La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, quien rechazó las alternativas a la detención solicitadas por la defensa del imputado, identificado con las iniciales WDC.

⚠️ El hecho

Según expuso el fiscal Emiliano Odriozola, el episodio ocurrió el martes pasado cerca de las 11:30, en la vía pública. El imputado se acercó a su ex pareja, quien circulaba en motocicleta junto a una amiga, y la amenazó con matarla, al tiempo que realizaba gestos simulando que le cortaría el cuello.

Tras las amenazas, el hombre intentó tomar del cabello a la víctima, maniobra que no logró concretar gracias a la intervención de la acompañante y de un hombre que se encontraba en el lugar.

📌 El fiscal remarcó que al momento del ataque el imputado estaba debidamente notificado de una prohibición de acercamiento, dictada en septiembre del año pasado y aún vigente, por lo que incumplió de manera directa una orden judicial.

⚖️ Riesgos procesales

Durante la audiencia, la magistrada consideró que las circunstancias de tiempo, lugar y la participación del imputado en los hechos no estaban controvertidas, a partir de las pruebas reunidas por la Fiscalía.

Además, evaluó que, al tratarse de amenazas en un contexto de violencia de género, cometidas con una restricción vigente y sumadas a antecedentes de incumplimiento de medidas no privativas de la libertad, la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo.

📌 Este escenario, sostuvo la jueza, incrementa los riesgos procesales, especialmente el entorpecimiento probatorio y el riesgo de fuga, y hace necesario resguardar los testimonios de la víctima y de los testigos.

Por estos motivos, rechazó las medidas alternativas propuestas por la defensa, al considerarlas insuficientes para neutralizar la peligrosidad procesal del imputado.

📚 Calificación penal

El hombre es investigado como autor de los delitos de amenazas simples y desobediencia a un mandato judicial.

Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi

La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo en una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal y regirá durante todo el proceso judicial.

El fiscal Emiliano Odriozola, a cargo de la causa, detalló que los hechos ocurrieron el sábado 3 de enero alrededor de las 18:00, cuando la imputada se encontraba en el domicilio de su hermana y comenzó una discusión familiar que derivó en forcejeos. En ese contexto, la mujer tomó un cuchillo y le asestó una puñalada en el abdomen a su cuñado, provocándole una grave herida punzocortante.

“Por el elemento utilizado y la zona del cuerpo a la que dirigió el ataque, es claro que la intención de la imputada fue causar la muerte de la víctima”, sostuvo el fiscal. Afortunadamente, la víctima recibió atención médica a tiempo y sobrevivió, evitando lo que pudo haber sido un desenlace fatal.

Odriozola explicó que la jueza consideró que “los hechos están debidamente acreditados con las evidencias recolectadas” y que la calificación legal de tentativa de homicidio es correcta, con un grado de probabilidad suficiente para esta etapa de la investigación. Además, la gravedad del ilícito y los antecedentes penales de la imputada justificaron la prisión preventiva en lugar de medidas menos restrictivas.

La causa sigue en investigación mientras la mujer permanece privada de su libertad y se esperan nuevos avances en el proceso judicial.

Por Móvil Quique con información de Radio Belgrano de Suardi

Dos exdirectivos de la empresa fueron procesados por la presunta apropiación indebida de aportes, correspondientes al período 2020-2024. Según la investigación, los descuentos se realizaron a los empleados pero no se depositaron en los organismos correspondientes, sumando más de 1.600 millones de pesos en análisis.

El juez Aurelio Cuello Murúa dispuso además el embargo preventivo de 90 millones de pesos para cada imputado. La Fiscalía remarcó que los acusados conocían sus obligaciones y actuaron de manera deliberada para eludir los pagos, utilizando su posición jerárquica dentro de la cooperativa.

La causa se originó tras denuncias de trabajadores de Sunchales y Don Torcuato y continuará su curso en la Justicia Federal, mientras se determina la responsabilidad penal y patrimonial sobre los fondos que debían garantizar la seguridad social de los empleados.

Este nuevo capítulo se suma a la crisis económica y judicial que atraviesa Sancor, con múltiples frentes abiertos en los últimos años.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa