La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe pidió «la reactivación inmediata de las obras de conversión en autopista de la Ruta Nacional N°34, en el tramo comprendido entre Ataliva y Sunchales, cuya paralización definitiva ha sido confirmada recientemente mediante una nota interna del día 6 de marzo del corriente de la Dirección Nacional de Vialidad dirigida al cuerpo gerencial y a jefes de distrito (entre ellos el del 7º Distrito), a pesar de contar con un alto porcentaje de obra».

Como es de forma, la comunicación está dirigida al Poder Ejecutivo Provincial para que «realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad para solicitar» el pedido. La minuta llegó sobre tablas a la sesión de este jueves 20 y de inmediato se puso entre los temas a considerar con la consiguiente aprobación por unanimidad.

El senador por Castellanos, Alcides Calvo (PJ), elaboró un texto cuyo valor más interesante está en los fundamentos. En la parte resolutiva se amplifica en definitiva una queja que es frecuente entre los usuarios de la ruta nacional que ven que los trabajos estaban cerca de sus finalización y sin embargo, fuera de toda lógica, se han cortado.

En numerosas oportunidades los cuerpos legislativos producen manifestaciones o suscriben posiciones que se saben destinadas a no producir más efectos que los informativos. En especial cuando se formula un reclamo o una queja ante poderes alejados de la realidad santafesina. De todos modos, vale la pena conocer el fondo de esos planteos, las razones que los impulsan.

Desde su banca, el senador del PJ confesó que lo tomó «por sorpresa» la decisión del gobierno nacional de no continuar con las obras, con una interrupción que daña «una obra de infraestructura vial estratégica para la provincia y el norte del país afecta gravemente la seguridad del tránsito, la conectividad regional y el desarrollo económico de la región, generando perjuicios directos a los ciudadanos y a los sectores productivos de la provincia por ser una vía de comunicación con las terminales portuarias y la ciudad de Buenos Aires».

«Resulta imperativo que se revise esta decisión y se garantice el cumplimiento de los compromisos previamente asumidos, a fin de evitar la continuidad de una situación de alta siniestralidad vial que, de manera recurrente, provoca victimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales dado que existe una deficiente señalización horizontal y vertical y la falta de terminación de la obra de referencia. La presencia del Estado en la conclusión de esta infraestructura es ineludible, dado que se trata de una obra fundamental para la seguridad y el desarrollo socioeconómico de la región», observó el senador.

En mayo del año pasado el mismo legislador expresó su «profunda preocupación por la falta de avances en la obra de la RN 34», en el mismo tramo del departamento Castellanos y recordó que para entonces el gobierno provincial confiaba en la posibilidad de que esa obra de infraestructura sea traspasada al Estado santafesino ante la inacción de la gestión de Javier Milei.

El 25 de junio de 2024 «la Provincia de Santa Fe y la Nación suscribieron el Acuerdo Marco de Colaboración en materia de Obras Públicas» y allí «se incluyó la finalización de varias obras viales estratégicas, entre ellas la de la 34».

Sin embargo, «la reciente resolución de la Dirección Nacional de Vialidad ha dejado sin efecto estos compromisos, lo que representa un grave retroceso para la infraestructura vial de la región», lamentó Calvo.

Los fundamentos incluyen citas a una nota oficial de la Dirección Nacional de Vialidad que aborta la obra ante «las restricciones económicas que afectan a la DNV», establecidas por distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones del organismo.

Allí «se ordena el cierre de contratos de obras públicas, tanto en tramos concesionados como en aquellos fuera de la red vial concesionada, debido a la inviabilidad económica de su continuidad».

Así, «la paralización de las obras en la Ruta Nacional Nº 34 se enmarca en la reestructuración presupuestaria derivada de la Ley de Bases (Ley 27.742, artículos del 63 al 65) y el Decreto 713/2024, reglamenta los articulos 63 al 65 de la Ley de Bases, estableciendo el marco para la renegociación o rescisión de contratos de obra pública y concesión suscritos por el Sector Público Nacional».

Las renegociaciones «podrán iniciarse de oficio o a pedido del contratista y deberán ser aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de los ministerios y organismos competentes. Se renegociarán únicamente aquellos contratos cuya continuidad resulte financieramente conveniente para el interés público, y el contratista deberá renunciar a indemnizaciones o reclamos por lucro cesante».

De no ser viable, «se procederá a su rescisión mediante un procedimiento administrativo que garantice la transparencia y el resguardo del interés estatal», indica.

«El decreto también regula la posibilidad de acuerdos transaccionales con contratistas para evitar litigios, estableciendo una quita minima del 30% sobre la deuda en favor del Estado. Estos acuerdos deberán ser aprobados por la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro», pero con el Ministerio de Economía para «determinar los mecanismos de pago, pudiendo utilizarse títulos o bonos.

Además, el decreto permite la suspensión de plazos judiciales y administrativos por hasta seis meses en caso de negociaciones en curso. Esta decisión genera impactos altamente negativos para la provincia de de Santa Fe».

Calvo enumera los perjuicios: «incremento del riesgo vial, afectando la seguridad de miles de personas que transitan diariamente por esta arteria fundamental; dificultades en el desarrollo económico y logístico, al obstaculizar el transporte de bienes y servicios esenciales; deterioro progresivo de la infraestructura existente, debido a la falta de mantenimiento y ejecución de las mejoras necesarias; y aislamiento de comunidades, restringiendo el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo».

Fuente: El Litoral