Mientras el Gobierno mantiene el silencio y sigue creciendo el escándalo desatado por la revelación de los audios con presuntos pedidos de coimas en discapacidad, que salpican a Karina Milei y «Lule» Menem, el conductor de Neura Alejandro Fantino pidió que «caiga en cana el que tenga que caer» y explicó el trasfondo de su nota con Diego Spagnuolo.

«Si hay algo que tiene que saltar, como ahora que empieza a moverse, que salte rápido. Yo no mato a los mensajeros», expresó Fantino en los primeros minutos de su programa, donde habló del escándalo de presuntas coimas a laboratorios que provocó la salida de Diego Spagnuolo, amigo y exabogado del Presidente, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Sin pelos en la lengua, el conductor ratificó su apoyo al gobierno libertario, pero dejó en claro sus límites: «Yo también apoyo a Javier, quiero que le vaya bien al Gobierno, pero tampoco voy a permitir que si aparecen algunas de estas ratas que robaron o se llevaron la que es de los argentinos…Que se vayan a Guantánamo y que le tiren maíz al sol como las gallinas».

Ante las críticas formuladas por los trolls libertarios respecto de los audios de las presuntas coimas, que fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval, Fantino aseguró que celebra lo sucedido y salió a bancar a sus colegas: «No hay denunciantes buenos y denunciantes malos, no seamos ’verga’ con eso».

«Hicieron un gran laburo: mostraron los audios, desataron esos audios un montón de fichas que están cayendo. Laburaron bien, hicieron lo que tenían que hacer. Tenían los audios y está perfecto. Si nosotros los hubiésemos tenido también los hubiéramos puesto sino qué somos boludo… Gato yeso levantando la mano…chupando pija…. diciendo ’está todo bien, está todo bien’. No, boludo, que caiga en cana el que tiene que caer», explotó Fantino, en una edición del programa que estuvo tomada por el caso de los supuestos sobornos en el área de discapacidad.

Al referirse a la entrevista con Spagnuolo, la cual realizó en Neura el 8 de julio de 2024, el conductor detalló cómo se gestó la nota: «Vino acá a denunciar y contar al aire lo que había encontrado en Andis del gobierno pasado.Yo le di la posibilidad, si tenía ganas de decir algo, que lo dijera al aire. Si esto que está pasando hubiese pasado en ese momento, tal vez le hubiese evitado un montón de dolores de cabeza a futuros al Gobierno y a mucha gente del Gobierno».

«Cuando le voy a hacer la nota, Agustín (Rodríguez) me dice ‘che, por qué no lo indagás a tu estilo, tirale a ver si te cuenta porque me parece que está con algunos ruidos con alguna parte del Gobierno. Viste que el Gobierno tiene dos o tres sectores, pero dos sectores que mucho no encuentran una relación que fluya’ y me dice ‘por qué no le preguntás por cómo se llevan porque me parece que están medio a los tiros con el sector de los Menem’. Bueno, empieza la nota, le encarno y el tipo no picó. Si hubiese tenido ganas de contarlo, lo hubiese podido haber contado acá al aire», recordó sobre la charla que tuvo en la previa de la nota con su compañero de streaming y abogado personal.

Luego de aclarar que no podía revelar lo que le había anticipado Agustín Rodríguez, Fantino explicó por qué dijo «Lule» durante su entrevista. «Yo se lo pregunté, ustedes vieron mi nota. Pin, pun, pan. Le tiro un par de cosas y le digo ‘Totora, Chivilcoy, Lule, Tucumán’ y el flaco no pica. Miró para el costado y la sacó…Le pegó como el “Cuti” Romero y la sacó al córner y siguió la nota».

Fuente: Contexto Tucumán

Durante la jornada de este jueves, y dentro de los plazos establecidos por el reglamento de la Convención Constituyente de la Provincia de Santa Fe, el Bloque de Más Para Santa Fe conformado por distintos espacios entre ellos el Justicialismo, el cual integra Alcides Calvo, presentó sus propios dictámenes en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en los artículos y principios donde existe diferencia con respecto a los dictámenes del oficialismo, como es el caso del Artículo N°21 de seguridad social y régimen jubilatorio y previsional provincial, así como también en la concepción de los Servicios Públicos en el territorio de la Provincia de Santa Fe.

En el Dictamen sobre el artículo N°21 se reconfigura el sistema de seguridad social y la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa Fe reforzando su carácter integral, universal, solidario e irrenunciable, estableciendo su intangibilidad, intransferibilidad e irreductibilidad, mientras que en lo relativo a la caja de jubilaciones provincial donde se asegura como público, solidario y de reparto, fundamentado en los principios de progresividad, equidad, sustentabilidad y participación ciudadana, estableciendo reglas específicas como la garantía de la movilidad de los haberes previsionales, asegurando que no sean inferiores al 82% de la remuneración de un trabajador activo en igual cargo.

En lo referido a los Servicios Públicos, en el dictamen, se incorpora un artículo que determina que los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la Provincia o a los municipios, constituyen una función indelegable del Estado quien garantiza a todas las personas, en todo su territorio, el acceso libre, equitativo y continuo a los servicios públicos, estableciendo así que La Provincia de Santa Fe, afianzando su compromiso con el desarrollo sostenible y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y el otorga jerarquía constitucional provincial a los derechos de acceso al agua, a la alimentación, a la energía, a la conectividad y a su vez reconoce a los entes de control de los servicios públicos para garantizar calidad y transparencia de los mismos.

