Judicial
Rafaela: Quedó en prisión el joven acusado de delitos sexuales
El imputado es hijo de un empresario rafaelino y quedá en prisión preventiva sin plazo y acusado de delitos sexuales.
A partir de las 9 de la mañana de ayer, en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial que funciona en los tribunales de Rafaela, se realizó una audiencia oral y pública, a un rafaelino identificado como Martín G., donde el juez actuante Dr. Alejandro Mognaschi, le dictó la prisión preventiva sin plazos, que era lo solicitado por la Fiscalía en la persona de la Dra. Angela Capitanio, que investiga delitos relacionados con la promoción a la prostitución de menores y abuso sexual, donde ya estaba imputado el acusado de estos hechos.
La medida cautelar fue dictada ayer por la mañana, solamente cuatro días después de que Martín G., fuera detenido en una vivienda de barrio Pizzurno bajo estricta reserva –nada se comunicó oficialmente desde el Ministerio Público de la Acusación ni tampoco luego de la audiencia imputativa- y ahora esperará detenido en prisión el desenlace del proceso penal mientras dure la investigación.
La prisión preventiva es una medida procesal que se aplica normalmente cuando el Juez dictamina que existe riesgo de fuga por parte del imputado o que puede obstaculizar la investigación, por ejemplo como ejercer algún tipo de presión o intimidación sobre las víctimas y/o los testigos del hecho del cual se lo acusa. El siguiente paso –procesalmente hablando- podría ser llegar a la realización de un juicio oral y público, o un juicio o procedimiento abreviado en el cual las partes (acusación y defensa) llegan a un acuerdo que es homologado finalmente por el juez de IPP actuante.
Al rafaelino Martín G., hijo de un conocido empresario de la ciudad tal como los medios de comunicación –incluyendo LA OPINION- lo informaran oportunamente, se le imputaron diez hechos delictivos por distintas calificaciones penales.
Los 10 hechos delictivos fueron imputados bajo los tipos penales de promoción a la prostitución agravada por amenazas y por ser la víctima menor a los 18 años de edad y por la intervención de menores de 18 años; promoción a la prostitución agravada por ser la víctima menor a los 18 años y por la intervención de menores de 18 años; amenazas coactivas agravadas por la intervención de menores de 18 años de edad; promoción a la corrupción agravada por amenazas y por ser la víctima menor a los 18 años de edad; abuso sexual agravado por acceso carnal y promoción a la corrupción de menores de edad; amenazas; y promoción a la prostitución.
Tal como fuera dicho públicamente por la fiscal Angela Capitanio, quien conduce la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS), en algunos casos las víctimas se repitieron, y la investigación cobró impulso luego de que uno de los padres efectuase la primera denuncia y luego el resto de los progenitores alcanzados por estos delitos en las personas de sus hijas menores de edad, decidiesen sumarse y hacer la presentación judicial también, viendo que en casi todos los casos las modalidades se repetían.
El jueves último, día en que se realizó un allanamiento con posterior detención en la vivienda de Martín G., se habían secuestrado evidencias importantes para sostener las acusaciones de la Fiscalía, tales como una computadora, teléfonos celulares y tarjetas de memoria donde habrían quedado “rastros” de las actividades del joven detenido.
También se mencionó que si bien es materia de investigación, podría haber alguna vinculación por el delito de Trata de personas, hechos que serían investigados en el ámbito de la Justicia Federal dado que la Trata es un delito federal. No obstante en el día de la detención del joven, haya actuado eficazmente personal policial provincial de la Delegación Noroeste de la Dirección de Trata de Personas.
LOS HECHOS
Los hechos investigados habrían ocurrido desde el invierno último hasta el momento de la denuncia y posterior detención del imputado que no registraba antecedentes.
El “modus operandi” del detenido Martín G., consistía en reclutar a jovencitas menores de edad de origen humilde principalmente, citándolas a su domicilio por trabajo y luego les ofrecía ser trabajadoras sexuales VIP.
Ante el ofrecimiento –obviamente ligado a la prostitución- las chicas huían. Al menos seis de estas jovencitas menores de edad –a pesar de que el joven las amenazaba para que no hagan denuncias ni dijeran nada- pudieron dialogar con personal policial y judicial, iniciándose las actuaciones legales correspondientes hasta llegar al día de hoy con el acusado investigado y preso preventivamente.
Fuente: La Opinión de Rafaela
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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