El tribunal le impuso 2 años y 10 meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La pena de prisión no será de cumplimiento efectivo.

Busquets fue condenado por siete hechos

La Justicia declaró culpable al exintendente por tres hechos de fraude a la administración pública, tres hechos de abuso de autoridad y un hecho de malversación de caudales públicos.

La condena establece una pena de 2 años y 10 meses de prisión. Al ser inferior a tres años, Busquets no deberá cumplir la pena en una cárcel.

Además, el tribunal dispuso su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También condenaron al exsecretario de Hacienda

En el mismo juicio fue condenado el exsecretario de Hacienda Lucas Cañete, quien recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión.

Cañete fue encontrado responsable de los delitos de malversación de caudales y fraude a la administración pública.

Por otra parte, Betiana Godoy, también exsecretaria de Hacienda, fue absuelta de los cargos que se le atribuían.

Podrían surgir nuevas líneas de investigación

Durante el proceso, el fiscal solicitó extraer una copia del registro audiovisual de la declaración testimonial del concejal Juan Manuel Mansilla para remitirla a la Fiscalía y evaluar una eventual ampliación de la investigación.

Mansilla había sido presidente del Concejo Municipal de Ceres y, durante un período de la gestión de Busquets, quedó al frente del Ejecutivo municipal debido a la ausencia del intendente por razones de salud, en su condición de titular del cuerpo legislativo.

El pedido realizado por la Fiscalía sobre su declaración podría abrir nuevas líneas de investigación a partir de lo expresado durante el juicio.

Con información de Radio Belgrano de Suardi

La Justicia busca analizar la evolución patrimonial del presidente de la AFA y solicitó levantar sus secretos bancario, fiscal y bursátil, además de requerir información a distintos organismos públicos.

Qué medidas pidió el fiscal

Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene las primeras medidas de prueba para avanzar en el análisis de la situación económica y patrimonial de Tapia.

Entre los pedidos se encuentran informes a ANSES, ARCA, Banco Central, Caja de Valores, Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera (UIF).

El fiscal también requirió las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso al CEAMSE, incluyendo sus anexos reservados.

Además, pidió al organismo información sobre sus antecedentes laborales y los ingresos percibidos durante ese período.

Con esa documentación se busca elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita determinar si existe alguna inconsistencia entre los bienes declarados y los ingresos acreditados.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución del patrimonio de Tapia entre 2017 y 2024.

De acuerdo con el análisis presentado por el denunciante a partir de las declaraciones juradas, la liquidez de Tapia habría aumentado cerca de un 1.000% durante ese período.

Tofoni sostuvo que ese incremento no tendría correlato con los ingresos lícitos declarados por el dirigente. Ahora, esos planteos deberán ser contrastados con la documentación que reúna la Justicia.

El cuestionamiento de Facundo Del Gaiso

El legislador porteño Facundo Del Gaiso también cuestionó la situación patrimonial de Tapia y consideró que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito debe avanzar.

En declaraciones a Cadena 3, sostuvo que intentar justificar la diferencia entre los ingresos declarados y el nivel de vida del titular de la AFA constituye “un atentado a la inteligencia”.

Sus declaraciones se produjeron luego de que Pollicita resolviera avanzar con la investigación.

El rol de Tapia en el CEAMSE

El CEAMSE es una empresa pública de carácter mixto integrada por la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dedicada a la gestión de residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Además de conducir el CEAMSE y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Tapia ocupa la vicepresidencia de la Conmebol.

Según la denuncia, la presidencia de la AFA es ejercida ad honorem.

La causa tramita en Comodoro Py

El expediente tuvo inicialmente una discusión sobre su competencia entre la Justicia federal y los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta semana, la Cámara Federal resolvió que la investigación debe continuar en los tribunales federales de Comodoro Py.

A partir de esa decisión, Pollicita formalizó el requerimiento de instrucción y solicitó las primeras medidas destinadas a determinar la evolución patrimonial de Tapia.

La investigación deberá establecer, a partir de la documentación que se incorpore al expediente, si existen elementos que permitan avanzar sobre las sospechas planteadas en la denuncia.

Con información de Cadena 3

Este viernes vence el plazo que tiene Manuel Adorni para responder el requerimiento de la Justicia y justificar su patrimonio en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El exjefe de Gabinete ya había conseguido una prórroga de 15 días y ahora deberá presentar su descargo o solicitar una nueva extensión.

