Banda facturas truchas: La desbaratada banda delictiva utilizaba a los pobres para robar

La banda delictiva desbaratada por la Justicia Federal a partir de una denuncia realizada por la Afip, accionaba con distintas maniobras para robar con la complicidad de quienes compraban la documentación apócrifa, habría facturado por cerca de los 10 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de cuatro mil millones corresponden a la causa que investiga la Fiscalía Federal de San Francisco con un robo que estaría en el orden de los dos mil millones de pesos.

La organización delictiva de acuerdo a averiguacion realizadas por Regionalísimo contaba con una ingeniería bien aceitada para la venta de facturas con la intervención de 87 personas presta nombre, de los cuales muchos de ellos además se dedicaban a la comercialización de las mismas a cambio de una comisión bajo la pantalla de ser vendedor de algún producto o comprador de producción. Todos esos eslabones del grupo de delincuentes están siendo investigados, mientras que los cabecillas de la banda fueron detenidos.

Algunos de los integrantes de la estructura criminal se dedicaban a la fabricación de las facturas, mientras que otros se encargaban de buscar clientes para venderles la emisión de copias de facturas que a simple vista parecería ser válida.

Así mismo también constituían empresas fantasmas utilizando la necesidad de personas indigentes o desocupadas, como así también se apropiaban de claves fiscales de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que luego eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus verdaderos clientes.

Según los acusadores, se trata de un grupo que constituyen una asociación ilícita destinada a la adulteración de registros, la evasión calificada y la administración fraudulenta para la emisión de documentación.

Como la facturación es electrónica, la determinación de sus «IP» será clave para establecer de dónde salían las facturas truchas, razón por la que estuvieron durante unas siete horas en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros de donde se llevaron los IP que utilizaron los emisores y quienes reciben la documentación. Esta información junto a lo que arroje la des intervención en computadoras y teléfonos develará las responsabilidades que cada uno de los integrantes de la banda tenía en la organización y al mismo tiempo determinar quiénes eran los clientes que compraban las facturas apócrifas, como así también la realización de maniobras para para la evasión impositiva.

Una aceitada

«Esta modalidad va desde la negociación del soporte papel o factura hasta la creación, a través de verdaderas organizaciones, de empresas simuladas que venden productos o prestan servicios que nunca se llevan a cabo. Además, en una operatoria de este tipo, generalmente hay profesionales que asesoran a los involucrados, quienes conforman algún grado de asociación ilícita», relató a Regionalísimo una fuente de Afip que investiga el caso.

«Así las cosas, se crean verdaderas «usinas de facturas» sin más finalidad que emitir documentación apócrifa y vendérsela a contribuyentes del IVA, quienes llegan a pagar comisiones de hasta el 50% sobre el monto del IVA que estarían en condiciones de evadir, como así también un porcentaje sobre el impuesto a las ganancias» confió la misma fuente.

«Los compradores de las facturas truchas que son cómplices en el entramado delictivo acumulan IVA compra con el propósito de reducir el monto a tributar y al mismo tiempo les permite dibujar los números reduciendo el monto a pagar sobre las ganancias». expresaron a Regionalísimo y acotaron Estos participantes en el delito ahora serán investigados por un lado por la Afip a los fines de dictaminar los montos evadidos para lograr la efectivización de los mismos junto a las multas correspondientes y por otro lado los fiscales federales, Luis María Viaut de San Francisco, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, tendrán a su cargo investigar a cada uno de ellos a los fines de determinar las responsabilidades penales que cada uno de los compradores de factura tiene, como así también la posible existencia de lavado de dinero.

Investigarán a los compradores de facturas

En los procedimientos investigativos llevados a cabo en forma conjunta por las tres fiscalías que llevan adelante la investigación quedaron detenidas en un primer momento 33 personas, mientras que en la Fiscalía de San Francisco además en cuatro y cinco personas no fueron encontradas, mientras que alrededor de 30 personas quedaron imputadas por estar involucradas en las maniobras, «pero faltan después todos los destinatarios», manifestó el Fiscal José María Viautt

«Esta es una investigación que comenzamos el año pasado y lo realizado hasta ahora es solo el principio. Una vez que procesemos toda la información recolectada en los allanamientos, se vendrá la profundización de la investigación para descubrir a todos los destinatarios de estas facturas apócrifas, que sirven para desgravar impuestos y gastos que no se realizaron», recalcó el Fiscal.

