Judicial
Ceres: llevarán a juicio a exfuncionarios
El juez penal Juan Gabriel Peralta resolvió elevar a Juicio Oral una extensa causa por presuntos delitos contra la administración pública que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad de Ceres.

Entre los implicados se encuentran el exintendente Camilo Enzo Busquets (68), quien estuvo al frente de la administración durante el período 2003-2019, y sus exsecretarios de Hacienda, Betiana Godoy (45) (1/11/2004 hasta el 13/12/2018) y Lucas Sebastián Cañete (45) (11/09/2018 hasta el 9/12/2019).
La resolución, del pasado 20 de mayo, refiere a la audiencia preliminar, realizada en dos jornadas, el 9 de septiembre y el 30 de octubre de 2024.
De dicho acto participaron el fiscal de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja del MPA Rafaela, Guillermo Loyola; el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, en representación de la Municipalidad de Ceres; y los defensores públicos Aníbal Caula y Adrián Rocca, por los acusados. Las defensas habían solicitado la suspensión del juicio a prueba -ofreciendo donaciones y reparaciones económicas- y plantearon la prescripción de algunos de los hechos. Sin embargo, tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella rechazaron tales salidas alternativas, argumentando el carácter de funcionarios públicos de los imputados y la gravedad de los hechos. El juez Peralta coincidió con esa postura y desestimó ambos planteos.
Irregularidades
Según la acusación formal, se investiga un complejo entramado de hechos que incluyen malversación de caudales públicos agravada, incumplimiento de deberes de funcionario, fraude a la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad y nombramientos ilegales.
Entre los hechos más destacados se cuentan:
Desvío de fondos provinciales: Subsidios destinados a infraestructura sanitaria y educativa, como los provenientes del Fondo Federal Solidario (2017) y el Financiamiento Educativo (2018), no fueron correctamente rendidos ni utilizados según lo estipulado, generando cargos e intimaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Aportes sindicales retenidos y no depositados: Se retuvieron aportes al SITRAM, FESTRAM y AMFESTRAM sin su correspondiente transferencia, acumulando deudas millonarias e intereses.
Ocultamiento de deuda en el traspaso de gestión: En diciembre de 2019, al concluir la gestión de Busquets, se habrían omitido de manera intencional pasivos significativos en los informes oficiales de transición.
Contrataciones irregulares: Se dividieron contrataciones de obras públicas para evitar licitaciones y se adjudicaron obras a empresas ligadas a funcionarios, sin intervención de la Junta de Compras.
Nombramientos sin concurso: Busquets habría designado a varios empleados -incluyendo a la propia Godoy y al imputado Cañete- en planta permanente sin el llamado a concurso ni cumplimiento de requisitos legales.
El juicio avanza
El juez Peralta dio por admitida la acusación del MPA y de la querella, habilitando la realización del juicio oral.
También admitió la prueba ofrecida por la Fiscalía, que incluye declaraciones de más de una decena de testigos clave, entre ellos la actual intendente y denunciante Alejandra Dupouy, el secretario de Hacienda Miguel Ángel Andrada, autoridades del Tribunal de Cuentas, del Nuevo Banco Santa Fe y de sindicatos municipales. También se sumaron como prueba diversos documentos contables, presupuestos municipales, registros de pagos y material audiovisual sobre las obras adjudicadas. La causa refleja el presunto desvío de fondos públicos y maniobras administrativas irregulares sostenidas durante los años en que Busquets fue intendente (2003-2019) y estuvo al frente de la administración local.
Fuente: El Litoral
Judicial
Ordenan que Lázaro Báez cumpla condena en cárcel común
Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron su «inmediata detención».

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó hoy que el dueño de «Austral Construcciones» Lázaro Báez sea trasladado de «inmediato» a una cárcel común para terminar de cumplir su condena por lavado de activos, la cual dejó firme la Corte Suprema de Justicia, informaron fuentes judiciales.
Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron la «inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena» con sentencia firme y su alojamiento «en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal».
Báez, quien sería trasladado a un penal federal de Río Gallegos, estaba bajo arresto domiciliario en su casa de Santa Cruz en otra causa penal también por lavado de activos vinculada a la compraventa del campo uruguayo El Entrevero.
«Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas», concluyeron los jueces.
El pedido de detención inmediata había sido presentado por el fiscal Abel Córdoba luego que la Corte dejó firme su condena a diez años de prisión en la «ruta del dinero K».
La sentencia condenatoria «ha pasado en autoridad de cosa juzgada y -consecuentemente- se ha tornado operativo su cumplimiento, de modo que corresponde continuar con el trámite de ejecución conforme lo precisado», resolvió el Tribunal.
Los jueces recordaron que «la ley no prescribe de modo automático la concesión de la prisión domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 10 del Código Penal o art. 32 de la ley 24.660, sino que -eventualmente- sujeta su viabilidad a la apreciación judicial previo trámite de la incidencia que se suscite».
Según el cómputo hecho por el Tribunal, Báez estuvo con prisión preventiva en esta causa penal tres años, 8 meses y ocho días por lo cual resta que cumpla 6 años, tres meses y 22 días.
La Corte Suprema también confirmó ayer otra condena a seis años de cárcel para Báez en la causa Vialidad, en la que fue juzgado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Fuente: NA
Judicial
Histórico veredicto en Santa Fe: el primer juicio por jurados declaró culpable al acusado
El primer juicio por jurados realizado en la provincia de Santa Fe concluyó este martes en los tribunales de San Cristóbal con un veredicto de culpabilidad para Rubén Alberto Ulrich, aunque no con la calificación penal más grave que había solicitado la Fiscalía.

