En el fallo de la Sala II, los magistrados Patricia Clérici y Pablo Furlotti advirtieron que “la fijación del importe de la cuota alimentaria a cargo del progenitor no conviviente siempre es una cuestión problemática”, y consideraron apropiado que “sea acordada por los progenitores y no traída a los estados judiciales”.

La sentencia de primera instancia había fijado la cuota alimentaria en el 50 por ciento de un salario mínimo vital y móvil, por lo tanto, en el mes de mayo sería apenas superior a los 150 mil pesos. La Cámara sostuvo que ese monto “no permite la cobertura de las necesidades básicas” de la menor y lo elevó hasta el equivalente a la canasta de crianza del Indec para la franja etaria de 6 a 12 años, actualmente de 513 mil pesos.

Los jueces consideraron que el progenitor, aunque no posee empleo registrado, tiene plena capacidad laboral e indicaron que su nula participación en el proceso “vislumbra despreocupación respecto de su hija y falta de asunción de su rol parental”.

En el mismo sentido, advirtieron que existen indicios de que tiene un nivel de ingresos superior al denunciado, y sobre la situación económica de los abuelos, que cuentan con inmuebles, alquileres, automotores, pero que” han mentido claramente en oportunidad de suscribir las declaraciones juradas, a fin de ser patrocinados por la Defensa Pública”. De ello, afirmaron, se desprende que “es intención familiar sustraerse a la obligación de manutención de la niña, tratando de ocultar su real situación económica”.

Por último, afirma el fallo que debe “prevalecer el interés superior de la hija” y que “debe hacerse extensiva la condena a los abuelos paternos en forma subsidiaria y para el supuesto que el padre no cumpla con el pago de la cuota alimentaria o la abone en forma parcial”.

Fuente: NJ Noticias

En la mañana de jueves, en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, la jueza Celeste Minniti ordenó la prisión preventiva para cuatro hombres de entre 36 y 69 años, oriundos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, imputados como coautores de un robo cometido la semana pasada en una vivienda de Gobernador Crespo, departamento San Justo.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Francisco Cecchini, solicitó las cautelares de máxima y explicó que, aunque la Defensa consentía las preventivas, la magistrada analizó las particularidades del caso y fundamentó su decisión.

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En la audiencia, Cecchini expuso las evidencias recabadas y las diligencias pendientes para esclarecer lo sucedido, además de otros aspectos vinculados a los riesgos procesales.

Destacó que hay un quinto hombre investigado que permanece prófugo, con pedido de detención vigente, y sostuvo que, de liberarse los imputados, existía el riesgo de fuga o de interferencia en la búsqueda del prófugo.

Según relató el fiscal, el ilícito ocurrió el miércoles de la semana pasada por la noche, cuando “a raíz de un acuerdo previo, los imputados y el hombre prófugo se distribuyeron tareas para cometer el robo”.

Un ataque brutal en busca de dinero y objetos de valor

Entre las 21:30 y las 22:00, al menos tres de ellos ingresaron a una casa ubicada a pocas cuadras de la plaza principal de Gobernador Crespo.

En el interior del inmueble, ataron de pies y manos, amordazaron y encapucharon a un hombre y a una mujer que viven allí, mientras les exigían información sobre dónde encontrar dinero y objetos de valor.

Para impedir que las víctimas se resistieran, los agresores les provocaron quemaduras con un atizador de chimenea caliente en distintas partes del cuerpo.

Además, el hombre fue amenazado con un cuchillo de cocina, mientras que a la mujer le acercaron un encendedor con la llama encendida para intimidarla.

Durante el robo, los imputados sustrajeron una máquina de coser, una cartera, un vestido, relojes, colgantes, cadenas, pulseras, anillos, prendedores, 297.620 pesos y 10.600 dólares estadounidenses, que cargaron en bolsas, bolsos y entre sus prendas de vestir. Luego rompieron las cámaras de seguridad de la casa y se retiraron.

Pese a que las víctimas quedaron privadas de su libertad en el interior de la vivienda, fueron auxiliadas momentos después.

Gracias a un llamado a la Central de Emergencias 911, personal policial de la Comisaría Tercera de Gobernador Crespo desplegó un operativo cerrojo junto con agentes del Comando Radioeléctrico de San Justo y de las Comisarías Quinta y Sexta de esa ciudad.

Tras una persecución, los uniformados lograron detener a los cuatro imputados esa misma noche en la ruta nacional 11, en jurisdicción de Marcelino Escalada (departamento San Justo). Los sospechosos circulaban en dos automóviles, que fueron secuestrados, mientras que el quinto coautor escapó a pie por una zona rural.

Cecchini indicó que las víctimas pudieron recuperar sus pertenencias, ya que los acusados las tenían consigo en los vehículos en los que se desplazaban. También mencionó que un tercer auto que habría sido utilizado en el robo fue secuestrado el jueves de la semana pasada en San Justo.

Los cuatro hombres quedaron imputados por robo calificado —por el uso de arma y por haberse cometido en un lugar poblado y en banda— y privación ilegítima de la libertad agravada, por violencia y amenazas.

Fuente: Uno de Santa Fe

El Tribunal Oral Federal 4 ordenó hoy que el dueño de «Austral Construcciones» Lázaro Báez sea trasladado de «inmediato» a una cárcel común para terminar de cumplir su condena por lavado de activos, la cual dejó firme la Corte Suprema de Justicia, informaron fuentes judiciales.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero ordenaron la «inmediata detención y/o captura de Lázaro Antonio Báez a efectos del cumplimiento de la pena» con sentencia firme y su alojamiento «en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal».

Báez, quien sería trasladado a un penal federal de Río Gallegos, estaba bajo arresto domiciliario en su casa de Santa Cruz en otra causa penal también por lavado de activos vinculada a la compraventa del campo uruguayo El Entrevero.

«Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva conforme las consideraciones expuestas», concluyeron los jueces.

El pedido de detención inmediata había sido presentado por el fiscal Abel Córdoba luego que la Corte dejó firme su condena a diez años de prisión en la «ruta del dinero K».

La sentencia condenatoria «ha pasado en autoridad de cosa juzgada y -consecuentemente- se ha tornado operativo su cumplimiento, de modo que corresponde continuar con el trámite de ejecución conforme lo precisado», resolvió el Tribunal.

Los jueces recordaron que «la ley no prescribe de modo automático la concesión de la prisión domiciliaria cuando se presenta alguno de los supuestos de hecho del art. 10 del Código Penal o art. 32 de la ley 24.660, sino que -eventualmente- sujeta su viabilidad a la apreciación judicial previo trámite de la incidencia que se suscite».

Según el cómputo hecho por el Tribunal, Báez estuvo con prisión preventiva en esta causa penal tres años, 8 meses y ocho días por lo cual resta que cumpla 6 años, tres meses y 22 días.

La Corte Suprema también confirmó ayer otra condena a seis años de cárcel para Báez en la causa Vialidad, en la que fue juzgado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Fuente: NA