Judicial
Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor
La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.
La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.
En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.
Reunión del consorcio de acreedores
Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.
También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.
En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.
“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.
Riesgo de quiebra
Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.
También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.
Irregularidades y falta de respuestas
El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.
Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .
Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.
Fuente: Sin Mordaza
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
Judicial
Causa Spaggiari: Se está llevando a cabo una nueva audiencia de apelación antes del juicio oral
Desde las 8:00 de este martes, se desarrolla en los Tribunales de Rafaela una nueva audiencia de apelación en el marco de la Causa Spaggiari, luego de que las defensas de todos los imputados impugnaran las resoluciones adoptadas durante las audiencias preeliminares realizadas en mayo.
La audiencia será presidida por el juez Sergio Alvira
El encuentro tendrá lugar en la Sala N.º 3 de la Oficina de Gestión Judicial y estará encabezado por el juez de Segunda Instancia, Sergio Enrique Alvira.
Los recursos de apelación fueron presentados por los abogados defensores de todos los imputados, quienes cuestionaron las decisiones adoptadas por el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Gustavo Bumaguin, durante las audiencias preeliminares celebradas el 20 de mayo.
La causa investiga una presunta asociación ilícita
El proceso judicial tiene como principales acusados a los hermanos Fernando Luis y Matías Germán Spaggiari, quienes permanecen detenidos en la Unidad Penitenciaria de Coronda.
De acuerdo con la acusación impulsada por el fiscal Guillermo Loyola, ambos habrían encabezado una asociación ilícita destinada a realizar maniobras defraudatorias contra un importante número de personas entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022.
Paso previo al juicio oral
La audiencia de este martes constituye una instancia clave antes del inicio del juicio oral y público, cuya fecha todavía deberá ser fijada por la Oficina de Gestión Judicial.
Durante la jornada, el juez de Segunda Instancia analizará los planteos realizados por las defensas respecto de las resoluciones adoptadas en la etapa preeliminar y resolverá si las confirma o introduce modificaciones.
Con información de Diario Castellanos
Judicial
Ataque a la Comisaría de Sunchales: liberaron a dos imputados y ya son tres los acusados en libertad
La Justicia revisó las medidas cautelares de los involucrados en el ataque a la Comisaría 3ª. Dos imputados recuperaron la libertad bajo estrictas restricciones, mientras que otro continuará en prisión preventiva.
La causa por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales, ocurrido el pasado 28 de marzo, tuvo este lunes una nueva audiencia en los tribunales de Rafaela, donde la Justicia resolvió otorgar la libertad con medidas restrictivas a dos de los seis imputados.
La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Guillermo Stegmayer, con la participación del fiscal Juan Manuel Puig y de los defensores particulares Marcelino Plaza y Juan Bautista Degiovanni.
La defensa pidió medidas alternativas
Durante la audiencia, la defensa solicitó la libertad bajo medidas alternativas para Thiago Nicolás Gorosito, Julio Germán Gorosito Ricarte y David Javier Derfler.
Los abogados sostuvieron que los riesgos procesales se encontraban neutralizados, que los acusados poseen arraigo y que la situación debía abordarse también desde una perspectiva vinculada al tratamiento de consumos problemáticos.
La Fiscalía se opuso
Por su parte, el fiscal Juan Manuel Puig solicitó mantener las prisiones preventivas.
Argumentó que los riesgos procesales continúan vigentes, especialmente por el avance de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos.
En el caso de David Javier Derfler, además, remarcó antecedentes de incumplimientos de medidas judiciales anteriores.
Dos recuperaron la libertad
Tras escuchar los planteos de ambas partes, el juez resolvió conceder la libertad con restricciones a:
- Thiago Nicolás Gorosito
- Julio Germán Gorosito Ricarte
Ambos deberán cumplir una serie de condiciones:
- Fijar domicilio en Sunchales.
- Permanecer bajo la guarda de familiares.
- Presentarse cada 15 días en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
- No mantener contacto con las víctimas ni con los coimputados.
- No portar armas.
- Iniciar un tratamiento por consumo de sustancias.
- No cometer nuevos delitos.
Un imputado seguirá detenido
En cuanto a David Javier Derfler, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente su situación procesal en futuras audiencias.
Con esta resolución, tres de los seis imputados por el ataque a la dependencia policial se encuentran en libertad bajo medidas restrictivas, mientras que los otros tres continúan detenidos con prisión preventiva.
El hecho investigado
La investigación se originó por el ataque ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros elementos contundentes contra el edificio de la Comisaría 3ª de Sunchales, ubicada en la intersección de Rafaela y Esperanza.
Como consecuencia del ataque se registraron roturas de vidrios y daños en móviles policiales estacionados frente a la dependencia.
Con información de Rafaela Informa
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