Los dos hombres detenidos por el crimen del policía Cristian Abrigo serán formalmente imputados este viernes en una audiencia que se llevará a cabo en los tribunales de Santa Fe. Se trata de Luciano S. y Fernando C., este último también integrante de la fuerza policial, quienes fueron arrestados el pasado 7 de marzo, cuando el paradero de Abrigo todavía era una incógnita.

La audiencia, prevista para las 11:30, estará a cargo de la jueza penal Rosana Carrara. La acusación será impulsada por los fiscales Laura Urquiza y Andrés Marchi, mientras que la defensa será ejercida por los abogados Jorge Qüesta y Rodrigo González, quienes representan a los acusados por separado.

La desaparición y la búsqueda

Cristian Abrigo, suboficial de la Policía de Santa Fe, fue visto por última vez el pasado 28 de febrero, cuando salió de su casa en el barrio La Esmeralda, en la ciudad de Santa Fe, en su día de descanso. Según la reconstrucción de los hechos, tenía previsto encontrarse con alguien en la localidad de Progreso, a unos 75 kilómetros de la capital provincial.

Su esposa intentó contactarlo cerca del mediodía para saber si volvería a almorzar, pero su mensaje nunca llegó a destino. La última señal de su teléfono celular se registró en Progreso, donde —según trascendió— se encontraba con la intención de cerrar una transacción comercial vinculada a la compra de ganado.

Ante su ausencia prolongada y la falta de respuestas, su familia denunció su desaparición y la causa fue asignada al fiscal Andrés Marchi, quien luego sumó a la investigación a la fiscal Laura Urquiza, del área de Delitos Complejos.

Un testimonio clave y el hallazgo del cuerpo

Los días pasaban y no había rastros de Abrigo. En medio de la incertidumbre, agentes del Organismo de Investigaciones y de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron un campo al sur de Progreso, que estaba a cargo del policía Fernando C. El operativo inicial no arrojó resultados, pero días después, en una nueva inspección, los investigadores encontraron un arma de fuego tipo revólver, envuelta en una bolsa de nailon y enterrada bajo tierra.

El punto de quiebre en la causa se produjo tres días después de ese hallazgo, cuando Fernando C. decidió confesar su participación en el hecho. En su declaración ante la Fiscalía, reveló que Abrigo había sido asesinado y enterrado en un sector de monte dentro del campo de Progreso.

Tras su testimonio, el propio acusado guió a los investigadores hasta el lugar donde estaba el cuerpo. Lo hallaron cubierto con hojas y ramas secas, debajo de un montículo de tierra. Luego, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde los forenses determinaron que presentaba dos disparos en la cabeza.

Si bien los fiscales todavía analizan la calificación legal del hecho, las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas vinculado a una transacción financiera. Según la investigación, Abrigo, además de su labor policial, se dedicaba al préstamo de dinero y tenía una relación comercial con los otros dos involucrados.

Fuente: Sin Mordaza

Durante el proceso, la Fiscalía había solicitado inicialmente una sentencia de treinta años, argumentando la gravedad de los hechos denunciados por las víctimas, ambas menores de edad al momento de ocurridos los abusos. Por su parte, la defensa solicitó una reducción sustancial de la pena, argumentando circunstancias atenuantes, aunque finalmente la justicia determinó una condena intermedia.

La investigación judicial comprobó que los abusos ocurrieron entre 2021 y 2022, afectando gravemente a la hija biológica del acusado, en contextos de violencia intrafamiliar y bajo coacción psicológica. Asimismo, se estableció que hubo otra víctima más, también perteneciente al entorno familiar, quien fue sometida a actos abusivos durante encuentros donde el condenado tenía acceso directo a la menor.

La Fiscalía había acusado al imputado de varios delitos calificados por la gravedad y reiteración de los hechos. Finalmente, el fallo dictado por el tribunal ratificó las pruebas presentadas, asignando una pena de dos décadas en prisión efectiva. La resolución judicial busca reparar parcialmente los daños causados a las víctimas y sienta un precedente significativo en la lucha contra la violencia sexual en Rafaela.

Fuente: Rafaela Informa

Un joven de 20 años que es investigado como autor de hechos ilícitos contra la propiedad cometidos en San Guillermo (departamento San Cristóbal), quedó en prisión preventiva.

Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis Estévez, en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales sancristobalenses.

La fiscal Hemilce Fissore, que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA), está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son MMM, transite el proceso judicial privado de su libertad. Por su parte, el juez Estévez resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva durante todo el proceso.

LOS HECHOS

En la audiencia, Fissore informó que “el miércoles 19 de febrero pasado, aproximadamente a la 1:20 de la madrugada sustrajo una cámara de seguridad que estaba instalada en la pared externa de una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 300”. En tal sentido, agregó que “el imputado cometió el ilícito junto con otro hombre, quien ya fue detenido y será imputado en tribunales en los próximos días”.

La fiscal del MPA relató que “momentos después, aproximadamente entre la 1:30 y las 4:00 de la madrugada, el imputado se apoderó ilegítimamente de una furgoneta marca Fiat modelo Doblo Cargo que estaba estacionada en la vía pública en calle Sarmiento al 400”. La funcionaria judicial sostuvo que “el hombre investigado escapó en el vehículo sustraído en dirección a la ciudad de Morteros (provincia de Córdoba)” y precisó que “en el interior había una bicicleta rodado 29, una tapa de cilindro, mercadería para distribución, dinero en efectivo y documentación varia”.

Fissore puntualizó que otro de los ilícitos fue cometido el martes 25 de febrero, entre la 1:00 y las 5:00 de la madrugada. “En esta oportunidad, sustrajo un automóvil marca Peugeot modelo Partner que estaba estacionado en la vía pública, en el cual escapó en dirección a la ciudad de Suardi”.

Por último, la fiscal subrayó que “el jueves de la semana pasada, aproximadamente a las 20:20, saltó un alambre perimetral de 1,74 metro de altura e ingresó de manera furtiva a una vivienda ubicada en calle Sarmiento al 800 donde funciona un kiosco, del cual sustrajo un teléfono celular”.

PRISIÓN PREVENTIVA

Fissore manifestó que “el juez sostuvo que estaban dados los requisitos legales para dictar la prisión preventiva del imputado” y añadió que “consideró que hay elementos suficientes en esta instancia del proceso para atribuir la autoría de los hechos al hombre investigado”.

Por otra parte, la fiscal del MPA remarcó que “Estévez planteó que la pena en expectativa prevista por los hechos ilícitos investigados será de cumplimiento efectivo e hizo hincapié en que el peligro de fuga y de entorpecimiento probatorio están latentes, ya que el imputado no tiene arraigo suficiente, no tiene familiares a cargo, no tiene trabajo ni estudia”.

Finalmente, Fissore valoró que “el magistrado consideró insuficientes las medidas alternativas propuestas por la Defensa para cautelar el proceso e hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”.

CALIFICACIÓN PENAL

Al imputado se le atribuyó la autoría de los delitos de robo, hurto calificado (por vehículo en la vía pública) reiterado (dos hechos) y hurto calificado (por escalamiento), informó la Fiscalía Regional 5.

Fuente: La Opinión de Rafaela