Judicial
Imputaron a los 8 policías de Sunchales: El lunes se define…
Con representantes del Ministerio Público de Acusación. Esta mañana se llevó a cabo la Audiencia Imputativa en relación a 8 policías que desempeñan su función en la Comisaría de la localidad de Sunchales y que están vinculados a un hecho de tortura en el interior de la sede policial.
Es preciso realizar algunas aclaraciones, a los fines de aportar información certera respecto al hecho. Si bien son 8 empleados policiales los que fueron imputados, 7 de ellos fueron imputados en el hecho que quedó caratulado como torturas en carácter de coautores; en relación al otro efectivo policial, el hecho que se le imputó fue determinado como encubrimiento agravado en calidad de autor.
En este marco, en lo que refiere a la defensa, cinco de los efectivos policiales imputados son representados por Aníbal Caula; el abogado Alejandro Leguizamón defiende a dos empleados policiales; y un efectivo policial es defendido por Raúl Domenella y su codefensor es el abogado Pablo Mosconi.
Las imputaciones fueron realizadas en ocho audiencias llevadas a cabo en la mañana de hoy en la ciudad de Rafaela. Las fiscales que investigan los hechos son Gabriela Lema y Lorena Korakis. El Fiscal Regional, Diego Vigo, estuvo presente en los tribunales rafaelinos y sostuvo que “la tortura es un ilícito que deslegitima al Estado y tenemos el deber de investigarlo”.
Los imputados como coautores del delito de torturas son la subinspectora Silvana S. de 42 años; el subcomisario Fabricio Hernán M. de 38 años; el oficial Juan Aurelio C. de 31 años; y cuatro suboficiales: Carlos Agustín M. de 21 años; Brian Emanuel G. de 25; Mauricio Leonardo O. de 30 y María Itatí A. de 38. Por su parte, el encubrimiento agravado fue atribuido al comisario Luciano Martín G. de 36 años.
En primer lugar, la fiscalía hizo referencia al hecho. Expresó que el pasado 18 de octubre de 2019, aproximadamente entre las 5:10 y 6 hs de la mañana, cuando siete empleados policiales, con poder de hecho y actuando de común acuerdo en forma conjunta y mediante el reparto de tareas, impusieron tormentos físicos y sufrimientos psíquicos de gravedad suficiente a dos hermanos que se hallaban legítimamente privadas de su libertad en Comisaría Tercera de Sunchales, ubicada en calle Belgrano 386.
Expresaron que las víctimas de la tortura habían sido detenidos a las 4:30 hs de la misma fecha, en el lugar, fueron trasladados a la cocina comedor de la Comisaría en cuestión. Allí, fueron obligados a arrodillarse, uno de ellos fue maniatado con precintos y el otro esposado y luego los golpearon en distintas partes del cuerpo.
Desde fiscalía, aportaron que, a uno de los sujetos, le bajaron el pantalón y lo amenazaron con abusarlo sexualmente; hicieron mención de las distintas maneras en que ejercieron violencia hacia ellos, comentando que, además de propinar golpes de puño y patadas, golpearon a uno de ellos con un palo, hasta que cayó al piso y comenzó a toser. A esto se suma el constante insulto verbal, ejercido por distintos empleados policiales.
Indicaron que, en un momento, obligaron a uno de los sujetos a dirigirse a una pieza contigua a la cocina comedor, separada de un divisorio de madera, mientras el hermano permanecía donde los habían llevado inicialmente. En ese momento, le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza al sujeto que se encontraba en la pieza contigua, hasta que lo dejaron sin aire y el mismo comenzó a patear, golpeando una de las paredes del lugar. Asimismo, le ajustaron los precintos, a punto tal que la víctima les manifestaba que no sentía los dedos. Así, el hermano que se encontraba en la cocina comedor, tras escuchar lo que los efectivos policiales hacían con su hermano, comenzó a pedirles que dejaran de hacerlo. En palabras de fiscalía, en estado de desesperación, el sujeto que se encontraba en la cocina comedor comenzó a forcejear con el personal policial, hasta que uno de los efectivos lo golpea fuertemente con el puño cerrado en la parte posterior de la cabeza, arrojándolo en dirección a un ventanal, al cual el sujeto atravesó sin poder atajarse por encontrarse esposado, provocando una herida grave en el cuello y también otras heridas en los brazos, poniendo en riesgo la vida del hombre.
La fiscalía señaló que, ante esta situación, los policías huyeron de la situación. “Aproximadamente 15 minutos después, el comisario imputado llegó al lugar. Tomó conocimiento de los tormentos infligidos a los dos detenidos, insultó a uno de ellos y con el fin de procurar la impunidad de los delitos cometidos e incumpliendo los deberes a su cargo, no comunicó debidamente a la autoridad competente lo sucedido” remarcaron las fiscales. “Además, ordenó al personal que limpiara el lugar y sacara los vidrios del ventanal roto. Sus subordinados realizaron lo indicado, razón por la cual, alteraron la escena del hecho e hicieron desaparecer los rastros del delito cometido”, concluyeron.
Luego de la audiencia, Vigo, Korakis y Lema brindaron una conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela.
“La tortura es un ilícito que deslegitima al Estado”, sostuvo Vigo. “Es deber funcional, legal y constitucional del MPA perseguir este aberrante delito que establece penas muy graves y que merece un abordaje muy claro y muy firme en la investigación”, afirmó.
El Fiscal Regional también dijo estar “totalmente de acuerdo con el vecino que reclama seguridad y que no quiere que haya impunidad”, no obstante, advirtió que “somos una República y no podemos permitir que cualquier circunstancia delictiva justifique que una persona salga de una comisaría en ambulancia y al borde de la muerte”.
En relación a las investigaciones en las que los jóvenes torturados son imputados por la autoría de distintos delitos, Vigo aclaró que “son investigaciones que siguen su curso y que, de ninguna manera, se excluyen con esta de lo que ocurrió en la sede de la comisaría. Es decir, tenemos dos investigaciones paralelas en las que los fiscales siguen trabajando”.
Destacaron la labor del personal de salud del hospital Jaime Ferré que salvaron milagrosamente la vida del sujeto que ingresó presentando heridas punzocortantes de extrema gravedad. Informaron que actualmente continua en grave estado de salud.
De acuerdo a lo resuelto esta mañana, las medidas cautelares para los ocho imputados serán debatidas en una audiencia a realizarse el próximo lunes a partir de las 7:30 hs. Las fiscales Lema y Korakis adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los ocho policías.
Fuente: Meridiano Dígital
Judicial
Rematan bienes de Lázaro Báez: hay camionetas desde $2,2 millones y también salen a subasta obradores
Camionetas, utilitarios y módulos utilizados como obradores que pertenecieron a Austral Construcciones, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos en subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los bienes forman parte de un proceso vinculado con la quiebra de la constructora, que tuvo una importante participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Qué vehículos se pueden comprar y cuáles son los precios de base
Entre los lotes publicados figuran seis camionetas Chevrolet S10, con precios iniciales de $2.200.000 cada una, según la información difundida.
También se ofrecen los siguientes vehículos:
- Mercedes-Benz Sprinter: precio base de $5.100.000.
- Renault Master: precio base de $7.200.000.
Los valores corresponden a las bases de las subastas y no necesariamente al precio final de venta.
También rematan 11 módulos utilizados como obradores
La oferta incluye 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores junto a las rutas.
La subasta está dividida en dos lotes: uno compuesto por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
Por disposición judicial, los bienes se encuentran bajo custodia de la Fuerza Aérea. En las publicaciones de cada lote se especifican el lugar de depósito y las condiciones en las que se encuentran, información que los interesados pueden consultar antes de participar.
Cómo participar de las subastas judiciales online
Los remates se realizan a través de la plataforma oficial de subastas electrónicas judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El sistema fue creado en 2025 para facilitar la participación de interesados de todo el país, transparentar los procedimientos y permitir que las operaciones se desarrollen sin intermediarios, con resguardo de la identidad de los participantes.
La quiebra de Austral Construcciones tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 28. La venta de estos activos se dispuso en el marco de un incidente de restitución de bienes.
Otros inmuebles también salen a remate
La plataforma también incorporó propiedades a subasta. Entre ellas se mencionan un departamento de tres ambientes con cochera en Mar del Plata, con una base de US$54.000, una construcción sin terminar destinada a un edificio en Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza.
En días recientes también se habían anunciado remates de un departamento en Puerto Madero, con una base de US$400.000, y de una casa ubicada en el country San Diego, en el partido bonaerense de Moreno.
La incorporación de vehículos y obradores amplía el listado de activos ofrecidos en el marco de los procedimientos judiciales vinculados con la liquidación de bienes de Austral Construcciones.
