Judicial
Juicio a policías de Sunchales: los acusados declararon y se desvincularon del hecho
Aseguraron frente al Tribunal que el detenido que los acusa de maltrato decidió tirarse por un ventanal para perjudicarlos. Además señalaron que no hay pruebas que los incriminen.
Este viernes se desarrolló otra jornada del juicio oral y público que tiene como acusados de «Apremios ilegales» a seis policías (cinco como coautores y uno como encubridor) que trabajaban en la Comisaría 3° de Sunchales en el 2019. La audiencia en la que estuvo RAFAELA NOTICIAS como único medio fue presidida por los jueces que integran el Tribunal, los Dres. Gustavo Bumaguín, Nicolás Stegmayer y José Luis Estévez (este último de manera virtual), estando presentes los acusados María Itatí Acevedo, Silvana Sarmiento, Carlos Agustín Manzo, Mauricio Leonardo Ortis, Brian Emanuel González, Luciano Gabineti, sus abogados defensores, los Dres Néstor y Sebastián Oroño, Aníbal Caula y Raúl Sartori, y el fiscal Juan Manuel Puig.
Parte de la jornada estuvo marcada por la declaración que hicieron 4 de los policías, que se expresaron por primera vez luego de casi 5 años de acontecido el hecho y tras haber pasado 5 meses presos entre octubre del 2019 y marzo del 2020.
Los que denunciaron a los policías fueron Juan Daniel F. y Juan Darío C. (hermanos por parte de madre) que eran delincuentes conocidos en Sunchales en el 2019 (actualmente están presos). El 17 de octubre de ese año fueron acusados por un vecino de calle Catamarca de un robo en su propiedad, agregando – el denunciante- que cuando fue a reclamarle al padre de uno de ellos le terminaron baleando la casa.
Esta situación derivó en un allanamiento pedido por el fiscal Dr. Loyola el 18 de octubre a la madrugada en el cual a Juan F. y a Juan C. les encontraron en el domicilio elementos de por lo menos 5 robos, con los cuales la policía cargó dos camionetas. Además hallaron en la vivienda de los hermanos vainas servidas en una cámara séptica, según lo declarado este viernes por la mañana por los policías.
Los hermanos se transformarían horas más tarde en los que acusarían a los policías de torturalos, luego de que Juan C. cayera desde un primer piso traspasando un ventanal del comedor de la comisaría. Por ese hecho estuvo en grave estado, logrando los médicos salvarle la vida en el hospital de Rafaela. A tal punto se recuperó que siguió delinquiendo y, como se mencionó anteriormente, hoy está detenido junto a su hermano. La única testigo de la causa que estaba en el momento de los hechos es una mujer, Anahi P., a quien el Grupo de Operaciones Tácticas la había detenido horas antes de que pasara lo de Juan F. y Juan C., cuando la mujer intentaba descartarse de elementos robados. Es decir, Anahi P. estaba detenida en la Comisaría 3° en el momento en que llegaron los hermanos. Se encontraba en el único calabozo que existía, que en realidad era un garage adaptado, lo que habla de la precariedad que tenía la única dependencia policial de la ciudad de Sunchales. Juan F. y Juan C. fueron derivados, el primero a la «pieza de las alarmas» y el segundo al comedor, desde donde luego caeríasufriendo un corte en el cuello que le generaría mucha pérdida de sangre.
Siguiendo con el relato que brindaron los policías este viernes en el juicio, los hermanos, se mostraron en todo momento hostiles a los policías mientras estuvieron en la comisaría. María Itatí Acevedo aseguró que insultaban con frases despectivas y Brian González declaró que Juan C. los amenazaba diciendo: «Voy a decir que me pegaron y los voy a denunciar». En tanto Mauricio Ortis manifestó que la misma persona adelantó lo que luego iba a hacer: «Me voy a romper todo manga de ratas». Según declaró este oficial, en un momento el detenido estando esposado en el comedor, se agachó y corrió hacia el ventanal, impactando la cabeza contra el mismo y cayendo a la planta baja. Incluso luego, ya estando herido, dejó en claro cuáles eran sus intenciones: «Los voy a denunciar, con esta me la van a pagar», habría dicho, según Ortis.