Ulrich, un productor agropecuario de 58 años, fue declarado culpable por los 12 jurados populares por los siguientes delitos:
Homicidio bajo emoción violenta.
Lesiones leves.
Tenencia indebida de arma de fuego.
Daños.
El jurado desestimó la figura de femicidio vinculado, que había sido planteada por las fiscales Emilce Fissore y Silvina Verney en relación al asesinato del subinspector Franco López, quien mantenía una relación sentimental con la expareja de Ulrich. La defensa había pedido la imputación por homicidio cometido bajo emoción violenta, lo cual fue aceptado por el jurado tras los alegatos y la declaración de los testigos.
El crimen
El hecho ocurrió el 17 de enero de 2023 en el establecimiento rural “La Sara”, ubicado en la localidad de Monigotes. Ulrich llegó al lugar junto a su hijo de 15 años, donde se encontraba su expareja —madre de sus dos hijos— y el subinspector Franco López. La pareja había finalizado su relación apenas días antes del ataque.
Al arribar al lugar, Ulrich primero disparó contra el patrullero de López, y luego efectuó un escopetazo al pecho del policía, que también hirió en un hombro a su expareja. López fue trasladado por un familiar de Ulrich hasta un sanatorio en Rafaela, donde falleció. La mujer, en tanto, fue derivada al hospital de Sunchales.
Una condena que no será perpetua
Si bien la Fiscalía había solicitado prisión perpetua, el veredicto del jurado al considerar atenuantes —como la emoción violenta— descarta esa posibilidad. Ahora será el tribunal técnico quien deberá fijar la pena que le corresponderá al acusado en una próxima audiencia de cesura.
Este juicio marcó un hito judicial en la provincia, al ser el primero realizado bajo el nuevo sistema de jurados populares aprobado en 2023.
Fuente: Sin Mordaza
Judicial
Cristina Kirchner pidió tener prisión domiciliaria, aunque sin una tobillera electrónica
El abogado de la expresidenta presentó la solicitud para que se cumpla la condena desde una casa.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. De inmediato el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó la ejecución de la pena -seis años de condena- y la convocatoria de la exmandataria a los tribunales de Comodoro Py en los próximos cinco días hábiles.
Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, anunció que ya presentó la solicitud para obtener la prisión domiciliaria, sin tobillera electrónica. En ese sentido, la situación de la expresidenta tendrá un tratamiento especial, al tratarse de una expresidenta, según explicó un reconocido abogado penalista consultado por TN.
En caso que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria, Cristina no tendrá permitido salir de la casa -como si estuviera en una prisión-, aunque no tendrá restricciones en las visitas que podrá recibir. En un principio, tampoco existiría un horario determinado para quien desee ir a verla. Y hasta se les permitiría dormir en el lugar que solicite para transcurrir la pena.
Es decir, la expresidenta “va a poder recibir a quien quiera y en principio en el horario que quiera, hasta inclusive podría dormir gente ahí sin problema». «No hay restricciones salvo que el tribunal expresamente las imponga como regla de conducta que lo podrían eventualmente hacer. Nunca vi que lo hicieran, pero podrían hacerlo», expuso el letrado.
Sin embargo, existe la posibilidad que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le niegue el beneficio, ya que “tienen que ver los causales que invoca”. “La prisión domiciliaria en realidad es para el que tiene alguna afección física, una enfermedad o lo que fuese que se compruebe que no tiene tratamiento en el servicio penitenciario”, aclaró el abogado.
Finalmente, explicó que el procedimiento estándar indica que Cristina Kirchner deberá llevar tobillera electrónica, aunque podría negociar no tenerla y, en cambio, tener seguridad en las inmediaciones de su domicilio.
Fuente: TN
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