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Ocho Policías de Sunchales: Terminó la audiencia de apelación y ¿ahora?

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»Buscan justificar la violencia por los antecedentes de las víctimas» Así lo manifestó la Fiscal del caso Lorena Koraquis, quien solicitó la continuidad de la prisión preventiva, mientras que desde la defensa ofrecieron diferentes alternativas para poder lograr la libertad de los acusados.  

Ante una sala colmada de familiares de los acusados, el Juez de Segunda Instancia Juan Manuel Oliva fue quien presidió la audiencia de apelación llevada a cabo esta mañana, la cual se extendió por más de 5 horas.

En la misma cada una de las partes, Ministerio Publico de la Acusación y abogados defensores manifestaron sus argumentos para dar continuidad a la resolución por la cual cumplen prisión preventiva los efectivos, y por otro lado desestimar dicha medida y que recuperen la libertad.

Los 8 policías que brindaban servicio en la Comisaría 3 de Sunchales, acusados de «Torturas» – siete de ellos- y «Encubrimiento Agravado»- el jefe de la dependencia, cumplen con prisión preventiva y sus abogados presentaron diferentes alternativas para que recuperen su libertad.

 

Los hechos según la Defensa:

Los abogados de los policías en todo momento hicieron hincapié en las contradicciones que hubo en los relatos de los dos testigos, Juan Manuel F. y Anahí Rosario P. La Defensa aseguró que estas dos personas tuvieron la posibilidad de ponerse de acuerdo en parte de sus testimonios, que además no reconocieron el palo – que no se encontró- utilizado para la tortura, como tampoco la bolsa que le colocaron en la cabeza a uno de los hermanos. Los abogados, agregaron que cuando ocurrieron los supuestos hechos de tortura denunciados, la mujer estaba en una celda sin posibilidades de ver lo que sucedía con los detenidos, los cuales se hallaban dentro de una cocina. Agregando que la lesión grave que sufrió Juan Darío C. fue autoproducida. Arrojándose el mismo detenido, por sus propios medios, contra el ventanal de la comisaría y lesionándose. Una acción de autoflagelación «muy común», según la Defensa, en los sujetos que resultan aprehendidos.

Siguiendo esta versión de los hechos, los Doctores apelaron la decisión de la juez de Primera Instancia, Cristina Fortunato, por la cual los acusados se encuentran cumpliendo prisión preventiva.

Dentro de los argumentos de los defensores se destaca el análisis que estos hicieron de la sentencia:

 Para la parte defensora, la Jueza en su resolución explica que la evidencia debe ser analizada en base a tratados internacionales de violencia institucional, no siendo imparcial, ya que realiza un pre-juzgamiento sin analizar objetivamente las pruebas. Además, según la defensa, si lo que se debería tener en cuenta es la comisión de los Derechos Humanos y en caso de duda en los hechos, ésta siempre debe ser favorable a los imputados en cualquier etapa del proceso.

En otro de sus argumentos, los doctores expresaron que la Jueza equivoca el motivo por el cual, esa madrugada-noche, los efectivos allanaron la vivienda. Según la magistrada los acusados, planearon el allanamiento con el objetivo de llevar a cabo los hechos. Con respecto a esto manifestaron que hubo una orden de allanamiento, ya que los hermanos habían robado y luego habían sido partícipes de una balacera. Para la defensa lejos está esto de ser un plan para averiguar el paradero de la motocicleta robada a un efectivo policial, ya que el operativo contaba con la orden del fiscal.

Sumado a esto, explicaron que la Jueza no tuvo en cuenta, o desestimó al menos, todas las opciones de autolesión de la supuesta víctima, como así tampoco pudo ver las inconsistencias entre las declaraciones de los testigos del hecho. Además, hicieron especial hincapié en que las dos supuestas víctimas del hecho, uno tiene 14 y el otro 7 antecedentes condenatorios.

Un punto aparte fue para las dos mujeres acusadas, ya que la defensa explicó que, si bien se tiene en cuenta la cuestión de género y el ser tratadas de igual a igual con los demás acusados, la situación debe analizarse de manera diferente ya que ambas cuentan con hijos menores de edad y no es lo mismo que en una familia falte un padre que lo haga una madre. Debe priorizarse el derecho de los niños.

 

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NO HAY RIESGOS PROCESALES:

Así lo manifestaron desde la defensa, debido a que los acusados cuentan con arraigo, cada uno tiene a su familia, y deberían esperar un juicio en libertad, debido a las inconsistencias de las pruebas.