Pasada la situación, ya con Juan C. en el hospital, el subjefe de la comisaría Federico Maldonado se comunicó con el fiscal de turno Dr. Guillermo Loyola para comentarle lo ocurrido, quien le respondió que lo mantenga al tanto de las novedades, sin recibir otra orden. Conversación que fue escuchada, según sus dichos, por la oficial Silvana Sarmiento, quien recibió la directiva de Maldonado de limpiar la sangre que había quedado. Sarmiento desmintió que esta acción haya tenido la intención de borrar evidencias, sino que fue realizada porque no había una orden de no hacerla y además, porque las fotos por parte de los peritos ya se habían sacado. Por otro lado, el lugar ensangrentado era de uso diario para los policías, por lo que no podían dejarlo en esas condiciones.
Lo que vino después, fue la intervención de la fiscal Dra. Gabriela Lema de la Fiscalía Regional para dictar ese mismo día, el 18 de octubre del 2019, la detención de los 7 policías que estaban en la comisaría al momento del hecho y del jefe Luciano Gabineti que llegó después, todo bajo la carátula de «Torturas» para los primeros y de «Encubrimiento agravado» para el segundo. Aunque en este punto, Silvana Sarmiento declaró que a Gabineti lo detuvieron, no por el hecho en sí, sino por defenderla a ella, ya que la fiscal quería que Sarmiento se desnudara delante de todos los testigos varones que había en el lugar para que le entregara su uniforme, algo a lo que Gabineti se opuso y por eso- según ella- terminó detenido e involucrado en la causa. Sarmiento comentó que una compañera le prestó ropa para ser trasladada a la revisación médica, a la que tuvo que asistir descalza. «Nunca en mis años de policía llevé a un detenido descalzo al hospital como lo hicieron conmigo, nos trataron como a delincuentes», expresó. La oficial indicó «no hay pruebas» y que «todo está inventado» en la causa, asegurando que nunca fue reconocida por los denunciantes a pesar de que en la rueda de reconocimiento la pusieron con mujeres muy diferentes a ella en cuanto a contextura física, algo que catalogó de irregular, insinuando que hubo intencionalidad de la fiscal de querer involucrarla en la causa de manera forzosa.
«Sólo nosotros sabemos lo que vivimos, me perdí la entrega a la bandera de mi hija en quinto año, el ingreso de mi otra hija al jardín; todo eso ya no se recupera», relató. Y puso como ejemplo la «distinta vara» que tuvo la Justicia cuando a Anahi P. (la testigo de esa noche y que luego siguió cayendo presa por otros delitos), le dieron prisión domiciliaria por tener una nena de 6 años, cuando con ella teniendo una hija de 5 años nunca tuvieron esa consideración. Volviendo a Anahi P., que como se mencionó anteriormente era la única que estaba en la Comisaría 3° el día que Juan C. cayó del primer piso, todos los oficiales testimoniaron que la mujer nunca salió del calabozo, por lo que fue imposible que haya presenciado los hechos de maltrato que relató en su momento.
Con la declaración de los 6 imputados (dos lo hicieron el miércoles pasado y cuatro este viernes), más los alegatos de las partes, el juicio se encuentra en su etapa final, esperando en los próximos días la lectura del veredicto por parte del Tribunal, que tendrá que resolver si los imputados son culplables o inocentes y establecer una pena o su absolución, según corresponda. Cabe recordar que la causa original, que fue hasta el mismo inicio del juicio caratulada como «Torturas», pasó a Apremios Ilegales prácticamente el mismo día de inicio del juicio, lo que baja considerablemente la pena en expectativa. Y fue bajo esta útlima imputación que dos de los ocho policías decidieron firmar un juicio abreviado – Juan Cortez y Federico Maldonado- por tres años de prisión en suspenso asumiendo la responsabilidad de los hechos, no enfrentando el juicio oral.
Fuente: Rafaela Noticias
Judicial
Ataliva: lo condenaron por dos robos, pero lo absolvieron del homicidio de Mario Ricarte
La Justicia de Rafaela impuso una pena de cuatro años y seis meses de prisión a Axel Micael Churquina por dos robos cometidos en Moisés Ville. En cambio, consideró que no había pruebas suficientes para responsabilizarlo por el asesinato ocurrido en Ataliva en mayo de 2024.
Una sentencia de los Tribunales de Rafaela resolvió de manera diferente las tres acusaciones que pesaban sobre Axel Micael Churquina: lo condenó por dos robos cometidos en Moisés Ville y lo absolvió del homicidio de Mario César Ricarte, ocurrido en Ataliva.
