La causa por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales, ocurrido el pasado 28 de marzo, tuvo este lunes una nueva audiencia en los tribunales de Rafaela, donde la Justicia resolvió otorgar la libertad con medidas restrictivas a dos de los seis imputados.

La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Guillermo Stegmayer, con la participación del fiscal Juan Manuel Puig y de los defensores particulares Marcelino Plaza y Juan Bautista Degiovanni.

La defensa pidió medidas alternativas

Durante la audiencia, la defensa solicitó la libertad bajo medidas alternativas para Thiago Nicolás Gorosito, Julio Germán Gorosito Ricarte y David Javier Derfler.

Los abogados sostuvieron que los riesgos procesales se encontraban neutralizados, que los acusados poseen arraigo y que la situación debía abordarse también desde una perspectiva vinculada al tratamiento de consumos problemáticos.

La Fiscalía se opuso

Por su parte, el fiscal Juan Manuel Puig solicitó mantener las prisiones preventivas.

Argumentó que los riesgos procesales continúan vigentes, especialmente por el avance de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos.

En el caso de David Javier Derfler, además, remarcó antecedentes de incumplimientos de medidas judiciales anteriores.

Dos recuperaron la libertad

Tras escuchar los planteos de ambas partes, el juez resolvió conceder la libertad con restricciones a:

• Thiago Nicolás Gorosito
• Julio Germán Gorosito Ricarte

Ambos deberán cumplir una serie de condiciones:

• Fijar domicilio en Sunchales.
• Permanecer bajo la guarda de familiares.
• Presentarse cada 15 días en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
• No mantener contacto con las víctimas ni con los coimputados.
• No portar armas.
• Iniciar un tratamiento por consumo de sustancias.
• No cometer nuevos delitos.

Un imputado seguirá detenido

En cuanto a David Javier Derfler, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente su situación procesal en futuras audiencias.

Con esta resolución, tres de los seis imputados por el ataque a la dependencia policial se encuentran en libertad bajo medidas restrictivas, mientras que los otros tres continúan detenidos con prisión preventiva.

El hecho investigado

La investigación se originó por el ataque ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros elementos contundentes contra el edificio de la Comisaría 3ª de Sunchales, ubicada en la intersección de Rafaela y Esperanza.

Como consecuencia del ataque se registraron roturas de vidrios y daños en móviles policiales estacionados frente a la dependencia.

Con información de Rafaela Informa

Un hombre de 26 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de San Cristóbal, acusado de cometer delitos en un contexto de violencia de género contra su expareja.

La medida fue solicitada por la fiscal Hemilce Fissore y dispuesta por el juez José Luis Estévez, durante una audiencia realizada en los tribunales de esa ciudad.

Habría amenazado de muerte a su expareja

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el jueves de la semana pasada, alrededor de las 17:30, cuando el imputado se presentó en la vivienda donde residen su expareja y las dos hijas que tienen en común.

Según la fiscal, el hombre incumplió una medida judicial de exclusión del hogar, además de una prohibición de acercamiento y hostigamiento que estaba vigente desde abril.

Durante el episodio, habría amenazado de muerte a la mujer, advirtiéndole que la mataría si volvía a denunciarlo. Si bien no se registraron lesiones físicas, la amenaza generó un fuerte temor en la víctima.

Ya había incumplido medidas judiciales

La fiscal Fissore explicó que el acusado ya estaba sometido a medidas cautelares no privativas de la libertad dictadas en mayo en otra causa penal, las cuales también habría incumplido.

Ese antecedente fue considerado por el juez al momento de evaluar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y resolver la prisión preventiva.

Fue detenido horas después

Tras el episodio de intimidación, el hombre fue detenido en la vía pública pocas horas más tarde.

La causa continúa en etapa de investigación y el imputado fue acusado como presunto autor de los delitos de amenazas y desobediencia de un mandato judicial, en un contexto de violencia familiar y de género.

Con información de Rafaela Informa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la sentencia al considerar acreditado que el demandado conocía la existencia de su hija desde 2004, pero no avanzó con su reconocimiento.

La demanda fue impulsada por la hija

La causa fue iniciada por una mujer, actualmente de 37 años, quien reclamó una reparación económica por los daños morales, psicológicos y patrimoniales sufridos como consecuencia de no haber sido reconocida por su padre durante gran parte de su vida.

El reconocimiento de la filiación se concretó recién en 2022, a través de una sentencia dictada en un proceso judicial anterior.

La Justicia confirmó la responsabilidad del padre

En primera instancia, el tribunal fijó una indemnización compuesta por:

• $30 millones por daño moral.
• $15 millones por daño psíquico y tratamiento psicológico.
• $20 millones por perjuicio material.

A ese monto se le suman los intereses calculados desde diciembre de 2004, fecha en la que la Justicia consideró que el hombre ya tenía conocimiento del vínculo filial.

La apelación fue rechazada

El demandado apeló la sentencia y aseguró que recién tomó conocimiento del embarazo y del nacimiento de su hija en 2017. También cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que la mujer demoró varios años en iniciar el reclamo judicial.

Sin embargo, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó esos argumentos y concluyó que las pruebas reunidas en el expediente demostraban que el padre conocía, o debía conocer, la existencia de su hija desde 2004.

Para llegar a esa conclusión, los jueces analizaron declaraciones testimoniales, registros migratorios y documentación médica incorporada a la causa.

El impacto emocional fue determinante

En la resolución, el tribunal también valoró la historia clínica de la demandante, donde quedaron documentadas las consecuencias emocionales derivadas de la ausencia de la figura paterna.

Entre otros aspectos, se destacaron episodios de ansiedad y el deseo permanente de establecer un vínculo con la familia de su padre.

Finalmente, los magistrados entendieron que el hombre no presentó pruebas suficientes que permitieran desvirtuar la responsabilidad atribuida y confirmaron íntegramente la condena.

Con información de TN