Judicial
Tribunales rafaelinos: más imputaciones comprometen a sunchalense
Se trata de Edgardo C., un sunchalense al que en enero lo habían acusado de otros ocho delitos.
Los hechos
Como lo informamos el día lunes tras la audiencia imputativa referida a Edgardo C. y tal como lo expuso la fiscalía, es preciso recordar que el hombre había sido imputado en enero del corriente año por ocho delitos, por los cuales estaba cumpliendo medidas alternativas, hasta que fue aprehendido el viernes 6 de septiembre.
De esta manera, en la audiencia imputativa se lo implicó en cuatro situaciones delictivas, que se suman a las anteriores y por tal motivo el “conteo” de los hechos en esta nueva imputación, comienza desde el hecho número nueve.
La fiscal Mirna Segré detalló que, en lo que refiere al noveno hecho en el cual está vinculado Edgardo C. ocurrió el día 24 de abril de este año, cerca de las 23:45 hs cuando el imputado en compañía de otro hombre, del cual se desconoce la identidad, ingresaron en un domicilio ubicado en calle Dentesano de la localidad de Sunchales, treparon un tapial, ingresaron por el patio y rompiendo el vidrio de la puerta de la cocina ingresaron a una casa y se llevaron una billetera que estaba arriba de la mesa. La misma contenía documentación personal, correspondiente al dueño de la casa.
Luego se retiraron del lugar, pero el imputado terminó discutiendo con otra persona, se toman a golpes de puño. Efectivos policiales observan esta situación en la vía pública y se presentan para intentar chequearlos, fue ahí cuando el imputado golpea a un policía para intentar darse a la fuga, el efectivo policial sufrió lesiones dolosas de carácter leve. Este hecho fue caratulado como robo calificado por escalamiento y resistencia y atentado contra la autoridad.
El segundo hecho referido, que sería el décimo retomando el conteo señalado anteriormente, ocurrió el 21 de junio cerca de las 10 hs, cuando el imputado se presentó en un domicilio ubicado en calle Tucumán de la misma localidad y amenazó a un hombre diciendo “te voy a cagar a tiros a vos y a tu familia”. Este hecho fue determinado como amenaza simple.
El onceavo hecho imputado a Edgardo “viejarda” C. sucedió el 10 de julio de 2019, cerca de las 13:30 hs., cuando sustrajo una bicicleta en calle Alvear, pero la víctima lo persigue y logra recuperar el vehículo. Este hecho fue caratulado como robo en grado de tentativa.
Finalmente, el hecho número doce en el cual está implicado el sujeto, ocurrió el pasado 2 de septiembre, entre las 19:30 y las 20 hs., en ocasión de que el imputado se transportaba en bicicleta y en la intersección de calles Tucumán e Italia (Sunchales) saltó del vehículo e interceptó a un hombre. En esta situación portaba un arma de fuego de fabricación casera y amenaza a la víctima diciendo “dame todo”. La víctima de la situación, se resiste y por lo tanto comienzan a forcejear. El imputado le apunta la cara con el arma y le propina varios golpes en la cabeza, generando graves lesiones. Particularmente le provocó cortes en la cabeza y le fractura el dedo meñique de la mano derecha. Logró sustraerle una mochila, donde llevaba el celular, billetera con la suma aproximada de $300 o $400, distintas tarjetas y documentación personal y de la motocicleta de la víctima. Luego de apoderarse de sus pertenencias, se dio a la fuga. Este hecho fue caratulado como robo doblemente calificado por el uso de arma y por las lesiones graves ocasionadas.
Ampliación de imputación
En relación a la audiencia de ampliación de imputación, la fiscal amplió información vinculada a los hechos número 9 y 12. En cuanto al primero, agregó la mención a que se desconoce la identidad del sujeto con el que ingresó a robar al domicilio referido; además informó que en momentos en que la policía logra aprehender al sujeto, secuestran parte de lo que habían robado, a excepción del dinero. En relación al otro hecho agregó referencias a las pruebas con las que cuentan en la investigación.
Caducidad de medidas alternativas anteriores
En lo que respecta a la caducidad de las medidas alternativas que estaba transitando Edgardo C. en relación la imputación que le realizaron en audiencia en enero de este año, la fiscal Mirna Segré expresó que el imputado estaba implicado en hechos de gravedad anteriormente, y que más allá de eso, el 15 de abril recuperó la libertad, pero continuó cometiendo delitos. Agregó que, entre las medidas alternativas, Edgardo C. debía presentarse a firmar ante las autoridades correspondientes en la localidad de Sunchales durante todos los viernes, pero en 9 oportunidades no se presentó a hacerlo. Finalmente, Mirna Segré manifestó que solicita la caducidad de las medidas alternativas y prisión preventiva para Edgardo C.
Por su parte, la abogada defensora Mónica Ronchi, expresó que desde la defensa se resisten a la caducidad de las medidas alternativas. Agregó que su defendido sí se presentó a firmar en reiteradas oportunidades, más allá de las faltas; mencionó que tiene el mismo domicilio y que no se vinculó con las víctimas, que incluso en este tiempo no presentaron queja alguna.
