del sector tendría “efectos no solo injustos sino también económicos y financieros para el país ya que el respeto a la propiedad intelectual es un requisito básico de todo acuerdo de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos”.

“De hecho, la protección efectiva de la propiedad intelectual es una política comercial que está siendo encarada en todo Occidente, con la creciente defensa de los verdaderos autores y editores en diversos países de Europa occidental, Australia y Estados Unidos, entre otros”, remarca antes de concluir en tono diplomático: “En Cadra seguiremos trabajando en defensa de los intereses de los creadores y, como siempre, estamos dispuestos a encontrar caminos comunes para llevar adelante nuestra tarea, haciendo un llamado urgente a las autoridades para revisar el Decreto 1036/24?. De este modo, la situación de la entidad vuelve a ser la misma que antes de finales de 2023.

También esta tarde, la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado en el que rechaza “los recientes decretos que perjudican la actividad del Fondo Nacional de las Artes y de Cadra”.

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José Delmastro: “La gestión de Pablo Pinotti avanza en un plan de bacheo que es histórico para Sunchales”

El candidato a concejal de Ahora Sunchales destacó el avance de las obras que se viene implementando en la ciudad: “Se está ejecutando con mano de obra propia lo que reduce los costos de los trabajos”

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Foto: El candidato a concejal de Ahora Sunchales, José Delmastro

El candidato a concejal de Ahora Sunchales, José Delmastro, destacó los avances que se están desarrollando del Plan de Bacheo de hormigón que lleva adelante la Municipalidad de Sunchales: “La gestión de Pablo Pinotti avanza en un plan de bacheo que es histórico en nuestra ciudad” remarcó el dirigente “son obras sumamente necesarias porque mejora la calidad de vida diaria de los vecinos. Era una necesidad imperiosa a la que estamos dándole respuestas concretas y directas”

El Plan de Bacheo de hormigón y reparación de calles forma parte de una gestión que prioriza la planificación y la eficiencia. Hasta el momento, se han reparado 6 de los 15 puntos críticos planificados. Se llevan ejecutados más de 300 m² de superficie sobre un total de 850 m² proyectados. Se utilizaron 53 m³ de hormigón de los 150 m³ programados.

Otro de los puntos que resaltó José Delmastro es que el Plan se está ejecutando “con mano de obra municipal, lo que reduce notablemente los costos de los trabajos y optimiza los recursos que se administran” esto relacionado con otro de los ejes clave de la gestión Pinotti que tiene que ver con apostar a la eficiencia y austeridad, cuidando los recursos del Estado. Todo esto se traduce en definitiva en brindar más y mejores servicios a los sunchalenses

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Se aprobó aumento de 7,2% a jubilados y bono de $ 110.000, pero Milei ya anunció que lo vetará

El Gobierno adelantó que vetará la norma

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Foto: Se aprobó aumento de 7,2% a jubilados y bono de $ 110.000, pero Milei ya anunció que lo vetará

Tras ocho horas de un debate tenso en la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar este martes un proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono previsional a $110.000. La medida fue presentada como un incremento de emergencia para los sectores más vulnerables del sistema previsional, pero el oficialismo la rechazó enérgicamente, y el presidente Javier Milei anticipó que vetará la norma en caso de que también sea aprobada en el Senado.
El proyecto fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Bloque Independencia que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.

El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.

Por su parte, el PRO dejó expuestas nuevamente sus tensiones internas con 9 abstenciones, 1 voto a favor del larretista Hécto Baldasi, y 22 votos en contra.

Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. Nuevamente sorprendieron los votos positivos de los tucumanos de Independencia y las salteñas de Innovación Federal. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.

El tratamiento, que se dio en el marco de una sesión especial convocada por bloques opositores, evidenció nuevamente la fragilidad del oficialismo en el Congreso. A pesar de los intentos por frenar la iniciativa, no logró evitar que la mayoría se impusiera. Diputados de Unión por la Patria, la UCR y otros bloques provinciales defendieron el proyecto como una respuesta urgente al deterioro del poder adquisitivo de los jubilados, agravado por la inflación y la falta de actualización real en los haberes mínimos.

Desde el oficialismo, en cambio, acusaron a la oposición de “irresponsabilidad fiscal”. Legisladores de La Libertad Avanza y el PRO aseguraron que la norma “destruye el equilibrio macroeconómico” alcanzado por el gobierno en sus primeros seis meses de gestión y que implicaría un gasto adicional imposible de sostener sin afectar otras partidas clave.

