El nivel general del Índice de Precios al Consumidor registró un alza mensual de 2,7% en diciembre de 2024 y acumuló en el año una variación de 117,8%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,3%), por los incrementos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos, y Electricidad, gas y otros combustibles. Le siguió la división Comunicación (5,0%), por las subas en Servicios de telefonía e internet.

La división con mayor incidencia en el nivel general fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%) en cinco regiones, por los aumentos en Carnes y derivados, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos; mientras que en GBA, la incidencia más alta se registró en Restaurantes y hoteles (4,6%).

Las dos divisiones con menores variaciones en diciembre de 2024 fueron Prendas de vestir y calzado (1,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%).

A nivel de las categorías, los Regulados (3,4%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales cayeron 1,4%.

El costo de vida subió al 2,7% en diciembre y cerró el 2024 con una suba del 117,8%.

Así, los precios se aceleraron en el último mes del año, pero siguieron debajo del 3%.

Ahora la duda es qué hará el gobierno con el denominado “crawling peg», la depreciación mensual del 2% que viene aplicando.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los datos confirman «la continuidad del proceso de desinflación».

«Esto se da en un mes en el cual el índice presenta una estacionalidad positiva, vinculada a las fiestas y al inicio del período de vacaciones de verano, y en un contexto donde tanto la actividad económica como los ingresos reales de la población presentan una fuerte recuperación», señaló Caputo.

Recordó que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,3% entre diciembre de 2023 y octubre de 2024, en tanto los salarios del sector privado registrado (SIPA), las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) exhibieron una suba en términos reales de 15,4%, 12,8% y 107,4%, respectivamente, en los primeros once meses del año.

«A diferencia de otras oportunidades, el crecimiento en los ingresos reales de la población y el crédito al sector privado se da como consecuencia, y no en detrimento, del orden macroeconómico», destacó el ministro.

Y sostuvo que «la profundización en la desinflación y la devolución al sector privado de recursos que hasta 2023 se destinaban a financiar al sector público, permiten que esta expansión sea genuina y sostenible».

La variación interanual del IPC Nacional fue de 117,8% i.a., siendo el octavo mes consecutivo de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior, y contrastando con el 211,4% de inflación registrado en 2023.

La inflación fue la menor para un mes de diciembre desde 2018, indicó Economía.

«La continuidad del proceso de desinflación puede apreciarse también en el análisis de medias móviles de la variación del IPC, dado que permite extraer tendencias más allá de la volatilidad de
muy corto plazo. En esta línea, la media móvil de 3 meses fue de 2,6% mensual (-0,3 p.p. vs. noviembre de 2024), el menor registro desde septiembre de 2020″, sostuvo Caputo.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,3%), por los incrementos en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y Electricidad, gas y
otros combustibles.

Le siguió la división Comunicación (5%), por las subas en Servicios de telefonía e internet.

La división con mayor incidencia en el nivel general fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,2%) en cinco regiones, por los aumentos en Carnes y derivados, Pan y cereales y Leche, productos lácteos y huevos; mientras que en GBA, la incidencia más alta se registró en Restaurantes y hoteles (4,6%).

Las dos divisiones con menores variaciones en diciembre de 2024 fueron Prendas de vestir y calzado (1,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%).

A nivel de las categorías, los Regulados (3,4%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (3,2%), mientras que los Estacionales cayeron 1,4%.

Fuente: NA

El precio de la garrafa de 10 kg ascendería de $ 11.500, que costaba en diciembre, a un valor que oscilaría entre $ 15.000 y $ 16.000, lo que representaría un aumento de 34% aproximadamente.

Esto se deba a que el sector de la producción y la distribución de gas envasado espera la liberalización total del mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en especial el precio de compra de producto a granel (sin envasar) a las productoras en relación al butano, que se utiliza para el fraccionamiento en garrafas.

El dato lo consignó el portal especializado América GLP y aseguró que la resolución por parte de la secretaría de Energía saldría en los próximos días con fecha retroactiva a enero. La medida se encuentra en sintonía con los lineamientos planteados por el Gobierno y la cartera de Energía en la quita de subsidios a los servicios y productos energéticos, en el marco de reformular todo el mercado de GLP en Argentina, a partir de la liberalización de los costos de producción y el reconocimiento de la Paridad de Exportación para los productores. Es decir, no intervenir en el precio final ni en el de compra-venta.

