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Santa Fe: Investigan el accionar de policías de Drogas por la evasión de un preso

Un subinspector fue imputado el viernes por supuesto favorecimiento en la fuga del único interno alojado en las celdas de San Luis al 3200 de la capital santafesina.

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Dirección de Drogas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicada en San Luis al 3200 Santa Fe

El subinspector de la policía santafesina Hugo Ariel Rivero, de 43 años, fue imputado la mañana del viernes por el fiscal José Luis Caterina por el supuesto favorecimiento doloso de la evasión de un joven que estaba detenido en la sede de la Dirección de Drogas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ubicada en San Luis al 3200, entre la Nochebuena y las primeras horas del día de Navidad.

El suboficial, quien al momento del hecho era el único uniformado de guardia en la dependencia donde funcionara hasta hace unos años la seccional 6ª, quedó en libertad pero ligado a la causa que seguirá sus pasos judiciales. En ese sentido al menos otros cuatro efectivos de la dependencia están ligados a la pesquisa y les secuestraron sus celulares.

Todo se inició la noche del 23 de diciembre cuando Ulises Isaías Vallejos, de 22 años y con domicilio en el barrio Las Flores, fue detenido por personal del Comando Radioeléctrico que le secuestró una cantidad no determinada de drogas en su poder. Tras ello lo llevaron a la sede de Drogas de la AIC por disposición del Juzgado Federal 4 que estaba en turno.

Al otro día, según la acusación fiscal, un llamado del personal de la comisaría 32ª alertó a la gente de Drogas que el detenido era un viejo conocido de esa seccional y que los había engañado. En el alerta les dijeron que Vallejos había brindado una identidad falsa porque en realidad se llama Maximiliano Fabián P., por lo que todo el procedimiento prontuarial realizado y elevado a la Justicia debió realizarse nuevamente, al igual que las fotos de identificación y el cotejo de la ficha dactiloscópica para verificar sus antecedentes penales.

A las 21.30 del viernes 24 el subinspector Rivero se quedó solo a cargo de la guardia del edificio de Drogas ya que otros cuatro uniformados se retiraron a pasar la Nochebuena en familia. El único detenido en las celdas del lugar era Maximiliano Fabián P.

Candado roto

La sorpresa se dio a las 2.40 del 25 de diciembre cuando un compañero de Rivero se reintegró a trabajar y en una recorrida por el edificio de San Luis al 3200 notó que el único detenido ya no estaba y que el candado de la habitación donde lo habían alojado estaba roto.

Ante ello dio aviso a sus superiores y luego, según lo que trascendió, declaró ante los pesquisas: “Cuando regreso, mis compañeros van a buscar al detenido P. al penal y se percatan de que el mismo no estaba, la puerta del primer perímetro se encontraba cerrada, la puerta de ingreso al penal se encontraba cerrada y tenía colocado el candado de seguridad. Y la puerta donde se encuentran los pabellones (antes el presidio de la 6ª) que actualmente se usa como depósito no tenía candado. Por ese depósito hay una puerta que sale a un patio y mis compañeros realizaron una búsqueda en el perímetro, pero no encontraron nada, sólo un candado tirado que sería el de la puerta del depósito”.

Para el fiscal José Luis Caterina existen dos posibilidades: la complicidad de Rivero en la fuga o la negligencia en la custodia del detenido. En ese marco bajo la calificación de favorecimiento doloso de la evasión y abuso de autoridad, el fiscal dijo que Rivero “habiendo quedado solo y a cargo del lugar, hizo posible que P. se fugara, lo que fue descubierto recién a las 2.40 cuando llegaron otros policías a la dependencia”.

La otra calificación, alternativa, es la del favorecimiento de evasión culposo. “Usted como oficial de cuarto y guardia no observó los deberes de cuidado propios de su función en relación al control de un único detenido alojado en el lugar, quien además ya había evidenciado su peligrosidad procesal al declarar una identidad falsa al momento de su aprehensión, por lo que debió haber redoblado dichos deberes”, dijo Caterina en la audiencia llevada adelante esta tarde. Y le reprochó: “Durante seis horas el único sujeto alojado en el penal de la dependencia policial no fue custodiado por usted quien no observó lo normado por las leyes policiales que le incumbía cumplir”.

