Judicial
Procesan a una banda narco de Rafaela cuyo jefe daba las directivas desde la cárcel de Piñero
Evelio «Yiyo» Ramallo, conocido por haber agredido a un fiscal con un tacho de basura, fue procesado en la Justicia federal por dirijir una organización criminal que se suministraba de estupefacientes en la ciudad de Santa Fe.
Evelio “Yiyo” Ramallo (35), el célebre preso que recientemente en agosto de este año firmó una condena de tres años por haber agredido a un fiscal con un tacho de basura en medio de una audiencia en los tribunales de Rafaela, quedó nuevamente implicado en una causa judicial. La misma se tramita en el fuero federal y lo tiene sindicado como el jefe de una banda narco que operaba en la ciudad del departamento Castellanos pero que se suministraba de estupefacientes en la ciudad de Santa Fe.
El juez federal a cargo del Juzgado de Rafaela, Reinaldo Rodríguez, dictó el procesamiento para Ramallo tras considerar que el mismo dirigió hasta el pasado 22 de agosto una organización criminal, dedicada a la venta de drogas, desde la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero, dependiente del Servicio Penitenciario provincial.
El fallo del magistrado, que hizo lugar al pedido del fiscal del caso Gustavo Onel, lo encontró presuntamente responsable del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de organizador” por lo que ordenó su prisión preventiva y además le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos.
La resolución también alcanza a otras seis personas sindicadas a lo largo de investigación como quienes desempeñaron dentro de la banda distintos roles: Carina Soledad Castillo (21); Yoana Carolina Olivera (28); Diego Hernán Molina (34); Cristian Daniel Ferreyra (41); Nanci Lorena Zunoffen (42); y Joaquín Ángel Babijezuk (30). Todos procesados por “comercio de estupefacientes”.
Un procedimiento como disparador
La investigación tuvo su inicio a raíz de la interceptación de dos mujeres que iban a bordo de un remis en la ruta provincial 70 (en el kilómetro 45) el pasado 22 de mayo. Ambas portaban dos armas de fuego (pistolas), de las cuales una tenía la numeración “limada”.
Las pistolas fueron secuestradas en el marco de una causa que buscó dar, en el Ministerio Público de la Acusación, con el comercio ilegal de armas y su posible utilización para cometer ilícitos. Sin embargo, con el devenir de la pesquisa, una serie de escuchas a personas involucradas develaron una trama narco como trasfondo de aquel secuestro por lo que la investigación pasó el fuero federal.
Tan solo bastaron una serie de intervenciones telefónicas para dar cuenta que quien estaba a cargo de la organización era un conocido preso de la ciudad de Rafaela que para ese entonces estaba alojado en el penal de Piñero, en el sur provincial. Evelio “Yiyo” Ramallo, nacido en 1985 en la localidad de Suardi y con residencia, hasta su detención por una causa de homicidio, en la ciudad de Rafaela. El mismo actualmente purga una condena de 20 años de prisión por una causa de homicidio y además por haber agredido al fiscal Guillermo Loyola (del MPA), el 13 de diciembre del 2018 en una audiencia de medidas cautelares que se desarrollaba en la sala 2 de los tribunales rafaelinos.
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Directivas desde la cárcel
Tras una serie de trabajos de inteligencia y a través del análisis de escuchas, los investigadores de la Unidad Investigativa Antinarcóticos I -encargados de la pesquisa- detectaron que quien oficiaba en la estructura criminal como ladera de Ramallo era Carina Soledad Castillo, una joven de tan solo 21 años y la cual quedó registrada en una serie de escuchas.
El juez Rodríguez destacó en este sentido que la misma “se encargaba de fraccionar, estirar, comercializar y distribuir la droga a puntos de venta” al menudeo en Rafaela. Y además se habría encargado de recaudar “las ganancias obtenidas de esa actividad ilícita”, todo ello bajo las órdenes y directivas que le impartía el imputado Ramallo.
Así lo evidenciaron las escuchas entre la joven y el mismo Ramallo. “Ya te dije son negocios y de droga son cosas serias, de droga. Estas vendiendo droga no caramelos, droga”, le dijo “Yiyo” a la joven ladera sobre cómo debía actuar para la venta y el cobro de la actividad clandestina. “Lo hice como vos me dijiste, ósea le puse 40 gramos de la piola y 60 gramos de creatina y lo mezcle, lo pise en un plato de ahí, y lo estuve pisando, lo estuve pisando, lo pise, lo mezclaba, lo mezclaba…”, le respondió Castillo a Ramallo en otro dialogo que consta en el expediente judicial.
El proveedor
El procesamiento también valoró la participación que tuvo en la organización Joaquín Ángel Babijezuk, un cuidador de caballos del Hipódromo de Las Flores y cual residía en un departamento de Santiago de Chile al 2000 del barrio Roma, donde existen una serie de cocheras y supo funcionar un lavadero, según indicaron fuentes policiales.
El mismo fue acusado de ser el proveedor de la banda por medio entregas que se llevaban en inmediaciones del hipódromo de Las Flores de la ciudad de Santa Fe. En este sentido, la causa determinó en un primer momento que Babijezuk almacenaba drogas en su domicilio y también en el stud donde
Sin embargo, cuando le allanaron su domicilio los investigadores no encontraron estupefacientes. De todos modos, quedó detenido y ahora procesado por las escuchas telefónicas que desnudaron sus modus operandi en la banda.
Eslabón inferior
Para el juez, el resto de los involucrados en la causa realizaron una serie de roles, como lo fue el de Cristian Daniel “Kiko” Ferreyra que fue imputado de “acopiar y acondicionar” el material estupefaciente que luego se distribuía en los puntos de venta al menudeo de Rafaela.
En el caso de Yoana Carolina Olivera, quedó implicada por haber realizado la comercialización de estupefacientes al menudeo en el domicilio Lucio Casarin al 1900 de Rafaela, puesto que allí habría funcionado una “boca de expendio” de la banda.
Mientras que en el caso de Lorena Zunoffen, fue procesada porque se comprobó su grado de participación en la organización criminal ya que se habría encargado de transportar el material estupefaciente y el dinero para el pago del mismo, desde la ciudad de Santa Fe hacia la ciudad de Rafaela por medio de la utilización de vehículo marca Ford, modelo Ecosport. Dicho vehículo supo ser visto por los investigadores en el Hipódromo de Las Flores donde la banda se suministraba de drogas.
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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