Politica
Final para otro curro: derogaron la norma de Alberto para cobrar las fotocopias a los estudiantes
Alberto Fernández había firmado al final de su mandato la norma para cobrar las fotocopias a los estudiantes.
Por medio del decreto 1036/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó la norma sancionada por el expresidente Alberto Fernández en el último “día hábil” de su gestión, que reconocía al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas, científicas y fotográficas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras, las clásicas fotocopias que todos los estudiantes conocen (actualmente adaptadas a PDF o archivos de Word).
Cadra fue considerada “entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado por el Ministerio de Cultura de la Nación (actualmente Secretaría de Cultura). La entidad, creada en 2020 y con más de dos mil asociados, quedaba habilitada para llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual. En aquella ocasión, el expresidente de Cadra, el editor Luis Quevedo, había dicho a este diario que el decreto beneficiaba no solo a escritores y editoriales, sino también a traductores, ilustradores y fotógrafos. “Al incluir a los fotógrafos, se consiguió una ampliación de derechos, dado que estos no tenían una sociedad de gestión colectiva que los protegiera”. El actual presidente de Cadra es el abogado Federico Polak, exfuncionario de la embajada argentina en Madrid y extitular del PAMI.
En ese momento, la decisión había sido criticada porque la norma autorizaba a Cadra a cobrar un canon a universidades y otros centros de enseñanza por el acceso a materiales de lectura. Por presión de las entidades de bibliotecarios, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos quedaron eximidos del pago del canon que establecía aquel decreto.
En el nuevo decreto, que lleva las firmas del Presidente y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no escasean los adjetivos y se considera que el régimen aprobado a finales de 2023 constituía “una regulación irrazonable, engorrosa, de difícil aplicación, que no garantiza el cumplimiento de su finalidad, que genera manifiestas inequidades injustificadas, distorsiones en la actividad comercial de quienes proveen el servicio de fotocopias y un perjuicio económico a estos comercios y a sus clientes”.
Por otro lado, se observa que la retribución estipulada por Cadra y la Secretaría de Cultura era fijada “sobre una base presunta, sin ninguna relación con los ingresos que esos comercios minoristas obtienen del servicio de fotocopiado”. Y agrega que “resulta imposible establecer un método medianamente fidedigno y objetivo de trazabilidad que permita identificar qué textos han sido fotocopiados y asignar así a sus autores y editores, en función de la utilización de sus obras, lo recaudado por la retribución establecida en el decreto referido”.
La exclusividad otorgada por el gobierno anterior, afecta, según la actual gestión, “la libre concurrencia, por cuanto impide que otras asociaciones de autores que puedan, libremente constituirse, representen los derechos de los autores y editores, sus derechohabientes y sucesores”. “Es preciso señalar que cualquier autor o editor es libre de disponer de su derecho de propiedad y decidir eventualmente quién y cómo habrá de representarlo”, se remarca.
“El decreto de Fernández le daba a Cadra una potestad monopólica de ir a cobrar de forma genérica licencias por el acceso a materiales vía fotocopias en papel o reproducciones digitales basado en una licencia per cápita de estudiantes -dice a este diario la docente y activista por la cultura libre Beatriz Busaniche-. Es decir que si una universidad pública tiene cincuenta mil alumnos debe pagarle a esta asociación civil un monto fijo por estudiante. Era un despropósito total en general, pero aún más en un momento de severo ajuste de las universidades públicas. Es una buena noticia que se haya derogado ese decreto inconsulto y carente de toda legitimidad en el sector al que afectaba”.
Cadra “deplora” la derogación del decreto
En un comunicado, Cadra “deplora” la derogación del decreto 736/23 y sostiene que “atenta contra los creadores culturales del país”. Al perder la exclusividad para administrar los derechos de autor en todo el país, la entidad asume que “solo deberá intervenir en los casos en los que se vean afectados sus socios”.