En la audiencia, de la que participaron la Fiscalía y el abogado del policía Rivero pero no un juez ya que no se solicitaron medidas de prisión preventiva para el investigado se lo anotició de la imputación en su contra mientras continúa la pesquisa sobre los otros cuatro policías de la repartición que debieron entregar sus celulares para que sean peritados en busca de indicios de posible complicidad.

Fuente: Minuto Santa Fe

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Ataque a la Comisaría de Sunchales: liberaron a dos imputados y ya son tres los acusados en libertad

La Justicia revisó las medidas cautelares de los involucrados en el ataque a la Comisaría 3ª. Dos imputados recuperaron la libertad bajo estrictas restricciones, mientras que otro continuará en prisión preventiva.

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Foto: Ataque a la Comisaría de Sunchales: liberaron a dos imputados

La causa por el ataque a la Comisaría 3ª de Sunchales, ocurrido el pasado 28 de marzo, tuvo este lunes una nueva audiencia en los tribunales de Rafaela, donde la Justicia resolvió otorgar la libertad con medidas restrictivas a dos de los seis imputados.

La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Guillermo Stegmayer, con la participación del fiscal Juan Manuel Puig y de los defensores particulares Marcelino Plaza y Juan Bautista Degiovanni.

La defensa pidió medidas alternativas

Durante la audiencia, la defensa solicitó la libertad bajo medidas alternativas para Thiago Nicolás Gorosito, Julio Germán Gorosito Ricarte y David Javier Derfler.

Los abogados sostuvieron que los riesgos procesales se encontraban neutralizados, que los acusados poseen arraigo y que la situación debía abordarse también desde una perspectiva vinculada al tratamiento de consumos problemáticos.

La Fiscalía se opuso

Por su parte, el fiscal Juan Manuel Puig solicitó mantener las prisiones preventivas.

Argumentó que los riesgos procesales continúan vigentes, especialmente por el avance de la investigación y la necesidad de proteger a las víctimas y testigos.

En el caso de David Javier Derfler, además, remarcó antecedentes de incumplimientos de medidas judiciales anteriores.

Dos recuperaron la libertad

Tras escuchar los planteos de ambas partes, el juez resolvió conceder la libertad con restricciones a:

  • Thiago Nicolás Gorosito
  • Julio Germán Gorosito Ricarte

Ambos deberán cumplir una serie de condiciones:

  • Fijar domicilio en Sunchales.
  • Permanecer bajo la guarda de familiares.
  • Presentarse cada 15 días en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
  • No mantener contacto con las víctimas ni con los coimputados.
  • No portar armas.
  • Iniciar un tratamiento por consumo de sustancias.
  • No cometer nuevos delitos.

Un imputado seguirá detenido

En cuanto a David Javier Derfler, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar nuevamente su situación procesal en futuras audiencias.

Con esta resolución, tres de los seis imputados por el ataque a la dependencia policial se encuentran en libertad bajo medidas restrictivas, mientras que los otros tres continúan detenidos con prisión preventiva.

El hecho investigado

La investigación se originó por el ataque ocurrido durante la madrugada del 28 de marzo, cuando un grupo de personas arrojó piedras y otros elementos contundentes contra el edificio de la Comisaría 3ª de Sunchales, ubicada en la intersección de Rafaela y Esperanza.

Como consecuencia del ataque se registraron roturas de vidrios y daños en móviles policiales estacionados frente a la dependencia.

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San Cristóbal: prisión preventiva para un hombre acusado de amenazar de muerte a su expareja

El imputado, de 26 años, está acusado de amenazar a la víctima e incumplir una orden judicial que le prohibía acercarse. La Justicia consideró que existían riesgos procesales y ordenó que continúe detenido.

