Un hombre de 26 años fue condenado por robarle casi un millón de pesos a un rafaelino que pretendía comprarle una moto, y sustraerle una Honda CG Titán a quien lo acompañaba. Era parte de una banda (conformada por 7 personas más) que ofrecía vehículos por redes sociales y luego asaltaba o estafaba a quienes querían comprarlas.

Se trata de Julián Franco Contreras, a quien la jueza Cecilia Labanca condenó como “miembro de asociación ilícita” y coautor de “robo calificado por ser en poblado, en banda y con la utilización de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puedo ser acreditada”.

Contreras suscribió un procedimiento de juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad en los delitos que le atribuyó la fiscal María Laura Urquiza. Con la anuencia del defensor particular Luis Carlos Rittiner, se presentó el escrito en el que se acordó la pena de 3 años de prisión, que debido a la falta de antecedentes será de cumplimiento condicional.

Modus operandi

En concreto, Contreras fue condenado por formar parte de una asociación ilícita “de carácter estable, permanente y organizada”, la cual funcionó al menos desde el mes de agosto de 2022 y hasta el 23 de agosto de 2023. Como jefe fue imputado Brian Exequiel Fernández, quien comenzó a ofrecer motos a través de redes estando preso, y continuó haciéndolo cuando recuperó su libertad.

El modus operandi de la banda consistía en publicar en redes sociales motos marca Honda Tornado XR, las que ofrecían a la venta con la finalidad de captar compradores a los cuales les brindaban un punto de encuentro. Allí los sorprendían y, mediante el uso de armas de fuego, les sustraían el dinero en efectivo que llevaban para concretar la transacción y sus pertenencias. En algunos casos pactaban la entrega de una seña, realizada por transferencia bancaria, y luego no acudían al punto de encuentro.

Robo a mano armada

De los 11 robos y 4 estafas atribuidos a la banda, Contreras fue condenado por el robo cometido el 28 de julio de este año. Tras captar un posible comprador a través de Facebook y negociar con él vía Whatsapp, pactaron encontrarse para realizar la transacción en la esquina de calles Los Negruchos y Santa Cruz del barrio San Agustín de la capital provincial.

La víctima arribó desde Rafaela al lugar alrededor de las 14 junto a un amigo, a bordo de la moto Honda CG Titán de éste. Fue entonces que Contreras, junto a los coimputados Nicolás Franco y Joel Bautista (ambos en prisión preventiva), los interceptaron. Los primeros dos portaban armas de fuego, mientras que el tercero tenía un cuchillo.

Forcejearon, hasta que los delincuentes lograron hacerse con la motocicleta, una mochila que contenía los $960.000 que la víctima había llevado para realizar la supuesta compra, una campera, un casco blanco y un celular Motorola E7.

La banda

Julián Contreras es el primer miembro de la banda en ser condenado. Además de él, los últimos días de agosto fueron detenidas e imputadas otras siete personas, cuatro hombres y tres mujeres. Brian Fernández (30), señalado como el “organizador” de la asociación ilícita; y Joel Bautista Nicolás Franco y Héctor S. (todos de entre 20 y 26 años), como “miembros”. El último de ellos es el único que no quedó en prisión preventiva, sino que le impusieron medidas alternativas a la misma.

Cecilia Miranda tiene 38 años, es pareja de Fernández y madre de las otras dos imputadas: Avilen y Agostina Martínez, de 19 y 22 años, que son a su vez pareja de dos de los hombres pertenecientes a la organización. A las tres se les atribuyó el carácter de “miembros” de la asociación ilícita.

De los seis que permanecen en prisión preventiva, las hermanas son las únicas que la cumplen de forma domiciliaria, debido a que tienen hijos menores de edad.

Fuente: El Litoral

Cuando la víctima se resistía a los ataques sexuales, su padre la agredía físicamente para que no opusiera resistencia. La fiscal que representó al MPA en el debate fue Alejandra Del Río Ayala, quien subrayó que “a pesar de los abusos sistemáticos que sufrió durante al menos tres años, tuvo una enorme fortaleza para relatar sus padecimientos”.

Un hombre de 57 años fue condenado a 20 años de prisión por haber abusado de su hija menor de edad en San Genaro (departamento San Jerónimo) Así lo resolvió de forma unánime un tribunal integrado por el juez Jorge Patrizi (presidente) y por las juezas Rosana Carrara y Cecilia Labanca en el marco de un juicio oral que finalizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal que representó al MPA en el debate fue Alejandra Del Río Ayala, integrante de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familia y Sexual. La funcionaria judicial también tuvo a su cargo la investigación de los hechos.

