Un joven de 21 años fue condenado a 13 años de prisión por el homicidio de Rubén Emanuel Tisera y por dos tentativas de homicidio cometidas en Frontera, departamento Castellanos.

El condenado fue identificado como Alexander Yamil Eduardo Allende. La resolución fue dictada por el juez Gustavo Bumaguín en el marco de un procedimiento abreviado realizado en los Tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios de la Fiscalía Regional 5.

Según explicó el fiscal, para determinar la pena se tuvieron en cuenta, entre otros factores, la violencia de los ataques y la magnitud de los daños ocasionados.

El crimen de Rubén Tisera

El homicidio ocurrió el 5 de octubre de 2024, entre las 21 y las 21:30, en una vivienda ubicada en calle 102 al 600 de Frontera.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Allende llegó en un automóvil hasta el domicilio de Tisera, quien se encontraba en la vereda. Luego descendió del vehículo con una escopeta y efectuó varios disparos desde una distancia aproximada de 25 metros.

La víctima recibió impactos en distintas zonas vitales y falleció horas después en el hospital de San Francisco, Córdoba.

Durante la investigación también se estableció que Allende no estaba registrado como legítimo usuario de armas de fuego.

Dos tentativas de homicidio

La condena también comprendió un ataque ocurrido el 22 de noviembre de 2024, cerca de las 23:45, cuando Allende y otro hombre intentaron matar a un hombre y una mujer que circulaban en motocicleta por calle 104, entre las calles 17 y 19 de Frontera.

Según la acusación fiscal, ambos atacantes dispararon contra las víctimas, pero no lograron concretar el homicidio por circunstancias ajenas a su voluntad.

El otro hombre, de 40 años e identificado por sus iniciales FGA, permanece imputado en la misma causa y transita el proceso judicial en prisión preventiva, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía.

Reconoció su responsabilidad

En el juicio abreviado, Allende reconoció su responsabilidad penal por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, las tentativas de homicidio agravado y la portación de un arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

La Defensa aceptó las calificaciones penales, la pena acordada y la realización del procedimiento abreviado. Además, las víctimas directas e indirectas manifestaron su conformidad con el acuerdo y con la condena de 13 años de prisión.

Con información de Rafaela Informa

Una estación de servicio de Pergamino, provincia de Buenos Aires, fue condenada en primera instancia a pagar $7.010.000 más intereses a un cliente al que le cargaron nafta en lugar de gasoil en su automóvil.

El fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 reconoció una indemnización por la reparación del vehículo, la privación de uso y el daño moral. También impuso una multa civil por la respuesta de la empresa frente al reclamo.

El error que dejó al auto fuera de funcionamiento

El episodio ocurrió el 15 de octubre de 2022, cuando el conductor, que entonces tenía 26 años, llegó a la estación para cargar $2.000 de gasoil en su Renault Clio diésel.

Según los hechos que el juzgado consideró probados, un empleado despachó nafta por equivocación. Después de pagar, el vehículo comenzó a fallar y se detuvo a pocos metros del surtidor.

De acuerdo con los testimonios valorados en la causa, el playero reconoció el error. El automóvil fue trasladado a un taller mecánico cercano sin encender el motor.

Sin embargo, luego de los primeros trabajos, el propietario volvió a circular y, tras recorrer aproximadamente una cuadra, el motor falló nuevamente y dejó de funcionar.

El cliente inició una demanda en septiembre de 2024. La empresa negó su responsabilidad y cuestionó las pruebas y los montos reclamados.

Qué pruebas tuvo en cuenta la Justicia

Para reconstruir lo ocurrido, el tribunal analizó el comprobante de pago, los testimonios y una pericia mecánica.

Según la sentencia, esos elementos permitieron establecer que el cliente había solicitado gasoil y que el error se produjo dentro de la estación de servicio.

La pericia explicó que la presencia de nafta en un motor diésel puede provocar daños en el sistema de inyección, debido a las diferencias en las propiedades lubricantes de ambos combustibles. También señaló que una reparación adecuada puede requerir vaciar el tanque, limpiar el circuito y cambiar filtros y, según los daños, otros componentes.

El juzgado consideró razonables los valores de repuestos y mano de obra presentados para reparar el automóvil. Además, entendió que la empresa no aportó pruebas suficientes para atribuir el desperfecto al consumidor o a una causa diferente de la carga equivocada.