Audiencia de medida cautelar
Tras todo lo señalado, la fiscal Mirna Segré solicitó la prisión preventiva sin plazos para Edgardo C. Resaltó algunas cuestiones referidas a los hechos: en el caso de la novena situación, destacó que cuando quisieron chequearlo intentó correr y terminó forcejeando y golpeando a un policía; en cuanto al décimo, remarcó que se cuenta con cuatro testigos de la situación; en cuanto al onceavo hecho comentó que cuentan con filmaciones de cámaras de seguridad que se encuentra en la vía pública. Finalmente, en relación al último hecho imputado, aportó que al sujeto se le cayó una gorra en el lugar, por tanto, hacen una requisa en su domicilio, donde encuentran una campera de las mismas características a las aportadas por la víctima.
La abogada Mirna Segré declaró que, por la reiteración del delito no debería permitirse una condena condicional, sino que debería ser de cumplimiento efectivo. Agregó que las víctimas manifiestan temor, que se le dieron las posibilidades de transitar medidas alternativas y no cumplió con las firmas que debía presentar, que no tiene un arraigo concreto, no tiene trabajo fijo.
Por su parte, la abogada defensora Mónica Ronchi, resistió la solicitud de la fiscal. Aclaró que, en relación al hecho número 9, su defendido había expresado que respondió con evasivas, pero que sí lo hizo y agregó que él también tenía lesiones por lo ocurrido. En cuanto al segundo hecho, advirtió que los testigos o víctimas hablan de “insultos”, por tanto, esto pone en cuestión la determinación de “amenazas”. Agregó que, luego de 3 meses, ya que fue aprehendido en septiembre, no hizo nada que pueda generar riesgos en relación a las víctimas o testigos.
Para finalizar, Mónica Ronchi expresó que sostiene reservas en cuanto a cómo se llegó a identificar a su defendido en el último hecho imputado, a través de lo que la abogada sostiene que se trata de “deducciones”. Solicitó medidas alternativas para Edgardo C., que se traducen en fijar domicilio, poder presentarse a firmar cualquier día de la semana (ya que su defendido le había expresado que los viernes le resultaba complejo acercarse), la prohibición de contacto con las víctimas o testigos y la posibilidad de pagar una fianza o caución.
Finalmente, el juez Alejandro Mognaschi determinó que revoca las medidas alternativas que estaba cumpliendo el imputado y determinó la prisión preventiva sin plazos para Edgardo C.
Por Móvil Quique
Judicial
Grupo Spaggiari: las defensas apelaron la acusación y buscan frenar la elevación a juicio
La causa judicial contra el Grupo Spaggiari sumó este martes un nuevo capítulo. Las defensas de los imputados apelaron la resolución que admitió la acusación de la Fiscalía y las querellas, cuestionando la validez del proceso y solicitando el sobreseimiento de algunos acusados.
La decisión ahora quedó en manos del juez de Cámara Sergio Alvira.
La audiencia de apelación se desarrolló durante la mañana en los Tribunales de Rafaela y se extendió desde las 8:00 hasta las 11:30. En esta oportunidad, los abogados defensores impugnaron la resolución del juez Nicolás Bumaguin, quien había convalidado el requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las querellas.
Las defensas cuestionaron la acusación
El abogado Gustavo Abraham, defensor de Fernando y Matías Spaggiari, Mirta Condotto y Rocío Schaberger, sostuvo que la acusación fiscal fue presentada fuera de término y calificó el procedimiento como «defectuoso», por lo que pidió que se rechace la elevación a juicio.
Además, solicitó el sobreseimiento de Rocío Schaberger, al considerar que únicamente cumplía funciones como empleada de la empresa y que no integraba la presunta maniobra delictiva.
En el mismo sentido se pronunciaron las defensoras Victoria Romano, Georgina Allasia y los abogados José María Silvela y Andrés Colón, quienes representan a otros imputados de la causa. Todos coincidieron en que sus defendidos desempeñaban tareas como empleados y no formaban parte de una organización criminal.
También cuestionaron que la resolución judicial describa los hechos de manera general, sin individualizar con precisión la conducta atribuida a cada acusado.
El juez resolverá en los próximos días
Luego de escuchar los argumentos de todas las partes, el juez de Cámara Sergio Alvira decidió no emitir un fallo durante la audiencia y anunció que dará a conocer su resolución dentro del plazo previsto por la ley.
Una causa con 558 hechos investigados
La investigación contra el Grupo Spaggiari se encuentra en una etapa clave tras la audiencia preliminar realizada en mayo.
La causa comprende 558 presuntos hechos de estafa y un perjuicio económico estimado en 235 millones de pesos, 9 millones de dólares y 11 mil euros.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
En el requerimiento acusatorio ya admitido en primera instancia, la Fiscalía pidió:
- 25 años de prisión para Fernando y Matías Spaggiari, actualmente detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda.