“Estamos muy satisfechos porque el tribunal no solo resolvió imponer una condena, sino también porque hizo lugar a las calificaciones penales que le atribuimos al hombre investigado desde la Fiscalía y al monto de la pena que solicitamos en la acusación y que reiteramos en los alegatos”, valoró la fiscal.

Los hechos

En el transcurso del debate, el MPA logró demostrar que el condenado atacó sexualmente a su hija de forma reiterada en dos viviendas de San Genaro. “Los abusos fueron cometidos de forma continua y sistemática durante aproximadamente tres años, mientras ella transitaba su escolaridad primaria”, sostuvo la fiscal.

“La niña iba de visita a la casa de su padre los fines de semana, y él aprovechó esa situación de convivencia para concretar los abusos y la amenazaba con golpearla cuando oponía resistencia”, planteó la funcionaria del MPA. “De hecho, logramos demostrar que la niña era agredida físicamente cuando gritaba, lloraba o se negaba a realizar los actos sexuales que su padre le exigía”, añadió.

Del Río Ayala también hizo hincapié en que “los ilícitos implicaron sometimiento, humillación y denigración en la niña”, y puntualizó que “son idóneos para adelantar el desarrollo normal, libre y progresivo de la sexualidad de su sexualidad”.

Pruebas

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la madre de la niña. “Cuando ordenamos la detención del abusador, él se había escapado de San Genaro y estaba en el sur del país”, recordó la fiscal. “Organizamos un operativo especial, fue detenido, trasladado a nuestra provincia y se ordenó su prisión preventiva hasta que llegamos al juicio”, relató.

“Las pruebas que presentamos en el transcurso del debate son contundentes porque la niña pudo relatar sus padecimientos, y lo hizo con claridad ante todos los profesionales que la entrevistaron”, destacó la fiscal. En tal sentido, subrayó que “a pesar de todo lo que sufrió, tuvo una fortaleza enorme para brindar detalles de lo ocurrido y para enfrentar el proceso penal que finalizó con la condena”.

“Presentamos un informe de una docente de la escuela a la que asistía la víctima, en el que precisa que la niña contó los abusos que sufría en el marco de una charla sobre el cuidado del cuerpo”, indicó Del Río Ayala. “También pudimos ver el relato de la niña en Cámara Gesell, y desplegamos informes del equipo interdisciplinario de la municipalidad de San Genaro, de una psicóloga que entrevistó a la víctima y de una psicóloga terapeuta del hospital de Niños de Santa Fe”, concluyó.

Calificación penal

Al hombre acusado se lo condenó por la autoría de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores, ambos calificados por el vínculo y por la convivencia.

Identidad

La víctima que fue abusada por su padre tiene el mismo apellido que él. Por lo tanto, para evitar la revictimización de la niña, no se informa la identidad del condenado.

Fuente: L.T.9.

El presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra, reclamó el “urgente” llamado a concurso para cubrir la vacante que dejó la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa, cesada en su cargo el miércoles por la Corte Suprema.

Mediante una nota dirigida al abogada integrante del Consejo de la Magistratura Jimena De La Torre, el ex camarista federal y ministro de Justicia de la Alianza reclamó que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial realice “la urgente convocatoria a concurso para cubrir la vacante producida de pleno derecho”.

Gil Lavedra aprobó tácitamente la decisión de la Corte Suprema, que por unanimidad cesó en su cargo a Figueroa porque “cumplió 75 años de edad, sin haber recibido un nuevo acuerdo del Senado para continuar con sus funciones”, tal como lo establece el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.

“Corresponde la inmediata apertura de un concurso para cubrir el cargo vacante con el objeto de garantizar la eficaz prestación del servicio de administración de justicia”, insistió Gil Lavedra.

Mediante sorteo, la Cámara de Casación designó como juez subrogante para suceder momentáneamente a Figueroa al juez Alejandro Slokar.

En ese contexto, pidió también que “se arbitren los medios necesarios a fin de que se garantice el acceso igualitario y la igualdad de trato en el concurso para todos los abogados y abogadas de la matrícula”.

Sobre la remoción de Figueroa, el presidente del Colegio Público destacó: “nuestro Máximo Tribunal ya ha declarado que el límite de edad de 75 años introducido en la Reforma Constitucional del año 1994 no ha afectado la sustancia de la garantía de inamovilidad ni, por ende, el principio arquitectónico de independencia judicial”.

Fuente: Noticias Argentinas