Cómo se compone la indemnización

La condena suma $7.010.000, distribuidos de la siguiente manera:

• $3.500.000 por daño material: destinados a cubrir la reparación del vehículo.
• $210.000 por privación de uso: por el tiempo en que el propietario no pudo disponer del automóvil.
• $1.800.000 por daño moral: por las molestias y gestiones que debió afrontar a raíz del episodio.
• $1.500.000 por daño punitivo: como sanción civil vinculada con la prestación deficiente del servicio y la falta de una respuesta efectiva al reclamo.

El tribunal consideró que la estación debía cumplir con sus obligaciones como proveedora dentro de una relación de consumo. También señaló que la empresa estaba en mejores condiciones de aportar información técnica y documentación sobre lo ocurrido.

La empresa deberá pagar con intereses

La sentencia sostuvo que no era razonable exigirle al cliente conocimientos técnicos para determinar si el sistema de combustible había sido limpiado correctamente después del error.

Además, consideró que la falta de una solución efectiva, las gestiones realizadas por el propietario y la necesidad de iniciar un juicio justificaban los distintos conceptos indemnizatorios.

El fallo estableció que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a la notificación de la sentencia y dispuso la aplicación de intereses, con un cálculo específico para el daño material.

La condena es de primera instancia y las costas del proceso quedaron a cargo de la estación de servicio. La regulación de honorarios se resolverá una vez firme la liquidación de intereses y gastos.

Con información de Cadena 3

Un conflicto familiar que comenzó en 1999 terminó con una decisión judicial que combina dos resoluciones: la madre recuperará el terreno y su hijo y su nuera recibirán una compensación superior a los $21 millones por la casa que construyeron allí.

El caso fue analizado por la Justicia de Neuquén, donde la pareja buscaba que se reconociera su derecho a quedarse con la parte del inmueble que ocupaba desde hacía 27 años.

Cómo comenzó el conflicto familiar

La historia se inició en 1999, cuando la madre permitió que su hijo y su esposa se instalaran en el fondo de su propiedad. Según explicó durante el proceso, la intención era ayudarlos a contar con un lugar donde vivir sin tener que pagar un alquiler.

En ese momento, el sector tenía pocas construcciones. La pareja sostuvo que levantó su vivienda con recursos propios, contrató trabajadores y realizó distintas mejoras.

Con el paso de los años, ese espacio se convirtió en su hogar. Ambos señalaron que contaban con servicios a su nombre y que habían mantenido una ocupación pública y pacífica.

Sin embargo, la relación familiar se deterioró y la propietaria inició una demanda para recuperar el terreno. Su hijo y su nuera se opusieron y reclamaron que se les reconociera la propiedad por el tiempo que llevaban viviendo allí.

Por qué no pudieron quedarse con el terreno

La pareja intentó obtener el inmueble mediante la usucapión, un mecanismo legal que permite adquirir una propiedad cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley durante un determinado período.

No obstante, la jueza civil María Eliana Reynals consideró que el tiempo de permanencia y las construcciones realizadas no eran suficientes para reconocerles ese derecho.

El punto determinante fue que la ocupación había comenzado con la autorización de la madre. Para la Justicia, ese permiso inicial no demostraba por sí mismo que el hijo y su esposa hubieran poseído el terreno como propietarios frente a la titular.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones de Neuquén confirmó la decisión y estableció que el inmueble debía ser restituido a su propietaria.

La compensación de más de $21 millones

Aunque rechazó el reclamo para quedarse con el terreno, la Justicia reconoció que la pareja había invertido dinero propio en la construcción de la vivienda.

Las pruebas presentadas durante el juicio permitieron establecer que ambos financiaron la casa. Por ese motivo, se dispuso que la propietaria los compensara económicamente por las mejoras realizadas.

La indemnización supera los $21 millones, según la valuación de un profesional incorporada al expediente.

La Cámara, integrada por las juezas Laura Marcela Serrano y Cecilia Pamphile, confirmó íntegramente la resolución. También se pidió la colaboración de las partes para concretar la devolución del inmueble y cumplir con las obligaciones económicas, con el objetivo de evitar que el conflicto familiar se profundice.

De esta manera, después de casi tres décadas, la madre recuperará el terreno, mientras que su hijo y su nuera podrán cobrar por la vivienda que construyeron. La Justicia consideró que haber vivido allí durante tantos años no les otorgaba automáticamente la propiedad, aunque sí correspondía reconocer la inversión realizada.

Con información de TN