Judicial
Nicolás Mattioli irá a Juicio, acusado de homicidio culposo agravado por la muerte de una ciclista en accidente en Santo Tomé
La Justicia santafesina avanza hacia la instancia de juicio oral y público en una causa que involucra a Nicolás Mattioli, hijo del fallecido cantante Leo Mattioli, imputado por el delito de homicidio culposo agravado tras atropellar con su camioneta a una ciclista que circulaba en forma reglamentaria por una avenida de la ciudad de Santo Tomé. El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2024, minutos antes de las 8 de la mañana, en la intersección de Avenida Richieri y calle Libertad, y tuvo como trágico desenlace la muerte de Claudia Laura Decurgez, de 51 años.
La fiscal del caso, Rosana Marcolín, presentó la acusación formal contra Mattioli, acusándolo de haber causado la muerte de la víctima por una conducción imprudente y negligente. La presentación fue respaldada por los abogados querellantes Diego Martín Guido y Bruno Andrés Rugna, quienes solicitaron que el acusado enfrente un juicio oral con una pena de cuatro años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir vehículos, además de las costas procesales y las penas accesorias correspondientes.
En la reconstrucción de los hechos se detalla que Mattioli circulaba en una camioneta Ford Ranger gris por Avenida Richieri, en sentido oeste-este. En la misma dirección y sobre el extremo derecho de la calzada lo hacía Claudia Decurgez, en bicicleta, respetando las normas de tránsito. A pesar de ello, el conductor no advirtió su presencia y la embistió desde atrás, provocando que la mujer saliera despedida hacia un costado del camino y golpeara violentamente su cabeza contra el suelo. El traumatismo de cráneo que sufrió fue letal, y cuando llegó la asistencia médica, los profesionales constataron su fallecimiento.
Una testigo presencial del hecho fue quien dio aviso inmediato a la policía a través del número de emergencias 911. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Mattioli alterado, y según consta en el acta policial, expresó a viva voz: «No la vi, se me cruzó, todavía está respirando». Sin embargo, esa afirmación fue luego desmentida por las pruebas incorporadas a la causa. Cámaras de seguridad de una vivienda cercana captaron el momento exacto del impacto, mostrando que la ciclista se desplazaba en línea recta, sin realizar movimientos bruscos o indebidos, y que el conductor de la camioneta nunca frenó ni redujo la velocidad antes de la colisión.
Los peritajes accidentológicos determinaron que Mattioli circulaba a una velocidad estimada de 53,31 km/h, por debajo del límite permitido de 60 km/h para esa avenida, pero sin ejercer ninguna maniobra de evasión ni frenada al aproximarse a la víctima, lo cual resulta clave para sustentar la imputación de negligencia. Los informes también indicaron que no existían obstáculos visuales en el trayecto que impidieran advertir la presencia de la bicicleta en la calzada.
Un elemento relevante que agrava la acusación es que Nicolás Mattioli posee visión monocular (es decir, no ve con uno de sus ojos), una condición que, según la fiscalía, no fue tenida en cuenta al momento de conducir un vehículo de gran porte como una camioneta sin adaptaciones específicas que aumenten el campo visual, como espejos retrovisores especiales. Esta omisión, en combinación con la conducta posterior al hecho, contribuyó a que se solicitara una pena por encima del mínimo legal.
Otro de los puntos señalados por la fiscal Marcolín en el escrito acusatorio tiene que ver con la actitud del imputado tras el siniestro. A pesar de tener el teléfono celular en la mano al descender de su vehículo, no realizó ningún llamado al 911 ni solicitó auxilio, algo que fue también observado por la testigo, quien relató que Mattioli se acercó al cuerpo de la víctima, la movió para comprobar si aún respiraba, y repitió que “se le había cruzado”. La fiscal remarcó que esta versión fue un intento de deslindar responsabilidades, atribuyendo la culpa del hecho a la propia víctima, pese a que las pruebas la exoneran completamente.
La calificación legal elegida por la fiscalía es la de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, contemplado en el Código Penal y en el artículo 39 inciso b) de la Ley Nacional de Tránsito, que regula la responsabilidad penal por siniestros viales fatales cuando media una conducta imprudente o negligente.
En los próximos días, la Oficina de Gestión Judicial deberá fijar la fecha de la audiencia preliminar, donde un juez de garantías evaluará si se cumplen los requisitos formales y probatorios para dar paso al juicio oral. En esa instancia también se confirmará la admisión de testigos, entre ellos, quienes presenciaron el hecho, personal policial, peritos accidentológicos y médicos forenses.
La causa genera atención pública no solo por la figura mediática del imputado, sino por la contundencia de las pruebas técnicas y testimoniales reunidas, que delinean un caso de conducción temeraria con resultado fatal en un contexto urbano donde la víctima se desplazaba de manera completamente reglamentaria.
El futuro judicial de Nicolás Mattioli se definirá en ese juicio, donde se pondrán en juego los elementos reunidos por la fiscalía para demostrar que la muerte de Claudia Decurgez pudo y debió haberse evitado.
Fuente: InforMate
Judicial
Crimen de Agostina: la Fiscalía decretó el secreto de sumario por diez días en la causa
La Fiscalía de Instrucción N° 13 de la ciudad de Córdoba, a cargo del fiscal Raúl Garzón, dispuso el secreto de sumario por diez días en la investigación por el crimen de Agostina Vega.
La medida también incluye el pedido de acumulación de otra causa previa por “privación ilegítima de la libertad” que involucra al imputado Claudio Barrelier, correspondiente a un hecho registrado en 2025.
