La Justicia dictó prisión preventiva sin plazo para dos mujeres y un hombre investigados por una serie de hechos violentos ocurridos en octubre. La causa incluye amenazas, destrozos, una agresión con un tronco y un presunto ingreso ilegal a una vivienda.

Una disputa por dinero terminó, según la acusación fiscal, en una secuencia de violencia que incluyó amenazas con un cuchillo, daños en un departamento y un hombre herido en la cabeza en Sunchales.

Tras una audiencia judicial, el juez Gustavo Bumaguin dispuso la prisión preventiva sin plazo para Martina L., Karen F. y Franco C., imputados por presuntos hechos de violación de domicilio, hurto, amenazas calificadas y lesiones leves dolosas.

El origen del conflicto es materia de versiones contrapuestas. Mientras una de las personas que estaba en el lugar lo vinculó con una supuesta disputa por drogas, las dos mujeres sostuvieron que habían sido convocadas para prestar un servicio sexual que, según afirmaron, no les pagaron.

Dos versiones sobre el origen del reclamo

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el primer episodio ocurrió durante la noche del 14 de octubre, en un departamento de calle Lainez.

Según la acusación, dos mujeres habrían ingresado por la fuerza a una vivienda, amenazado con un cuchillo al propietario e intentado sustraerle el teléfono celular. El hombre manifestó que no tenía ninguna deuda con ellas y que se habían equivocado de domicilio.

Luego, las mujeres se habrían dirigido a un departamento vecino, donde se encontraban un hombre y una mujer. Esta última se refugió en el baño cuando llegaron las visitantes.

La Fiscalía sostuvo que las mujeres reclamaron al hombre una suma de entre 30.000 y 60.000 pesos y lo amenazaron con el cuchillo que presuntamente habían sustraído en el episodio anterior. Según la acusación, se retiraron sin conseguir el dinero.

Sobre el motivo del reclamo surgieron dos relatos diferentes. Una mujer que estaba en el departamento señaló que el conflicto se relacionaba con una supuesta venta de pastillas trituradas en lugar de cocaína.

Las imputadas rechazaron esa versión y afirmaron que habían sido convocadas para brindar un servicio sexual. Según su relato, al llegar encontraron una situación distinta de la acordada, por lo que pidieron cobrar e irse. También denunciaron haber sufrido manoseos y amenazas por parte del hombre que las había convocado.

La defensa pidió que se tuviera en cuenta ese contexto al evaluar las conductas atribuidas a sus representadas.

Regresaron acompañadas y hubo una agresión

Según la acusación fiscal, durante la madrugada del 15 de octubre las dos mujeres regresaron al departamento acompañadas por dos hombres, uno de ellos identificado como Franco C.

La Fiscalía sostuvo que el grupo provocó destrozos en puertas y vidrios y que, cuando el ocupante se negó a entregar el dinero reclamado, uno de los acompañantes lo golpeó en la cabeza con un tronco.

La lesión le provocó un corte de aproximadamente cinco centímetros que requirió sutura. Durante la audiencia, la víctima relató los daños ocasionados en el inmueble y manifestó que sintió que su vida estaba en peligro.

Para fundamentar la acusación, el fiscal Juan Manuel Puig presentó imágenes de cámaras de seguridad que, según su interpretación, mostraban a cuatro personas llegando y retirándose del lugar.

La defensa, a cargo de Victoria Romano, cuestionó la interpretación de los hechos y pidió que las dos mujeres pudieran continuar el proceso en libertad, con medidas alternativas como la fijación de domicilio y presentaciones periódicas ante la Policía.

Otro hecho atribuido a uno de los imputados

La investigación también incorporó un episodio ocurrido durante la mañana del 15 de octubre, cuando Franco C. habría sido encontrado al salir de una vivienda de calle Chacabuco a la que presuntamente había ingresado sin autorización.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que el hombre había cumplido una condena de tres años de prisión efectiva por delitos vinculados con robos, hurtos y encubrimiento, cuyo vencimiento se había producido en julio. También indicó que había permanecido detenido durante 30 días en otra causa aproximadamente quince días antes.

El juez valoró, además, las dudas sobre el domicilio informado por el imputado y consideró que existían riesgos procesales.

Por qué seguirán detenidos

Al fundamentar su decisión, Bumaguin aclaró que no estaba resolviendo la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino evaluando si había elementos suficientes para sostener provisoriamente las imputaciones y si correspondía mantener la detención.

El magistrado consideró que persistían riesgos procesales y que las medidas alternativas propuestas por la defensa no resultaban suficientes. En particular, mencionó la necesidad de proteger a las víctimas y evitar posibles presiones sobre ellas durante el avance de la causa.

Por esos motivos, ordenó la prisión preventiva sin plazo para los tres imputados.

La medida no constituye una condena: la investigación y el proceso judicial deberán continuar para determinar las responsabilidades correspondientes.

Con información de Rafaela Noticias

La medida fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal, a pedido del fiscal Emiliano Odriozola, a cargo de la investigación.

Qué investiga la Fiscalía

Según la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre fines de agosto de 2024 y marzo de 2025.

La hipótesis fiscal sostiene que el imputado habría aprovechado las ocasiones en que quedaba a solas con la mujer en su vivienda para cometer las agresiones denunciadas.

Por qué seguirá detenido

Al resolver el pedido, la magistrada consideró la gravedad de los hechos investigados, la posible aplicación de una pena de cumplimiento efectivo y la existencia de riesgos procesales.

Entre los factores evaluados se mencionaron la posibilidad de que el acusado entorpeciera la investigación y la necesidad de resguardar a la víctima.

La jueza rechazó el planteo de la Defensa para reemplazar la prisión preventiva por medidas alternativas, al considerar que no eran suficientes para neutralizar esos riesgos.

La causa continúa en etapa de investigación. El hombre permanece imputado y su responsabilidad penal deberá determinarse en el proceso judicial.

Con información de Radio Belgrano de Suardi

Un joven de 20 años fue condenado a cuatro años de prisión efectiva en Rufino, luego de admitir su responsabilidad en un episodio en el que amenazó a sus vecinos con un machete.

La sentencia fue dictada por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de esa ciudad del sur santafesino.

El caso fue investigado por el fiscal Mauro Menéndez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Amenazó a una pareja con un machete

El hecho ocurrió durante la siesta del 28 de septiembre de 2025, en calle Falucho al 500 de Rufino.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el condenado mantenía un conflicto previo con las víctimas y sus familiares.

En ese contexto, abordó a una mujer y a un hombre en la vía pública y comenzó a intimidarlos con un machete. De acuerdo con la investigación, movió el arma blanca de un lado a otro y realizó movimientos para atemorizarlos, incluso simulando afilar la hoja contra el suelo.

Por qué la condena llegó a cuatro años

Por el episodio de amenazas calificadas por el uso de un arma, al joven le correspondía un año de prisión efectiva.

Sin embargo, la pena final quedó fijada en cuatro años de prisión efectiva debido a la unificación con una condena anterior que todavía no había terminado de cumplir.

El fiscal explicó que aquella condena había sido inicialmente de ejecución condicional, pero esa modalidad fue revocada.

Admitió su responsabilidad en un juicio abreviado

Durante el procedimiento, el joven reconoció su responsabilidad penal como autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma.

Además, aceptó junto con su defensa la calificación legal, el monto de la pena unificada y la realización del juicio abreviado.

Las víctimas fueron notificadas de la resolución judicial y manifestaron su conformidad con lo resuelto.

Con información de El Litoral