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Judicial

Continuarán en prisión tres policías que cometían delitos en Frontera y Josefina

Los imputados son el exjefe de la 5ª Zona de Inspección de la Unidad Regional V; la exjefa de la Comisaría 6ª de Frontera y un integrante de la Policía Motorizada de esa ciudad.

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Foto ilustrativa de Internet

Entre otros delitos, se les atribuye privar de su libertad a distintas personas; incorporar información falsa en actas de procedimiento; solicitar y recibir dádivas; realizar custodias sin cumplir las reglamentaciones

La fiscal que dirige la investigación penal a las tres personas es Gabriela Lema, quien está a cargo de la Sección Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional V. La funcionaria también fue la encargada de representar al MPA en la audiencia de segunda instancia.

“Más allá de la apelación presentada por los abogados defensores de los imputados, el camarista hizo lugar al planteo que hizo desde la Fiscalía y mantuvo la prisión preventiva por el plazo de ley”, valoró la fiscal Lema. Asismismo, añadió que “al igual que la jueza de primera instancia, el camarista sostuvo que las medidas alternativas a la prisión preventiva que tendrán la Defensa no eran necesarias para neutralizar los riesgos procesales”.

Fortaleza de la investigación

Consultada acerca de los fundamentos esgrimidos por el camarista para confirmar la prisión preventiva, la fiscal Lema hizo aumento en que “entendió que está acreditada –para la instancia procesal en la que estamos– la probabilidad de autoría de los hechos por parte de las tres personas investigadas”. En tal sentido, la funcionaria sostuvo que “a pesar de los planteos de distinto tipo, Alvira destacó la ‘fortaleza de las evidencias presentadas’”.

En esa línea, la fiscal del MPA destacó que “lo resuelto por el camarista representa un aval muy importante al trabajo que venimos desarrollando para desarticular organizaciones criminales –en este caso compuesto por policías– que cometen ilícitos de gran complejidad y que generan un daño social muy grande”.

Modus operandi

“Las personas investigadas conformaban una asociación ilícita que tenía como objeto principal la comisión de hechos delictivos haciendo abuso del ejercicio de sus funciones públicas como miembros de la policía de la provincia”, recordó Lema en la audiencia de apelación. “El accionar ilícito era cometido en forma habitual y continua en Frontera y en Josefina”, precisó la fiscal y agregó que “fue en el período temporal comprendido entre septiembre de 2020 y febrero de 2022”.

Al momento de precisar el accionar delictivo de los imputados, la fiscal del MPA remarcó que “privaban ilegalmente de la libertad a distintas personas” e indicó que “las víctimas fueron un periodista que estaba cubriendo una protesta frente a la comisaría de Frontera, el hijo de una mujer que había tenido una relación sentimental con uno de los investigados y otros dos hombres a los que también insultaron, agredieron físicamente y amenazaron de muerte”.

Entre las conductas delictivas descriptas, Lema enumeró “la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz; la omisión de comunicar hechos delictivos –o la comunicación de información falsa acerca de esos hechos– a los fiscales en turno del MPA; la defraudación al Estado provincial a partir de realizar custodias sin cumplir con las reglamentaciones administrativas y legales y la solicitud y recepción de dádivas con el fin de obtener beneficios económicos para repartirse entre los integrantes de la organización criminal”.

Delitos atribuidos

Al exjefe de la Quinta Zona de Inspección de la Unidad Regional V –cuyas iniciales son GEE– se lo imputó como jefe de la asociación ilícita. Por su parte, la ex jefa de la Comisaría Sexta de Frontera –cuyas iniciales son MSA– es investigada también como jefa de la asociación ilícita.

Finalmente, al integrante de la Policía Motorizada –cuyas iniciales son JMEV– se lo investiga por ser parte de la asociación ilícita.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi

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Sunchales: imputaron a un joven por dos robos, uno de ellos con extrema violencia

En la mañana del martes, se llevó adelante en Sunchales una audiencia imputativa solicitada por el fiscal Juan Manuel Puig, en la que se acusó a Valentín Daniel J., de 18 años, por su presunta intervención en dos robos cometidos en distintos momentos.

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Foto: Ilustrativa

El primero de los hechos ocurrió el pasado 8 de abril, cuando el joven ingresó junto a un cómplice a una vivienda en calle Leguizamón. Tras forzar una abertura, lograron llevarse una mochila, ropa, auriculares, un parlante, un reloj y una suma considerable de dinero en efectivo.

