El fiscal Oscar Gieco decidió agravar la imputación de los dos primeros detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años de Brinkmann, el cual se quiso ocultar mediante un incendio intencional en el domicilio donde vivía.

Ahora, Matías Ezequiel Simeone, padrastro de la víctima, y su amigo, Cristian Hernán Varela, que se encontraban imputados por homicidio simple, son sindicados como presuntos coautores del delito de homicidio calificado por el vínculo.

En el caso de ser acusados en un juicio, a través de esta calificación podrían llegar a recibir prisión perpetua.

Cabe recordar que también se encuentra detenida e imputada Rocío Milagros Rauch, madre de Aralí, como partícipe necesario de homicidio calificado por el vínculo, por comisión por omisión.

A la mujer no se la vincula directamente con la ejecución del crimen, aunque el fiscal le apunta por su descuido como progenitora, lo que contribuyó al asesinato.

Gieco tomó esta decisión que había adelantado La Voz, mediante el avance de la investigación, con el análisis de llamadas telefónicas entre los acusados y los testimonios recabados.

El fiscal también explicó que los tres detenidos serían indagados el próximo viernes por videoconferencia.

Un incendio para despistar

La muerte dataría de la madrugada del sábado 2 de noviembre, entre la 1 y las 6 de la mañana aproximadamente.

Cámaras de seguridad de la zona vieron a Simeone y Varela en la vivienda donde se encontraban Aralí y sus hermanos, yendo y viniendo en determinados horarios. La madre se había ido el día anterior y nunca regresó a la casa previo a la tragedia.

En horas de la siesta de ese día la casa tomó fuego. Alertados por vecinos, arribaron bomberos voluntarios que, a poco de apagar las llamas, hallaron el cadáver de una nena que se encontraba sola en la vivienda. Se trataba de Aralí.

Lo que parecía un incendio trágico tuvo un giro inesperado: por un lado, los peritos de la Dirección Bomberos de la Policía descubrieron que el fuego había sido intencional en la casa; por otro lado, los forenses descubrieron que la nena no presentaba monóxido de carbono en su organismo. Había sido asesinada previamente.

El fiscal Gieco, de San Francisco y a cargo circunstancialmente de Morteros, se puso a trabajar en la causa y ordenó una serie de distintas medidas procesales, entre peritajes y toma de testigos y de pruebas. En ese marco, el estudio forense determinó, a priori, que la criatura había sido víctima de abusos y que presuntamente había muerto a causa de golpes.

Simeone había sido condenado en septiembre de 2023 en un juicio por amenazas y violencia de género y estaba con prisión condicional. La sospecha fiscal es que la pequeña había sido víctima de abusos y fue asesinada. Para ocultar el crimen, se incendió su casa.

Fuente: La Voz

Los abogados defensores de los hermanos Fernando y Matías Spaggiari, los doctores José María Silvela y Andrés Colón, habían presentado un recurso de Habeas Corpus en favor de sus defendidos ante presuntos apremios ilegales que habrían sufrido por parte de personal del Servicio Penitenciario Provincial que presta servicio en la cárcel de Coronda, donde los rafaelinos están privados de su libertad cumpliendo prisión preventiva, acusados en su momento por el fiscal Guillermo Loyola del delito de Estafa en calidad de jefes de una Asociación ilícita que habría engañado a inversores privados.

Fernando y Matías Spaggiari cumplían prisión preventiva en la Alcaidía de la Jefatura de la ciudad de Rafaela y luego, fueron trasladados a la Unidad Penal de Las Flores y luego, derivados al penal de Coronda donde habrían sufrido esta situación denunciada por sus representantes legales. En tanto la madre de ambos, también está cumpliendo prisión preventiva, pero en este caso bajo la morigeración del arresto domiciliario

Fuente: Castellanos

La mañana de este martes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia de juicio abreviado, donde se condenó a Iván Marcomini a la pena de 4 años de cárcel de cumplimiento efectivo, luego de que aceptase ser el culpable del delito de amenazas y coacción calificada, en un hecho registrado en la ciudad de Sunchales, en agosto del 2022. Por registrar condenas anteriores, la pena impuesta se unificó en una única pena de 24 años de cumplimiento efectivo.

El Tribunal estuvo conformado por los jueces Javier Bottero, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estevez, quienes avalaron el acuerdo al que arribó la Fiscalía y la Defensa del imputado. Rafaela Noticias, único medio en la sala.

Según explicó el Fiscal Guillermo Loyola (que reemplazó a la Dra. Gabriela Lema en esta presentación), Marcomini amedrentó a una mujer que había declarado en su contra en una causa por abuso sexual contra una menor de edad que lo tenía como implicado.

La tarde del 20 de agosto del 2022, el ahora condenado llegó hasta la vivienda de la víctima, aprovechando una de las salidas transitorias de las que estaba gozando, en el marco de una condena por homicidio que cumplía desde el 2008.

En ese contexto, amenazó a su interlocutora asegurando que, durante su encierro, había entablado relaciones con “gente pesada de Buenos Aires y Córdoba”, deslizando la posibilidad de que pudieran hacerle daño por haber testificado en contra suyo e infundiéndole temor.

El acuerdo alcanzado entre las partes fijó como única pena la de 24 años de cumplimiento efectivo: Primero había sido condenado en 2008 a 15 años por el delito de homicidio calificado, luego se le unificó en 20 años con otra de 8 por robo, agregándosele ahora la de 4 años y declarándolo reincidente.

Fuente: Rafaela Noticias