Qué determinó la Justicia sobre la caída de Sergio Denis

La Justicia resolvió que la conducta de Sergio Denis fue la causa directa y determinante de la caída que sufrió durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

Según la sentencia, el cantante retrocedió de espaldas sobre la pasarela mientras cantaba y observaba al público, sin verificar por dónde avanzaba. En esas circunstancias, cayó al foso de orquesta, que tenía aproximadamente tres metros de profundidad.

El tribunal consideró que la situación constituyó un “hecho de la víctima” o “autopuesta en peligro”, por lo que entendió que la conducta del artista interrumpió el vínculo causal necesario para atribuir responsabilidad a los organizadores del espectáculo o al Estado.

Por ese motivo, los jueces rechazaron el reclamo de indemnización presentado por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, tanto en nombre propio como en carácter de herederos.

Rechazaron la demanda contra los responsables señalados

En el fallo, el tribunal también declaró de oficio la falta de legitimación de los tres familiares para actuar como herederos en la causa y rechazó la demanda presentada bajo ese carácter.

A su vez, desestimó la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la defensa de falta de acción presentada por la Caja Popular de Ahorros.

Finalmente, tampoco hizo lugar a la demanda contra el Ente Autárquico Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen, de acuerdo con los fundamentos incluidos en la sentencia.

El punto central para los magistrados fue que la responsabilidad por el accidente no podía atribuirse a los demandados, debido a la conducta adoptada por el cantante en el momento de la caída.

La familia deberá pagar las costas

Como consecuencia del rechazo de la demanda, la Justicia determinó que las costas del proceso estarán a cargo de la familia de Sergio Denis.

El pronunciamiento sobre los honorarios de los profesionales quedó reservado para una instancia posterior.

El accidente que terminó con la vida del cantante

Sergio Denis sufrió la caída el 11 de marzo de 2019, durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.

El cantante permaneció internado durante meses y finalmente murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.

Con información de TN

Este lunes, en los Tribunales de Rafaela, se realizó una audiencia de apelación para revisar la resolución que había prorrogado la prisión preventiva de Axel Churquina, imputado por el homicidio de Mario Ricarte, ocurrido en la localidad de Ataliva en mayo de 2024.

La defensa había recurrido la decisión adoptada en junio por el juez Gustavo Bumaguin, quien había dispuesto extender la prisión preventiva por un año.

Tras escuchar a las partes, el juez de la Cámara de Apelaciones, Cristian Fiz, confirmó que Churquina deberá continuar privado de su libertad, aunque modificó el plazo establecido inicialmente.

La nueva resolución fijó la continuidad de la medida cautelar por ocho meses, en lugar de los 12 meses que había determinado el magistrado de primera instancia.

Churquina permanece detenido desde julio de 2024

El imputado permanece bajo prisión preventiva desde principios de julio de 2024, cuando el juez de I.P.P. Gustavo Bumaguin hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Martín Castellano.

El representante del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó el delito de homicidio doloso simple.

Según la hipótesis de la Fiscalía, Churquina habría causado la muerte de Ricarte entre la tarde del 27 de mayo de 2024 y la madrugada del día siguiente.

La investigación sostiene que la víctima habría sufrido una lesión en el cuello mientras se encontraba recostada en su cama, lo que le habría provocado una hemorragia fatal.

Cómo fue descubierto el cuerpo

Ricarte fue encontrado sin vida el 29 de mayo, cuando una de sus hermanas se dirigió a su vivienda preocupada porque no había tenido noticias de él.

Al ingresar a la habitación, la mujer encontró a Ricarte acostado y sin responder. Su cuerpo se encontraba frío y rígido.

Una médica del SAMCO de Ataliva llegó posteriormente al domicilio y detectó una lesión en la zona del cuello, por lo que se dio aviso a la Policía y posteriormente a la Fiscalía.

A partir de ese momento se inició una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

Las pruebas reunidas durante la investigación

Los investigadores analizaron distintos elementos encontrados dentro de la vivienda.

En la cocina había una pava en el piso, platos sucios, un catre con sábanas utilizadas, una caja de vino y cuatro colillas de cigarrillos. Según la investigación, Ricarte no fumaba, por lo que esos elementos fueron considerados de interés para determinar quiénes habían estado en la vivienda.

En la habitación también se encontró un cuchillo, aunque las pericias determinaron que no sería el utilizado para provocar la lesión mortal.

Otro elemento considerado relevante fueron las cámaras de seguridad ubicadas cerca del domicilio.

De acuerdo con la investigación fiscal, las imágenes registraron a Churquina llegando a la vivienda el 27 de mayo, manteniendo una breve conversación con Ricarte y posteriormente ingresando al domicilio.

Las filmaciones también habrían registrado entradas y salidas posteriores de ambos. Según la Fiscalía, en las más de 100 horas de grabaciones analizadas, no se observó el ingreso de otra persona a la vivienda.

Los bolsos y el cuchillo secuestrado

Siempre de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante la noche del 27 de mayo Churquina habría salido de la vivienda llevando dos bolsos.

Posteriormente se habría dirigido hacia el campo de un familiar, pero no pudo permanecer allí y regresó nuevamente a la casa de Ricarte.

Los bolsos, según la investigación, habían sido descartados previamente en una chanchería ubicada en las afueras de Ataliva.

En su interior se encontraron bebidas alcohólicas, una caja de cigarrillos de la misma marca que las colillas halladas en la vivienda de Ricarte y un cuchillo que, según las pericias, presentaba rastros compatibles con sangre.

Estos elementos forman parte de la evidencia incorporada al expediente.

La hipótesis de la Fiscalía y la postura de la defensa

Para el fiscal Martín Castellano, los elementos reunidos permiten sostener la acusación contra Churquina.

La investigación busca establecer qué ocurrió durante las horas en las que ambos estuvieron en la vivienda y cuál fue el motivo de la muerte de Ricarte.

La defensa del imputado, por su parte, sostiene una hipótesis diferente respecto de lo ocurrido y cuestiona la acusación fiscal.

La causa continúa en etapa de investigación y Churquina permanecerá bajo prisión preventiva durante ocho meses, conforme a la resolución adoptada este lunes por la Cámara de Apelaciones.

Fuente: Rafaela Noticias

La Justicia cuestionó el estado de las rutas

La resolución fue dictada por el juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa, en el marco de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

El planteo buscaba que se adoptaran medidas para garantizar la seguridad y la libre circulación de quienes utilizan estos corredores nacionales.

Según el fallo, la documentación incorporada al expediente permitió acreditar el deterioro de las rutas y la falta de tareas suficientes de conservación.

En particular, sobre la Ruta Nacional 33, se mencionan grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos, condiciones que el magistrado consideró un riesgo para la seguridad e integridad de quienes circulan por la zona.

El juez sostuvo además que los organismos responsables de los corredores viales incumplieron sus obligaciones mínimas de mantenimiento y conservación.

La Ruta 33, uno de los principales puntos de preocupación

Uno de los elementos considerados por la Justicia fue que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido el estado crítico de la Ruta 33.

De acuerdo con el expediente, autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían señalado que el estado de la ruta requería una intervención urgente.

A partir de ese diagnóstico se realizó una licitación que terminó siendo adjudicada a la empresa Rovial S.A.. Sin embargo, las obras no pudieron completarse.

La empresa realizó trabajos de bacheo en parte del corredor, pero posteriormente las tareas quedaron paralizadas debido a la falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias para continuar.

También se realizaron trabajos mínimos de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, aunque el juez consideró que esas intervenciones no alcanzaban para solucionar el deterioro existente.

El expediente incorporó incluso fotografías aportadas por la propia DNV que permitieron observar las condiciones de la calzada.

Qué ocurre con las rutas 7 y 8

Respecto de la Ruta Nacional 7, el fallo señala que se realizaron algunas tareas de bacheo, pero que no quedó acreditado que existieran trabajos de mantenimiento sostenidos sobre la totalidad del tramo correspondiente al departamento General López.

En cuanto a la Ruta Nacional 8, la situación también fue cuestionada.

Según el expediente, la Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas de constatación por incumplimientos contractuales de Corredores Viales y había realizado distintas comunicaciones para intentar corregir las deficiencias detectadas.

La empresa solo acreditó trabajos sobre los kilómetros 359 al 362, lo que, de acuerdo con la sentencia, resultaba insuficiente frente a las necesidades de mantenimiento y seguridad vial del corredor.

El juez también rechazó el argumento de Corredores Viales de que sus obligaciones no incluían tareas de repavimentación.

La resolución sostiene que la empresa tenía responsabilidades relacionadas con la mejora, reparación y mantenimiento de las rutas 7 y 8.

El Estado deberá garantizar las obras

Uno de los puntos centrales del fallo es que el Estado Nacional no puede desentenderse de la reparación argumentando que las rutas se encuentran concesionadas o que existen cambios en las empresas responsables.

La Justicia consideró que la situación administrativa o contractual de los corredores no puede impedir que se garantice la seguridad de quienes utilizan las rutas.

Por ese motivo, la reparación deberá ser garantizada por el Estado Nacional, ya sea a través de Vialidad, del organismo que eventualmente tenga esas competencias o de las empresas concesionarias correspondientes.

La eventual participación de las concesionarias no modifica la responsabilidad estatal de garantizar el cumplimiento de la orden judicial.

La Justicia habló de una situación de peligro

Para el magistrado, el deterioro de las rutas no constituye solamente un problema de infraestructura, sino que también compromete derechos vinculados con la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación.

El fallo considera que el estado de las calzadas representa una situación de peligro para los usuarios y que las pruebas incorporadas al expediente evidencian un grave deterioro de la cinta asfáltica.

Finalmente, el juez rechazó los planteos realizados por Corredores Viales S.A. y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hizo lugar al amparo y ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas nacionales 33, 7 y 8 para garantizar su transitabilidad plena en el departamento General López.

Con información de Ámbito