- 9 años de prisión para Mirta Condotto, quien cumple prisión domiciliaria.
- 8 años y 6 meses para Germán Garetto.
- 7 años y 6 meses para Myriam Bravo.
- 6 años y 6 meses para Gabriel Ullman.
- 5 años para Carolina Schaberger y Carlos Ciancia.
- 4 años para Cristian Francetti y Cristian Clementz.
Además, el Ministerio Público de la Acusación solicitó una multa de $90.000 para cada imputado y el decomiso de los bienes que permanecen cautelados en el expediente.
Con información de Rafaela Noticias
Judicial
Apelarán la prisión preventiva de uno de los acusados por el crimen del niño Zamir Torres en Frontera
La Justicia de Rafaela realiza este miércoles una audiencia para analizar el pedido de apelación presentado por la defensa de Thiago Medrano, uno de los imputados por el homicidio de Zamir Torres, el niño de cuatro años asesinado durante un ataque a balazos ocurrido en Frontera en julio de 2025.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana en la Sala Nº 4 de los Tribunales de Rafaela y será presidida por el juez de Segunda Instancia, Matías Drivet.
El planteo fue presentado por el abogado defensor Darío Schurrer, quien solicitó revisar la prisión preventiva que pesa sobre Thiago Medrano.
El crimen que conmocionó a Frontera
Medrano está imputado por los delitos de homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, además de homicidio doloso calificado en grado de tentativa.
El hecho ocurrió el 9 de julio de 2025 en la ciudad de Frontera, cuando Zamir Torres, de apenas cuatro años, viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, Brian Martínez.
Según la investigación, otro vehículo interceptó al automóvil familiar y sus ocupantes abrieron fuego. Uno de los disparos impactó en el niño, quien falleció, mientras que Martínez sufrió graves heridas.
La principal hipótesis de los investigadores sostiene que el ataque estaba dirigido contra el padrastro del menor y estaría relacionado con una venganza vinculada al narcotráfico, aunque esa versión fue rechazada por la familia de la víctima.
Cinco personas imputadas
La causa ya cuenta con cinco personas imputadas por el crimen.
El pasado 26 de junio, la Justicia dictó la prisión preventiva para Samuel Elías Reyes y Santiago Benavídez, mientras que Brenda Ruiz Díaz recuperó la libertad bajo estrictas medidas alternativas.
Entre las restricciones impuestas a la mujer se encuentran la prohibición de ingresar a Frontera, acercarse a víctimas y testigos, portar armas de fuego y la obligación de presentarse semanalmente en una dependencia policial.
Actualmente, los imputados son Thiago Medrano, Matías Escobedo, Samuel Elías Reyes, Santiago Benavídez y Brenda Ruiz Díaz. Los cuatro hombres permanecen detenidos, mientras que la mujer continúa vinculada al proceso judicial en libertad.
Con información de Castellanos
Judicial
La Justicia de EE.UU. ratificó la condena contra Argentina por la expropiación de Aerolíneas: deberá pagar casi US$390 millones
La Corte de Apelaciones de Columbia rechazó el recurso presentado por el Estado argentino y confirmó el fallo derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La deuda supera actualmente los US$390 millones con intereses.
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, confirmó la condena contra la República Argentina en el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008. La decisión obliga al Estado nacional a afrontar un pago cercano a US$390 millones, incluyendo los intereses acumulados.
El fallo desestimó la apelación presentada por Argentina en el litigio impulsado por el fondo de inversión Titan Consortium, actual titular de los derechos para reclamar la indemnización establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La condena supera los US$390 millones
El conflicto judicial se originó tras la estatización de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2017, el Ciadi determinó que Argentina debía pagar más de US$320 millones, además de honorarios legales e intereses. Con el paso del tiempo, el monto actualizado asciende a unos US$390 millones.
El demandante original fue el grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral antes de la expropiación. Posteriormente, los derechos del litigio fueron transferidos a Burford Capital y luego al fondo Titan Consortium, que actualmente impulsa el cobro.
La Procuración analiza nuevas medidas
Tras conocerse la resolución, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico.
Además, señaló que el proceso judicial se originó por decisiones adoptadas hace casi dos décadas y recordó que la actual administración recibió litigios internacionales con reclamos millonarios contra el Estado argentino.
Podrían avanzar sobre activos argentinos
Como el Ciadi no posee mecanismos propios para ejecutar sus sentencias, el fondo acreedor deberá continuar el proceso ante tribunales estadounidenses para intentar cobrar la indemnización.
En ese contexto, Titan Consortium busca autorización para identificar y embargar activos argentinos en Estados Unidos. Entre los bienes que aparecen bajo análisis se encuentran las garantías de los históricos Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York.
Con esta decisión, la Justicia estadounidense confirmó la validez del fallo de primera instancia y mantuvo vigente el reconocimiento del laudo arbitral emitido por el Ciadi.
Con información de La Nación
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