Con el subsidio, las productoras colocaban el butano en el mercado interno a $420.000 la tonelada. Con la resolución que acabaría con los subsidios, los fraccionadores (que envasan el gas en las garrafas) y distribuidores pasarán a comprar con el precio de paridad de exportación del GLP fijado por la cartera de Energía, que se encuentra actualmente en $519.000 más impuestos. Así, con la liberalización, la tonelada pasaría a costar aproximadamente US$ 495 a dólar oficial. Sin embargo, el precio promedio internacional del GLP fue de US$ 400 en 2024 y los especialistas no esperan mayores incrementos en el mundo en ese sentido.

Esa diferencia, de alrededor del 23% en el precio de butano que las productoras venden al mercado interno, comenzó a trasladarse hacia el resto de la cadena. Según el sitio América GLP, ya se observaron pequeños incrementos en los precios de referencia en las puertas de las distribuidoras, que van de los $14.000 a los $16.000, por lo que ventilan que compraron el butano sin envasar a un precio mayor. En caso de que la medida finalmente se concrete por la cartera de Energía, la suba de la garrafa (de 10 kg) tendría un aumento del 60% en tres meses: en noviembre costaba $8.500, en diciembre subió a $11.500 y con la nueva resolución ascendería entre los $15.000 y los $16.000.

Así, el precio de la garrafa pasaría a ser uno de los más caros de la región, con un valor promedio de alrededor de US$ 15, cuando en el resto de los países del continente oscila entre los US$ 8 y US$ 10, incluso en aquellos que importan el cilindro. Otro dato: Argentina, junto a Estados Unidos y Canadá, son los tres países que además de abastecer a sus mercados internos, exportan el producto.

Cabe aclarar que el precio del propano, el otro gas que producen en el mercado del GLP ya se encontraba desregulado, no se fijaba. Este es usado para los cilindros de 45 kg.

El impacto en el bolsillo

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los sectores que mayoritariamente consumen garrafa, el incremento impactará en el consumo. En este punto, en el 2024 el consumo bajó alrededor de un 3%. A su vez, cabe destacar que con la nula intervención del Estado en la fijación de precios a productoras y de venta al usuario final decreta la muerte del Programa Hogar con Garrafa, con la liberalización total del precio del GLP.

A su vez, el impacto de la medida también se verá reflejado debido a la cantidad de usuarios que utilizan gas envasado, ya que según datos oficiales el uso de GLP, que incluye tanto el butano para el fraccionamiento en garrafas de 10kg como el propano para envases de mayor tamaño como los cilindros y el granel/zeppelín, es de las más utilizadas en las cocinas de los argentinos. El Censo del 2010 arrojó que el 45,4% del país consume GLP como medio de cocción de alimentos frente al 51,2% de los hogares que consumen gas por red, según un análisis de la consultora Paspartú, especializada en energía.

Por último, también tendría su consecuencia inflacionaria. Si bien el IPC que mide el Indec no desagrega la información para la garrafa, mide el ítem “Gas”, que incluye también el servicio de gas por red, entre otros.

Este rubro dentro del índice general pondera de la siguiente manera: en GBA pondera 1,51; en la región pampeana 1,9; noreste 0,98; noroeste 1,86; cuyo 2,3 y patagonia 1,13.

Para dimensionar el impacto, por ejemplo, si pasa de $11.500 a $15.500 en promedio aproximadamente, el aumento es del 34% por lo que, en la zona del GBA, el peso será 0,5 puntos.

Por ejemplo, en el caso de que la inflación sea de 1%, la mitad de ese índice estaría explicado por ese aumento.

Fuente: Perfil

El reclamo del Gobierno a los 23 gobernadores para que implementen medidas que obliguen a los municipios a adecuar las tasas locales al costo de los servicios que prestan y el pedido para que suspendan la coparticipación a las jurisdicciones que no lo hagan, generaron preocupación en la mayoría de mandatarios provinciales e intendentes, aunque cosecharon algunos apoyos.

En varias provincias -e incluso municipios- se derivó el pedido para el análisis a los departamentos de Hacienda, mientras empezaron a dar las respuestas políticas.

El peronismo, y fundamentalmente La Cámpora, fue contundente en el rechazo al planteo del ministro de Economía, Luis Caputo.

Y, en contrapartida, elevaron el reclamo por obras frenadas y fondos recortados.

