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Macri pidió apartar al juez que lo citó a indagatoria

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El ex presidente recusó a Martín Bava por «prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad» en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino.

El ex presidente Mauricio Macri recusó al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por «prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad» en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria prevista para hoy.

Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez Bava emitió a media mañana una resolución en la cual abrió un «incidente» con miras a resolver «lo que por derecho corresponda» sobre el planteo de recusación en su contra, según el texto al que tuvo acceso Télam.

Poco antes, en dos presentaciones al juzgado, el abogado Pablo Lanusse, que representa al ex presidente, recusó por «prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad» al magistrado, que citó a Macri a indagatoria y le solicitó que deje sin efecto la indagatoria hasta que ese planteo este resuelto y quede firme, según los escritos a los que tuvo acceso Télam.

Allí se sostuvo que Bava mostró «prejuzgamiento» en el escrito del 1 de octubre último en el que citó a declaración indagatoria a Macri como presunto responsable de las maniobras de espionaje ilegal que se efectuaron desde una base de la AFI en Mar del Plata a los familiares de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan.

En esa resolución, sostuvo la defensa, Bava dejó «plasmado su prejuzgamiento» y además «exhibe su carencia de mesura, prudencia, imparcialidad y serenidad», argumentó Lanusse.

En tanto, la querella mayoritaria de los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan, representada por la abogada Valeria Carreras, solicitó también hoy la detención de Macri en la causa, luego de que se conociera que el expresidente no se presentará en la declaración indagatoria prevista esta mañana.

«Deberá tenerse por no presentado a la indagatoria y deberá hacerse efectiva la orden de detención» contra el ex presidente Mauricio Macri «en forma inmediata», reclamó Carreras en el escrito entregado al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava, según el texto al que tuvo acceso Télam.

La abogada le pidió al juez tener por «acreditada la reticencia del encartado Mauricio Macri y la incomparecencia injustificada del reo Macri» y ordenar su detención con el fin de garantizar su declaración indagatoria en el caso.

Además, planteó que las víctimas del espionaje «saben que, en caso de dejar sin conducirlo por la fuerza pública a prestar declaración a Macri o al menos que cumpla como cualquier ciudadano, quedará impune por siempre».

Por su parte, en el escrito de recusación presentado por la defensa de Macri, el letrado interpretó que «el temor fundado de parcialidad surge cabalmente del análisis de todo lo ya expuesto, que acredita fundada y objetivamente el compromiso personal, cognitivo y emocional del Sr. Juez recusado, y su prejuzgamiento sobre los hechos materia de investigación, de los que se coloca en una situación próxima de víctima potencial».

«Solicito para hacer operativa la garantía de ser oído por un juez imparcial, que se suspenda la audiencia convocada para el día de la fecha a tenor del artículo 294 del ordenamiento ritual, y se inhiba hasta tanto este planteo encuentre resolución definitiva», agregó.

«Por cuestiones de decoro, economía procesal, recta administración de justicia, debido proceso y defensa en juicio que se encuentran involucradas y afectadas, solicito que se suspenda la audiencia dispuesta para el día de la fecha para recibir declaración indagatoria al Sr. Mauricio Macri hasta que el planteo de recusación sea resuelta», pidió el abogado.

Lanusse sostuvo que Bava debe «inhibirse» de seguir en el caso hasta que se resuelva si se aparta o no de la pesquisa, algo que si es rechazado por el magistrado será dirimido en la Cámara Federal de Mar del Plata y podría llegar a Casación Penal.

De manera paralela Lanusse planteó la «incompetencia manifiesta» del juzgado federal de Dolores para seguir en el caso » sin que esto signifique reconocer hechos ni responsabilidad alguna», ante lo cual se reclamó el pase a los tribunales federales porteños, con sede en Comodoro Py 2002.

Macri está imputado por haber «ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias», entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en «la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos».

«Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan», según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.

