Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires hicieron una presentación a la ANSES para reclamar la anulación de la jubilación de privilegio que percibe Alberto Fernández, expresidente de la Nación, procesado en las últimas horas en la causa Seguros.

El documento fue firmado por Graciela Ocaña y otros dos legisladores pertenecientes al interbloque Confianza Pública, tales los casos de María Sol Méndez y Sebastián Nagata. En el escrito, dirigido a Fernando Bearzi, titular del organismo, solicitaron “la suspensión de la asignación mensual vitalicia que percibe el ex Presidente de la Nación Alberto Fernández”.

“Como es de público conocimiento, el día 10 de Julio del corriente, el ex Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue procesado por el Juez Federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa denominada ‘Seguros’”, menciona el documento.

Y continúa: “Ante este hecho, la jubilación de privilegio debe ser suspendida a fin de no perjudicar el erario público que vuestro gobierno tanto defiende”.

Los legisladores pidieron que la suspensión se extienda “hasta que se resuelva definitivamente la culpabilidad o no en los hechos que se le imputan”.

“Es sabido que los beneficios que otorga la ley 24.018 son un privilegio para quien desempeño una de las funciones públicas más importantes del país, pero si esa persona utilizó ese lugar de privilegio para beneficio propio y cometió delitos desde ese lugar, no pueden obtener ni mantener este beneficio”, sigue el escrito.

Y profundiza: “En caso de continuar abonando esta asignación de privilegio que a febrero de 2025 ascendía a $8.877.518,67 -conforme contestación de acceso a la información pública-, se estaría generando una millonaria perdida a las arcas del Estado”.

“¿Qué mensaje esta dando el Gobierno Nacional si un jubilado que trabajo toda su vida tiene que elegir entre comer o comprar medicamentos?, en cambio un ex presidente -procesado por corrupción y violencia de genero- cobra casi 9 millones de pesos por mes, es decir mas de 24 jubilaciones mínimas», remarca la presentación de Ocaña, Méndez y Nagata.

Causa Seguros: Alberto Fernández quedó más complicado

Este jueves, el juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente. Además, ordenó un embargo sobre los bienes del ex mandatario por $14.634.220.283,68, confirmaron fuentes judiciales a TN.

La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del ex mandatario.

En su fallo, el magistrado aseguró que el expresidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” de las empresas de Martínez Sosa con el Estado. En ese marco, Casanello entendió que Fernández impulsó “a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones”.

Para el juez, “con la connivencia” de Fernández, los brokers “habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

En otro tramo de la sentencia de 400 páginas, Casanello consideró que el decreto firmado por Fernández fue para “priorizar los fines públicos al afán de lucro”, mientras que las fotos que publicaba con Martínez Sosa funcionaban como un activo para el empresario, para que pudiera obtener más contratos gracias a su cercanía con quien por entonces era el Presidente de la Nación.

Fuente: TN

Mediante una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa se originó cuando Sandra Edit Borda interpuso dos acciones judiciales: una para impugnar la filiación con quien la crió, Carlos Borda, y otra para que se reconociera su vínculo biológico con el cantante.

Según relató la demandante, en 2006 su madre le confesó, poco antes de morir, que era hija de Sandro. En 2007, ambas partes se habrían sometido a una prueba de ADN de forma extrajudicial. Borda afirmó que la pareja del artista le informó que el resultado fue negativo, aunque sostuvo no haber visto el estudio personalmente.

En su presentación ante la Justicia, la mujer aseguró que su madre conoció a Sandro en 1965 y que mantuvieron una relación clandestina durante varios años. Tiempo después, su madre se casó con Carlos Borda, aunque los encuentros con el cantante habrían continuado.

En 2014, un fallo judicial anuló la paternidad de Carlos Borda, quien la había criado como hija propia. Al año siguiente, se exhumaron los restos del cantante para realizar una prueba de ADN, cuyo resultado fue negativo.

«Los resultados observados son incompatibles con la existencia de un vínculo padre/hija», indicó el fallo de primera instancia que rechazó el pedido. La Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión al considerar que la prueba genética era concluyente y demostraba la inexistencia de la relación biológica entre Borda y Sánchez.

La mujer apeló mediante un recurso de nulidad e inaplicabilidad de la ley. Sin embargo, en febrero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a desestimar la demanda.

Los jueces Luis Esteban Genoud, Daniel Fernando Soria, Sergio Gabriel Torres e Hilda Kogan coincidieron en que los agravios presentados por Borda ya habían sido abordados por los tribunales inferiores, que habían actuado conforme a derecho.

Los magistrados bonaerenses remarcaron que los estudios genéticos realizados fueron contundentes y demostraron la ausencia de vínculo biológico con el cantante. La demandante, indicaron, no logró refutar esos resultados ni aportar elementos que permitieran considerar arbitrarias las sentencias previas.

Finalmente, la mujer recurrió en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió declarar inadmisible su presentación y cerrar definitivamente la causa.

Fuente: Perfil

Una historia de miedo y extorsión sacude a las localidades de Sunchales y Humberto Primo. Según se supo en la mañana de este sábado, un hombre de Sunchales fue blanco de mensajes intimidatorios y audios amenazantes que exigían una millonaria suma de dinero. El remitente: un joven de 25 años, identificado por sus iniciales como Alan L., que ya fue imputado por la Justicia.

Los hechos que se investigan ocurrieron a comienzos de mayo, cuando la víctima comenzó a recibir mensajes por WhatsApp con amenazas explícitas: si no pagaba un millón de pesos, su hijo sería secuestrado. El agresor incluso brindó datos de una billetera virtual a nombre de otra persona para que el dinero le fuera transferido.

Aterrorizado por el tono de las amenazas, el hombre realizó una primera transferencia de 200 mil pesos. Sin embargo, lejos de terminar, los mensajes continuaron. En ellos, el acusado advertía que iba a “cagarle el rancho a balazos” o mandaría a alguien a robarle.

Con todas estas pruebas, este sábado se realizó la audiencia imputativa mediante videoconferencia en los Tribunales de Rafaela, encabezada por el juez Nicolás Stegmayer. El fiscal Juan Manuel Puig imputó formalmente a Alan L. por el delito de extorsión. La evidencia reunida incluye capturas de pantalla, audios, informes telefónicos, documentación secuestrada durante allanamientos, testimonios y transferencias bancarias.

Durante la audiencia, el joven no declaró. Fue asistido por la defensora pública Romina Cristóbal. En los próximos días se definirá su situación procesal cuando se realice la audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía pedirá su prisión preventiva.

Desde la investigación no descartan que haya más involucrados. El miedo generado y la frialdad con la que se ejecutó el plan marcan una nueva alerta sobre las formas de violencia digital y extorsión que golpean a la región.

Fuente: Rafaela Informa