El viernes 29 de noviembre los principales acusados por el homicidio de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue asesinada, asfixiada, abusada sexualmente y luego incinerada en la localidad de Brinkmann -94 km al noroeste de Rafaela-, se negaron a declarar ante la fiscal de Morteros, Yamila Di Tocco.

En el caso que conmociona a la Región, dos de los tres detenidos e imputados son Matías Ezequiel Simeone (33), pareja de la madre de la victima, y Cristian Hernán Varela (40) quienes están acusados de homicidio criminis causa, un delito que podría derivar en la condena a prisión perpetua, por el crimen de la niña asesinada el pasado 2 de noviembre.

Prisión preventiva

Siguiendo con los pasos procesales, en la jornada de ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba dio a conocer que la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Yamila Di Tocco, dictó la prisión preventiva de los imputados Ezequiel Matías Simeone, Cristian Hernán Varela y Rocío Milagros R. por los hechos delictivos de los cuales resultó muerta la niña Aralí Vivas en la localidad de Brinkmann.

A continuación, las imputaciones de los detenidos:

• Ezequiel Matías Simeone, 33 años: por supuesto coautor de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por ser cometido por dos o más personas -reiterado- y de Homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, en concurso real, y como probable autor del delito de Incendio, todo en concurso real.

. Cristian Hernán Varela, 40 años: como supuesto coautor responsable de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por ser cometido por dos o más personas -reiterado- y de Homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, en concurso real.

. Rocío Milagros R., 28 años y madre de la víctima: por supuesta participe necesaria penalmente responsable de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, por ser cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y por ser cometido por dos o más personas -reiterado- y de Homicidio calificado por el vínculo, por mediar violencia de género y criminis causa, todo en concurso real.

El hecho

Aralí fue asesinada dentro de la vivienda que compartía en la ciudad de Brinkmann con sus hermanos más chicos. La pesquisa comprobó que el inmueble fue quemado intencionalmente para encubrir el cuerpo de la niña, la cual previamente había sido abusada sexualmente.

La autopsia reveló primero que no hallaron monóxido de carbono en sus pulmones y que presentaba “un traumatismo en la zona craneal”.

Días previos al crimen, se agregó que la nena fue presuntamente abusada por su padrastro y un amigo antes del crimen, ya que el estudio de su cuerpo arrojó la presencia de material genético masculino.

En un primer momento, la causa estaba en las manos del fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, quien imputó a los dos hombres por homicidio simple. Luego pasaron a ser acusados de homicidio calificado y previo a derivarla a su par de Morteros, decidió que la carátula se agrave al confirmarse un abuso previo a la muerte.

De esta manera, en primer término Simeone y Varela quedaron imputados como supuestos autores de homicidio criminis causae, delito que podría derivar en la condena a prisión perpetua.

También la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch (28), fue imputada por supuesto homicidio calificado por el vínculo, aunque ya fue indagada, negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando.

Por último, la semana pasada, el fiscal Gieco se apartó de la causa y remitió todo el expediente a su par de Morteros, Yamila Di Tocco, quien retornó de su licencia. Sin embargo, Di Tocco podría dejar el caso en 2025, ya que dejará su cargo al estar concursado. Si bien la fiscal intentó revalidar su cargo, no quedó en el orden de mérito.

Fuente: La Opinión de Rafaela

En un fallo inédito, la Justicia de Río Negro privó a un padre de su responsabilidad parental tras verificar su desinterés y conducta violenta hacia su hija. La sentencia del Fuero de Familia se basó en que el hombre bloqueó a la menor en redes sociales, se negó a mantener contacto afectivo y obstaculizó decisiones importantes para su crecimiento.

El caso ocurrió en Cipolletti. Desde el nacimiento de la chica, su papá no cumplió con sus deberes, obligando a la madre a hacerse cargo de su cuidado y protección. En el juicio, se pudo acreditar que el hombre nunca participó de las actividades extracurriculares de la hija, eventos escolares y demás reuniones.

En ese marco, la Defensa de Menores consideró que las conductas del padre perjudicaron el bienestar psíquico y emocional de la niña, por lo que ahora el cuidado pasó a ser de la madre.

La jueza de familia en Cipolletti, Marissa Lucía Palacios, habló con Cadena 3 y explicó que existen bastantes casos de este tipo y que la Justicia busca la recomposición del vínculo, aunque no siempre ocurre.