En tanto, los funcionarios provinciales y municipales aliados a La Libertad Avanza pendularon entre al apoyo absoluto y con algunas reservas. Y no faltaron los que aseguran que se adelantaron y comenzaron el ajuste en sus distritos sin que los pidieran.

Respuesta política, análisis económico

En la nota que envió Caputo a los 23 gobernadores, les solicitó que se eliminen las tasas municipales “que tienen una coincidencia substancial, total o parcial, de hechos imponibles o bases con los impuestos nacionales coparticipables; que no resultan razonables con el costo del servicio efectivamente prestado; y no respetan la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia”.

“Eso no es posible. Cada municipio tiene la facultad de aprobar su Presupuesto. Nosotros ya lo tenemos aprobado por el Concejo Deliberante”, dijo a TN un intendente de la costa bonaerense. Además, aclaró que no cobran la tan mentada tasa vial, que hace referencia al impuesto que se le cobra al combustible, que oscila entre 1% y 2% y que generó fuertes controversias entre el Gobierno de Javier Milei y los municipios.

De acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los tributos municipales pasaron de 78 en 2023, a 84 en 2024. Además, que la Tasa de inspección, seguridad e higiene (TISH) se encuentra entre los principales diez tributos, que explican el 92% de la recaudación en los tres niveles de gobierno en la Argentina.

Los datos fueron citados por un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU) que hace referencia a varias de las problemáticas del sector. De acuerdo con la encuesta realizada, las empresas industriales enfrentan 7,4 pagos de tasas municipales y en casi el 20% de los municipios del país pagan dos o más tasas mensuales, lo que encarece la producción y dificulta la competitividad con otros países, incluso vuelve desigual el vínculo entre los distritos.

Además, indicó que “la mayoría de las tasas municipales generan una doble imposición, no tienen contraprestación y no tienen proporcionalidad con el servicio otorgado” y que solo en 2024 se crearon seis tasas nuevas en todo el país.

Rechazo de opositores al reclamo de Luis Caputo por las tasas

Un jefe comunal del interior bonaerense dio un pantallazo completo de la situación. “El 52% de nuestros ingresos es por coparticipación, en coeficiente único de distribución de la provincia, y el 48% es en concepto de tasas municipales”, explicó el intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi. Además, detalló que en su municipio se cobran tasa retributiva de servicio, de obras sanitarias, una de Salud (donde se financia a cinco hospitales municipales, 14 centros de salud y cinco salas de primeros auxilios). “Bajo ningún punto de vista podemos disminuir ninguna tasa”, remarcó.

Explicó que el aumento de tasas es bimestral y con un tope de 5%. Según el presupuesto, se ajusta por el índice de precios al consumidor. “La tasa de Salud no se puede tocar, los medicamentos subieron una barbaridad”, aclaró Lunghi. Y sumó: “Que me expliquen como hacemos para bajar las tasas si en energía eléctrica, por ejemplo, pasamos de pagar a fines de 2023 poco más de $30 millones, a $212 millones en diciembre de 2024?.

También salió al cruce del reclamo del Gobierno, con dureza, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que desde sus redes sociales apuntó contra el titular del Palacio de Hacienda. “Siguen endeudando y fugando plata a costa del hambre de la gente, mientras buscan asfixiar a los gobiernos locales. Caputo: sacá el 12% del impuesto a los combustibles y nosotros sacamos el de los municipios, que es en torno al 1%”, desafió en su cuenta de X.

Julián Álvarez, intendente camporista de Lanús, también apuntó contra los recortes del gobierno de Milei. “Caputo si tanto te interesa lo que pasa con los servicios en los municipios, en vez de atacar a los distritos del conurbano por qué no trabajás para que @AySA_Oficial retome las obras de agua y cloacas que están paradas hace un año en Lanús y que tanto necesitan los vecinos y vecinas”, escribió.

En el mismo sentido se expresó otro camporista, el jefe comunal de Hurlingham, Damián Selci. “En vez de ‘reclamar’ a los municipios, reclámenle a Aysa que termine las obras pendientes para los vecinos. La Justicia ya dictó una cautelar”, indicó.

