Judicial
Nueva evidencia complica al Sunchalense acusado de matar y quemar a su pareja en Alejandra
Se comprobó que la mujer estaba muerta antes de que las llamas comenzaran a consumir su cuerpo, lo que contradice la versión del sospechoso. La fiscalía adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua, por femicidio.
Ana Gabriela Benítez tenía 33 años y vivía en Alejandra, pequeña población del departamento costero de San Javier, en el noreste provincial. Era mamá de cuatro chicos, todos menores de edad. En enero de este año fue asesinada y su cuerpo calcinado dentro de un automóvil. Por el crimen, fue detenido Carlos Usprung, un hombre de 63 años oriundo de Sunchales que era su pareja desde hacía dos años. Ella le temía. En las últimas horas, se conocieron resultados del análisis de anatomopatología forense que complican aún más la situación del sospechoso, que podría ser condenado a la pena de prisión perpetua.
Según el informe recibido en las últimas horas por el fiscal del caso, el doctor Aldo Gerosa, se pudo comprobar científicamente que la mujer ya estaba muerta cuando se inició el fuego que consumió casi completamente su cuerpo. No había partículas de hollín en la tráquea ni en los alvéolos pulmonares. Expertos en anatomopatología forense constataron así lo que se había insinuado durante la autopsia. Nunca se podrá saber la causa de la muerte.
La relación entre Benítez y Usprung estaba atravesada por los episodios de violencia. Los investigadores pudieron determinar eso a partir de los testimonios de los hijos de la víctima, que declararon en Cámara Gesell.
Reencuentro
Según pudo reconstruir el fiscal, la mujer había terminado la relación con el hombre a fines del año pasado, poco antes de la Navidad. Mientras duró ese alejamiento, Ana Gabriela sufrió constantes amenazas de muerte contra ella y su hijo mayor, por lo que a principio de este año decidió regresar a Alejandra, para reencontrarse con el hombre.
Ella volvió el 17 de enero. Aproximadamente a las 20 pasó por la casa de un familiar y luego siguió a pie hasta un punto en el que había sido citada por Usprung. Siempre en base a la hipótesis del doctor Gerosa, el hombre le dijo que quería verla para devolverle un teléfono celular, pero en realidad se trataba de una trampa para matarla.
Peritajes pudieron determinar que a las 21 de ese día ambos ya estaban dentro del automóvil en el lugar donde ocurrió la tragedia, en un camino rural ubicado a la vera de la ruta provincial 1.
Antes de las 23, un móvil policial pasó por el lugar para verificar sus identidades. Se trata de una zona asolada por el abigeato y un vecino había llamado telefónicamente para alertar por el vehículo sospechoso.
Indicios
Hasta la 1 de la mañana, el celular de la mujer estuvo activo. A esa hora ella envió los últimos mensajes. Ese aparato nunca apareció. El fiscal piensa que Benítez fue asesinada en algún momento entre esa hora y las 4 de la madrugada, cuando comenzó el incendio en el auto.
El fuego fue visto por un testigo que minutos antes pasó por el lugar y observó el auto vacío. Esta persona volvió sobre sus pasos cuando sintió la explosión. Cuando llegó al lugar encontró el auto envuelto en llamas y a Usprung revolcándose en el suelo y pidiendo ayuda para que rescaten a su mujer, que estaba adentro. Para el fiscal, se trató de una actuación. El sospechoso dijo que el fuego había sido originado por un desperfecto mecánico y que con la explosión él había sido expulsado del habitáculo. No obstante, peritos de la Agrupación de Bomberos Zapadores de Vera y de la Agencia de Investigación Criminal determinaron que el incendio fue provocado en el asiento del acompañante, donde estaba sentada la mujer, y que se había utilizado un combustible como «acelerador». El propio Usprung habría reconocido que llevaba bidones con nafta en el vehículo. Además, sus ropas tenían un fuerte olor al combustible, pero ni una quemadura. Finalmente, la puerta del automóvil por la que supuestamente «salió volando» estaba cerrada.
Ahora, el fiscal presentará la acusación para pedir la elevación a juicio y solicitará la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género y por el vínculo. Se espera que el proceso oral se realice a mediados del año próximo.
Fuente: El Litoral
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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