 

 

 

Fuente: Cadena 3

 

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Brindaron detalles el estado del proceso concursal de Sancor

La firma jurídica advirtió que el juez dio a la empresa una última oportunidad para presentar un plan de contingencia y evitar la quiebra.

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Foto: Ilustrativa

La Empresa de Servicios Jurídicos Regali y Asociados brindó detalles sobre el estado actual del proceso concursal de Sancor, aclarando que la información difundida está vinculada a su participación directa en el conflicto.

En el comunicado, los abogados recordaron que “el proceso de concurso recién está en sus pasos iniciales”, tras haber finalizado la etapa de verificación y la de impugnación de los créditos.

Reunión del consorcio de acreedores

Desde el estudio indicaron que en la última reunión del consorcio se abordó el pedido de quiebra presentado por el sindicato, analizando sus consecuencias y las posibilidades de garantizar los créditos de sus representados, en su mayoría ex trabajadores, productores y proveedores de la empresa.

También se trató el pedido de intervención de la administración presentado por el estudio, que solicita el desplazamiento de los cargos directivos y la promoción de una investigación penal por las actividades desarrolladas durante los últimos diez años. “El tiempo de diez años no es caprichoso, sino que tiene que ver con el plazo de prescripción de ciertas acciones”, explicaron.

En ese marco, el juzgado requirió a Sancor la presentación de un plan de contingencia, en el que deberá detallar su estrategia para salir de la crisis, las asesorías con las que cuenta y las decisiones adoptadas.

“El juez está intentando darle una oportunidad más a la empresa para salir de los pedidos de quiebra, que están muy bien fundados y tienen todas las posibilidades de concretarse”, advirtieron desde el estudio.

Riesgo de quiebra

Regali y Asociados alertó que, de concretarse la quiebra, esta sería de carácter liquidativo. “Así como Sancor Seguros continúa con la ejecución de la hipoteca que mantiene sobre el Centro de Distribución de Buenos Aires, el resto de los acreedores podría avanzar sobre sus créditos especiales, entre ellos la marca, uno de los activos más valiosos de la empresa”, precisaron.

También indicaron que el valor de remate de los bienes “suele ser la mitad o menos”, y que las plantas, como la de Sunchales, tienen tecnología obsoleta y bajo valor de venta. “Hasta el momento hubo un solo interesado en la compra, pero el monto ofrecido fue irrisorio y no alcanzaba para pagar ni el 10% de las deudas”, agregaron.

Irregularidades y falta de respuestas

El estudio remarcó que la intervención de la administración se solicita debido a “las irregularidades que existen en el acontecer diario de la empresa y la falta de información verificable”. Denunciaron que la firma “se maneja de forma autónoma y sin rendir cuentas a la sindicatura”, mencionando como ejemplo la negociación con la empresa Elcor S.A., de la cual el juez y la sindicatura se habrían enterado por los medios.

Asimismo, señalaron “la presentación de 850 recibos apócrifos” .

Por último, manifestaron su preocupación por “la falta de respuesta y la desidia con la que los funcionarios tratan la situación”. “Parece que quieren que la empresa quiebre de una vez por todas. No hay voluntad ni espíritu de lucha, y en esas condiciones es imposible rescatarla. Los directivos no dan señales de vida, y el juez ni siquiera los conoce”, concluyeron.

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Continúa la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales

Confirmaron por la prisión preventiva de un hombre por un intento de homicidio cometido en Sunchales.

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Un hombre de 32 años, cuyas iniciales son GSP, continuará en prisión preventiva en el marco de una causa en el que está acusado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego el 13 de junio del año pasado en Sunchales

La medida cautelar fue confirmada por el camarista Cristian Fiz, luego de escuchar a las partes en la audiencia de apelación. La preventiva ya había sido ratificada por otro tribunal en diciembre del año pasado. El fiscal a cargo de la investigación es Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5

Castellano sostuvo que “se tuvo en cuenta que ya presentamos la acusación contra el hombre investigado y estamos a la espera de que la Oficina de Gestión Judicial fije fecha para el inicio del juicio oral y público”.