En paralelo a la sesión, se vivieron protestas en las inmediaciones del Congreso. Las manifestaciones incluyeron reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, colectivos feministas por los 10 años del Ni Una Menos y la tradicional marcha de jubilados, que volvieron a expresar su malestar por la pérdida constante del poder adquisitivo.

Desde el Ejecutivo nacional no tardaron en reaccionar. Apenas se conoció el resultado, voceros oficiales confirmaron que el presidente Milei vetará el proyecto en caso de que supere también la votación en el Senado, alineado con su política de ajuste y su negativa rotunda a “ceder ante la casta”.

En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.

El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.

Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.

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Los dirigentes políticos con peor imagen negativa: quiénes son los más cuestionados por la gente

El expresidente Alberto Fernández encabeza el ranking con apenas un 6% de valoración positiva y un diferencial de -82 puntos, el más bajo de la encuesta de la Universidad de San Andrés. Según el estudio, Máximo Kirchner (-58), Guillermo Moreno (-52)

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A casi seiscientos días de haber asumido la presidencia de la Nación, Javier Milei sigue siendo el dirigente con mejor imagen positiva del país. Llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, al ganarle el balotaje a Sergio Massa, y con Victoria Villarruel como vicepresidenta, inició un nuevo ciclo político en la Argentina. Hoy faltan dos años y medio para que finalicen esos mandatos, y un nuevo estudio del Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP), realizado para la Universidad de San Andrés, muestra cómo se perciben sus gestiones y la de otras figuras políticas del país.

La participación incluyó 1005 encuestas realizadas entre el 21 y el 29 de mayo de 2025 a personas adultas de todo el país, con acceso a internet. Así, se pudo indagar sobre la satisfacción con la situación general del país, la opinión sobre los poderes políticos y sus políticas públicas, y la imagen de los principales dirigentes.

Claro y contundente, el resultado muestra que todos los líderes políticos relevados tienen más imagen negativa que positiva. Ninguno escapa al rechazo, ni siquiera quienes ocupan cargos altos o tienen una exposición más reciente.

Entre todos, el presidente Javier Milei es quien sale mejor posicionado con un 44% de imagen positiva y un diferencial de -7 puntos, lo que significa que su imagen negativa es apenas superior a la positiva. Además, es un dirigente que conoce el 99% de los encuestados, lo que indica que su figura ya está consolidada en el escenario público y probablemente no sufra grandes cambios en el corto plazo.

Al otro extremo aparece el expresidente Alberto Fernández, con apenas un 6% de imagen positiva y un 88% de negativa, lo que da un diferencial de -82 puntos, el más bajo del ranking. En el fondo de la tabla le siguen Máximo Kirchner (-58), Guillermo Moreno (-52) y Lilia Lemoine (-52).

Hay figuras muy conocidas que tampoco logran revertir la desaprobación: Cristina Fernández de Kirchner (-38), Mauricio Macri (-36), Axel Kicillof (-34) y Sergio Massa (-32). Todos ellos tienen una imagen positiva en torno al 26%-28%, pero la negativa es muy superior.

También hay dirigentes con menos exposición, como Rodrigo de Loredo, Martín Llaryora y Juan Schiaretti, quienes si bien son menos conocidos, tampoco logran una imagen positiva sólida. En el caso de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, el estudio revela un techo bajo: pocos los conocen, pocos los valoran, y su imagen sigue en negativo.

En cuanto a la evolución de la imagen positiva en los últimos años, el informe de la Universidad de San Andrés refleja una tendencia clara: el desgaste es generalizado. Salvo el presidente Milei y la vicepresidenta Villarruel, que se mantienen con niveles relativamente altos, el resto de los dirigentes aparece estancado o en retroceso.

Milei lidera el ranking con un nivel de aprobación que fue en crecimiento desde mediados de 2023, con picos cercanos al 50% tras haber asumido. Pese a que en los últimos meses su imagen cayó levemente, sigue siendo el mejor ubicado.

Sin embargo, la dirigente peronista Cristina Fernández de Kirchner mantiene una imagen estable, en torno al 26%, sin grandes subas ni bajas, pero lejos de sus mejores momentos políticos. Algo similar ocurre con Axel Kicillof, que alcanza el 27% pero no logra despegar.

El futuro incierto del PRO y LLA divide a la sociedad

La encuesta de la Universidad de San Andrés, con un error muestral de aproximadamente +/? 3.15 puntos porcentuales, revela una sociedad dividida sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. Al 23% de los consultados le parece que el PRO debería actuar como oposición al gobierno de Javier Milei, mientras que un 20% sostiene que debe mantener una cooperación legislativa sin integrarse al oficialismo. Sobre el resto, un 18% apuesta a una coalición, solo un 10% apoya una fusión en un solo partido, y los demás no tienen opinión o prefieren no responder.

