El pedido recae sobre José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes encabezaron el Consejo de Administración entre febrero de 2020 y enero de 2024. Según la acusación, durante ese período la empresa retuvo aportes de los trabajadores, pero no los depositó en los sistemas de jubilaciones, pensiones y obras sociales, incumpliendo la ley.

📌 33 períodos fiscales bajo la lupa

El dictamen detalla que Gastaldi habría incurrido en 17 hechos entre 2020 y 2022, mientras que a Sánchez se le imputan 16 hechos correspondientes a 2022, 2023 y enero de 2024. Todos los casos son considerados en concurso real y en carácter de autores.

La causa se originó tras denuncias de trabajadores de las plantas de Sunchales y Don Torcuato, quienes detectaron que los aportes retenidos no habían sido transferidos. La Justicia Federal tomó competencia luego de la derivación de las causas desde el fuero provincial.

🧾 Pruebas y fundamentos

La investigación se apoyó en reportes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en la base de datos de la AFIP, revelando que SanCor actuó como agente de percepción y retención sin efectuar los depósitos correspondientes durante 33 períodos fiscales.

Aunque los imputados se abstuvieron de declarar, no negaron los hechos. Por ello, la fiscalía solicitó que el juez disponga su procesamiento conforme al artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

🔒 Medidas de coerción

La fiscalía consideró suficiente imponerles la obligación de informar cambios de domicilio, dado que no tienen antecedentes penales, poseen residencia fija, actividad laboral declarada y se presentaron voluntariamente ante la Justicia.

Este pedido marca un punto crítico en la crisis institucional y financiera de SanCor, que vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y pública.

Por Móvil Quique con información de Aire de Santa Fe

Según la sentencia, Bertoglio utilizó su banca para intervenir a favor de un loteo privado en el que —de acuerdo a lo expuesto en el juicio— mantenía interés directo.

👉 Fue condenado a 1 año y 3 meses de prisión de ejecución condicional y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

🔍 ¿Qué expuso la Fiscalía?

Durante el debate, la fiscal Fabiana Bertero sostuvo que la evidencia presentada demuestra que el ex edil actuó movido por intereses propios. Aseguró que no se comportó como un legislador neutral, sino como “gestor de sus intereses”.

⚖️ La defensa habló de persecución política

Los abogados defensores, Alejandro Leguizamón y Pablo Mosconi, pidieron la absolución. Afirmaron que la causa tiene un “móvil político”, denunciando que se originó en plena coyuntura electoral.
Argumentaron que no existen pruebas de que Bertoglio buscara beneficiarse y que la ordenanza que impulsó terminó siendo vetada, sin generar ningún provecho para él ni para el emprendimiento inmobiliario. También remarcaron que actuó dentro de sus atribuciones como concejal.

🏛️ Un juicio que dejó secuelas en la arena política local

El caso generó un fuerte impacto en Sunchales por la extensa trayectoria pública de Bertoglio, quien fue concejal en múltiples períodos, secretario general del PDP, asesor legislativo, director del ENRESS y actualmente cumple funciones en el Ministerio de Medio Ambiente provincial.

Por Móvil Quique

El juez Javier Bottero resolvió la situación procesal de cuatro acusados tras escuchar durante horas los planteos del fiscal Juan Manuel Puig y de las defensas técnicas, que arremetieron con fuerza contra los elementos probatorios.

🔍 Defensa al ataque: inconsistencias, errores y evidencia en duda

Los abogados Carlos Farias Demalde, Sergio Fregona Maffei y la defensora pública Amalia Cassina expusieron serias fallas en la investigación del MPA, asegurando que varias de las pruebas presentadas eran endebles, insuficientes o directamente inconexas con los hechos atribuidos.

Entre los puntos más críticos señalaron:

• Registros fílmicos sin identificación certera de autores
• Material secuestrado sin relación directa con los imputados
• Inconsistencias en la atribución de armas y elementos incautados
• Una supuesta bomba casera que, según la defensa, era un objeto “viejo, deteriorado y sin valor probatorio real”
• La ausencia de riesgo procesal para varios de los acusados

Estos planteos impactaron de lleno en la decisión del juez, quien consideró insuficiente la evidencia contra dos de los imputados.

🚓 Los hechos y las imputaciones

Los acusados —identificados como D.E.C.O., H.F.C., E.J.D. y S.B.— fueron detenidos en allanamientos vinculados a episodios registrados en Mitre 1366 y Suipacha 865, donde se secuestraron comparativas fílmicas, elementos de interés y una presunta bomba casera.

El fiscal Puig imputó diversos delitos como robo, abuso de arma de fuego, encubrimiento y portación ilegítima.

🧑‍⚖️ La decisión final del juez Bottero

Tras casi cuatro horas de una audiencia intensa, el magistrado resolvió:

• 🟥 90 días de prisión preventiva para D.E.C.O. y H.F.C., señalados por abuso de armas, amenazas, portación y su participación en el episodio violento de Mitre 1366.
• 🟩 Libertad supervisada para S.B. y E.J.D., quienes deberán fijar domicilio, contar con un garante, presentarse periódicamente y respetar reglas estrictas.

🔥 Un caso que deja grietas expuestas

La audiencia dejó en evidencia profundas diferencias entre Fiscalía y defensa, además de cuestionamientos directos a la investigación, que en cuestión de horas modificaron el cuadro procesal de la mitad de los imputados.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa