Fue luego de una audiencia en la que el Juez Matías Drivet resolvió no hacer lugar al planteo de las defensas y, de ésta manera, los ex jefes policiales seguirán tras las rejas. Están acusados de integrar una banda que cobraba entre 120 y 280 mil pesos por “protección” para casinos clandestinos.

En una audiencia remota celebrada éste martes, el Juez Matías Drivet resolvió rechazar el planteo de las defensas de los 5 ex policías, que se encuentran detenidos desde el pasado 7 de noviembre, acusados de formar parte de una Asociación Ilícita dedicada a brindar protección a cansinos clandestinos.

De ésta manera, JAG de 52 años; JPB de 48 años; JJAP de 51 años; FEF de 57 años y FFA de 39 años, continuarán esperando el juicio en su contra tras las rejas.

El fiscal Guillermo Loyola representó al MPA en la audiencia de apelación. El funcionario del MPA –que tiene a su cargo la dirección de la investigación junto a la fiscal Gabriela Lema– recordó que “la investigación del caso fue iniciada por el fiscal Martín Castellano, quien solicitó la medida cautelar de los imputados el pasado sábado 7 de noviembre”.

 Loyola destacó que “llegamos a esta audiencia a raíz de un recurso de apelación presentado por la Defensa de las personas investigadas”. No obstante, el representante del MPA subrayó que “el camarista resolvió confirmar la prisión preventiva para no perjudicar los fines del proceso, atendiendo al desarrollo de la investigación y a la complejidad delictiva en la que se inserta el accionar imputado”.

Polícías

 El fiscal detalló que “de las cinco personas imputadas, cuatro son policías retirados. Se trata de JAG de 52 años; JPB de 48 años; JJAP de 51 años; y FEF de 57 años”. También especificó que “ FFA de 39 años es un integrante de la fuerza que está en actividad y que también está imputado en la causa”.

 “JJAP, FEF y JPB fueron jefes de la Unidad Regional V Rafaela de la policía provincial”, precisó el funcionario del MPA. Y aclaró que “JAG fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público (AUOP), mientras que FFA integró la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V. En ambos casos, también en la Unidad Regional V Rafaela”.

 A los cinco hombres se les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados de iniciales JPB, FEF y FFA se los investiga por ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente. Los ilícitos fueron atribuidos en concurso real.

Confirmación

Acerca de la resolución de segunda instancia, Loyola puntualizó que “el juez consideró riesgosa la libertad de los imputados por la existencia de un entramado delictual no solo organizado y sostenido a lo largo del tiempo, sino también extendido territorial y personalmente”.

“Tal como lo sostuvo el magistrado, se utilizaron numerosos recursos logísticos para el desarrollo de la empresa criminal, con contactos y coberturas que permitieron su funcionamiento”, explicó el fiscal. Al respecto, agregó que “el juez de segunda instancia entendió que no se puede descartar que los imputados pretendan intervenir sobre la evidencia que aún resta ubicar y la prueba que debe producirse a lo largo del proceso”.

El funcionario del MPA hizo hincapié en “el carácter de funcionarios policiales de los investigados, que fue un tema que se valoró durante la audiencia”. También explicó que se resaltó “la trama insittucional densa, compleja y con tendencia a un funcionamiento refractario a los controles y con lazos corporativos fuertes”.

Civil

El fiscal Loyola informó que “en el marco de la misma causa, se prorrogó la medida cautelar del civil de iniciales MGU,  a quien se investiga como organizador de la asociación ilícita y quien está en prisión preventiva desde agosto de este año”.

Audiencia cautelar

Cabe recordar, que, a principios del mes de noviembre, después de 12 horas de audiencia, el Fiscal Martín Castellano, titular de la Sección de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rafaela logró la prisión preventiva para los acusados.

La audiencia en ese momento, había sido encabezada por el Juez Javier Bottero, que decidió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó el arresto preventivo por 90 días para los 5 policías.

El fiscal Castellano detalló que los imputados “JJAP, FEF y JPB fueron jefes de la Unidad Regional V Rafaela de la policía provincial. Por su parte, JAG fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público (AUOP), mientras que FFA integró la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V. En ambos casos, también en la Unidad Regional V Rafaela”.

En la misma investigación, hay otras 12 personas –todos civiles– que ya fueron imputadas por el fiscal Castellano.

Calificaciones penales​

A los cinco hombres les atribuyó la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados de iniciales JPB, FEF y FFA les endilgó –en concurso real– ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

Pagos​

“Los cuatro policías retirados y el policía en actividad junto a otros dos civiles de sexo masculino que ya habían sido imputados anteriormente –de iniciales DAIP y MGU–, acordaron constituir y formar parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos (aunque dinámicos)”, comenzó explicando el fiscal Castellano en la audiencia.

El funcionario del MPA sostuvo que “la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio regular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia”.

“Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió el fiscal.

El fiscal argumentó que “la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”.

Castellano especificó que “el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información –incluso de investigaciones fiscales en curso– para que los civiles conserven a resguardo las ‘salas’ de juego”. También subrayó que “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las ‘salas’ pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.

Castellano añadió que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”. También precisó que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”. En tal sentido, refirió a los lugares en los que se concretaron y enumeró “la intersección de la avenida Mitre y calle José Ingenieros; inmediaciones de calle Primera Junta a la altura de una de las tribunales laterales del estadio del Club Atlético Rafaela; y la avenida Roque Sáenz Peña frente al monte de eucaliptus”.

Juego clandestino

Castellano advirtió que “a partir de enero de 2017, a los hechos delictivos que constituían el objeto de la asociación ilícita desde su inicio, se añadió el ejercicio habitual y continuo de la actividad de organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización”. El fiscal explicó que “estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos puestos a disposición a tales fines o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar”.

“El entramado de negocios ilegales indicados fue desplegado en cuatro inmuebles en la ciudad de Rafaela, dos en Sunchales y uno en la localidad de Ramona”, afirmó y agregó que “mediante la puesta a disposición de locales físicos de acceso libre en los cuales los asistentes disputaban juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada ‘juego o casino on-line’”.

El fiscal del MPA también concluyó que “a estos fines, los miembros de la organización vendían ‘créditos’ para que los adquirentes ingresen a sitios web que se les indicaba en condiciones de disponer de recursos para apostar en el marco de partidas online de juegos de azar, asumiendo la misma, en consecuencia, la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores”.