Judicial
Banda de facturas truchas: Apuntan a que las tres patas de la banda sean condenadas
No surgieron demasiadas novedades en relación a la investigación por el millonario robo perpetrado por una banda integrada por un grupo que se dedicaba a emitir facturas truchas y otro grupo a comprar la misma para la evasión fiscal.
La semana pasada por encontrarse detenidos en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) de Córdoba, vía Skype les tomaron declaración a los detenidos, detuvieron a cuatro personas que no habían podido ser apresadas durante los allanamientos y comenzaron con el análisis del material probatorio secuestrado, mientras avanzan con la recolección de pruebas del resto de los integrantes de la banda que son los compradores de factura.
Comenzaron con la apertura de las cajas que contienen todo lo secuestrado y la revisión de todos los soportes informáticos como lo son teléfonos, notebooks, computadoras y todo lo secuestrado en los procedimientos para analizar la información y completar lo que tienen de prueba hasta el momento.
La semana pasada los jueces federales Juan Pablo Montessi y Bustos Fierro tomaron declaración indagatoria a los 33 detenidos que en el caso. En San Francisco lo hicieron Pablo Barbieris, Omar y Agustín Gianelli de Morteros. Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa Maria Abtt de Devoto, Miguel Montali y Lucas Zopetto de San Francisco.
Por otra parte quedaron detenidos Mariano Planells y Marlene Von During, mientras que el esposo de esta, Rodolfo Luis Tapiero y Mario Elias Tapiero, fueron detenido el lunes en el centro de San Francisco.
Tras la indagatoria los abogados defensores presentaron los pedidos de libertad por lo que en forma conjunta los jueces, Pablo Montesi y Ricardo Bustos Fierro, adoptando resoluciones con perspectiva de género, otorgaron prisión domiciliaria a María Isabel Abtt, por ser madre de dos niños de corta edad y Marlene Von During, – esposa de uno de las dos personas que fueron detenidas el último lunes tras encontrarse prófugas – por tener a su cargo un hijo con discapacidad. También fue otorgada la prisión domiciliaria al Cr Miguel Montali por haber diagnosticado los médicos de la Justicia Federal que sufre hiper tensión, siendo una persona de riesgo ante el Covid-19. Para el resto de los detenidos tienen plazo hasta esta semana para resolver si dictan la prisión preventiva o los liberan bajo fianza.
Solo Domingo Benso, está a disposición del juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, mientras que el resto se encuentra a disposición conjunta de los dos jueces. La investigación fue realizada de manera simultánea y coordinada por el fiscal federal de San Francisco Luis Viaut, y los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Harabedian, razón por lo que para obtener los detenidos la libertad, ambos magistrados deben coincidir en la decisión. Si uno de los jueces no otorga la liberta queda detenido a disposición del mismo
Para el fiscal Enrique Senestrari no deberían quedar en libertad por el riesgo en que puedan ocultar documentación, generar pruebas falsas, desviar testimonios e incluso alguno de ellos fugarse, es decir considera que existe riesgo procesal en la investigación para llegar a la verdad con los imputados en libertad. Cabe destacar que este tipo de delitos no es excarcelable, prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los cabecillas, ese piso se eleva a 5 años.
Además de las trece personas detenidas, otras veinte personas de nuestra región se encuentran imputadas, mientras que en la totalidad de la causa son 33 personas detenidas y otras 80 personas imputadas por generar unas 14 mil facturas truchas que fueron compradas por empresarios, comerciantes y productores agropecuarios entre otros para simular operaciones y de esa manera perpetrar el robo. Estos son los que van a ser investigados a los fines de determinar el rol de cada uno dentro de la organización delictiva, por lo que no se descarta que algunos de esos compradores de factura sea detenido.