En el momento de la presentación Calvo agregó “Esta presentación del dictamen de nuestro bloque deja en claro nuestra postura y concepción de lo que significa el Estado Provincial para nosotrososotros, y va en consonancia con lo que hemos expuesto desde la Legislatura Provincial cuando se debatió la emergencia de la caja de jubilaciones y pensiones o en cada proyecto de comunicación o pedido de informes donde solicitamos servicios para el territorio y para cada una de las localidades, por eso, al analizar el Dictamen de Mayoría del Gobierno Provincial que encabeza Pullaro del gobierno provincial que encabeza Pullaro vemos que muchas de estos principios no están contemplados es que desde el bloque estamos proponiendo, que la caja de caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de la Provincia de Santa Fe se declaran constitucionalmente intransferibles así como también que el acceso a los servicios publicos, agua, energia y alimentos se reconozcan como derechos de los Santafesinos, siendo necesario que el Estado los brinde y controle y que el estado les brinde y controle”.

Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo

La fiscal federal Fabiana León pidió la condena de Andrea del Boca y Julio de Vido por defraudación contra la administración pública por el financiamiento estatal irregular de la novela Mamá Corazón, en el marco del juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7), que arrancó en marzo pasado.

La fiscal pidió este jueves tres años y medio de prisión para Andrea del Boca, por considerarla «partícipe necesaria» del delito de defraudación en perjuicio del Estado.

Mientras que solicitó cuatro años y medio para Julio De Vido, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que el exministro fue autor de la defraudación; y otros cuatro años para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, como «partícipe necesario».

Además, la fiscal pidió la condena de otras personas que también ya estaban procesadas en la misma causa judicial: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los ex funcionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.

Y reclamó el pago en forma solidaria de US$ 3.126.000 como restitución al Estado por esta defraudación.

La acusación fue porque se financió la novela Mamá Corazón con un mecanismo de triangulación con la UNSAM, sin concurso ni compulsa de precios y quedándose la productora con el producto de la venta de la serie en el extranjero. La fiscal también pidió que se condene al resto de los acusados en este juicio oral y público.

En su alegato, León destacó el daño «de enorme magnitud» que se produjo con estos «actos de corrupción» a las políticas públicas de financiamiento a las universidades y de fomento a las artes que se desarrollaron durante el gobierno de Cristina Kirchner.

«Ante ese privilegio que tuvieron esos sectores, de políticas muy generosas que las personas que estamos acusando hayan contribuido a afectar ese patrimonio, resulta un daño social que debe ser tenido en cuenta a la hora de valorar las agravantes genéricas respecto de la totalidad de los imputados», sostuvo la fiscal federal.

Y destacó que «el hecho tiene especial gravedad», ya que «se trató de actos de corrupción que perjudicaron al estado y la confianza de los ciudadanos en decisiones que han sido generosas en punto al desarrollo educativo y cultural de la población».

En el caso específico de Andrea del Boca, se la acusó porque el contrato de adjudicación a su productora «tuvo modalidad por adjudicación directa, infringiendo la modalidad de contratación». Además, según surge del informe de auditoria de la Sindicatura General de la Nación, se incluyeron cláusulas arbitrarias y leoninas, por la exclusividad de 60 meses para la comercialización internacional de la telenovela, con una prórroga por otros 60 meses más, que se financió con fondos públicos, una novela cuya comercialización internacional se reservó para su propia productora. Por ello, se solicitó anular esa contratación, al estar involucrado el interés publico», sostuvo la acusación que se leyó al inicio del juicio oral y público.

La causa judicial

A mediados de 2018, en juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como «autor» del delito de defraudación y le trabó un embargo por 60 millones de pesos; mientras que Andrea del Boca fue procesada como «partícipe necesaria», al igual que el entonces rector de la UNSAM, Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por 50 millones y 60 millones, respectivamente.

A todos ellos, el juez les inhibió sus bienes hasta cubrir la suma embargada. Y en abril de 2019 elevó la causa a juicio oral y público.

En ese entonces, el juez Ramos sostuvo en su fallo que «la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca». Y agregó que eso respondió a una «voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes».

El objetivo era que la novela fuera «financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca­ era una persona cercana al gobierno de ese entonces», señaló el juez Ramos.

Tal como publicó Clarín en su investigación, que arrancó en junio de 2016, la productora A+a Group, de Andrea Del Boca, cobró más de 24 millones de pesos, a través de una contratación directa del ministerio que manejaba De Vido, triangulado con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios.

Estaba previsto que la productora cobrara $ 36,58 millones y se quedara con un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional, cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió ese contrato. Además, A+a Group ya había cobrado el 76% de la novela, mientras que otras series que estaban en los mismos convenios con la UNSAM habían cobrado sólo el 7%.

El juez Ramos indicó en su fallo que no se cuestiona la «aptitud y/o calidad artística» de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio «la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente».

La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos del juez Ramos.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que lo cuestionable no fue la celebración de los acuerdos con la UNSAM, «sino la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos».

Cuando la procesaron, el abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, aseguró a Clarín que «no hubo un delito. Acá no hubo ni sobrefacturación. La causa tiene un gran contenido político, simplemente porque la encabeza De Vido. Eso hace que todo se centre en él y que el resto de las figuras traccionen, para pegarle a un ex ministro que está caído en desgracia y que debe haber sido una de las personas seguramente más corruptas de la gestión del kirchnerismo».

El ex rector de la UNSAM, Carlos Ruta, era un hombre muy cercano al gobierno kirchnerista, que involucró a esa universidad pública en varios proyectos, como la medidora de rating paralelo a Ibope y la polémica compra e instalación de millonarios equipos de efectos especiales, además de elegir las producciones para la TV digital.

Fuente: Clarín