Peligros procesales

Castellano sostuvo que “en esta nueva audiencia de apelación, el camarista volvió a coincidir con la Fiscalía en que las evidencias que presentamos en la audiencia de medidas cautelares fueron suficientes para tener por acreditadas la materialidad y la participación del imputado en el hecho ilícito”. En tal sentido, agregó que “el juez de segunda instancia también refirió a la pena en expectativa y dijo que en la acusación solicitamos 13 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

El fiscal manifestó que “el juez consideró que ante la proximidad del juicio oral y publico, los riesgos procesales aumentan y podrían hacer que el acusado no se sujete al proceso”.

Con un revólver

Castellano recordó que “el ilícito fue cometido aproximadamente a las 11:30 del jueves 13 de junio del año pasado mientras la víctima caminaba con su novia adolescente por calle Alem al 1.300”. Relató que “luego de perseguirlos desde atrás, el acusado se paró delante de ellos, extrajo un revólver –del que no tenía la debida autorización legal– de su cintura, le apuntó al hombre y le exigió que le entregue sus pertenencias”.

El fiscal manifestó que “mientras la víctima se sacaba la mochila para dársela, el imputado le apuntó a la menor de edad y la amenazó diciéndole que le dispararía con el arma si interfería”.

En tal sentido, agregó que “inmediatamente después, a una distancia aproximada de 50 centímetros, le disparó al rostro del hombre con la clara intención y voluntad de provocarle la muerte”.

El fiscal subrayó que “tras efectuar el disparo, el acusado se fue corriendo del lugar sin haber logrado su objetivo de quitarle la vida a la víctima por razones ajenas a su voluntad debido a la inmediata intervención de personal médico”.

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Crimen en Moisés Ville: libertad para el padre y prisión preventiva para el hijo, acusado de dar la puñalada mortal

Se trata del violento hecho ocurrido el jueves donde un hombre identificado como Gastón Pfaffen fue apuñalado y perdió la vida.

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Foto: Archivo

La justicia resolvió este miércoles la situación procesal de los dos detenidos por el crimen de Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, ocurrido la semana pasada en Moisés Ville, departamento San Cristóbal.

En la audiencia cautelar realizada en la Oficina de Gestión Judicial de San Cristóbal de manera semipresencial, la fiscal Hemilce Fissore imputó a Fabricio Alejandro Battiston (padre) y a su hijo Fabricio Alejandro Battiston, acusados por el delito de homicidio doloso. A través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Farías Demaldé, asistió profesionalmente a la madre y a la esposa de la víctima, que pedirán constituirse como querellantes en la causa. La audiencia contó ademàs con la participación de los abogados Alejandro María Otte, Juan Manuel Lovaiza y Cecilia Andrea Gaitán como defensores de los acusados.

La juez interviniente Gabriel Peralta, dispuso la libertad del padre, mientras que al hijo, de 23 años, le dictó la prisión preventiva, al considerarlo quien presuntamente le habría propinado la puñalada mortal a Pfaffen. Algo que fue reconocido por el propio acusado a travès de su defensor, aunque alegando legítima defensa.

El violento episodio ocurrió en la vivienda de los Battiston, cuando la víctima —que era empleador del hijo— se presentó en el lugar para reclamarle por el incumplimiento de una tarea laboral. En ese marco se habría generado una discusión que terminó de la peor manera, con Pfaffen herido de arma blanca y posteriormente fallecido.

Minutos después del ataque, personal de la Comisaría 3ª detuvo a padre e hijo, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Regional 5.

Con la medida cautelar definida, la fiscal Fissore deberá profundizar la investigación para establecer con precisión las circunstancias del crimen, reunir pruebas y tomar declaraciones que permitan llegar a juicio.

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