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Juicio a policías de Sunchales: piden que declaren cerca de 200 testigos

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​Más de 120 fueron propuestos por la Fiscalía. Las Defensas solicitaron el cambio de carátula, la suspensión de juicio a prueba (probation) e incluso el sobreseimiento en algunos casos. Decide la Jueza Dra. Fortunato.

Con un importante despliegue de seguridad coordinado por la Dirección de Coordinación de Oficinas de Gestiones Judiciales que implicó la presencia de policías y corte de calle, se llevaron a cabo en los Tribunales de Rafaela dos audiencias preliminares este lunes y martes entre las 11 y 13 horas en ambos días.

Las mismas, tal como había adelantado RAFAELA NOTICIAS, tuvieron que ver con el caso en donde 7 policías de que trabajaban en Sunchales ( subcomisario FHM de 40 años; la subinspectora SS de 44; el oficial JAC de 32, suboficiales varones CAM de 23 años; BEG de 26 y MLO de 30 y la mujer suboficial -MIA-, de 38 años ) están acusados del delito de «Tortura» y un agente de Encubrimiento (LMG, tiene 36 años) por la Fiscalía Regional por un caso ocurrido el 18 de octubre del 2019 en la Comisaría Nº 3 de Sunchales.

Las víctimas fueron dos hermanos que habían sido detenidos legítimamente y que según la fiscal sufrieron por parte de los agentes «graves tormentos físicos y psicológicos». La causa ya tiene pedido de elevación a juicio oral por parte de la Fiscal Dra. Gabriela Lema, quien había adelantado el pedido de 25 años de prisión para los acusados de torturar y 6 años para el imputado por encubrir, tratándose este último de quien en ese momento era jefe de la comisaría.

En el marco descripto anteriormente, es que se desarrollaron este lunes y martes las audiencias presididas por la Jueza Dra. María Cristina Fortunato en la que se discutieron qué pruebas deben entran en el juicio y cuáles no, cuál va a ser la calificación jurídica penal que se mantendrá y algunas invalidaciones procesales, entre otros puntos.

Fueron 5 los abogados defensores que representaron a los 8 imputados, siendo uno de los puntos centrales planteados cambiar la calificación jurídica penal que sostiene la Fiscalía, que es la de «Tortura». Este delito tiene una pena de 8 a 25 años, por lo que no es excarcelable.

Las Defensas, basadas en el dictamen que hasta el momento dio la Cámara -y por el cual se determinó la libertad de 6 de los 8 detenidos-, aseguran que se trata de «Apremios ilegales», un delito que tiene una pena de 2 a 6 años, siendo la misma de cumplimiento condicional (excarcelable).  Pero esto no será lo único que tendrá que resolver Fortunato: también lo hará respecto a la prueba documental, los testigos y la prueba material que ingresarán al juicio; como así también sobre los planteos de las partes, entre otras cuestiones técnicas.

Por ejemplo, en relación a los testigos, la Fiscalía pidió que declaren 128 personas, mientras que las Defensas solicitaron entre 12 y 15 cada una, si bien hay testigos que se repiten. Por lo que sumando todas las personas propuestas, el juicio podría tener cerca de 200 testigos, a menos que Fortunato decida que ese número no es viable.

Algo de eso ya adelantó la Jueza en las audiencias, asegurando que son muchos los declarantes propuestos. Por otro lado, en las instancias de este lunes y martes, hubo Defensas que pidieron la «Suspensión de Juicio a Prueba» para sus defendidos, es decir, la realización de probation a cambio de suspender el juicio oral e incluso hubo quien pidió el sobreseimiento de sus representados. Siendo esto último algo difícil de obtener en una audiencia preliminar, dado que para que ocurra deber ser evidente que el delito no existió o que el mismo haya prescripto.

De todas maneras, esto también es algo que tendrá que resolver la Jueza. El Código Procesal Penal permite que las Defensas en este tipo de audiencias solicitar la libertad de sus representados mientras sigue adelante el proceso, y así lo hicieron los abogados de los dos policías que siguen detenidos (subcomisario FHM de 40 años y el oficial JAC de 32) .

Así que en este sentido también se aguardará la resolución de Fortunato que tiene 5 días para emitir dictamen, si bien dada la complejidad de estas audiencias los jueces suelen tomarse más de una semana para hacerlo.  

Por parte, de la Fiscalía se opuso a todos los planteos, tanto de cambiar la calificación jurídica, sosteniendo que fue un hecho de tortura, como a que se libere a los detenidos, o a que se convalide una Suspensión de Juicio a Prueba. También se negó a bajar el número de testigos propuestos.

Finalmente, mas allá de lo que la jueza resuelva en los próximos días sobre todos los temas planteados en las audiencias, cualquiera de las partes puede después pedir una revisión de la Cámara, para luego sí una vez que ésta resuelva se pase a la instancia de juicio oral. Instancia que a esta altura casi se da por hecho que no será antes del año que viene.

Además caber recordar que en caso de que el juicio no se efectivice en octubre del 2022, se le deberá dar la libertad a los dos policías detenidos por vencerse el plazo de 3 años de estar con prisión preventiva sin condena.

Fuente: Rafaela Noticias – Referido: Julio Armando

 

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Se acusa a sujeto de Sunchales, de abrir a hachazos una caja fuerte y llevarse una fortuna de dinero en moneda extranjera

El pasado 21 de marzo, en la ciudad de Sunchales, un hombre fue imputado por ingresar a una escribanía, romper una caja fuerte con un hacha y sustraer una importante cantidad de dinero, joyas y un teléfono celular. El domingo se realizó la audiencia imputativa.

