Maximiliano Ghione recuperó la libertad este viernes luego de la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de Rafaela, en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia por un presunto episodio de privación ilegítima de la libertad y amenazas.

Durante la audiencia, realizada desde las 9:30 y presidida por el juez de Investigación Penal Preparatoria Javier Carlos Bottero, las partes acordaron que el actor continúe el proceso en libertad bajo determinadas condiciones.

Los cargos que le atribuyó la Fiscalía

Según la información difundida tras la audiencia, la fiscal María Cecilia Doro le atribuyó dos hechos: amenazas calificadas por el uso de un arma de fuego y tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

La causa continúa en etapa de investigación y Ghione mantiene su presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.

Las medidas que deberá cumplir

Como alternativa a la prisión preventiva, la Justicia estableció una serie de obligaciones para el actor.

Ghione deberá:

• Fijar domicilio en Lehmann, en calle Camporini, donde reside actualmente.
• No mantener ningún tipo de contacto con la víctima ni con los testigos, por ningún medio.
• Presentarse cada 15 días en la comisaría correspondiente para firmar.
• No tener ni portar armas de fuego.

La decisión fue adoptada luego de la audiencia realizada en los Tribunales de Alvear 236, Rafaela, donde también estuvieron presentes el imputado, la víctima, la Fiscalía, la defensa y la querella.

La investigación continúa

La causa se inició luego de una denuncia contra Ghione y derivó en un allanamiento en su vivienda de Lehmann, donde fueron secuestradas armas de fuego y otros elementos incorporados a la investigación.

Ahora, con el actor en libertad y sujeto a las medidas dispuestas por la Justicia, la investigación continuará para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

Con información de Rafaela Noticias

Seis empleados de una inmobiliaria de Rafaela fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional por integrar una asociación ilícita y participar en una serie de estafas cometidas entre noviembre de 2019 y diciembre de 2022.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Bumaguin, durante un juicio mediante procedimiento abreviado realizado en los tribunales de Rafaela.

Los condenados son Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, todos empleados de una inmobiliaria gestionada por Grupo Spaggiari SRL.

Cómo funcionaban las maniobras

De acuerdo con la acusación presentada por el fiscal Guillermo Loyola, los integrantes de la organización captaban personas interesadas en realizar inversiones mediante convenios privados.

Las víctimas entregaban dinero en efectivo, tanto pesos como dólares, que supuestamente sería destinado a inversiones inmobiliarias y diferentes emprendimientos relacionados con la construcción.

A cambio, se les ofrecían rendimientos y la devolución del capital en períodos relativamente breves, con ganancias superiores a las que podían obtenerse mediante colocaciones bancarias.

Sin embargo, según la Fiscalía, con el paso del tiempo los inversores dejaron de recibir los intereses y el capital comprometido.

Para captar clientes se utilizaban publicidades en distintos medios y también el denominado “boca a boca”, aprovechando además el reconocimiento que tenía el Grupo Spaggiari en Rafaela.

Los pagos se concretaban personalmente y en efectivo en las oficinas de la empresa o en otros lugares donde se encontraban integrantes de la organización.

Los seis aceptaron las condenas

Bravo, Ciancia, Clemenz, Franzetti, Garetto y Ulman fueron condenados como coautores de asociación ilícita, en carácter de miembros, y como partícipes necesarios de estafas.

Los seis reconocieron su responsabilidad penal, aceptaron las penas y prestaron conformidad para resolver sus situaciones mediante procedimientos abreviados.

Las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo y, en su mayoría, manifestaron su conformidad con lo resuelto. También lo hicieron quienes participaron del proceso como querellantes.

En octubre comienza otro juicio

La causa tendrá un nuevo capítulo el jueves 8 de octubre, cuando comenzará el juicio oral y público contra otras cuatro personas vinculadas al Grupo Spaggiari.

Entre los acusados se encuentran los dos propietarios de la empresa, la madre de ambos y una empleada.

