La Justicia cuestionó el estado de las rutas

La resolución fue dictada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El planteo buscaba que se adoptaran medidas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes utilizan estos corredores nacionales.

Según el fallo, la documentación incorporada al expediente permitió acreditar el deterioro de las rutas y la falta de tareas suficientes de conservación.

En particular, sobre la Ruta Nacional 33, se mencionan grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos, condiciones que el magistrado consideró un riesgo para la seguridad e integridad de quienes circulan por la zona.

El juez sostuvo además que los organismos responsables de los corredores viales incumplieron sus obligaciones mínimas de mantenimiento y conservación.

La Ruta 33, uno de los principales puntos de preocupación

Uno de los elementos considerados por la Justicia fue que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.

De acuerdo con el expediente, autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían señalado que el estado de la ruta requería una intervención urgente.

A partir de ese diagnóstico se realizó una licitación que terminó siendo adjudicada a la empresa Rovial S.A.. Sin embargo, las obras no pudieron completarse.

La empresa realizó trabajos de bacheo en parte del corredor, pero posteriormente las tareas quedaron paralizadas debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias para continuar.

También se realizaron trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque el juez consideró que esas intervenciones no alcanzaban para solucionar el deterioro existente.

El expediente incorporó incluso fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar las condiciones de la calzada.

Qué ocurre con las rutas 7 y 8

Respecto de la Ruta Nacional 7, el fallo señala que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que no quedó acreditado que existieran trabajos de mantenimiento sostenidos sobre la totalidad del tramo correspondiente al departamento General López.

En cuanto a la Ruta Nacional 8, la situación también fue cuestionada.

Según el expediente, la Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales y había realizado distintas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.

La empresa solo acreditó trabajos sobre los kilómetros 359 al 362, lo que, de acuerdo con la sentencia, resultaba insuficiente frente a las necesidades de mantenimiento y seguridad vial del corredor.

El juez también rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían tareas de repavimentación.

La resolución sostiene que la empresa tenía responsabilidades relacionadas con la mejora, reparación y mantenimiento de las rutas 7 y 8.

El Estado deberá garantizar las obras

Uno de los puntos centrales del fallo es que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que las rutas se encuentran concesionadas o que existen cambios en las empresas responsables.

La Justicia consideró que la situación administrativa o contractual de los corredores no puede impedir que se garantice la seguridad de quienes utilizan las rutas.

Por ese motivo, la reparación deberá ser garantizada por el Estado Nacional, ya sea a través de Vialidad, del organismo que eventualmente tenga esas competencias o de las empresas concesionarias correspondientes.

La eventual participación de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

La Justicia habló de una situación de peligro

Para el magistrado, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura, sino que también compromete derechos vinculados con la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación.

El fallo considera que el estado de las calzadas representa una situación de peligro para los usuarios y que las pruebas incorporadas al expediente evidencian un grave deterioro de la cinta asfáltica.

Finalmente, el juez rechazó los planteos realizados por Corredores Viales S.A. y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para garantizar su transitabilidad plena en el departamento General López.

Con información de Ámbito

Facundo Moyano recuperó la libertad este martes por la noche tras ser indagado en una causa en la que está imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Al retirarse de la sede judicial, el exlegislador realizó una breve declaración ante la prensa y aseguró: «Está todo aclarado».

La investigación continúa

La causa se originó luego de un episodio ocurrido durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano, donde la pareja de Moyano, Candela Arizaga, de 23 años, fue encontrada corriendo semidesnuda en la vía pública y posteriormente trasladada al Hospital Pirovano.

Durante la jornada, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de Moyano, donde la Policía secuestró dos teléfonos celulares. Según trascendió, no se encontraron estupefacientes en el lugar.

Tras prestar declaración, el exdiputado fue liberado, aunque continuará imputado en la causa.

Restricciones impuestas por la Justicia

Como condición para recuperar la libertad, la Justicia le impuso a Moyano una prohibición de acercamiento de 300 metros y la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, según confirmó su defensa.

La fiscalía continuará con la recolección de pruebas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

La versión de Candela Arizaga

De acuerdo con la información difundida, Arizaga manifestó que Moyano «no le hizo nada» y sostuvo que el episodio ocurrió en un contexto de consumo de estupefacientes.

No obstante, la investigación judicial sigue su curso y será la Justicia la que determine las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado.

Fuente: Cadena 3

La medida fue solicitada por la Fiscalía

El imputado, identificado por sus iniciales J.A.G., quedó detenido por decisión del juez Juan Gabriel Peralta, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscal Hemilce Fissore.

La prisión preventiva fue dictada sin plazo, luego de que el magistrado considerara que, en esta etapa del proceso, existen elementos suficientes para sostener la imputación y riesgos procesales que justifican mantener al acusado privado de su libertad.

Los hechos investigados

De acuerdo con la investigación, el hombre habría cometido abusos sexuales en reiteradas oportunidades contra dos hermanas menores de edad con las que mantenía un vínculo familiar.

Según expuso la fiscal, los hechos habrían ocurrido en un contexto de violencia física, amenazas y aprovechamiento de la relación familiar, principalmente en una vivienda rural donde residían las víctimas junto a su familia.

Además, una de las menores también habría sido víctima de un ataque mientras era trasladada en motocicleta por el imputado al salir de la escuela.

Un episodio reciente

Durante la audiencia, la fiscal Fissore también presentó un hecho ocurrido el 17 de julio, cuando el acusado habría intentado abusar sexualmente de la menor de las hermanas en su domicilio.

La investigación sostiene que el ataque no llegó a concretarse debido a la resistencia de la víctima y a la llegada de la pareja del imputado.

Los fundamentos de la prisión preventiva

Al resolver la medida cautelar, el juez tuvo en cuenta la gravedad de los delitos investigados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo.

También valoró la existencia de riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la necesidad de proteger a las víctimas y a los testigos que aún deben declarar.

La causa continúa en etapa investigativa y al imputado se le atribuyen distintos delitos contra ambas hermanas, entre ellos abuso sexual con acceso carnal reiterado, tentativa de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple reiterado, todos agravados por el vínculo familiar.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi