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Investigan a un fiscal por un vínculo opaco con un vendedor de drogas

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Lo detectó la Justicia Federal venadense al escucharlo hablar con un dealer al que estaban siguiendo. Ayer el caso llegó a la Legislatura.

Un fiscal de Venado Tuerto fue apartado de ciertas funciones bajo la sospecha de tener una relación inaceptable para su cargo con un hombre investigado por venta de estupefacientes, circunstancia que tiene además apariencia de implicar un delito. Los detalles del caso fueron elevados a la Legislatura provincial para que se determine si los hechos ameritan una suspensión por 180 días del funcionario, su remoción definitiva del puesto o bien si el trámite investigativo queda a cargo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo que implicaría una perspectiva más favorable para el funcionario.

El involucrado en el hecho denunciado es el fiscal adjunto Mauro Blanco. Durante una pesquisa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo en Venado Tuerto se determinó que en escuchas telefónicas surgían conversaciones entre David R., sospechado de ser vendedor de drogas, con el fiscal Blanco. Esas escuchas motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado, donde se observó la llegada de un hombre con las características físicas de Blanco, en un vehículo oficial del MPA.

En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.

Información irregular

Las escuchas a la línea de David R. sugieren la idea de que este hombre suministraba alguna de las sustancias que vendía al fiscal Blanco. Esto que podría indicar una situación de consumo no es para la auditoría el punto más serio aunque el comercio de drogas sea una situación prohibida por la ley y Blanco es un funcionario público. El problema más destacado en el reporte a la Legislatura es que el fiscal habría utilizado información suministrada por el dealer para avanzar con medidas de búsqueda de armas de fuego, a raíz de un caso de robo de una camioneta con la privación de la libertad para su dueño. Lo que estiman los investigadores que decidieron separarlo de su cargo es que Blanco no asentó el origen de esa información en ningún lado, no pidió a un juez una orden de allanamiento y avanzó en su lugar con una modalidad llamada «registro domiciliario voluntario» para buscar esclarecer ese delito presunto.

Esto fue considerado desde la Auditoría General de Gestión encabezada por María Cecilia Vranicich como un acto inaceptable, una conducta que supone un probable mal desempeño del fiscal e incluso un delito. El efecto en este caso es que un delincuente investigado por la Justicia Federal se transforma en el informante principal de un procedimiento del MPA que encabeza el fiscal Blanco. Lo que supone que una persona al margen de la ley termina manejando actos de persecución de un ilícito.

Notificación

Frente a esto el fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, pidió el apartamiento de Blanco de las investigaciones donde está puesto en crisis su desempeño. Ayer el funcionario, que está con licencia médica a su pedido, recibió la notificación de la presentación del trámite del caso que lo involucra en la Legislatura.

Si el afán del fiscal fue reunir información en pos de esclarecer un delito, el modo en que lo hizo, para las autoridades del MPA, implicó cometer un posible delito. Otro aspecto que se advirtió en la investigación preliminar de la auditoría es que la información que suministraba el presunto informante del fiscal, que era un dealer, era falsa. Y que este hombre investigado le comunicaba a las personas que había delatado con el fiscal que serían allanadas de modo de que pudieran tomar precauciones.

Caso testigo

Además la auditora del MPA observó que los elementos reunidos en este incidente sobrepasan los límites del suceso en sí mismo, sino que se repiten en Venado Tuerto en los casos donde los fiscales se disponen a hacer registros domiciliarios. La idea del «registro domiciliario voluntario», que implica entrar a un inmueble con consentimiento de su dueño, es algo que la Fiscalía General desestima como práctica rutinaria, en lugar de acudir a un juez al que hay que explicarle por qué motivos se pide un allanamiento, y de dónde salen los elementos que motivan esa requisa.

Por tanto el impulso de este expediente también servirá como caso testigo para disponer qué se hizo en situaciones previas y qué no deben hacerse. La idea predominante es que el fiscal Blanco apeló al registro de domicilio voluntario porque difícilmente habría obtenido autorización judicial para allanar el lugar donde se suponía que podría encontrar armas. Lo que se presume contra el fiscal es que en base a información falsa y sin regularizar acudió a una vivienda a realizar una requisa. Toda la conducta desplegada presume para la auditoría incumplimiento de deberes y violación de la reserva de las actuaciones.

El caso fue presentado ayer para su análisis en la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura que aún no está formalmente constituida. En ese ámbito los doce legisladores componentes deberán examinar el pedido de inhibición de la Auditoría del MPA que considera que los hechos podrían ser, en una primera mirada, más graves que una falta en el desempeño técnico jurídico, en cuyo caso el trámite deberá seguir en control de Vranicich, porque no ameritaría una remoción. La Comisión de Acuerdos tiene 30 días hábiles para decidir si el caso sigue bajo su esfera en la Legislatura o si lo devuelve a la Auditoría.

 

Fuente: Rafaela Noticias

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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