Para los dos hermanos, identificados como FLS y MGS, el fiscal Loyola solicitó 25 años de prisión efectiva para cada uno, al atribuirles el rol de jefes de la asociación ilícita y su participación en 560 hechos de estafa.

Para la madre, identificada como MOC, la Fiscalía pidió nueve años de prisión efectiva por asociación ilícita y participación necesaria en 132 estafas.

En el caso de la empleada CRS, se solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva por asociación ilícita y participación necesaria en 81 hechos de estafa.

El juicio se extenderá durante octubre, noviembre y diciembre y está previsto que declaren más de 600 personas entre víctimas y testigos.

Los alegatos finales fueron programados para el 21 de diciembre, mientras que la sentencia se conocería el 28 de diciembre.

El tribunal estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.

Con información de Radio Belgrano de Suardi

La causa por el secuestro de 456 kilos de cocaína en una camioneta abandonada cerca de Elisa sumó un nuevo capítulo: cuatro hombres fueron imputados y quedaron detenidos con prisión preventiva, acusados de haber participado en el traslado del cargamento.

La audiencia se realizó el viernes en los Tribunales Federales de Rafaela, ante el juez federal de Garantías Santiago Saux. La acusación fue formalizada por la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Los cuatro imputados, identificados por sus iniciales W. F. L., W. D. F., R. G. y J. P. E., quedaron bajo prisión preventiva durante 164 días, hasta el 8 de marzo de 2027.

Según la acusación fiscal, están señalados como parte del “eslabón logístico” de la maniobra.

La camioneta que escapó del control

La investigación comenzó durante la madrugada del 28 de febrero, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control sobre la ruta provincial 4, en el cruce con la ruta provincial 61, en cercanías de Elisa.

En ese momento, los agentes observaron una Volkswagen Amarok gris cuyo conductor, al advertir la presencia del control, escapó.

Luego de una persecución de aproximadamente 30 kilómetros, la camioneta fue encontrada abandonada al costado de la ruta 4, a unos 15 kilómetros del acceso a San Cristóbal.

El vehículo estaba con el motor encendido y sin ocupantes.

Al revisar la caja, los efectivos encontraron un cargamento de cocaína que posteriormente fue establecido en 456 kilos, distribuidos en 418 paquetes.

Los paquetes tenían una marca particular

Uno de los elementos que llamó la atención durante la investigación fue la identificación que tenían los envoltorios.

Los ladrillos de cocaína llevaban impresa la imagen de un cebú de la raza Guzerat, un bovino originario de la India.

Los investigadores reconstruyeron posteriormente que el traslado habría comenzado el día anterior en otra Volkswagen Amarok, de color negro, que también habría escapado de un control policial en territorio santafesino.

Según la hipótesis investigativa, posteriormente el cargamento habría sido trasladado al vehículo gris que terminó siendo abandonado.

Cuatro nuevos detenidos

Las tareas realizadas después del secuestro permitieron identificar a los cuatro hombres que ahora fueron imputados.

Tres fueron detenidos durante procedimientos realizados el 22 de septiembre, mientras que J. P. E. ya se encontraba detenido desde agosto en una causa por narcotráfico tramitada en jurisdicción del Juzgado Federal N° 2 de Morón.

La Fiscalía sostiene que los cuatro habrían cumplido funciones dentro de la estructura logística junto con otros tres imputados que ya habían sido alcanzados por la investigación.

Uno de ellos permanece con prisión preventiva, mientras que los otros dos están sujetos a prohibición de salida del país.

Una investigación que sigue avanzando

Para los fiscales, la utilización coordinada de al menos tres camionetas y una distribución de tareas entre siete personas habría permitido concretar el traslado del cargamento.

La investigación incorporó, entre otros elementos, peritajes sobre teléfonos celulares, registros de cámaras, documentación de los vehículos y movimientos de dinero.

Además, los análisis determinaron que la cocaína secuestrada tenía una concentración del 84%.

La causa continúa bajo investigación federal y las imputaciones corresponden a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal. La prisión preventiva tampoco implica una condena.

Fuente: Esperancino.