Los compradores son los que mas robaron
En este sentido indico que queda la gente que mayores beneficios obtuvieron con todas estas maniobras, que son los que compraron las facturas falsas para evitar pagar los impuestos. Todos estos no son empresas fantasmas, desarrollan sus actividades sin pagar los impuestos que corresponden presentando ante la Afip facturas falsas que le compraban al otro eslabón de la banda
En ese sentido los tres fiscales señalan que la investigación está en la etapa preliminar, afirmando que habrá nuevos allanamientos y alta probabilidad de nuevas imputaciones en el marco de esta asociación ilícita fiscal, que ira surgiendo en función de las pruebas que tienen en su poder, las escuchas telefónicas y de lo que surja del material secuestrado durante los allanamientos.
Pagar el daño
Los fiscales que llevan adelante la investigación pedirán medidas para que todos los involucrados se hagan cargo no solo del resarcimiento del daño provocado al Estado, sino que paguen los costos de la investigación, la movilización de las 380 personas que participaron de los allanamientos, el combustible y todos los gastos puedan ocasionarse para descubrir los hechos.
Además consideran que los integrantes de la banda delictiva deberán pagar el daño moral que ocasionaron a las personas desocupadas e indigentes que mediante engaños fueron utilizadas para la conformación de las empresas fantasmas a quienes deberán abonarle los montos que no pudieron percibir en concepto de Ingreso Familiar de Emergencia, Asignación Universal por Hijo o los perjuicios ocasionados a quienes no pudieron facturar como monotributista por haberles robado la clave fiscal.
Por otra parte la investigación apunta a que en el momento que se desarrolla el juicio, la otra pata de la banda no resuelvan la situación solo pagando los impuestos evadidos y las multas, sino que también tengan que hacerse cargo de los costos que el mega operativo y la investigación demanda y además tengan alguna penalización por el daño que generaron a muchas personas.
Fuente: Regionalismo
Judicial
Crimen de Aralí Vivas: fijaron para septiembre el juicio oral en Córdoba
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
La Justicia de Córdoba confirmó que el juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de ocho años asesinada en la ciudad de Brinkmann en 2024, se realizará los días 22, 23 y 29 de septiembre en los tribunales de San Francisco.
El proceso estará a cargo de la Cámara Criminal y Correccional y contará con la participación de jurados populares.
Tres acusados llegarán detenidos al juicio
En el banquillo de los acusados estarán Rocío Milagros Rauch, madre de la menor; Matías Ezequiel Simeone, pareja de la mujer; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone.
Los tres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones vinculadas al asesinato de la niña.
De acuerdo a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, los acusados habrían participado de distintos abusos sexuales contra Aralí que derivaron en su muerte.
Además, la causa incluye la figura de homicidio criminis causa, mientras que Simeone también está acusado de haber provocado el incendio de la vivienda para intentar eliminar pruebas del hecho.
Cómo será el proceso judicial
Antes del inicio del debate oral se realizará la selección de jurados en los tribunales de San Francisco.
En una primera instancia se conformará una nómina de 24 ciudadanos y luego quedarán establecidos los 12 jurados titulares que participarán del juicio.
Un caso que conmocionó a Brinkmann y la región
El crimen de Aralí Vivas generó una fuerte conmoción en Brinkmann y en toda la región luego de que el cuerpo de la menor fuera hallado el 1 de noviembre de 2024 tras un incendio registrado en la vivienda donde residía.
La investigación judicial determinó que el fuego habría sido provocado intencionalmente con el objetivo de ocultar evidencias.
La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y un traumatismo craneal.
En caso de que el tribunal coincida con la acusación sostenida por la Fiscalía, los imputados podrían recibir la pena de prisión perpetua.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Intentó abusar sexualmente de una adolescente en Eusebia: imputaron al acusado y pedirán prisión preventiva
La Justicia avanzó en la investigación del grave hecho de violencia de género ocurrido en la localidad de Eusebia, donde un hombre de 45 años fue imputado por intentar abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.
La causa es encabezada por la fiscal Flavia Burella, quien formalizó la acusación ante el juez Gustavo Bumaguín. Al imputado se le atribuyó la presunta autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.
