La audiencia fue presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero, y estuvo a cargo del fiscal Guillermo Loyola, quien imputó formalmente a Juan A. Z., oriundo de Sunchales, como presunto autor de los delitos de estafas, usurpación de título y falsificación de documento público.

🔍 Según el legajo investigativo, el imputado no sería abogado, aunque habría utilizado documentación y elementos apócrifos para concretar maniobras en perjuicio de vecinos de la localidad.

📌 Detención y elementos secuestrados

La detención se produjo días atrás en la ciudad de Sunchales, y estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Rafaela de la Policía Federal Argentina, con sede en barrio Fátima, siguiendo directivas del fiscal interviniente.

Durante el procedimiento se realizó el secuestro de elementos considerados de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, una computadora, documentación y un sello que simulaba pertenecer a un abogado, el cual sería ilegítimo.

⚽ Situación institucional en Unión de Sunchales

Juan A. Z. se desempeñaba como vicepresidente primero del Club Atlético Unión de Sunchales. Tras conocerse la detención, la institución emitió un comunicado oficial, en el que aclaró que los hechos investigados serían de índole personal y que ningún integrante de la Comisión Directiva se encuentra vinculado a la causa.

El club manifestó su respeto al accionar de la Justicia y señaló que aguardará el avance del proceso judicial. Además, informó que, conforme a su Estatuto Social, el cargo será ocupado de manera provisoria por el primer vocal titular, garantizando la continuidad institucional.

El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del club con la transparencia, la legalidad y sus valores históricos.

Por Móvil Quique con información de Castellanos

La sentencia surgió tras un juicio oral donde se analizaron documentos, testimonios y la normativa vigente. El magistrado concluyó que Bertoglio incurrió en conductas que vulneraron los deberes propios del cargo, al intervenir en actividades privadas incompatibles con su rol público.

Sin embargo, la pena no implica prisión efectiva, sino que queda en suspenso, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo fijado en la sentencia.

El juez enfatizó que la condena se centra en el uso indebido de la función pública y en la afectación a los principios de transparencia y legalidad, más allá de cualquier resultado económico. La resolución no es una absolución ni un acuerdo, sino una decisión del tribunal basada en el análisis del mérito de la causa.

Aunque la decisión ya quedó firme en esta instancia, las partes podrían presentar recursos ante tribunales superiores. La causa reaviva el debate sobre los límites entre función pública y actividades privadas y la necesidad de estricto cumplimiento de las normas estatales.

Por Móvil Quique con información de Rafaela Informa

Así lo ordenó la jueza, Cecilia Álamo, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de San Cristobal.

El fiscal Emiliano Odriozola está a cargo de la investigación y fue quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son LRA, transite el proceso judicial privado de su libertad. La magistrada dispuso la prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso judicial.

Los hechos

Odriozola señaló que “entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada del sábado 1 de noviembre, en un campo ubicado en zona rural de Suardi, el imputado ingresó a la habitación en la que estaba durmiendo la víctima”. El fiscal remarcó que “el hombre investigado sabía perfectamente que la víctima es menor de edad, y la agredió sexualmente aprovechando, por un lado, la convivencia de ambos en la misma casa; y por otro, que la adolescente no pudo consentir libremente su accionar”.

“Al día siguiente, en un horario similar, el imputado fue nuevamente a la habitación de la víctima con las mismas intenciones de agredirla sexualmente”, relató el fiscal y agregó que “en esta oportunidad no logró su objetivo en virtud de que la víctima se levantó de su cama, trabó la puerta de la habitación e impidió que el imputado ingrese”.

El fiscal también subrayó que “con su teléfono celular, la víctima logró grabar al imputado, quien le dijo cuáles eran sus intenciones”.

En relación con el incumplimiento de un mandato judicial, Odriozola subrayó que “el lunes 8 de diciembre, aproximadamente a las 3:50, el imputado ingresó sin autorización al tambo del mismo establecimiento rural de Suardi e intentó agredir físicamente a su expareja con un hierro”. Agregó que “con su accionar, el hombre investigado incumplió una orden judicial del 5 de noviembre en la que se establecía una medida de distancia en relación con ese domicilio”.

Riesgos procesales

Odriozola valoró que “la jueza consideró que los tres hechos atribuidos al imputado fueron debidamente acreditados con las evidencias recolectadas en la investigación y con el análisis efectuado por la Fiscalía”.

“La magistrada también sostuvo que además de la calificación legal aplicable debe tenerse en cuenta la situación de violencia de género, por lo que la eventual pena a imponer sería de ejecución efectiva”, remarcó el fiscal del MPA.

Odriozola concluyó diciendo que “Álamo también argumentó que la pena en expectativa y la necesidad de proteger a las víctimas, sobre todo a la adolescente que todavía no declaró en Cámara Gesell, impacta de manera directa sobre los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”.

“La jueza consideró que el riesgo de fuga se encuentra acreditado por lo que rechazó el pedido de la Defensa del imputado de aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad por considerarlas insuficientes para contrarrestar el peligro procesal”, concluyó el fiscal.

Calificación penal

Al imputado se lo investiga como autor de los delitos de abuso sexual simple y tentativa de abuso sexual (ambas figuras agravadas por la convivencia preexistente), violación de domicilio y desobediencia a un mandato judicial.

Fuente: Radio Belgrano de Suardi