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La misma se llevó a cabo en los tribunales de Rafaela, y fue presidida por el juez Gustavo Bumaguín, con la participación del fiscal Dr. Juan Manuel Puig y la defensora pública Dra. Romina Cristóbal, vía videoconferencia.

Según el fiscal, el imputado, que es rosarino pero reside en Sunchales, se presentó en un inmueble ubicado en calle Belgrano, forzó una ventana para ingresar a la escribanía y, en una de las oficinas, utilizó un hacha de mano para romper la cerradura de una caja fuerte y robar aproximadamente 6.000 euros, 4.000 dólares, joyas de oro y un teléfono celular.

El fiscal afirmó que existen varias evidencias que lo incriminan, incluyendo actas policiales, entrevistas con la víctima, secuestro del hacha, testimonios de testigos y análisis de cámaras de seguridad.

El detenido fue localizado el 31 de julio en Sunchales, tras allanamientos realizados por la policía, ya que tenía una orden de captura desde el día siguiente al robo.

La audiencia de medidas cautelares se realizará próximamente, y el fiscal adelantó que podrían sumarse nuevos hechos a la imputación y solicitar la prisión preventiva del imputado.

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Camino al juicio: pedirán 13 años de prisión para un acusado de intento de homicidio en Sunchales

El fiscal Martín Castellano formuló su acusación en la audiencia preliminar. El hecho ocurrió en junio del año pasado y la víctima recibió un disparo en el rostro mientras caminaba con su pareja.

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Foto: Fiscal Martín Castellano

En los tribunales de Rafaela se desarrolló la audiencia preliminar por un grave hecho de violencia ocurrido en Sunchales, donde un hombre de 32 años —identificado por sus iniciales G. S. P.— será juzgado por intento de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal.

Según la acusación presentada por el fiscal Martín Castellano, el episodio tuvo lugar el 13 de junio de 2024, alrededor de las 11:30, en calle Alem al 1300. La víctima caminaba junto a su novia adolescente cuando fue interceptada por el agresor, quien tras amenazarlos con un revólver les exigió sus pertenencias. Mientras el joven se quitaba la mochila, el atacante apuntó a la menor, la amenazó y luego disparó directamente al rostro del muchacho desde apenas medio metro de distancia.

El proyectil impactó, pero no logró causarle la muerte gracias a la rápida asistencia médica. Tras el ataque, el agresor huyó sin concretar el robo. El fiscal solicitó una pena de 13 años de prisión y pidió que se declare reincidente al acusado, debido a antecedentes condenatorios previos.

El juez Nicolás Stegmayer no formuló objeciones a la acusación y habilitó el desarrollo del juicio oral, que será unipersonal y contará con 15 testigos por parte del MPA y 6 por la Defensa. Resta que la Oficina de Gestión Judicial fije la fecha del debate.

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Policía fue condenado por robarle la tarjeta de débito a un joven con discapacidad y extraer dinero en dos localidades del Departamento Garay

Un efectivo policial de 30 años fue condenado por la Justicia santafesina luego de comprobarse que sustrajo la tarjeta de débito de un joven con discapacidad y la utilizó en dos oportunidades para apropiarse de dinero de su cuenta bancaria.

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Foto: ilustrativa

El acusado, identificado como Miguel Ángel Albarracín, se desempeñaba en la Comisaría Tercera de Santa Rosa de Calchines, localidad ubicada en el departamento Garay, al momento de los hechos.

La sentencia fue dictada en el marco de un juicio oral llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, con la intervención del juez Pablo Busaniche, quien dispuso tres años de prisión en suspenso, inhabilitación por seis años para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 60.000 pesos. La investigación penal fue dirigida por el fiscal Ezequiel Hernández, quien manifestó su disconformidad con la modalidad de cumplimiento de la pena, ya que el Ministerio Público Fiscal había solicitado una condena de ejecución efectiva.

El hecho ocurrió el 9 de abril de 2024, cuando la víctima fue trasladada a la sede policial donde prestaba servicio Albarracín. Mientras era requisado e interrogado por otros efectivos, el imputado aprovechó la situación de vulnerabilidad del joven —quien por su condición de salud requería ayuda para operar su cuenta bancaria— y le sustrajo su tarjeta de débito junto con un papel que contenía las claves de acceso. Esa misma noche, el uniformado se dirigió a un cajero automático cercano y extrajo 10.000 pesos. Al día siguiente, repitió el accionar en la localidad de Cayastá, donde retiró otros 8.000 pesos de la misma cuenta.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, “el joven víctima se encontraba privado de su libertad, en un estado de extrema vulnerabilidad, y fue víctima de una conducta abusiva por parte de quien debía protegerlo”. Además, se remarcó que el accionar de Albarracín “generó temor en el joven, quien ahora desconfía de los agentes del Estado”, y se subrayó el impacto negativo que este caso tuvo en la imagen de la Policía provincial.

La denuncia fue radicada semanas más tarde por la propia víctima en la Unidad Especial de Asuntos Internos de la Policía, lo que dio inicio a la investigación que culminó con la condena de Albarracín, hallado culpable de los delitos de hurto calificado (por su calidad de funcionario policial) y defraudación mediante el uso de tarjeta de débito hurtada, agravada por ánimo de lucro.

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