Los abogados defensores de los hermanos Fernando y Matías Spaggiari, los doctores José María Silvela y Andrés Colón, habían presentado un recurso de Habeas Corpus en favor de sus defendidos ante presuntos apremios ilegales que habrían sufrido por parte de personal del Servicio Penitenciario Provincial que presta servicio en la cárcel de Coronda, donde los rafaelinos están privados de su libertad cumpliendo prisión preventiva, acusados en su momento por el fiscal Guillermo Loyola del delito de Estafa en calidad de jefes de una Asociación ilícita que habría engañado a inversores privados.

Fernando y Matías Spaggiari cumplían prisión preventiva en la Alcaidía de la Jefatura de la ciudad de Rafaela y luego, fueron trasladados a la Unidad Penal de Las Flores y luego, derivados al penal de Coronda donde habrían sufrido esta situación denunciada por sus representantes legales. En tanto la madre de ambos, también está cumpliendo prisión preventiva, pero en este caso bajo la morigeración del arresto domiciliario

Fuente: Castellanos

La mañana de este martes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado, donde se condenó a Iván Marcomini a la pena de 4 años de cárcel de cumplimiento efectivo, luego de que aceptase ser el culpable del delito de amenazas y coacción calificada, en un hecho registrado en la ciudad de Sunchales, en agosto del 2022. Por registrar condenas anteriores, la pena impuesta se unificó en una única pena de 24 años de cumplimiento efectivo.

El Tribunal estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estevez, quienes avalaron el acuerdo al que arribó la Fiscalía y la Defensa del imputado. Rafaela Noticias, único medio en la sala.

Según explicó el Fiscal Guillermo Loyola (que reemplazó a la Dra. Gabriela Lema en esta presentación), Marcomini amedrentó a una mujer que había declarado en su contra en una causa por abuso sexual contra una menor de edad que lo tenía como implicado.

La tarde del 20 de agosto del 2022, el ahora condenado llegó hasta la vivienda de la víctima, aprovechando una de las salidas transitorias de las que estaba gozando, en el marco de una condena por homicidio que cumplía desde el 2008.

En ese contexto, amenazó a su interlocutora asegurando que, durante su encierro, había entablado relaciones con “gente pesada de Buenos Aires y Córdoba”, deslizando la posibilidad de que pudieran hacerle daño por haber testificado en contra suyo e infundiéndole temor.

El acuerdo alcanzado entre las partes fijó como única pena la de 24 años de cumplimiento efectivo: Primero había sido condenado en 2008 a 15 años por el delito de homicidio calificado, luego se le unificó en 20 años con otra de 8 por robo, agregándosele ahora la de 4 años y declarándolo reincidente.

Fuente: Rafaela Noticias

En horas de la mañana de este lunes y mediante la aplicación Zoom, se desarrolló una audiencia de medidas cautelares presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero y solicitada por el fiscal Guillermo Loyola, quien acusó a Leandro R., alías Pitío, de 33 años de edad, nacido en Rosario pero ahora afincado en la ciudad de Sunchales, de los delitos de Robo y amenazas, hecho ocurrido el pasado 30 de octubre en una vivienda de calle Joaquín V. González de la vecina población.

Tras las presentaciones correspondientes tomó la palabra el representante del MPA quien anticipó que iba a solicitar la prisión preventiva sin plazos del encartado al entender que se cumplimentaban los tres incisos del Art. 220 del Código Procesal Penal que hacen referencia a la responsabilidad del acusado en el delito investigado; que la pena en expectativa sea de cumplimiento efectivo en caso de ser condenado (y ésto seráasí ya que el sujeto tiene condenas anteriores y además la última vez que lo dejaron preso lo declararon reincidente); y que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento probatorio). Luego Loyola relató lo que presumiblemente ocurrió ese día 30 de octubre de 2024 alrededor de las 10 de la mañana donde el acusado -que es representado legalmente por el Dr. Aníbal Caula del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal- ingresó a la vivienda de calle Joaquín V. González tras forzar aberturas y aprovechando que no había gente en la propiedad se llevó, entre otras cosas, un disco externo, un pen drive, un televisor de 40 pulgadas, auriculares inalámbricos, dos celulares, frazadas, varios anillos y cadenas. Destacó también que al momento de ser aprehendido por personal policial, el sujeto lanzó severas amenazas contra los uniformados y también contra las víctimas al mencionar que les iba a prender fuego a los móviles y también la casa de las personas que lo habían denunciado.

También hizo referencia el fiscal a las condenas anteriores de Leandro R. y aunque no hubo muchas precisiones respecto del riesgo de fuga, sí entendió Loyola que podía haber entorpecimiento probatorio toda vez que el sujeto vive a pocas cuadras de la casa de las víctimas y ya profirió serias amenazas no sólo contra el personal policial, sino también con las personas que sufrieron el ilícito.

El defensor

A su turno el Defensor público Aníbal Caula señaló que en realidad nadie había observado al imputado entrando y saliendo de la vivienda asaltada y que sólo había comentarios pero sin demasiados asideros respecto de que ‘Pitío? había estado ofreciendo a la venta elementos que había sustraído desde la vivienda de calle Joaquín V. González, por lo que solicitó que se le otorgara la libertad bajo el cumplimiento de medidas alternativas.

El Juez

Finalmente el magistrado -tras dar las explicaciones correspondientes y fundamentando cada una de las circunstancias que rodearon el hecho, decidió aplicar una prisión preventiva con plazo, por el término de sesenta días, instando al fiscal a profundizar la investigación y a obtener relatos certeros respecto de las personas a las que ‘Pitío? le habría ofrecido venderle las cosas que había robado, aún cuando éstos fueran menores de edad.

Fuente: Castellanos