Avanza la investigación judicial
Según informaron fuentes judiciales, la decisión tiene como objetivo resguardar el avance de la investigación y permitir la realización de nuevas pericias y diligencias.
El secreto de sumario restringe temporalmente el acceso al expediente, por lo que no se conocerán detalles del caso durante el plazo establecido, salvo nuevas disposiciones de la Fiscalía.
El imputado y la causa paralela
Claudio Barrelier permanece detenido como principal sospechoso en la causa por el crimen. A su vez, la Justicia analiza la posible vinculación con una investigación anterior en la que también se encontraba involucrado.
La acumulación de expedientes busca unificar las actuaciones judiciales para avanzar en el análisis del caso de manera integral.
Con información de NA
Judicial
Quiebra de SanCor: qué pasará con los activos, los interesados en la láctea y el rol del dueño de Telefe
El futuro de la histórica cooperativa SanCor continúa en una etapa de incertidumbre tras la declaración de quiebra y el cese de operaciones.
Mientras la Justicia mantiene las medidas dispuestas para la administración de los activos, crece el interés de distintos grupos empresarios por quedarse con partes del negocio.
En paralelo, alrededor de 180 trabajadores nucleados en el gremio ATILRA continúan realizando tareas de custodia en las seis plantas de la compañía.
Interés por los activos de SanCor
En el sector lácteo ya circulan varios nombres de empresas interesadas en los activos de la firma, tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los potenciales compradores aparecen:
- La francesa Savencia
- Las firmas argentinas Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela
El interés se centra principalmente en las plantas industriales, el equipamiento y la infraestructura productiva de la cooperativa.
El rol del empresario vinculado a Telefe
Uno de los nombres que tomó relevancia en las últimas semanas es el del empresario Gustavo Scaglione, socio de José Luis Manzano en el canal Telefe y propietario de medios como La Capital de Rosario y los diarios UNO de Entre Ríos y Santa Fe.
Según versiones del sector, Scaglione formaría parte de un grupo inversor que evalúa avanzar sobre los activos de SanCor, con la idea de reorganizar la operación industrial.
El plan que se analiza para la láctea
De acuerdo a la información del sector, el esquema que impulsa este grupo se diferenciaría de otras propuestas.
Mientras algunos interesados buscarían quedarse con la marca SanCor, el proyecto vinculado a Scaglione apunta directamente a los activos industriales, como plantas y maquinaria.
La estrategia contemplaría dividir la administración de las distintas unidades productivas entre los socios del grupo inversor, con el objetivo de reactivar la producción de manera escalonada.
Obstáculos y falta de valuación
Uno de los principales problemas que enfrenta el proceso es que todavía no existe una tasación oficial de los activos de la empresa, lo que complica la presentación de ofertas concretas.
A esto se suma la necesidad de fuertes inversiones para reactivar las plantas, lo que genera cautela entre los posibles compradores.
Reuniones con potenciales inversores
A fines de mayo se realizó una primera reunión formal con interesados en la compra o participación en la reestructuración de la empresa.
En ese encuentro participaron representantes de cinco grupos con presencia en el sector lácteo, algunos con intención de compra y otros con fines exploratorios para evaluar la situación de la compañía.
Entre ellos se encuentran Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela.
Un futuro abierto para SanCor
Con el proceso judicial en curso y múltiples actores interesados, el futuro de SanCor sigue sin definiciones concretas. La falta de una valuación clara y el nivel de inversión necesario serán factores determinantes en la posible reactivación o reconfiguración de la histórica firma láctea argentina.
Con información de iProfesional
Judicial
Sunchales: recuperó la libertad uno de los acusados por los incidentes frente a la Comisaría 3ª
Uno de los imputados por los disturbios ocurridos semanas atrás frente a la Comisaría 3ª de Sunchales recuperó la libertad este lunes, luego de una resolución adoptada por la Justicia en el marco de la investigación que continúa en curso.
La medida fue dispuesta durante una audiencia realizada en los tribunales de Rafaela, donde el juez Nicolás Stegmayer hizo lugar a un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa del acusado, representada por el abogado Juan Bautista Degiovanni.
El hombre quedó sujeto a una serie de condiciones impuestas por la Justicia, entre ellas la obligación de fijar domicilio, permanecer bajo la supervisión de un familiar responsable, continuar con tratamiento por consumos problemáticos y sostener asistencia psicológica.
Además, deberá abstenerse de mantener contacto con los demás imputados en la causa, no podrá consumir bebidas alcohólicas y tendrá prohibido acercarse a la dependencia policial de Sunchales, salvo situaciones debidamente justificadas.
Continúa la investigación por los graves disturbios
La causa se originó tras los violentos incidentes registrados frente a la sede policial sunchalense, donde un grupo de personas provocó daños sobre el edificio, mobiliario y vehículos oficiales estacionados en el lugar.
Como consecuencia de aquellos hechos, seis personas quedaron involucradas en la investigación por presuntos daños calificados contra bienes públicos.
Con esta resolución judicial, el acusado se convirtió en el primer imputado en recuperar la libertad, aunque bajo estrictas medidas de control.
Cinco imputados permanecen detenidos
Mientras tanto, los otros cinco acusados continúan privados de su libertad y a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas resoluciones respecto a la situación procesal de los restantes involucrados en los disturbios que generaron importantes daños materiales en la dependencia policial de Sunchales.
Con información de Rafaela Informa
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