Judicial
Banda de facturas truchas: Apuntan a que las tres patas de la banda sean condenadas
No surgieron demasiadas novedades en relación a la investigación por el millonario robo perpetrado por una banda integrada por un grupo que se dedicaba a emitir facturas truchas y otro grupo a comprar la misma para la evasión fiscal.
La semana pasada por encontrarse detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba, vía Skype les tomaron declaración a los detenidos, detuvieron a cuatro personas que no habían podido ser apresadas durante los allanamientos y comenzaron con el análisis del material probatorio secuestrado, mientras avanzan con la recolección de pruebas del resto de los integrantes de la banda que son los compradores de factura.
Comenzaron con la apertura de las cajas que contienen todo lo secuestrado y la revisión de todos los soportes informáticos como lo son teléfonos, notebooks, computadoras y todo lo secuestrado en los procedimientos para analizar la información y completar lo que tienen de prueba hasta el momento.
La semana pasada los jueces federales Juan Pablo Montessi y Bustos Fierro tomaron declaración indagatoria a los 33 detenidos que en el caso. En San Francisco lo hicieron Pablo Barbieris, Omar y Agustín Gianelli de Morteros. Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa Maria Abtt de Devoto, Miguel Montali y Lucas Zopetto de San Francisco.
Por otra parte quedaron detenidos Mariano Planells y Marlene Von During, mientras que el esposo de esta, Rodolfo Luis Tapiero y Mario Elias Tapiero, fueron detenido el lunes en el centro de San Francisco.
Tras la indagatoria los abogados defensores presentaron los pedidos de libertad por lo que en forma conjunta los jueces, Pablo Montesi y Ricardo Bustos Fierro, adoptando resoluciones con perspectiva de género, otorgaron prisión domiciliaria a María Isabel Abtt, por ser madre de dos niños de corta edad y Marlene Von During, – esposa de uno de las dos personas que fueron detenidas el último lunes tras encontrarse prófugas – por tener a su cargo un hijo con discapacidad. También fue otorgada la prisión domiciliaria al Cr Miguel Montali por haber diagnosticado los médicos de la Justicia Federal que sufre hiper tensión, siendo una persona de riesgo ante el Covid-19. Para el resto de los detenidos tienen plazo hasta esta semana para resolver si dictan la prisión preventiva o los liberan bajo fianza.
Solo Domingo Benso, está a disposición del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, mientras que el resto se encuentra a disposición conjunta de los dos jueces. La investigación fue realizada de manera simultánea y coordinada por el fiscal federal de San Francisco Luis Viaut, y los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Harabedian, razón por lo que para obtener los detenidos la libertad, ambos magistrados deben coincidir en la decisión. Si uno de los jueces no otorga la liberta queda detenido a disposición del mismo
Para el fiscal Enrique Senestrari no deberían quedar en libertad por el riesgo en que puedan ocultar documentación, generar pruebas falsas, desviar testimonios e incluso alguno de ellos fugarse, es decir considera que existe riesgo procesal en la investigación para llegar a la verdad con los imputados en libertad. Cabe destacar que este tipo de delitos no es excarcelable, prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los cabecillas, ese piso se eleva a 5 años.
Además de las trece personas detenidas, otras veinte personas de nuestra región se encuentran imputadas, mientras que en la totalidad de la causa son 33 personas detenidas y otras 80 personas imputadas por generar unas 14 mil facturas truchas que fueron compradas por empresarios, comerciantes y productores agropecuarios entre otros para simular operaciones y de esa manera perpetrar el robo. Estos son los que van a ser investigados a los fines de determinar el rol de cada uno dentro de la organización delictiva, por lo que no se descarta que algunos de esos compradores de factura sea detenido.
Los compradores son los que mas robaron
En este sentido indico que queda la gente que mayores beneficios obtuvieron con todas estas maniobras, que son los que compraron las facturas falsas para evitar pagar los impuestos. Todos estos no son empresas fantasmas, desarrollan sus actividades sin pagar los impuestos que corresponden presentando ante la Afip facturas falsas que le compraban al otro eslabón de la banda
En ese sentido los tres fiscales señalan que la investigación está en la etapa preliminar, afirmando que habrá nuevos allanamientos y alta probabilidad de nuevas imputaciones en el marco de esta asociación ilícita fiscal, que ira surgiendo en función de las pruebas que tienen en su poder, las escuchas telefónicas y de lo que surja del material secuestrado durante los allanamientos.
Pagar el daño
Los fiscales que llevan adelante la investigación pedirán medidas para que todos los involucrados se hagan cargo no solo del resarcimiento del daño provocado al Estado, sino que paguen los costos de la investigación, la movilización de las 380 personas que participaron de los allanamientos, el combustible y todos los gastos puedan ocasionarse para descubrir los hechos.
Además consideran que los integrantes de la banda delictiva deberán pagar el daño moral que ocasionaron a las personas desocupadas e indigentes que mediante engaños fueron utilizadas para la conformación de las empresas fantasmas a quienes deberán abonarle los montos que no pudieron percibir en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia, Asignación Universal por Hijo o los perjuicios ocasionados a quienes no pudieron facturar como monotributista por haberles robado la clave fiscal.
Por otra parte la investigación apunta a que en el momento que se desarrolla el juicio, la otra pata de la banda no resuelvan la situación solo pagando los impuestos evadidos y las multas, sino que también tengan que hacerse cargo de los costos que el mega operativo y la investigación demanda y además tengan alguna penalización por el daño que generaron a muchas personas.
Fuente: Regionalismo
Judicial
Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor
La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.
En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.
Reunión del consorcio de acreedores
Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.
También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.
En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.
“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.
Riesgo de quiebra
Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.
También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.
Irregularidades y falta de respuestas
El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.
Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .
Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.
Fuente: Sin Mordaza
Judicial
Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales
Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales
La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5
Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.
Peligros procesales
Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.
El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.
Con un revólver
Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.
El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.
En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.
El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.
Fuente: Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal
Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.
En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.
La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.
El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.
Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.
Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.
Fuente: Rafaela Noticias
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