La defensa del acusado está a cargo del defensor público Bruno Rossini.
Persecución y ataque en caminos rurales
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, el hecho ocurrió el viernes 31 de mayo en cercanías de una heladería ubicada sobre la ruta 280s.
Según la investigación, el acusado —quien trabaja en un tambo— interceptó a la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales. Tras la negativa de la joven, comenzó una persecución que se extendió por caminos rurales de la zona.
La víctima intentó escapar desviando su recorrido, pero la situación se agravó cuando su motocicleta se quedó sin combustible en medio del campo. En ese momento, el agresor logró alcanzarla.
Siempre según la acusación fiscal, el hombre provocó un choque entre ambas motos para hacerla caer a la banquina. Luego le quitó el teléfono celular para dejarla incomunicada y la sujetó violentamente del cuello mientras intentaba abusar de ella.
La adolescente logró defenderse, arañando al atacante y propinándole una patada en la zona genital. Esa reacción le permitió recuperar su teléfono y escapar corriendo para pedir ayuda, lo que provocó la fuga del agresor.
Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió traumatismos y hematomas, lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.
Pedirán la prisión preventiva
Tras la audiencia imputativa, el proceso continuará con una audiencia de medidas cautelares, donde la fiscal Burella solicitará la prisión preventiva del acusado debido a la gravedad del hecho y los riesgos procesales.
Será el juez Bumaguín quien deberá resolver en los próximos días si el imputado permanece detenido mientras avanza la investigación penal.
Con información de Radio Belgrano de Suardi
Judicial
Tacural: quedó en libertad un acusado por un violento robo a una familia dentro de una vivienda
La decisión fue tomada por el juez Gustavo Bumaguin durante una audiencia realizada en Rafaela. El imputado seguirá ligado a la causa bajo estrictas medidas de conducta mientras continúa la investigación.
La Justicia resolvió otorgar la libertad a uno de los imputados en una causa que investiga un violento robo ocurrido en la localidad de Tacural, donde una familia denunció haber sido amenazada y despojada de dinero en efectivo dentro de su vivienda.
La medida fue dispuesta este martes por el juez penal Gustavo Bumaguin durante una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en los tribunales de Rafaela.
El hecho investigado
Según la acusación, el episodio ocurrió durante la noche cuando tres hombres habrían ingresado de manera violenta a una vivienda de Tacural luego de protagonizar previamente un altercado con el propietario del inmueble.
Siempre de acuerdo a la investigación, los agresores forzaron puertas y ventanas para ingresar a la casa, amenazaron de muerte a los integrantes de la familia y se llevaron una importante suma de dinero en efectivo junto a otros elementos de valor.
Entre las víctimas se encontraba además una mujer embarazada, quien también habría sido intimidada durante el asalto.
Qué resolvió la Justicia
La audiencia contó con la participación del fiscal Juan Manuel Puig por parte del Ministerio Público de la Acusación y del abogado defensor Juan Bautista Degiovanni.
Durante el debate, la defensa sostuvo que la investigación se encuentra avanzada y que ya fueron realizadas las principales medidas probatorias, por lo que consideró que no existían riesgos procesales suficientes para mantener la prisión preventiva.
La Fiscalía, en cambio, se opuso al pedido de libertad al entender que persisten riesgos vinculados a la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y las próximas instancias judiciales.
Finalmente, el magistrado hizo lugar al planteo defensivo y ordenó la liberación del acusado bajo una serie de condiciones obligatorias.
Las restricciones impuestas al imputado
Entre las medidas dispuestas por la Justicia figuran:
- Fijar domicilio.
- Someterse al cuidado de un guardador.
- No mantener contacto con víctimas ni testigos.
- Prohibición de ingresar a Tacural.
- Firma periódica en una dependencia policial.
- Prohibición de portar o poseer armas de fuego.
De esta manera, el imputado continuará sometido al proceso penal, aunque en libertad, mientras la causa avanza hacia las próximas etapas judiciales.
Con información de Rafaela Informa
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