La resolución fue dictada el 26 de octubre de 2026 por la jueza Águeda Ramona Salteño. El acusado recibió una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los delitos contra la propiedad.
En relación con el homicidio, la magistrada entendió que las pruebas presentadas durante el juicio no alcanzaban para demostrar su responsabilidad penal.
Los dos robos en Moisés Ville
Los hechos por los que Churquina fue condenado ocurrieron durante mayo de 2024 y tuvieron como escenarios una vivienda particular y un comercio de Moisés Ville.
En ambos casos, según se acreditó durante el debate, los ingresos a las propiedades se produjeron mediante el escalamiento de estructuras. De esos lugares fueron sustraídos distintos elementos, mercaderías y dinero.
A partir del análisis de testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados al proceso, la jueza consideró probada la participación del acusado en los dos episodios.
Por esos delitos fue declarado autor penalmente responsable de dos robos calificados por escalamiento, cometidos en concurso real.
El homicidio de Mario Ricarte en Ataliva
La acusación más grave estaba vinculada con la muerte de Mario César Ricarte, de 45 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su vivienda de Ataliva a fines de mayo de 2024.
La víctima había sufrido una herida de arma blanca en el cuello que le provocó una hemorragia fatal.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó distintos indicios para sostener que Churquina había participado en el crimen. Entre otros elementos, se analizaron registros de cámaras, testimonios y los movimientos del acusado en la localidad.
Sin embargo, la defensa cuestionó la solidez de esas pruebas y sostuvo que no permitían establecer de manera concluyente quién había cometido el homicidio.
Por qué fue absuelto
Al evaluar la acusación, la jueza consideró que los elementos reunidos no alcanzaban para demostrar que Churquina hubiera sido el autor del asesinato.
Si bien existían indicios que permitían ubicarlo en Ataliva y reconstruir parte de sus movimientos, eso no resultaba suficiente para atribuirle la muerte de Ricarte.
También se analizaron las imágenes de seguridad, los testimonios, la posibilidad de que otras personas hubieran ingresado a la vivienda y la falta de un vínculo científico concluyente entre el acusado y el arma blanca relacionada con el caso.
Ante esas dudas, la magistrada aplicó el principio de la duda razonable y resolvió absolverlo de la acusación de homicidio doloso simple.
La Fiscalía había solicitado 17 años de prisión
Durante sus alegatos, el fiscal Martín Castellano había solicitado una condena de 17 años de prisión efectiva por los tres hechos que integraban la acusación.
Por su parte, la defensora Victoria Romano pidió la absolución de su representado y cuestionó distintos aspectos de la investigación.
Finalmente, la jueza diferenció las responsabilidades: consideró acreditados los dos robos, pero entendió que no había certeza suficiente para condenarlo por el homicidio.
La condena y la absolución
La sentencia estableció una pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva por los dos robos calificados por escalamiento cometidos en Moisés Ville.
Al mismo tiempo, Churquina fue absuelto por el homicidio de Mario César Ricarte, debido a que las pruebas presentadas no permitieron demostrar su responsabilidad penal.
De esta manera, el tribunal resolvió las tres acusaciones dentro de un mismo juicio: condena por los delitos contra la propiedad y absolución por el crimen ocurrido en Ataliva.
Fuente: Rafaela Informa.
Judicial
Estafas por más de $99 millones: prisión preventiva para un hombre acusado de engañar a dos productores rurales
El investigado tiene 64 años y está acusado de realizar operaciones con cheques electrónicos sin fondos para comprar ganado a productores de Curupaytí y Moisés Ville. La Justicia dispuso 60 días de arresto domiciliario y una fianza superior a los $100 millones.
Un hombre de 64 años, identificado por sus iniciales WHR, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por dos presuntas estafas contra productores agropecuarios del departamento San Cristóbal. El perjuicio económico denunciado supera los 99 millones de pesos.
La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, a partir de un pedido del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
La magistrada estableció que el imputado cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario durante 60 días. También deberá constituir una fianza superior a los 100 millones de pesos, según lo acordado entre las partes y con la conformidad de las víctimas.
Las operaciones investigadas
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron el 4 de septiembre de 2026. El hombre habría utilizado una falsa apariencia de solvencia económica para concretar las operaciones comerciales y obtener la entrega de animales a cambio de cheques electrónicos que, según la investigación, sabía que no podrían cobrarse.