Ahora, también las diferencias entre grupos son marcadas. En cuanto al Nivel Socioeconómico (NSE), que clasifica a las personas según sus ingresos, educación y ocupación, la Clase Alta (ABC1) y la Clase Baja tienen la idea de que el PRO debe ser oposición, mientras que en los sectores medios y bajos hay más apertura hacia alianzas o cooperación.

Por edad, los más proclives a apoyar una coalición son los integrantes de la generación Boomers (nacidos entre 1946 y 1964, en la época del auge demográfico post-Segunda Guerra Mundial), mientras que la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012, con menos de 27 años) tienen opiniones más diversas.

Este nuevo gráfico muestra la evolución de las opiniones públicas sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza entre septiembre de 2024 y mayo de 2025:

El respaldo a una coalición entre ambos espacios cayó de más del 30% a un 20% en mayo, con una disminución constante durante el período.

La opción de que el PRO sea oposición creció y alcanzó un 22%, convirtiéndose en la alternativa con mayor apoyo en el último registro.

La postura de mantener una cooperación legislativa sin integrarse al gobierno también ganó terreno, situándose en un 20%.

La propuesta de fusionarse en un solo partido sigue siendo la menos elegida, aunque mostró un leve aumento, llegando al 10%.

De cara a las elecciones legislativas de septiembre, la evolución de estas posturas será determinante para el futuro político de ambos espacios.

Cristina Kirchner es la líder indiscutida del 35% de la oposición

Según datos relevados en mayo de 2025, el 35% de los encuestados considera que Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder de la oposición en la actualidad. Esta cifra refleja el fuerte peso político y simbólico que Cristina mantiene dentro del espacio opositor, a pesar del paso del tiempo y los cambios en el escenario político.

Asímismo, muy por detrás, un 14% de las personas consultadas señala a Axel Kicillof como líder, mientras que Mauricio Macri recibe apenas un 3% de las menciones, números que confirman la clara distancia que existe entre Cristina y otros dirigentes en cuanto al liderazgo opositor.

En tanto, un significativo 27% de los encuestados considera que la oposición no tiene un líder definido, lo que evidencia una percepción de fragmentación o vacío en la conducción política. A esto se suma un 11% que no sabe o no puede identificar quién lidera la oposición, y un 6% que prefirió no responder a esta pregunta. Otras figuras políticas como Juan Grabois, Guillermo Moreno, Sergio Massa y otros referentes aparecen con porcentajes muy bajos o casi nulos.

Oficialismo y oposición casi igualados en intención de voto

En las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires de mayo de 2025, Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza, obtuvo el 30,1% de los votos, superando a Leandro Santoro, de Es Ahora Buenos Aires, quien alcanzó el 27,4%. Por su parte, Silvia Lospennato, del PRO, quedó en tercer lugar con el 15,9%.

Sin embargo, los datos de este mayo muestran que, si las elecciones legislativas se realizaran hoy, un 31% de los consultados votaría al oficialismo, mientras que un 28% elegiría a la oposición. Esta diferencia de tres puntos otorga una leve ventaja al oficialismo respecto al relevamiento anterior, cuando contaba con un 29%.

Asímismo, la oposición retrocedió un punto en comparación con marzo.

El dato que llama la atención es que un 21% de las personas aún no sabe a quién votar, lo que refleja un nivel alto de indecisión en el electorado. A esto se suman quienes afirman que no votarían (7%), los que prefieren no responder (8%) y los que optarían por el voto en blanco (5%). Y en conjunto, más del 40% de los encuestados no tiene una postura definida, lo que deja un escenario electoral abierto y muy incierto.

Siguiendo esta idea, si las elecciones legislativas fueran hoy, La Libertad Avanza (LLA) obtendría el 29% de los votos, posicionándose como la fuerza política con mayor intención de voto. En comparación con marzo, LLA sube tres puntos, consolidándose como la opción principal y captando votos que antes iban al PRO, que cae del 10% al 7%.

Por su parte, el peronismo se mantiene estable con un 24%.

En el resto del escenario, el Frente de Izquierda alcanza un 4% y la UCR un 3%, sin cambios importantes. Además, un 17% de los encuestados dice no saber a quién votaría, mientras que un 5% asegura que no votaría, un 4% votaría en blanco y un 7% prefiere no responder.

Así, muestra un electorado muy volátil, con muchas posibilidades de cambiar su voto en los próximos meses.

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