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Judicial

Fondos buitre beneficiados con el fallo de YPF pidieron embargar a Argentina en 30 días

En su reclamo a la jueza Loretta Preska, argumenta los antecedentes del Gobierno de evitar las sentencias dictadas en Estados Unidos y que «no tiene voluntad de cumplir» con el fallo adverso.

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FOTO: Sede de YPF en Buenos Aires. (Foto: NA)

El fondo buitre Burford, que espera cobrar US$16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiación de YPF, le pidió a la justicia estadounidense autorización para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el país «no demuestra voluntad de pago».

«Le pedimos a su señoría que establezca que 30 días es un período de tiempo razonable, después de la emisión del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecución del fallo a partir del 16 de octubre», solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.

El gobierno argentino ya avisó que apelará la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitiría ganar tiempo.

El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tomó el control de la compañía en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, debió lanzar una oferta pública de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, pero no lo hizo.

Dos sociedades de Petersen (Familia Eskenazi), despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por ese reclamo al fondo Burford, en una operación que es cuestionada por distintos sectores de la política.

En cambio, la Argentina debería haber lanzado una oferta pública de acciones, según lo establecido en el estatuto de la empresa. La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos, en una causa que hacer recordar lo ocurrido cuando fondos buitres pidieron el embargo de la Fragata Libertad en un puerto internacional.

Fue cuando los fondos de inversión ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores de bonos que no habían entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).

Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecución, es decir, tras un período de tiempo «razonable», desde la emisión del fallo. Los abogados de Burford solicitaron que ese plazo sea de un mes desde la emisión del fallo.

«El estatuto no proporciona orientación adicional sobre el procedimiento, o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un período de tiempo razonable», según explican los abogados de Burford.

Argumentaron que la «práctica pasada, y actual, de Argentina en cuanto a eludir fallos judiciales emitidos en Estados Unidos, como en jurisdicciones extranjeras, así como las recientes declaraciones públicas de sus más altos funcionarios, demuestran que no tiene intención de cumplir el fallo».

Y se quejaron que los demandantes «han tenido que esperar más de una década para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecución sería innecesaria e irrazonable».

«Argentina no tiene intención de pagar el fallo, y sería falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentación de su moción propuesta, de acuerdo con la sección 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensión de 30 días prevista en la Regla 62(a), es un «período de tiempo razonable», y que la ejecución pueda comenzar después de eso», dijeron los abogados de Burford, en su presentación.

Fuente: Cadena 3

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Judicial

Un hombre quedó en prisión preventiva por venta de drogas en San Cristóbal

Quedó en prisión preventiva un hombre de 49 años, cuyas iniciales son CMC, al que se investiga por vender cocaína y marihuana al menudeo en San Cristóbal. Así lo ordenó el juez Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.

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Foto: Un hombre quedó en prisión preventiva por venta de drogas en San Cristóbal

Estupefacientes

El fiscal Emiliano Odriozola afirmó que “al menos entre el jueves 21 de agosto de este año y el sábado pasado, el hombre de 49 años vendió en su domicilio drogas fraccionadas en pequeñas dosis”.

“A partir de diligencias realizadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal, el sábado se concretó un allanamiento en Dorrego al 1.600, donde residía el investigado”, manifestó Odriozola.

“En el operativo policial, se secuestraron cocaína y marihuna distribuidas en envoltorios y en trozos compactos, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo”, precisó el funcionario del MPA.

Revólver y escopeta

Odriozola señaló que “en el marco del allanamiento, los uniformados advirtieron que el imputado tenía ilegítimamente en su poder un revólver calibre 38, cargado con seis cartuchos de igual calibre, y una escopeta calibre 12”, y añadió que “ambas armas eran aptas para el disparo”.

“Además, se detectó que el imputado poseía en el inmueble cuatro cartuchos calibre 38 y 25 cartuchos de escopeta calibre 12”, detalló el fiscal.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “el juez consideró que las evidencias que presentamos desde la Fiscalía son suficientes para acreditar las atribuciones delictivas, con el grado de probabilidad necesario en esta etapa del proceso penal”.

“A su vez, el magistrado sostuvo que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, en función de las características de los ilícitos que investigamos”, remarcó el fiscal.

El fiscal también planteó que “el juez además indicó que el riesgo de fuga estaba latente porque el imputado no posee trabajo fijo que lo arraigue, lo cual impacta de manera directa en el peligro de entorpecimiento probatorio”.

Por otro lado, el fiscal destacó que “el magistrado valoró la efectividad de las denuncias anónimas, así como la eficacia de las tareas desplegadas por la policía en este legajo penal”.

Calificaciones penales

Al imputado se le atribuyó la autoría de comercialización de estupefacientes, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

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Sunchales: Joven imputado por usar una tarjeta robada recuperó la libertad bajo condiciones

Un joven oriundo de Sunchales fue imputado por utilizar una tarjeta de débito robada para realizar compras en distintos comercios de la ciudad.

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Foto: Tribunales de Rafaela

La audiencia se desarrolló este lunes en los Tribunales de Rafaela, donde la fiscalía le atribuyó haber usado la tarjeta de otra persona —sustraída días atrás en el marco de una causa por robo calificado— para efectuar tres operaciones por un total cercano a los 25.000 pesos.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría recibido la tarjeta junto con una campera de parte de individuos aún no identificados. Posteriormente, compró un paquete de yerba en un supermercado y productos cárnicos en una carnicería local.

El joven fue detenido por efectivos de la Comisaría 3ª luego de un procedimiento en su vivienda. Durante la requisa, intentó escapar por los techos, pero fue rápidamente aprehendido.

En la audiencia, la fiscalía y la defensa acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales fueron aceptadas por el juez interviniente. Según se indicó, se trata de una “última oportunidad”, ya que en caso de reincidir, se solicitará su detención preventiva.

La víctima, propietaria de la tarjeta, dio su consentimiento para que el acusado recupere la libertad, siempre que mantenga una distancia mínima de 200 metros de su domicilio.

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Ordenaron la libertad de Alan Nahuel Ledesma con restricción de ingreso a Sunchales y control semanal en comisaría

La medida fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada en Rafaela. El imputado deberá cumplir con condiciones bajo supervisión judicial.

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Foto: Ilustrativa

En una audiencia desarrollada este martes 15 de octubre en los tribunales de Rafaela, el juez Nicolás Stegmayer resolvió otorgar la libertad bajo medidas alternativas a Alan Nahuel Ledesma, imputado en una causa por amenazas simples y estafa.

La audiencia, que tuvo lugar en la Sala 2 de la Oficina de Gestión de Audiencias del Distrito Judicial Nº 5, contó con la intervención del fiscal Juan Manuel Puig y del abogado defensor José María Silvela, quienes acordaron las condiciones de la libertad.

Según la resolución, Ledesma deberá fijar domicilio en Humberto Primo, firmar semanalmente en la comisaría de su jurisdicción y someterse a tratamiento médico por una afección que presenta. Además, el juez dispuso la prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales y de mantener contacto con víctimas o testigos vinculados a la causa.

Durante la audiencia, el imputado se comprometió a cumplir con todas las medidas impuestas por el tribunal.

La decisión judicial fue registrada en video conforme al protocolo vigente y se enmarca en una revisión de la medida cautelar solicitada por las partes.

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