«Son bastantes los casos así. Hay mamás que inician el proceso de desvinculación y en algunos procesos logramos que se recomponga el vínculo, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. Este caso no fue así porque la conducta del padre fue consecuente. Fue notificado varias veces, nunca contestaba, no mostraba interés en las audiencias y vi mucho dolor de parte de la niña», explicó la jueza.

Y añadió: «Toda conducta que uno hace o no hace trae consecuencias. El ‘no hacer’ del papá es el sufrimiento y padecimiento de la niña, quien el día de mañana será una adulta. Los primeros años son fundamentales para el desarrollo integral de un niño o niña, desde lo físico, emocional, espiritual, comer o vestirse».

Palacios insistió en que, en situaciones así, se procura que la recomposición del vínculo. «Este papá tenía la responsabilidad parental que es el conjunto de derechos y deberes. Los deberes van a seguir: debe seguir pagando la cuota alimentaria y demás obligaciones. Pero ya no tendrá derechos», precisó.

La jueza explicó que cuando la niña hacía alguna competencia, necesitaba autorización de la madre y padre, quien no se involucraba y negaba los permisos u obstaculizaba. «Entonces a los jueces nos toca suplir esa responsabilidad. La nena muchas veces no podía viajar para competir», describió.

En ese sentido, Palacios dijo que se privó de responsabilidad parental al progenitor. «Con este fallo, ya no hay que solicitarle ninguna autorización al padre. Fue de importancia la escucha a la niña. En la disfuncionalidad de la pareja, quedan los niños en el medio. La pareja tuvo sus dificultades y el padre hizo la situación extensiva a su hija».

Por último, la jueza explicó que la Justicia cuenta con los equipos técnicos para separar un problema que tienen los adultos y que no se extienda a los hijos. «El papá directamente bloqueó a su hija de las redes, ella le mandaba mensajes y él no respondía. Todo lo que dijo la mamá fue acreditado. Hablamos de una de familia clase media y con estudios», detalló Palacios.

La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo o hija, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

Se habilita esta opción cuando se producen determinadas situaciones previstas en la ley, que son que uno de los progenitores sea condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo de que se trata o el abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero.

Otros motivos pueden ser poner en peligro la seguridad, la salud física o psíquica de la hija o hijo o que se haya declarado el estado de adoptabilidad del menor.

Fuente: Cadena 3

Iván Maximiliano Villarreal, de 26 años, fue condenado a 10 años de prisión por haber intentado quitarle la vida a una mujer, quien era su pareja, en Rafaela (departamento Castellanos). Así lo resolvió el juez Gustavo Bumaguin, en el marco de un juicio de procedimientos abreviados que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

El fiscal que investigó lo sucedido es Martín Castellano, quien está a cargo de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5. En tal sentido, informó que “Villarreal reconoció su responsabilidad penal y fue condenado por la tentativa de femicidio y por una agresión previa en contra de la misma víctima”.

Golpes

Castellano señaló que “el domingo 5 de noviembre de 2023 alrededor de las 6:30 de la mañana, Villarreal intentó matar a su pareja en la vía pública”. Remarcó que “la golpeó en la cabeza con un trozo de mampostería que recogió en el lugar”, y puntualizó que “así le provocó lesiones de distinta entidad en el rostro y en el cuero cabelludo”.

Asimismo, el fiscal planteó que “el ataque tuvo la clara intención de quitarle la vida a la mujer, objetivo que Villarreal no logró concretar por la intervención de un tercero que se interpuso”. En tanto, mencionó que “previamente, el condenado le había recriminado a la víctima supuestas infidelidades y la había amenazado de muerte”.

Por otro lado, el representante del MPA indicó que “días antes, mientras estaban en un domicilio en el que ambos residían, el condenado agredió a su pareja con golpes de puño en el rostro y la hirió en las manos con un cuchillo”, y especificó que “la mujer resultó lastimada mientras intentaba defenderse”.

Castellano sostuvo que “por las características de las sucesivas agresiones, el accionar delictivo se enmarcó en un contexto de violencia de género ejercida por el condenado”.

Calificación penal

A Villarreal se le impuso la pena como autor de una tentativa de homicidio agravado (por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género –femicidio), lesiones leves calificadas (por la relación de pareja y por mediar violencia de género) y amenazas simples.

En la audiencia, el condenado y su abogada defensora prestaron su conformidad con la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena de cumplimiento efectivo dispuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Fuente: Rafaela Informa