Una sentencia de los Tribunales de Rafaela resolvió de manera diferente las tres acusaciones que pesaban sobre Axel Micael Churquina: lo condenó por dos robos cometidos en Moisés Ville y lo absolvió del homicidio de Mario César Ricarte, ocurrido en Ataliva.

La resolución fue dictada el 26 de octubre de 2026 por la jueza Águeda Ramona Salteño. El acusado recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los delitos contra la propiedad.

En relación con el homicidio, la magistrada entendió que las pruebas presentadas durante el juicio no alcanzaban para demostrar su responsabilidad penal.

Los dos robos en Moisés Ville

Los hechos por los que Churquina fue condenado ocurrieron durante mayo de 2024 y tuvieron como escenarios una vivienda particular y un comercio de Moisés Ville.

En ambos casos, según se acreditó durante el debate, los ingresos a las propiedades se produjeron mediante el escalamiento de estructuras. De esos lugares fueron sustraídos distintos elementos, mercaderías y dinero.

A partir del análisis de testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al proceso, la jueza consideró probada la participación del acusado en los dos episodios.

Por esos delitos fue declarado autor penalmente responsable de dos robos calificados por escalamiento, cometidos en concurso real.

El homicidio de Mario Ricarte en Ataliva

La acusación más grave estaba vinculada con la muerte de Mario César Ricarte, de 45 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su vivienda de Ataliva a fines de mayo de 2024.

La víctima había sufrido una herida de arma blanca en el cuello que le provocó una hemorragia fatal.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó distintos indicios para sostener que Churquina había participado en el crimen. Entre otros elementos, se analizaron registros de cámaras, testimonios y los movimientos del acusado en la localidad.

Sin embargo, la defensa cuestionó la solidez de esas pruebas y sostuvo que no permitían establecer de manera concluyente quién había cometido el homicidio.

Por qué fue absuelto

Al evaluar la acusación, la jueza consideró que los elementos reunidos no alcanzaban para demostrar que Churquina hubiera sido el autor del asesinato.

Si bien existían indicios que permitían ubicarlo en Ataliva y reconstruir parte de sus movimientos, eso no resultaba suficiente para atribuirle la muerte de Ricarte.

También se analizaron las imágenes de seguridad, los testimonios, la posibilidad de que otras personas hubieran ingresado a la vivienda y la falta de un vínculo científico concluyente entre el acusado y el arma blanca relacionada con el caso.

Ante esas dudas, la magistrada aplicó el principio de la duda razonable y resolvió absolverlo de la acusación de homicidio doloso simple.

La Fiscalía había solicitado 17 años de prisión

Durante sus alegatos, el fiscal Martín Castellano había solicitado una condena de 17 años de prisión efectiva por los tres hechos que integraban la acusación.

Por su parte, la defensora Victoria Romano pidió la absolución de su representado y cuestionó distintos aspectos de la investigación.

Finalmente, la jueza diferenció las responsabilidades: consideró acreditados los dos robos, pero entendió que no había certeza suficiente para condenarlo por el homicidio.

La condena y la absolución

La sentencia estableció una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los dos robos calificados por escalamiento cometidos en Moisés Ville.

Al mismo tiempo, Churquina fue absuelto por el homicidio de Mario César Ricarte, debido a que las pruebas presentadas no permitieron demostrar su responsabilidad penal.

De esta manera, el tribunal resolvió las tres acusaciones dentro de un mismo juicio: condena por los delitos contra la propiedad y absolución por el crimen ocurrido en Ataliva.

Fuente: Rafaela Informa.

Un hombre de 64 años, identificado por sus iniciales WHR, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos presuntas estafas contra productores agropecuarios del departamento San Cristóbal. El perjuicio económico denunciado supera los 99 millones de pesos.

La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, a partir de un pedido del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

La magistrada estableció que el imputado cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario durante 60 días. También deberá constituir una fianza superior a los 100 millones de pesos, según lo acordado entre las partes y con la conformidad de las víctimas.