Aunque hasta el momento no existe una presentación formal, en tribunales no descartan que su defensa solicite una nueva postergación. Una de las razones estaría vinculada con el acceso a parte del contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos de la investigación.

Adorni había pedido acceder a las conversaciones relacionadas con Tabar para preparar su respuesta y ese material le fue entregado la semana pasada.

Según el entorno del exfuncionario, las reparaciones realizadas en la casa del country Indio Cuá no tuvieron un costo de US$245.000, como habría declarado Tabar ante la Justicia. Por ese motivo, la defensa busca analizar las conversaciones y facturas aportadas por el contratista.

En ese contexto, una de las posibilidades que se manejan es que solicite una o dos semanas adicionales para analizar esa documentación antes de responder los más de 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita.

La primera intimación había establecido un plazo de 15 días. Antes de su vencimiento, la defensa pidió más tiempo para acceder a los archivos utilizados en la investigación. El juez Ariel Lijo aceptó el planteo y otorgó otros 15 días, que vencen este viernes.

Qué debe explicar Adorni

El requerimiento busca determinar el origen de los fondos utilizados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período investigado.

La Fiscalía analiza bienes, inversiones, créditos y deudas, además de gastos, pagos en efectivo, movimientos en moneda extranjera y transferencias.

Uno de los principales puntos está relacionado con los US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en bitcoins en 2014, operación que, según declaró, le habría generado una ganancia de US$300.000.

La Justicia espera que pueda aportar documentación vinculada con la adquisición de esas criptomonedas y la evolución de sus inversiones.

También deberá explicar el origen de los fondos utilizados para adquirir un departamento ubicado en Miró 550, en Caballito, y el lote 380 del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Refacciones, muebles y viajes

Las refacciones realizadas en ambos inmuebles también forman parte del requerimiento.

En el caso de la propiedad de Indio Cuá, uno de los puntos centrales es el supuesto pago de US$245.000 a Matías Tabar por la remodelación integral de la vivienda.

La Fiscalía solicitó que se identifique el origen de los fondos utilizados y que se aporte documentación respaldatoria.

También deberá justificar el dinero utilizado para adquirir muebles destinados al departamento de Caballito, que habrían sido abonados en dólares y en efectivo.

Los viajes familiares constituyen otro de los aspectos investigados. Se analizaron desplazamientos internacionales y gastos efectuados mediante tarjetas y en efectivo. Entre ellos figura un viaje a Aruba, con desembolsos por US$14.696.

El requerimiento también incluye otros gastos familiares, alquileres temporarios, expensas, cuotas escolares y operaciones realizadas a través de terceros.

La diferencia entre ingresos y gastos

El análisis patrimonial determinó que Adorni y Angeletti realizaron pagos en efectivo por $51,7 millones y US$374.081 entre diciembre de 2023 y mayo de 2026.

Durante ese período, los gastos relevados alcanzaron $272,8 millones y US$402.578.

La Fiscalía busca establecer especialmente el origen de los dólares utilizados, debido a que el 92,9% de las erogaciones realizadas en moneda extranjera fueron abonadas en efectivo.

Otro aspecto bajo análisis es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar.

Según el expediente, los recursos acreditados sumaron $229,7 millones, mientras que los egresos llegaron a $272,8 millones, una diferencia superior a $43 millones.

También deberá explicar sus deudas y tenencias en dólares

La evolución del endeudamiento también forma parte del requerimiento. Durante el período investigado, el pasivo declarado pasó de $92,4 millones a $317,3 millones.

La Fiscalía detectó además cuatro nuevas deudas en dólares con particulares y pidió explicaciones sobre su origen, condiciones y destino.

Adorni también deberá responder por una tenencia declarada superior a US$500.000 y explicar qué activos vendió para obtener esas divisas, cuándo se realizaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cuál fue el recorrido del dinero.

Una instancia previa a una eventual indagatoria

El requerimiento de justificación patrimonial constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria.

Una vez que Adorni presente sus explicaciones, la Fiscalía deberá evaluar si considera suficientes las respuestas y la documentación aportada.

En caso de que no resulten satisfactorias, la investigación podría avanzar hacia una nueva etapa procesal.

Con información de TN