Por medio del decreto 1036/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la norma sancionada por el expresidente Alberto Fernández en el último “día hábil” de su gestión, que reconocía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas, científicas y fotográficas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras, las clásicas fotocopias que todos los estudiantes conocen (actualmente adaptadas a PDF o archivos de Word).

Cadra fue considerada “entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado por el Ministerio de Cultura de la Nación (actualmente Secretaría de Cultura). La entidad, creada en 2020 y con más de dos mil asociados, quedaba habilitada para llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual. En aquella ocasión, el expresidente de Cadra, el editor Luis Quevedo, había dicho a este diario que el decreto beneficiaba no solo a escritores y editoriales, sino también a traductores, ilustradores y fotógrafos. “Al incluir a los fotógrafos, se consiguió una ampliación de derechos, dado que estos no tenían una sociedad de gestión colectiva que los protegiera”. El actual presidente de Cadra es el abogado Federico Polak, exfuncionario de la embajada argentina en Madrid y extitular del PAMI.

En ese momento, la decisión había sido criticada porque la norma autorizaba a Cadra a cobrar un canon a universidades y otros centros de enseñanza por el acceso a materiales de lectura. Por presión de las entidades de bibliotecarios, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos quedaron eximidos del pago del canon que establecía aquel decreto.

En el nuevo decreto, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no escasean los adjetivos y se considera que el régimen aprobado a finales de 2023 constituía “una regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes”.

Por otro lado, se observa que la retribución estipulada por Cadra y la Secretaría de Cultura era fijada “sobre una base presunta, sin ninguna relación con los ingresos que esos comercios minoristas obtienen del servicio de fotocopiado”. Y agrega que “resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido”.

La exclusividad otorgada por el gobierno anterior, afecta, según la actual gestión, “la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores”. “Es preciso señalar que cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo”, se remarca.

“El decreto de Fernández le daba a Cadra una potestad monopólica de ir a cobrar de forma genérica licencias por el acceso a materiales vía fotocopias en papel o reproducciones digitales basado en una licencia per cápita de estudiantes -dice a este diario la docente y activista por la cultura libre Beatriz Busaniche-. Es decir que si una universidad pública tiene cincuenta mil alumnos debe pagarle a esta asociación civil un monto fijo por estudiante. Era un despropósito total en general, pero aún más en un momento de severo ajuste de las universidades públicas. Es una buena noticia que se haya derogado ese decreto inconsulto y carente de toda legitimidad en el sector al que afectaba”.

Cadra “deplora” la derogación del decreto

En un comunicado, Cadra “deplora” la derogación del decreto 736/23 y sostiene que “atenta contra los creadores culturales del país”. Al perder la exclusividad para administrar los derechos de autor en todo el país, la entidad asume que “solo deberá intervenir en los casos en los que se vean afectados sus socios”.

Se recuerda además que Cadra forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), junto con 158 entidades “que cumplen la misma función en los distintos países, y que representa a través de los convenios suscriptos, a los autores y editores extranjeros así como esas entidades protegen las obras de autores y editores argentinos en el resto del mundo”. El comunicado incluye una declaración que lleva la firma del presidente de Cadra, Federico Polak, titulada “El conocimiento, el amor al arte, los derechos de autor y el lucro ajeno”.

“Existen pocas actividades más nobles que las culturales, que enriquecen el espíritu con el conocimiento, el arte y la belleza -afirma Polak-. Partimos de la convicción de que el trabajo intelectual y artístico genera derechos para el autor y las compañías que editan tales trabajos. […] En tal marco, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de propiedad intelectual. Evitar el plagio y las reproducciones ‘piratas’ son tareas imposibles para individuos aislados. Pueden llevarlas a cabo los Estados o las sociedades de gestión colectiva, que están compuestas por sus socios: los titulares de derecho de propiedad intelectual”.

“Una sociedad civil sin fines de lucro que NO demanda nada del estado nacional -subraya- es la encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor de autores y editoriales. Nuestra Comisión Directiva trabaja ‘ad honorem’ en defensa de los derechos de los creadores. En los últimos años, grandes compañías envían a las redes el producto de ese esfuerzo, sin retribuirlo. En realidad, reemplazan a los autores y editores, por la vía indirecta de percibir ingresos publicitarios por creaciones ajenas”.

“Lamentablemente, ese ataque a los derechos de los creadores acaba de ser apoyado por el insólito decreto 1036/24 del Poder Ejecutivo […], tratando de quitarle a Cadra la legitimación para la defensa de tales derechos de autor -evalúa-. Una norma que estimula la apropiación indebida de material ajeno por grandes conglomerados que no sólo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen”.

Según el presidente de Cadra, la economía del conocimiento es “el área de mayor crecimiento en la Argentina y una fuente creciente de divisas” y la desprotección del sector tendría “efectos no solo injustos sino también económicos y financieros para el país ya que el respeto a la propiedad intelectual es un requisito básico de todo acuerdo de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos”.

“De hecho, la protección efectiva de la propiedad intelectual es una política comercial que está siendo encarada en todo Occidente, con la creciente defensa de los verdaderos autores y editores en diversos países de Europa occidental, Australia y Estados Unidos, entre otros”, remarca antes de concluir en tono diplomático: “En Cadra seguiremos trabajando en defensa de los intereses de los creadores y, como siempre, estamos dispuestos a encontrar caminos comunes para llevar adelante nuestra tarea, haciendo un llamado urgente a las autoridades para revisar el Decreto 1036/24?. De este modo, la situación de la entidad vuelve a ser la misma que antes de finales de 2023.

También esta tarde, la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado en el que rechaza “los recientes decretos que perjudican la actividad del Fondo Nacional de las Artes y de Cadra”.

Fuente: La Nación