Se recuerda además que Cadra forma parte de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), junto con 158 entidades “que cumplen la misma función en los distintos países, y que representa a través de los convenios suscriptos, a los autores y editores extranjeros así como esas entidades protegen las obras de autores y editores argentinos en el resto del mundo”. El comunicado incluye una declaración que lleva la firma del presidente de Cadra, Federico Polak, titulada “El conocimiento, el amor al arte, los derechos de autor y el lucro ajeno”.
“Existen pocas actividades más nobles que las culturales, que enriquecen el espíritu con el conocimiento, el arte y la belleza -afirma Polak-. Partimos de la convicción de que el trabajo intelectual y artístico genera derechos para el autor y las compañías que editan tales trabajos. […] En tal marco, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de propiedad intelectual. Evitar el plagio y las reproducciones ‘piratas’ son tareas imposibles para individuos aislados. Pueden llevarlas a cabo los Estados o las sociedades de gestión colectiva, que están compuestas por sus socios: los titulares de derecho de propiedad intelectual”.
“Una sociedad civil sin fines de lucro que NO demanda nada del estado nacional -subraya- es la encargada de la gestión colectiva de los derechos de autor de autores y editoriales. Nuestra Comisión Directiva trabaja ‘ad honorem’ en defensa de los derechos de los creadores. En los últimos años, grandes compañías envían a las redes el producto de ese esfuerzo, sin retribuirlo. En realidad, reemplazan a los autores y editores, por la vía indirecta de percibir ingresos publicitarios por creaciones ajenas”.
“Lamentablemente, ese ataque a los derechos de los creadores acaba de ser apoyado por el insólito decreto 1036/24 del Poder Ejecutivo […], tratando de quitarle a Cadra la legitimación para la defensa de tales derechos de autor -evalúa-. Una norma que estimula la apropiación indebida de material ajeno por grandes conglomerados que no sólo no tributan a los autores, sino que cobran como si fueran los creadores del material que distribuyen”.
Según el presidente de Cadra, la economía del conocimiento es “el área de mayor crecimiento en la Argentina y una fuente creciente de divisas” y la desprotección del sector tendría “efectos no solo injustos sino también económicos y financieros para el país ya que el respeto a la propiedad intelectual es un requisito básico de todo acuerdo de libre comercio tanto con la Unión Europea como con Estados Unidos”.
“De hecho, la protección efectiva de la propiedad intelectual es una política comercial que está siendo encarada en todo Occidente, con la creciente defensa de los verdaderos autores y editores en diversos países de Europa occidental, Australia y Estados Unidos, entre otros”, remarca antes de concluir en tono diplomático: “En Cadra seguiremos trabajando en defensa de los intereses de los creadores y, como siempre, estamos dispuestos a encontrar caminos comunes para llevar adelante nuestra tarea, haciendo un llamado urgente a las autoridades para revisar el Decreto 1036/24?. De este modo, la situación de la entidad vuelve a ser la misma que antes de finales de 2023.
También esta tarde, la Unión de Escritoras y Escritores emitió un comunicado en el que rechaza “los recientes decretos que perjudican la actividad del Fondo Nacional de las Artes y de Cadra”.
Fuente: La Nación
Politica
Bullrich marcó un límite a Milei por sus dichos contra periodistas: “Las críticas se contestan con argumentos”
La senadora se diferenció del Presidente tras sus expresiones sobre la prensa y sostuvo que defender la libertad de expresión también implica respetar a quienes cuestionan al poder.
Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con Javier Milei, esta vez por sus declaraciones contra periodistas durante una cena de la Fundación Faro. La senadora consideró que la expresión del mandatario sobre “quemar en la hoguera” a determinados comunicadores cruza un límite y sostuvo que las críticas deben responderse con argumentos.
En una entrevista telefónica con LN+, Bullrich señaló que la libertad de expresión protege tanto a la prensa cuando cuestiona al Gobierno como al Presidente cuando responde a esas críticas.
“Las críticas, desde mi punto de vista, se contestan con argumentos”, afirmó la legisladora, quien conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado.