La información sobre los lotes, sus condiciones y los requisitos para participar se encuentra en la plataforma oficial: https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar/
Con información de TN
Judicial
Dijo que su vida corre peligro en la cárcel y pidió prisión domiciliaria: la Justicia se la negó
Un hombre investigado por abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente seguirá detenido en una unidad penitenciaria, luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria. La defensa argumentó que su salud se había deteriorado y que su vida corría riesgo, pero el juez ordenó nuevas evaluaciones médicas antes de considerar otras medidas.
La audiencia se realizó el miércoles 14 de octubre en los Tribunales de Rafaela y fue presidida por el juez Javier Carlos Bottero.
El imputado, identificado como Eduardo T., permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N.º 2 de Las Flores, mientras avanza la investigación en su contra.
La defensa alegó problemas de salud y discapacidad
Los abogados defensores solicitaron revisar la situación del detenido a partir de nuevos informes médicos. Sostuvieron que el agravamiento de su estado de salud, sus patologías y su discapacidad justificaban que continuara cumpliendo la detención en su domicilio.
También hicieron referencia a informes cardiológicos, cuestionaron la atención médica recibida en la cárcel y pidieron una evaluación integral a cargo de una junta médica.
Durante la audiencia, el propio imputado afirmó que no estaba solicitando la libertad ni que se lo declarara inocente, sino que buscaba acceder a la prisión domiciliaria por sus condiciones de salud.
Además, aseguró haber sufrido un episodio cerebrovascular que requirió varios días de internación y sostuvo que necesitaba asistencia permanente.
La Fiscalía se opuso al pedido
La fiscal Brenda Baños solicitó que se mantuviera la detención en la unidad penitenciaria. Según su planteo, no se habían acreditado circunstancias nuevas suficientes para modificar la medida vigente.
También señaló la gravedad del hecho investigado y la necesidad de proteger a la presunta víctima, una adolescente.
Por su parte, la querella manifestó que no tenía objeciones respecto de las cuestiones médicas relacionadas con una eventual intervención quirúrgica que pudiera necesitar el detenido.
El juez rechazó la prisión domiciliaria
Tras escuchar a las partes, Bottero rechazó el pedido de la defensa. Consideró que no se habían presentado elementos nuevos suficientes para cambiar la medida cautelar y que algunas de las circunstancias médicas expuestas ya habían sido evaluadas anteriormente.
Sin embargo, dispuso solicitar la intervención de la Junta Médica de Santa Fe para analizar de manera integral el estado de salud del imputado. También dejó abierta la posibilidad de recurrir a una junta médica de Rosario si fuera necesario.
De esta manera, el hombre continuará detenido mientras avanza la causa, a la espera de nuevas evaluaciones sobre su situación médica.
Con información de Rafaela Informa
Judicial
Colonia Rosa: quedó preso por una investigación de abuso sexual que se extendió durante siete meses
Un hombre de 63 años quedó en prisión preventiva en una causa por presuntos abusos sexuales reiterados contra una mujer que trabajaba para él en Colonia Rosa, departamento San Cristóbal.
La medida regirá durante todo el proceso judicial, mientras avanza la investigación por hechos que habrían ocurrido durante aproximadamente siete meses.
La decisión fue tomada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
El pedido había sido formulado por el fiscal Emiliano Odriozola, quien está a cargo de la investigación y solicitó que el acusado permanezca detenido mientras se desarrolla el proceso.
La investigación apunta a hechos reiterados
Según la Fiscalía, los episodios habrían ocurrido entre fines de agosto de 2024 y marzo de 2025, en una vivienda de Colonia Rosa donde el hombre residía y a la que concurría la mujer por su trabajo como empleada doméstica.
El fiscal sostuvo que el investigado habría aprovechado las ocasiones en que ambos quedaban a solas para cometer las presuntas agresiones sexuales sin el consentimiento de la víctima.
La acusación plantea que los hechos no habrían sido aislados, sino reiterados durante aproximadamente siete meses, y que se habrían producido en un contexto de violencia de género y de desigualdad derivada de la relación laboral.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, la mujer habría sufrido consecuencias en su salud mental que requirieron atención profesional.
Por qué seguirá detenido
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, el fiscal hizo referencia a las evidencias reunidas durante la investigación y a la necesidad de proteger a la víctima.
La jueza consideró que las medidas alternativas a la detención propuestas por la Defensa eran insuficientes para neutralizar los riesgos procesales, en particular el posible entorpecimiento de la investigación.
Por ese motivo, dispuso que el hombre permanezca privado de su libertad durante todo el proceso judicial.
La calificación penal
El hombre es investigado como presunto autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.
La causa continúa en etapa de investigación. La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse en el marco del proceso judicial.
Con información de Rafaela informa
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