Solo la operatoria de la Oficina Contable de Morteros serían alrededor de 400 facturas los que serán investigados, de un total de 2700 que corresponde a la investigación que llevan adelante desde San Francisco

Intendentes imputados

Los fiscales federales de Córdoba Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian promovieron acción penal contra los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de «defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública».

La resolución surge en el marco de la causa por la asociación ilícita fiscal que investigan tres fiscalías de la provincia junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Como correlato de esta investigación, surgió que los municipios de Mendiolaza y de Saldán, exentos como comunas de los tributos mencionados, habrían sufrido el secuestro de facturas truchas que habrían sido destinadas a otros movimientos de dinero «en negro».

A su vez, el código aclara que si quien comete esta defraudación es «funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua».

Además figuran como coautores los empleados municipales de Saldán Daniel Osvaldo Barón y Hebe Carolina Cristori, y quedan como partícipes necesarios Natalia Soledad Vieyra Ferreyra y Diego Alberto Vieyra Ferreyra.

También fue allanada la Municipalidad de Jesús María a donde habría a buscar documentación de la Comunidad Regional Colón a la que le habrían detectado un elevado número de facturas truchas que son motivo de investigación porque no podrían justificar semejante movimiento de dinero que alcanzaría los 10 millones de pesos sin comprobantes genuinos.

Por otra parte el Fiscal José María Viaut adelantó que desde Afip le informaron que en el departamento San Justo son tres los municipios o comunas involucradas en la estafa, de la cual no dieron a conocer a que población corresponde por estar en pleno proceso investigativo.

Investigación paralela

El operativo que involucró la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país así como distintas fuerzas de seguridad nacional y provincial demando más de treinta días para su coordinación, sospechando que existió filtración acerca de los lugares en que se iban a realizar los procedimientos. Ante esto la Justicia Federal de San Francisco habría enviado un oficio al Colegio Profesional de Ciencias Económicas, «en ese oficio se le pide a la entidad que informe cómo es el sistema que se utiliza para designar los veedores, quien los designó, el nombre de los veedores y cuándo se los puso en conocimiento de las designaciones» a los fines de poder determinar si existió la filtración y si así fuese determinar quiénes fueron los responsables.

Los allanamientos tuvieron lugar en Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Villa María, Jesús María, Saldán, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Devoto, Arias, San Francisco, Morteros, Villa Nueva, General Cabrera, Panaholma, Hernando, Isla Verde y Malagueño todos de la provincia de Córdoba. En Rosario, Rafaela, Frontera, Sunchales y Santa Fe de la provincia homónima. Colonia Alpina, Santiago del Estero, además en San Juan, Chaco y Formosa, como así también en diversos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), en el norte del conurbano bonaerense, en localidades como San Isidro, Olivos y Bella Vista (San Miguel) entre otros lugares que totalizan 93 allanamientos.

La cifra dada a conocer por la Afip es que la banda habría evadido 430 millones de pesos con una facturación de unos 2.800 millones de pesos, pero de acuerdo a las averiguaciones realizadas por Regionalísimo ese monto correspondería solo a la investigación que lleva adelante el Fiscal Senestrari, indicando el Fiscal Federal de San Francisco que estaría en el orden de los 4 mil millones de pesos el monto de lo que llevan comprobado en su fiscalía como resultado del proceder delictivo desde 2017, a lo que se debe sumar lo investigado por Hairabedian, por lo que el monto total estaría en el orden de los 10 mil millones de pesos con una evasión de unos dos mil millones de pesos. El monto que la referida banda se habría robadose multiplicaría varias veces, ya que muchos de los integrantes vienen operando con esa modalidad desde hace décadas.

En los allanamientos obtuvieron numeroso caudal probatorio, en especial de computadoras donde está registrada la contabilidad de esas oficinas, en algunos casos de municipios, como así también detuvieron a 33 integrantes de la banda delictiva. Los detenidos por orden de la Justicia Federal de San Francisco son Pablo Barbieris, Omar y Agustín Gianelli de Morteros. Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi y su esposa Maria Abtt de Devoto, Miguel Montali y Lucas Zopetto de San Francisco quienes están siendo indagados por el Juez Federal en el transcurso de esta semana. Además resta detener a Rodolfo Luis Tapiero, Mario Elias Tapiero, Mariano Planells y Marlene Von During.

Fuente: Regionalismo