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Foto: Fiscal Hemilce Fissore

Un hombre de 26 años quedó en prisión preventiva en la ciudad de San Cristóbal, acusado de cometer delitos en un contexto de violencia de género contra su expareja.

La medida fue solicitada por la fiscal Hemilce Fissore y dispuesta por el juez José Luis Estévez, durante una audiencia realizada en los tribunales de esa ciudad.

Habría amenazado de muerte a su expareja

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el hecho ocurrió el jueves de la semana pasada, alrededor de las 17:30, cuando el imputado se presentó en la vivienda donde residen su expareja y las dos hijas que tienen en común.

Según la fiscal, el hombre incumplió una medida judicial de exclusión del hogar, además de una prohibición de acercamiento y hostigamiento que estaba vigente desde abril.

Durante el episodio, habría amenazado de muerte a la mujer, advirtiéndole que la mataría si volvía a denunciarlo. Si bien no se registraron lesiones físicas, la amenaza generó un fuerte temor en la víctima.

Ya había incumplido medidas judiciales

La fiscal Fissore explicó que el acusado ya estaba sometido a medidas cautelares no privativas de la libertad dictadas en mayo en otra causa penal, las cuales también habría incumplido.

Ese antecedente fue considerado por el juez al momento de evaluar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y resolver la prisión preventiva.

Fue detenido horas después

Tras el episodio de intimidación, el hombre fue detenido en la vía pública pocas horas más tarde.

La causa continúa en etapa de investigación y el imputado fue acusado como presunto autor de los delitos de amenazas y desobediencia de un mandato judicial, en un contexto de violencia familiar y de género.

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Un padre deberá indemnizar con $65 millones a su hija por no haberla reconocido durante más de 20 años

Una cámara de apelaciones confirmó la condena contra un hombre que deberá pagar una indemnización de 65 millones de pesos, más intereses, a su hija por los daños ocasionados tras negarse a reconocer legalmente el vínculo filial durante más de dos décadas.

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Foto: Imagen ilustrativa

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó la sentencia al considerar acreditado que el demandado conocía la existencia de su hija desde 2004, pero no avanzó con su reconocimiento.

La demanda fue impulsada por la hija

La causa fue iniciada por una mujer, actualmente de 37 años, quien reclamó una reparación económica por los daños morales, psicológicos y patrimoniales sufridos como consecuencia de no haber sido reconocida por su padre durante gran parte de su vida.

El reconocimiento de la filiación se concretó recién en 2022, a través de una sentencia dictada en un proceso judicial anterior.

La Justicia confirmó la responsabilidad del padre

En primera instancia, el tribunal fijó una indemnización compuesta por:

  • $30 millones por daño moral.
  • $15 millones por daño psíquico y tratamiento psicológico.
  • $20 millones por perjuicio material.

A ese monto se le suman los intereses calculados desde diciembre de 2004, fecha en la que la Justicia consideró que el hombre ya tenía conocimiento del vínculo filial.

La apelación fue rechazada

El demandado apeló la sentencia y aseguró que recién tomó conocimiento del embarazo y del nacimiento de su hija en 2017. También cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que la mujer demoró varios años en iniciar el reclamo judicial.

Sin embargo, la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó esos argumentos y concluyó que las pruebas reunidas en el expediente demostraban que el padre conocía, o debía conocer, la existencia de su hija desde 2004.

Para llegar a esa conclusión, los jueces analizaron declaraciones testimoniales, registros migratorios y documentación médica incorporada a la causa.

El impacto emocional fue determinante

En la resolución, el tribunal también valoró la historia clínica de la demandante, donde quedaron documentadas las consecuencias emocionales derivadas de la ausencia de la figura paterna.

Entre otros aspectos, se destacaron episodios de ansiedad y el deseo permanente de establecer un vínculo con la familia de su padre.

Finalmente, los magistrados entendieron que el hombre no presentó pruebas suficientes que permitieran desvirtuar la responsabilidad atribuida y confirmaron íntegramente la condena.

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