Qué dijo Bullrich sobre las palabras del Presidente
La senadora consideró que la referencia a “quemar en la hoguera” es una expresión muy fuerte y que no constituye una forma adecuada de defenderse frente a una idea.
También remarcó que el poder está permanentemente bajo la mirada del periodismo y que esa situación forma parte de la vida democrática.
“Defender la libertad también es respetar a los que nos cuestionan”, expresó Bullrich, quien insistió en la necesidad de cuidar las palabras y evitar expresiones que, a su criterio, cruzan determinados límites.
Las declaraciones de Milei en la cena de la Fundación Faro
El viernes, durante una cena organizada por la Fundación Faro, Milei lanzó fuertes críticas contra periodistas que habían informado sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, en el que se investigaron operaciones promocionadas desde la cuenta del mandatario en la red social X.
En ese contexto, el Presidente sostuvo que quienes consideraba responsables de actuar contra los intereses de otros debían “quemarse en la hoguera”.
Las declaraciones se produjeron después de que se conociera el sobreseimiento de Milei y de su hermana, Karina Milei, en la causa mencionada.
También hubo cuestionamientos de organizaciones periodísticas
Las expresiones presidenciales generaron pronunciamientos de distintas entidades. La Academia Nacional de Periodismo difundió una solicitada en la que cuestionó los dichos del mandatario y advirtió sobre sus implicancias para la democracia.
También expresaron su rechazo representantes de IDEA, el Colegio Público de la Abogacía y otras organizaciones vinculadas al periodismo y la sociedad civil.
La postura de Bullrich se sumó así a las reacciones que provocaron las declaraciones de Milei, al plantear públicamente que el debate con la prensa debe sostenerse mediante argumentos y dentro del respeto a la libertad de expresión.
Con información de La Nación+
Politica
Bullrich, en la mira para ser vice de Milei en 2027: las tensiones que busca contener el Gobierno
En la Casa Rosada la consideran una figura con peso electoral para acompañar al Presidente en una eventual reelección. Sin embargo, sus declaraciones sobre sus propias aspiraciones y las diferencias internas mantienen abierta la negociación.
Patricia Bullrich aparece como una de las principales alternativas para acompañar a Javier Milei en la fórmula presidencial de 2027, según versiones atribuidas al entorno del Gobierno nacional. La posibilidad convive con tensiones políticas y con el malestar que habrían generado algunas de las últimas declaraciones de la senadora.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, en la Casa Rosada buscan preservar la relación con Bullrich y evitar una ruptura que pueda perjudicar electoralmente a La Libertad Avanza.
La definición de la fórmula se postergaría hasta el verano, mientras Karina Milei tendría un papel central en las conversaciones.
Por qué Bullrich sigue entre las principales opciones
En sectores del oficialismo consideran que la senadora conserva un importante respaldo electoral y puede atraer a votantes que acompañaron a Juntos por el Cambio en 2023.
Desde esa perspectiva, sumarla a una eventual fórmula presidencial permitiría ampliar la base de apoyo de Milei y evitar una competencia interna que complique el armado electoral.
Entre los otros nombres mencionados para la vicepresidencia aparecen Karina Milei y Martín Menem. También habría sido considerada la senadora neuquina Nadia Márquez, aunque esa alternativa habría perdido fuerza, según las versiones publicadas.
Por ahora, no hay un anuncio oficial sobre la composición de la fórmula para 2027.
Las declaraciones de Bullrich que incomodaron al Gobierno
La discusión tomó fuerza después de que Bullrich afirmara que está preparada para ser presidenta, aunque señaló que debe esperar su momento y reconoció que Milei tiene prioridad para encabezar la propuesta electoral del oficialismo.
La senadora también aseguró que no recibió una propuesta para ser candidata a vicepresidenta.
Según las versiones citadas por medios nacionales, esas declaraciones generaron incomodidad entre funcionarios cercanos al mandatario. Pese a ello, la instrucción sería evitar cruces públicos y resolver las diferencias mediante negociaciones.