También manifestaron que los acusados ya no pueden entorpecer las pruebas porque víctimas y testigos prestaron declaración a los pocos días de lo sucedido. “Todos nuestros defendidos tienen carreras intachables, y del otro lado estamos hablando de personas que se dedican a estar fuera de la ley, sumando una gran cantidad de delitos cada uno, y que se sienten perjudicados por la Policía”, manifestaron.

En otra parte de los argumentos, desde la defensa mantuvieron que la Jueza no argumentó porque no dio lugar a las prisiones domiciliarias, y que no están probados los hechos, como así tampoco que la testigo del hecho esté diciendo la verdad, ya que es amiga de las víctimas, y hasta ha participado de algunos hechos ilícitos en conjunto.

Por ultimo uno de los defensores esbozó la teoría del suicidio, ya que, según sus dichos, una de las víctimas hace algún tiempo lo había intentado en dos oportunidades.

“La jueza de Primera Instancia adquirió un relato de manera acrítica, un relato que no fue”, explicó Nestor Oroño, el último de los defensores en tomar la palabra, quien además agregó que en este caso se banalizó el delito de tortura.

“Me sorprende que estos dos sujetos sean intimidables por los antecedentes que tienen y la relación para con la Policía, en todo caso ya se les tomó declaración”, cerró Nestor Oroño.  

Tutela de familiares, cauciones reales o patrimoniales y la obligación de firmar en dependencias judiciales fueron algunas de las medidas ofrecidas por los abogados defensores, para que sus defendidos recuperen la libertad.  

 

FISCALÍA:

Por parte del Ministerio Público de la Acusación, la Fiscal, Lorena Koraquis, solicitó la continuidad de la prisión preventiva, y expresó: “Como tercera persona imparcial, la Juez escuchó los argumentos y se convenció por la versión de la Fiscalía”.

Para la fiscal, los policías actuaron en una progresión delictiva, y la Juez tuvo en cuenta la integridad física y psíquica de quienes se encontraban privados de su libertad en ese momento.  Koraquis además manifestó que los acusados actuaron en conjunto generando actos de tortura, apremios y vejaciones.

Pero el argumento principal de la Fiscal, es el aviso de uno de los Policías a otro, que no se encontraba de turno para que valla a la Comisaría ya que tenían a quien le había robado la moto. La versión de esta parte dice que los efectivos actuaron como una estructura organizada con el objetivo de conseguir información acerca de la motocicleta robada a uno de los efectivos. “Con el allanamiento y la detención aprovecharon para llevar adelante su plan y torturar a uno de ellos para que “cante” lo que sabía sobre la motocicleta. Todos los efectivos estaban abocados a obtener información”, expresó la Fiscal.

“Usted no mire y le pegaban cachetadas, también le bajaron los pantalones e insinuaban con violarlo y hasta llegaron a ponerle una bolsa en la cabeza para asfixiarlo”, comentó la Dra. Ya haciendo referencia a los apremios.  Arrodillado en el piso, manos atadas atrás con precintos y frases como “te gusta robarle a la policía”, fue otra parte del relato desde fiscalía.

Finalmente, la Fiscal Cerró: “Se puso loco y se tiró contra la ventana, también plantearon la teoría del suicidio, ¿Cómo podemos pensar que el joven podría quitarse la vida en esas condiciones?, es poco probable incluso a nivel mundial. La defensa parece justificar la violencia por los antecedentes de las víctimas”

Por todo eso Fiscalía solicitó la continuidad de la prisión preventiva para los 8 acusados.

Luego de esta audiencia la última palabra la tendrá el Juez de Segunda Instancia, Juan Manuel Oliva, quien dará a conocer su fallo en el plazo establecido por ley.

 

 

Fuente y Foto del Juez: Rafaela Noticias

 

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Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio

La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.

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Foto: apelación causa Grupo Spaggiari

La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.

La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.

Las defensas cuestionaron la acusación

El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.

Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.

En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.

También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.

El juez resolverá en los próximos días

Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.

Una causa con 558 hechos investigados

La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.

La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:

  • 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
  • 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
  • 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
  • 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
  • 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
  • 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
  • 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.

Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.

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Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera

La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.

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Foto: apelación prisión preventiva acusado Zamir Torres

La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.

El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.

El crimen que conmocionó a Frontera

Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.

Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.

Cinco personas imputadas

La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.

El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.

Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.

Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.

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La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones

La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.

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Foto: El Tribunal de Columbia falló en contra del país y lo obligó a pagar ese monto al fondo Titan Consortium.

La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.

El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

La condena supera los US$390 millones

El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.

El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.

La Procuración analiza nuevas medidas

Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.

Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.

Podrían avanzar sobre activos argentinos

Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.

En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.

Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.

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