Judicial
El juego clandestino mueve en la provincia de Santa Fe 1.100 millones de pesos mensuales
Es la suma que estimaron los fiscales Schiappa Pietra y Edery en la audiencia en la que se prorrogó la prisión preventiva hasta febrero de Patricio Serjal, acusado de recibir coimas.
El juego clandestino, un delito que tiene una larga historia en la provincia, mueve actualmente 1.100 millones de pesos por mes en Santa Fe. Esa fue la cifra “negra” que estimaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery para dimensionar el poder que tiene esta actividad, que derrama fondos para alimentar las complicidades desde el Estado que garanticen su “normal” funcionamiento, como se estableció en las investigaciones que avanzan en Rafaela y Rosario, donde se acusó a jefes policiales y fiscales de ser parte de este engranaje de corrupción.
La dimensión económica del juego clandestino fue uno de los puntos que se profundizaron en una audiencia en la que los fiscales pidieron una prórroga de la prisión preventiva para el exfiscal regional Patricio Serjal, una medida que fue avalada por la jueza Eleonora Verón. Serjal seguirá detenido en la cárcel de Piñero por lo menos hasta febrero, luego de que la magistrada rechazara el planteo de la defensa que solicitó que el exfuncionario pase a tener prisión domiciliaria.
Cortesía
En este nuevo capítulo del caso de las coimas, que habrían recibido Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad -también detenido-, los fiscales plantearon que en el avance de la investigación detectaron un incremento patrimonial de Serjal desde que asumió como fiscal regional.
“Identificamos un desfasaje financiero significativo”, plantearon Edery y Schiappa Pietra y detallaron que el análisis económico por parte del organismo advierte un aumento estimado de $ 2.500.000 a partir de abril de 2017, cuando asumió Serjal como fiscal regional.
En agosto pasado, cuando la jueza Verón ordenó la prisión preventiva de Serjal, acusado de recibir coimas del empresario “arrepentido” Leonardo Peiti, la defensa del exfiscal planteó que el entonces funcionario no había tenido un aumento en su patrimonio ni en sus cuentas bancarias. Este argumento comienza a resquebrajarse después de la audiencia de este lunes.
Schiappa Pietra aclaró que aunque todavía no terminaron el trabajo de revisión de los gastos e ingresos de Serjal creen que los números de su patrimonio mejoraron producto del cobro de coimas a cambio de protección a los delincuentes y dentro del escenario provisorio que describieron asoma la compra de un terreno.
«En definitiva lo que la jueza ha valorado en este caso es también un terreno que es propiedad de Serjal, quien tuvo un incremento patrimonial desde abril de 2017 hasta ahora, que es cuando asumió como fiscal regional. Y si bien mejoró sus ingresos, se nota un desfasaje financiero”, reseñó Schiappa Pietra.
“Descubrimos que adquirió un terreno que mejoró su patrimonio y que es objeto de análisis porque no se había advertido al momento de la primera audiencia. Estos son elementos que estamos empezando a analizar, porque es un relevamiento patrimonial complejo y lo que estamos haciendo y lo explicamos en la audiencia, es dar cuenta de un fenómeno criminal mucho más grande que tenemos por delante», dijo Schiappa Pietra.
“Cuando en agosto imputamos a Serjal veníamos investigando a una organización vinculada a extorsiones que, a partir de la aparición de Peiti, nos abrió pistas vinculadas al juego ilegal. Hay que tener en cuenta que la recaudación del juego legal se estima en unos 1.100 millones de pesos mensuales y el dinero que mueve el juego ilegal se estima en base a esos montos. Por eso le explicamos a la jueza que estamos ante una investigación que se nos abre hacia un terreno con vinculaciones de distinto orden, teniendo en cuenta que se está demostrando la incumbencia de la participación policial en el soporte para esas organizaciones”, aseguró el fiscal.
En agosto pasado, cuando los dos fiscales fueron detenidos, los fiscales explicaron en la audiencia imputativa cómo funcionaba la red de complicidades que favorecía a Peiti, capitalista de juego clandestino, que “aportaba” 5.000 dólares mensuales a los funcionarios para evitar que se activaran las investigaciones contra esta actividad ilegal en el sur de la provincia.
El sábado pasado en Rafaela el fiscal Martín Castellanos describió en una audiencia, en la que quedaron imputados cinco jefes policiales de Rafaela, cómo funcionaba la red de coimas que recibían los uniformados de parte de David Perona, uno de los socios de Peiti en esa región.
Este hombre obeso, que controlaba casinos ilegales y salas de juego online, no tenía necesidad de esconder esa actividad ilegal porque pagaba coimas generosas a los jefes de la policía de la Unidad Regional V, con sumas que iban desde 120.000 a 280.000 pesos por semana o cada 15 días.
Los cuatro policías retirados y uno en actividad que quedaran detenidos por 90 días tuvieron altos cargos en la estructura policial en la Unidad Regional V de Rafaela, como Juan Pablo Bengoechera, de 48 años, que fue jefe de la URV y también de la URII, de Rosario; José Pérez, de 51 años, que llegó a ser subjefe de la Policía de Santa Fe; Fabián Forni, ex titular de la URIX de Reconquista, que pidió su pase a retiro en diciembre pasado en oposición a los cambios que hizo el Ministerio de Seguridad en la fuerza. También fue imputado Javier Gorosito, ex jefe de Orden Público de Rafaela, y Flavio Aranda, quien es el único de los detenidos que se encuentra en actividad; fue titular de la Agrupación Cuerpos en la época en que Bengoechea era jefe de la Unidad Regional de Rafaela.
Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días.
Según la imputación que hizo el fiscal Castellanos, Perona y Marcelo Uberti, uno de sus socios, entregaban por semana a Gorosito y Pérez 120.000 pesos. “Esas sumas de dinero eran entregadas de forma personal y provenían de la ganancia de la actividad de los juegos de azar”, señaló el fiscal en la audiencia. A Gorosito, por ejemplo, le entregaban la “coima” en la intersección de las calles Mitre y José Ingenieros, debajo de las tribunas del estadio de Atlético Rafaela. Otras veces le daban los sobres en la jefatura de Policía.
De acuerdo a la acusación, Forni, Aranda y Bengoechea cobraban sumas de dinero mayores, que oscilaban entre los 120.000 y 280.000 pesos semanales y cada quince días. El ex jefe de la URV enviaba a un subalterno a buscar la plata de las supuestas coimas, según Castellanos. El periodo que demarcó el fiscal sobre el cobro de sobornos es entre 2015 y noviembre de 2017.
“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el funcionario.
Fuente: Aire de Santa Fe
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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