Bullrich, por su parte, no habría manifestado intención de romper con La Libertad Avanza. De acuerdo con lo publicado, acompañaría a Milei si busca la reelección, aunque conservaría sus aspiraciones presidenciales para un escenario diferente.
Un video que reavivó las especulaciones
Las versiones sobre su futuro político también crecieron después de que la senadora publicara un video en redes sociales con imágenes de distintos sectores del Senado.
La publicación termina con Bullrich en su despacho y lleva el mensaje: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”.
El contenido apareció luego de que anticipara que se venían novedades, lo que alimentó las interpretaciones sobre sus próximos pasos políticos. Sin embargo, el video no constituye una confirmación de una candidatura.
Diferencias por la estrategia política y económica
Además de la discusión por las candidaturas, Bullrich habría planteado la necesidad de acelerar acuerdos con gobernadores, el PRO y la UCR para conseguir respaldo legislativo a las reformas del Gobierno.
También advirtió sobre la importancia de evitar un nuevo escenario de inestabilidad económica como el que, según la nota de origen, atravesó el país durante 2025.
En el entorno presidencial, en cambio, confían en una mejora de los indicadores económicos durante los próximos meses y esperan que eso fortalezca las perspectivas electorales de Milei.
Cuándo se definiría la fórmula para 2027
Las versiones difundidas ubican la definición durante el verano, cuando el oficialismo espera contar con un panorama más claro de la economía y del escenario político.
La discusión también está relacionada con la reforma electoral y la posibilidad de suspender las PASO nacionales de 2027. En paralelo, el Gobierno busca reunir apoyos en el Senado para avanzar con sus iniciativas.
La candidatura de Bullrich a la vicepresidencia sigue siendo una posibilidad, no una decisión confirmada. Por ahora, la estrategia atribuida a la Casa Rosada apunta a contener las diferencias, mantener la unidad del espacio y postergar la definición hasta que avance el armado electoral.
Con información de Contexto Tucumán
Politica
Rafaela: impulsan la construcción de un edificio propio para la Fiscalía y la Defensa Pública
Un proyecto de ley presentado por el senador provincial Alcides Calvo propone avanzar con una sede para el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, además de oficinas para otros organismos judiciales de la Circunscripción Judicial N.º 5.
El senador provincial Alcides Calvo presentó en la Cámara de Senadores de Santa Fe un proyecto de ley para impulsar la construcción de un edificio propio destinado al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa en la ciudad de Rafaela.
La iniciativa también contempla la posibilidad de incorporar oficinas de otros organismos del sistema de justicia provincial que prestan servicios en la Circunscripción Judicial N.º 5.
Cómo se definiría la ubicación y la obra
La propuesta establece que el Poder Ejecutivo provincial, a través del Ministerio de Obras Públicas, coordine los estudios técnicos y administrativos para determinar dónde se emplazaría el inmueble.
Para elegir el lugar se deberán evaluar aspectos como accesibilidad, conectividad, disponibilidad de servicios, seguridad y costos de construcción y mantenimiento.
El proyecto también contempla la posibilidad de adaptar edificios existentes, siempre que respondan a las necesidades del servicio de justicia.
Prevé partidas presupuestarias
La iniciativa propone incorporar partidas específicas en el Presupuesto General de 2026 y en los años siguientes para financiar los estudios técnicos, la eventual adquisición del terreno y las distintas etapas de ejecución de la obra.
Según los fundamentos expuestos por Calvo, el objetivo es que la infraestructura judicial acompañe el crecimiento de Rafaela y las demandas de la región, con espacios adecuados para atender a la ciudadanía y para el trabajo de los equipos judiciales.
El proyecto será analizado por las comisiones correspondientes antes de continuar su trámite legislativo. Por el momento, se trata de una propuesta y no de una obra aprobada para su ejecución.
Con información de Equipo de Trabajo – Senador Provincial Alcides Calvo
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