En el primer caso, un productor de Curupaytí le entregó 12 novillitos y 8 vaquillas de raza Brangus. La operación fue valuada en $26.914.035 y se documentó mediante cinco cheques electrónicos de pago diferido.
La segunda operación involucró a un productor de Moisés Ville, quien vendió 50 novillitos Brangus por un total de $72.457.060. El pago también se habría realizado con cheques electrónicos que no podían hacerse efectivos.
Un perjuicio superior a los $99 millones
La suma de ambas operaciones alcanza los $99.371.095, monto que representa el perjuicio económico atribuido al investigado.
La causa continúa bajo investigación y el hombre permanece imputado por los hechos denunciados. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica una condena.
Fuente: Radio Belgrano Suardi.
Judicial
Rafaela: detuvieron a otro sospechoso por la presunta extorsión con una falsa requisa policial
La investigación sumó un nuevo detenido: un efectivo de la Policía de Santa Fe que trabajaba en los Tribunales de Rafaela. Ya estaba detenido un empleado judicial, quien este lunes recibió prisión preventiva por 30 días.
La Fiscalía intenta identificar a una mujer que también habría participado de la maniobra para exigirle a una familia que asumiera una deuda de hasta 35.000 dólares.
La investigación por la presunta extorsión a una familia de Rafaela mediante una falsa requisa policial sumó un nuevo avance. Este lunes 2 de noviembre fue detenido un efectivo de la Policía de Santa Fe que cumplía funciones en los Tribunales de la ciudad.
El procedimiento fue ordenado por la fiscal Fabiana Bertero y realizado por personal de Asuntos Internos, luego de que los investigadores analizaran registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar a uno de los sospechosos.
El caso ya tenía a un empleado de la Oficina de Gestión Judicial detenido desde la semana pasada. Además, la Justicia le dictó este lunes prisión preventiva por 30 días.
Una falsa requisa para reclamar una deuda de hasta 35.000 dólares
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 15 de octubre, cerca de las 19, en una vivienda de barrio Jardín.
Según la denuncia, un hombre y una mujer llegaron al domicilio vestidos con ropa oscura y se presentaron como policías que debían realizar una requisa por orden judicial. La mujer llevaba una carpeta con documentación que aparentaba respaldar el procedimiento.
Sin embargo, no había ningún móvil policial en el lugar y tampoco se entregó una copia de la supuesta orden.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, posteriormente llegó a la vivienda el empleado judicial que terminó detenido. Allí habría indicado a quienes se presentaban como policías que se retiraran, porque no se realizaría ningún procedimiento.
El reclamo económico y las presuntas amenazas
Una vez que los otros dos visitantes se retiraron, el empleado judicial habría planteado una cuestión económica vinculada con una deuda que mantenían su hija y la pareja de ella.
Según la hipótesis investigativa, buscaba que los padres asumieran esa obligación mediante la firma de un reconocimiento de deuda y un plan de pagos.
La suma involucrada se ubicaría entre 30.000 y 35.000 dólares. También se investigan presuntas amenazas relacionadas con posibles detenciones y deportaciones que habrían sido utilizadas para presionar a la familia.
La Fiscalía intenta determinar si la supuesta presencia policial fue organizada para generar temor y facilitar el reclamo de dinero.
Las cámaras permitieron identificar al policía
El análisis de las imágenes de cámaras de seguridad de la zona fue clave para avanzar sobre uno de los hombres que habría participado de la falsa requisa.
Con esa información, la fiscal Bertero ordenó un allanamiento que se concretó durante la mañana de este lunes y terminó con la detención del efectivo policial, quien se desempeñaba en los Tribunales de Rafaela.
En paralelo, los investigadores buscan identificar a la mujer que habría acompañado al policía durante la visita y que, según la denuncia, fue quien exhibió la documentación que simulaba ser una orden judicial.
El empleado judicial recibió prisión preventiva
En otra instancia de la causa, este lunes se realizó una audiencia en los Tribunales de Rafaela y el juez José Luis Estévez dispuso 30 días de prisión preventiva para el empleado judicial investigado.
Además, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ordenó abrir un sumario administrativo y dispuso su suspensión inmediata en el puesto de trabajo.
La investigación continúa bajo la dirección de la fiscal Fabiana Bertero, que deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los sospechosos y si existió una planificación previa.
Por el momento, la causa se investiga como una presunta tentativa de extorsión y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el proceso judicial.
Con información de Rafaela informa
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