“Intendentes en ejercicio de sus funciones comunales, elegidos democráticamente por cada uno de nuestros pueblos, rechazamos la notificación y expresiones carentes de contenido republicano y sentido federal vertidas por el ministro de Economía, Luis Caputo”, afirmaron más de 500 alcaldes de todo el país enrolados en la Federación Argentina de Municipios. Y agregaron: “Asombra el profundo desconocimiento de la Constitución Nacional que evidencian esas afirmaciones. El ministro Caputo no debería desconocer que es un principio básico constitucional garantizar el funcionamiento autónomo del régimen municipal”.

En la misma línea, sostuvieron que “resulta francamente asombroso que el Ministro pase por alto que los Municipios tienen un marco jurídico de creación y sostenimiento de sus recursos”. Y advirtieron: “Eliminar las potestades tributarias municipales, como pretende Caputo, implica lisa y llanamente condenar a las vecinas y vecinos de cada ciudad a un deterioro significativo en los servicios esenciales y áreas fundamentales para el bienestar de la comunidad”.

Respaldo de aliados al reclamo de Luis Caputo por las tasas

Aunque en menor medida, también se alzaron voces a favor de la iniciativa de Nación. “Es política pública nuestra. Estamos reduciendo tasas. Por diez años no le cobramos ninguna tasa a las empresas que vienen a la ciudad”, afirmó el jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray. “Invertí en Esteban Echeverría, diez años sin pagar nada”, es uno de los lemas que impulsa. Por ese tiempo, a las empresas no se les cobran impuestos si generan puestos de trabajo.

“Somos el municipio que más bajó las tasas. Empezamos con esta ola junto a Capitán Sarmiento. Eliminamos más de 400 tasas y también las habilitaciones a comercios y empresas. Y eliminamos la tasa vial! Más a favor no podemos estar. Ojalá se sumen otros intendentes”, indicaron a este medio cerca del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Desde la intendencia de San Isidro recordaron que Ramón Lanús envió al Concejo Deliberante un proyecto para eliminar 400 tasas este año. El anuncio lo realizó el jefe comunal junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzennegger. Según se informó oficialmente, la medida va “en línea con lo dispuesto por el gobierno nacional” para “disminuir la carga impositiva” y con eso “impulsar la actividad económica”. En octubre ya había eliminado la tasa vial que se cobraba en la carga de combustible.

En una provincia del norte señalaron que no están en desacuerdo con el pedido de Caputo. “Es para analizarlo. Cuando hay tasas o impuestos que se superponen, lo lógico es que los cobre un solo organismo. Lo que nosotros estamos impulsando desde hace un año y medio aproximadamente es que nuestra agencia de recaudación pueda cobrar los impuestos y tasas municipales y luego transferir los recursos a cada intendencia. Esto es porque el organismo es más eficiente en términos de regularización tributaria que los organismos municipales”, explicaron.

Tasas municipales: la UIA cuestiona las contraprestaciones de los servicios

Según el informe de CEU, el mayor peso de los cobros municipales recae sobre la tasa de inspección, seguridad e higiene (TISH), a la que corresponde uno de cada tres pagos de las empresas industriales y explica el 0,7% de la recaudación total y el 1,8% del precio de diversos productos. En 2024, sobre 45 municipios, 13 subieron la alícuota y 31 la mantuvieron.

En el análisis por provincias, indicó que Buenos Aires y Entre Ríos “se mantienen con municipios con elevados pagos de tasas” a los que “se suman La Pampa, Misiones y Jujuy”. Entre ellas, destacó que la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE) predomina en siete provincias, fundamentalmente en Buenos Aires y Neuquén, y el ABL sigue siendo la principal tasa de la Ciudad de Buenos Aires.

Los principales problemas que enfrenta la industria son que Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Formosa y Jujuy, que presentan altos niveles de falta de proporcionalidad; 17 provincias que presentan 75% o más de los pagos reportados con ausencia de contraprestación; y Neuquén, Tucumán, Chubut, Catamarca y Chaco presentan los mayores niveles de doble imposición.

Para solucionar el problema, la UIA propuso “generar una Cuenta Única Tributaria que permita la devolución de saldos en forma ágil o bien su utilización para compensar otras obligaciones impositivas, aduaneras o de seguridad social”. También, “revisar el diseño de los Regímenes de Recaudación y eximir a las pymes para evitar que sean agentes de retención y percepción de impuestos”, y “lograr un consenso fiscal entre los tres niveles de gobierno para generar estabilidad fiscal y eliminar los saldos a favor”.

Fuente: TN