El segundo episodio data del 25 de agosto de 2024. En esa oportunidad, interceptaron a un hombre que había detenido su motocicleta frente a un kiosco. Sin mediar palabras, lo golpearon fuertemente y le sustrajeron el teléfono celular. La víctima, no conforme, decidió seguir a los agresores y los vio entrar a una vivienda. Al ingresar, fue recibido por la dueña de casa, quien reconoció a los jóvenes. En medio de un forcejeo, logró recuperar el celular y devolvérselo a su dueño. No obstante, antes de retirarse, los agresores volvieron a golpear al hombre y finalmente escaparon con el mismo teléfono que habían robado.

El proceso judicial continúa, mientras se evalúa la situación procesal del imputado y su posible responsabilidad penal en ambos hechos.

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Judicial

Confirmaron la prisión preventiva de un acusado por intento de homicidio en Sunchales

El hecho ocurrió en octubre de 2024, cuando un hombre atacó con una cuchilla tipo carnicero a otro vecino, provocándole heridas graves. La Justicia rechazó el pedido de libertad y ratificó que existen riesgos procesales.

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Foto: Confirmaron la prisión preventiva de un acusado por intento de homicidio en Sunchales

Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a un hombre de 27 años al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en Sunchales. La resolución fue tomada por el camarista Cristian Fiz en el marco de una audiencia de apelación a raíz de un recurso presentado por la Defensa del imputado.

El fiscal que investiga el hecho ilícito cometido en octubre del año pasado es Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5. El funcionario judicial también representó al MPA en la audiencia de segunda instancia.

“El camarista entendió que las evidencias aportadas por la Fiscalía y la dinámica en que ocurrió el hecho investigado eran suficientes para tener por acreditada la calificación legal de homicidio en grado de tentativa”, remarcó Castellano. “En particular, el juez de segunda instancia refirió a la utilización de un elemento lesivo como un cuchillo, a las zonas del cuerpo en las que apuñaló a la víctima y al riesgo de vida que provocó con su ataque”, agregó.

Castellano también hizo hincapié en que “en su resolución, Fiz sostuvo que existen riesgos procesales” y destacó que “el magistrado se centró en el entorpecimiento probatorio y consideró que era necesario resguardar la integridad de víctima y de los testigos para el juicio oral”. En tal sentido, el fiscal del MPA subrayó que “rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa porque entendió que no eran suficientes ni idóneas”.

Cuchilla de carnicero

La tentativa de homicidio que investiga Castellano fue cometida alrededor de las 20:00 del miércoles 16 de octubre. “El imputado fue a calle Triunvirato al 1.800 donde inició una discusión con una mujer y sus hijos por la venta de una bicicleta”, relató el fiscal y añadió que “en esas circunstancias, el hombre que resultó víctima, intercedió para separar a los involucrados en el conflicto”.

Castellano sostuvo que “el imputado le asestó varios puntazos con una cuchilla tipo carnicero en diferentes partes del cuerpo”, y remarcó que “a pesar de que la víctima había caído al piso, el imputo siguió atacándolo con la clara intención y voluntad de provocar su muerte”.

El representante del MPA concluyó que “el imputado no logró consumar el hecho ilícito por razones ajenas a su voluntad, no solo por la intervención de otras personas que detuvieron la agresión, sino también por la oportuna atención médica que recibió la víctima”.

Calificación penal

Al hombre de 27 años se lo investiga como autor del delito de tentativa de homicidio doloso.

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Confirman el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y podrá ser enviado a juicio oral

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alberto Fernández por violencia de género y dejó al ex presidente en condiciones de ser enviado a juicio oral.

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Foto: Alberto Fernández y Fabiola Yañez (NA)

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez, en una decisión que lo dejó en condiciones de ser enviado a juicio oral.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, y la disidencia de Roberto Boico, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por «lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas».

También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del exmandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.

«Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras», afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.

Los hechos «sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández», advirtió Irurzun.

«Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directos que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental», concluyó al confirmar el procesamiento.

Yañez «era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario», agrega la sentencia.

En un contexto así, «por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando», advirtió el juez.

La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini, con intervención de la fiscalía de Ramiro González.

En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.

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