Las operaciones investigadas

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2026. El hombre habría utilizado una falsa apariencia de solvencia económica para concretar las operaciones comerciales y obtener la entrega de animales a cambio de cheques electrónicos que, según la investigación, sabía que no podrían cobrarse.

En el primer caso, un productor de Curupaytí le entregó 12 novillitos y 8 vaquillas de raza Brangus. La operación fue valuada en $26.914.035 y se documentó mediante cinco cheques electrónicos de pago diferido.

La segunda operación involucró a un productor de Moisés Ville, quien vendió 50 novillitos Brangus por un total de $72.457.060. El pago también se habría realizado con cheques electrónicos que no podían hacerse efectivos.

Un perjuicio superior a los $99 millones

La suma de ambas operaciones alcanza los $99.371.095, monto que representa el perjuicio económico atribuido al investigado.

La causa continúa bajo investigación y el hombre permanece imputado por los hechos denunciados. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica una condena.

Fuente: Radio Belgrano Suardi.

La Fiscalía intenta identificar a una mujer que también habría participado de la maniobra para exigirle a una familia que asumiera una deuda de hasta 35.000 dólares.

La investigación por la presunta extorsión a una familia de Rafaela mediante una falsa requisa policial sumó un nuevo avance. Este lunes 2 de noviembre fue detenido un efectivo de la Policía de Santa Fe que cumplía funciones en los Tribunales de la ciudad.

El procedimiento fue ordenado por la fiscal Fabiana Bertero y realizado por personal de Asuntos Internos, luego de que los investigadores analizaran registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar a uno de los sospechosos.

El caso ya tenía a un empleado de la Oficina de Gestión Judicial detenido desde la semana pasada. Además, la Justicia le dictó este lunes prisión preventiva por 30 días.

Una falsa requisa para reclamar una deuda de hasta 35.000 dólares

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 15 de octubre, cerca de las 19, en una vivienda de barrio Jardín.

Según la denuncia, un hombre y una mujer llegaron al domicilio vestidos con ropa oscura y se presentaron como policías que debían realizar una requisa por orden judicial. La mujer llevaba una carpeta con documentación que aparentaba respaldar el procedimiento.

Sin embargo, no había ningún móvil policial en el lugar y tampoco se entregó una copia de la supuesta orden.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, posteriormente llegó a la vivienda el empleado judicial que terminó detenido. Allí habría indicado a quienes se presentaban como policías que se retiraran, porque no se realizaría ningún procedimiento.

El reclamo económico y las presuntas amenazas

Una vez que los otros dos visitantes se retiraron, el empleado judicial habría planteado una cuestión económica vinculada con una deuda que mantenían su hija y la pareja de ella.

Según la hipótesis investigativa, buscaba que los padres asumieran esa obligación mediante la firma de un reconocimiento de deuda y un plan de pagos.

La suma involucrada se ubicaría entre 30.000 y 35.000 dólares. También se investigan presuntas amenazas relacionadas con posibles detenciones y deportaciones que habrían sido utilizadas para presionar a la familia.

La Fiscalía intenta determinar si la supuesta presencia policial fue organizada para generar temor y facilitar el reclamo de dinero.

Las cámaras permitieron identificar al policía

El análisis de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona fue clave para avanzar sobre uno de los hombres que habría participado de la falsa requisa.

Con esa información, la fiscal Bertero ordenó un allanamiento que se concretó durante la mañana de este lunes y terminó con la detención del efectivo policial, quien se desempeñaba en los Tribunales de Rafaela.

En paralelo, los investigadores buscan identificar a la mujer que habría acompañado al policía durante la visita y que, según la denuncia, fue quien exhibió la documentación que simulaba ser una orden judicial.

El empleado judicial recibió prisión preventiva

En otra instancia de la causa, este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Rafaela y el juez José Luis Estévez dispuso 30 días de prisión preventiva para el empleado judicial investigado.

Además, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó abrir un sumario administrativo y dispuso su suspensión inmediata en el puesto de trabajo.

La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Fabiana Bertero, que deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los sospechosos y si existió una planificación previa.

Por el momento, la causa se investiga como una presunta tentativa de extorsión y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el proceso judicial.

Con información de Rafaela informa