Vicentin: ordenaron congelar las cuentas y la empresa dice que no podrá pagar sueldos

Los directivos aseguran que a partir de este fallo judicial, se pondrá en riesgo la posibilidad de abonar los salarios correspondientes a los trabajadores, incluido también el aguinaldo.

El Juez Penal de Primera instancia de la Ciudad de Rosario, Hernán Postma, ordenó ante el pedido del fiscal Miguel Moreno, el congelamiento de las cuentas de la empresa Vicentin. La medida fue elevada al Banco Central de la Republica Argentina, que deberá frenar las actividades de todas las cuentas del grupo agroexportador.

Desde la empresa señalaron que se trata de «una medida más dentro del raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y de una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores».

Además, aseguran que a partir de este fallo judicial, se pondrá en riesgo la posibilidad de abonar los salarios correspondientes a los trabajadores, incluido también el aguinaldo.

«La consecuencia inmediata de esta medida, arbitraria, absolutamente injusta e inconducente es la imposibilidad de cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la empresa y también de otras empresas que nada tienen que ver con Vicentin S.A.I.C pero que igualmente resultan alcanzadas por esta disposición», advirtió la empresa a través de un comunicado.

Según los directivos de Vicentin, «los argumentos esgrimidos por el fiscal, son absolutamente falsos, no existe ninguna razón ni posibilidad de que se ejecuten ningún tipo de movimientos de fondos que no estén ya controlados por el tramite concursal que atraviesa la empresa, ni que escapen al control de las auditorías vigentes, del rol de la sindicatura y mucho menos del interventor recientemente designado por el Dr. Fabián Lorenzini, Juez del Concurso que tramita la compañía en la localidad de Reconquista».

En ese sentido, entienden que las medidas buscan «impedir cualquier posibilidad de que la empresa pueda resolver su situación concursal y con ello cumplir con los acreedores y garantizar la continuidad de todas las fuentes de trabajo».

Por último, señalan que la «medida irracional» no solo agrava la situación de la compañía «si no que implica una destrucción de valor para los propios acreedores, afectando sus intereses y condicionando las posibilidades de alcanzar una pronta solución que pueda satisfacer a todas las partes implicadas en el proceso concursal».

Fuente: MDZ Online